¿Cómo hay que interponer un Recurso de casación ordinario en la jurisdicción social? ¿Cuáles son las claves para su admisión? ¿Cuál es su casuística? ¿Qué han dicho los tribunales? ¿Cómo se han pronunciado? ¿Cuáles son los motivos para interponer un recurso de casación laboral? ¿Cuál es el iter procesal? A través de una exposición clara de la materia, con la jurisprudencia más actual, la definición del concepto, preguntas con respuesta, esquema procesal y formularios, ?Recurso de casación ordinario en la jurisdicción social. Cómo lograr su admisión? se convierte en la guía que necesita un profesional del derecho para interponer con éxito un recurso de casación en el ámbito laboral.
Presentación XXV AÑOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA Se han cumplido ya 25 años desde la creación del Tribunal Arbitral de Barcelona, coeditor de esta revista. Fue la ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje la que abrió las puertas al arbitraje institucional, y permitió que las partes pudieran encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos estatutos incluyeran funciones arbitrales. Muy poco tiempo después se constituyó «LAssociació Catalana per a lArbitratge» y en febrero de 1989 inició sus actividades el Tribunal Arbitral de Barcelona. No fueron pocas las dificultades con las que se encontraron los promotores del TAB, que tuvieron que vencer y superar actitudes contrarias al arbitraje. Sin su esfuerzo y dedicación la empresa habría fracasado. Años después, con el fin de fomentar el arbitraje y favorecer el arbitraje internacional, se promulgó la ley 60/2003, de 23 de diciembre, basada en la ley modelo CNUDMI/UNCITRAL, que en líneas generales fue bien aceptada tanto por el sector como por la doctrina especializada. La reforma de la citada ley, por la ley 11/2011, de 20 de mayo, que comentamos ampliamente en anteriores ediciones de este Anuario, reguló por primera vez con carácter legal y general el arbitraje societario, dispuso que el árbitro en derecho debía tener la condición de jurista (no solo abogado en ejercicio), y confirió a los Tribunales Superiores de Justicia competencias en materia de control y apoyo del arbitraje. Durante estos años el Tribunal Arbitral de Barcelona ha administrado aproximadamente 2000 procedimientos arbitrales sobre cuestiones muy diversas, con predominio de conflictos societarios, de ejecución de obras y en los últimos años de productos financieros. Últimamente el TAB ha aprobado un nuevo procedimiento abreviado (fast-track) para asuntos de menor cuantía, con una significativa bonificación de la tarifa. También se ha elaborado, siguiendo las tendencias internacionales, un reglamento del árbitro de emergencia que pueda adoptar medidas cautelares antes del nombramiento del árbitro del procedimiento. Todo ello ha de contribuir sin duda a la consolidación del arbitraje, lo que constituye unos de los principales objetivos de la revista que el lector tiene en sus manos. Los trabajos que en ella se publican, que abordan muy diversas cuestiones relacionadas con el mundo arbitral, son una buena prueba de ello. Francisco Tusquets Trías de Bes (Director)
La presente obra contiene la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con todas las modificaciones que se han producido desde aquella fecha hasta el momento actual, incluyendo las reformas realizadas por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifican el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación jurídica internacional en materia civil, la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La citada Ley se estructura de la siguiente forma: -Título Preliminar. De las normas procesales y su aplicación (arts. 1 a 4). -Libro I. De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles (arts. 5 a 247). -Libro II. De los procesos declarativos (arts. 248 a 516). -Libro III. De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares (arts. 517 a 747). -Libro IV. De los procesos especiales (arts. 748 a 827). Asimismo contiene una relación de las normas modificadoras de la Ley de Enjuiciamiento Civil y un extenso índice de conceptos que facilita su consulta.
La aplicación de los métodos alternos de solución de conflictos se ha expandido a la mayoría de las áreas de Derecho. Con la puesta en marcha de estos métodos se conforma una realidad que en el presente, y de cara al futuro, ha de marcar la solución definitiva de la gran mayoría de los conflictos surgidos de relaciones contractuales y extracontractuales. En esa realidad se ha venido desarrollando un creciente estudio de estos mecanismos a partir de la óptica jurídica que obedece a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en las relaciones entre particulares. La presente obra brinda al lector una visión panorámica de las figuras contractuales surgidas alrededor de la aplicación de los MASC en una amplia gama de materias jurídica, labor que se ha realizado comenzando por aquellas figuras contractuales necesarias para la preparación de la aplicación de estos mecanismos, pasando por los acuerdos alcanzados en la resolución de los conflictos, así como los instrumentos de aplicación posterior a su conclusión, finalizando por una visión que estudia los esquemas documentación y nulidad de estos contratos. Así, el libro que tiene usted en sus manos constituye el desarrollo de una verdadera tipología que estudia y ordena los instrumentos contractuales surgidos en la implementación de los MASC.
La presente publicación recoge, actualizadas a 2 de octubre de 2016, las principales normas procesales de nuestro ordenamiento jurídico. En total contiene las siguientes disposiciones: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
El nuevo Proceso Civil Práctico, elaborado por todo un conjunto de prestigiosos Catedráticos de Derecho Procesal con la colaboración de insignes Magistrados, Fiscales y Abogados, pretende convertirse en una herramienta de indispensable utilización para los profesionales del Derecho en general y, de modo especial, para los jóvenes Licenciados en Derecho que hayan de ejercer la Abogacía. Y es que desgraciadamente permanece siendo un hecho incontestable que, ni los estudios de la Licenciatura, ni el del Master de la Abogacía, ni siquiera la superación de las pruebas selectivas para el ingreso en la Abogacía garantizan que el recién ingresado en esta profesión jurídica pueda elaborar con éxito un escrito de demanda, su contestación o redactar un mero recurso de apelación. De aquí que este Proceso Civil Práctico esté llamado a colmar esta grave laguna, ya que, en él, se concita algo que resulta ser todavía irreconciliable en nuestras Facultades de Derecho, cual es la necesaria unión de la teoría con la práctica del Derecho Procesal Civil. En efecto, de la lectura de cualquiera de los epígrafes de la presente obra podrá el lector constatar que los comentarios a los distintos preceptos de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre unidos, a través de un sistema de vínculos informáticos con la magnífica bases de datos de ARANZADI, proporcionan la información legislativa, doctrinal y jurisprudencial necesaria para la redacción de los correspondientes actos de postulación, con respecto a los cuales el Abogado, Juez o Letrado de la Administración de Justicia podrán encontrar también, al término de los correspondientes capítulos, los correspondientes formularios procesales a los que podrán integrar el supuesto de hecho y los fundamentos de Derecho procesales que le sean aplicables. En este TOMO III, de los 4 proyectados que componen la obra, se incluye el estudio detallado de los artículos contenidos en el Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, (arts.517 a 747) y, en él, se estudian las materias referentes a la ejecución forzosa y medidas cautelares, destacando: los títulos ejecutivos, la ejecución provisional de resoluciones judiciales, la ejecución; las partes, el tribunal competente , el despacho y oposición a la ejecución e impugnación de actos de ejecución contrario a la ley o título ejecutivo, así como la suspensión y término de la misma. La ejecución dineraria y no dineraria, finalizando con las medidas cautelares; procedimiento para la adopción, oposición, modificación y alzamiento, así como la caución sustitutoria de las mismas.
INDICE:. Lección 1: El derecho procesal. Lección 2: la jurisdicción y el poder judicial. Lección 3:El poder judicial. Lección 4: La exigencia constitucional del ejercicio de la jurisdicción: la exclusividad. Lección 5: Los límites de la jurisdicción españ
En el Memento Procesal Penal 2014 se lleva a cabo un estudio exhaustivo y riguroso que le permitirá encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los procesos judiciales que pueden desarrollarse ante esta jurisdicción. En él se analizan de forma detallada, práctica y clarificadora las fases de los diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las partes que intervienen en cada proceso, conforme a la práctica habitual en los juzgados y tribunales. Encontrará fácilmente, al instante, toda la información necesaria para dominar cualquier procedimiento. Una herramienta rigurosamente actualizada, en la que se analizan las novedades normativas introducidas recientemente y entre las que destacan: - LO 7/2012. Reforma del Código Penal en materia de delito contra la Hacienda Pública. Incidencia procesal. - Ley Orgánica 8/2012. Reforma de la LO 5/2000. Responsabilidad penal de los menores. - Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por RDL 3/2013. También realiza un estudio de reformas en tramitación tales como: - Nuevo anteproyecto de reforma integral de regulación del Proceso penal, al que se dedica un capítulo específico y que presenta numerosas novedades respecto del texto del anterior anteproyecto que se elaboró con este objeto, analizado en la edición 2013. - Proposición de Ley Orgánica de refuerzo de la protección de los hijos menores frente a los delitos de violencia de género, que contiene una previsión de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el nuevo Memento Procesal Penal 2014 se también se incorporan cuestiones derivadas de la reciente actualidad forense, entre otras: - el recurso específico frente a la resolución de toma de declaración en calidad de imputado; - el tratamiento del indulto; -el régimen de las medidas patrimoniales administrativas asociadas a causas por delito fiscal; - la problemática de la nulidad del auto de prisión preventiva; - la reproducción de la prueba en el plenario; - el internamiento de extranjeros en centros específicos; - el problema del proceso de habeas corpus y su colisión con la jurisdicción contencioso-administrativa en sede de extranjería; - la figura de la prisión permanente revisable en sus aspectos procesales- contenida en el anteproyecto de reforma del Código Penal que se encuentra en trámite. Benefíciese de las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de acceso a la información. PÚBLICO OBJETIVO - Abogados - Procuradores - Jueces - Magistrados - Secretarios judiciales - Dpto. jurídico de empresa de gran tamaño - Asesorías Jurídicas - Bufetes de Abogados - Administración Pública - Penitenciarias
La litigación internacional y el Derecho que la regula, el Derecho procesal internacional, han crecido, de la mano de la globalización de la economía, de modo exponencial Quien haya tenido contacto con este sector del ordenamiento en los últimos años habrá sido testigo de una proliferación de normas, en especial de origen Comunitario, muchas veces difícil de manejar y de un progresivo aumento de los problemas que surgen en la práctica diaria de tribunales y abogados. Las demandas a empresas extranjeras, las notificaciones internacionales, la práctica de pruebas en el extranjero, o el reconocimiento de sentencias de otros Estados eran algo excepcional hace unos años. Hoy es el pan de cada día para muchos jueces y abogados. Ello ha animado a sus autores a llevar a cabo una profunda revisión de la primera edición de esta obra. Esta segunda edición no sólo recorre el Derecho vigente aplicable a los litigios con elementos internacionales, incluido el arbitraje comercial, sino que describe las dificultades que surgen en la actividad diaria de los tribunales y abogados, desgrana las distintas estrategias procesales y propone soluciones prácticas. Ello amplía el abanico de los destinatarios de esta obra a todos aquellos que ya sea por un interés teórico o por necesidad práctica se vean confrontados con este sector del ordenamiento jurídico. A lo largo de todo el trabajo, el rigor y la exhaustividad en el tratamiento de los temas sigue siendo el afán que mueve a sus autores.
El arbitraje constituye una manifestación de la autonomía privada de las partes. Y esa voluntad de las partes se plasma básicamente en el convenio arbitral que, por ello, deviene simultáneamente el fundamento y el límite del arbitraje. Esta constatación permite justificar la conveniencia de un análisis de los diferentes problemas que pueden suscitarse en torno al convenio arbitral, que por lo demás acaban siempre por afectar al procedimiento arbitral y al arbitraje en su conjunto. El examen de nuestra jurisprudencia demuestra la frecuencia con la que un defectuoso planteamiento del convenio arbitral aboca a situaciones de inseguridad e incertidumbre, con los costes de todo tipo que ello supone. No cabe duda de que un buen convenio arbitral ofrece sin duda enormes ventajas, pero es igualmente cierto que un mal convenio arbitral, tanto en sus aspectos estructurales como funcionales, acaba por generar más problemas de los que se pretendía resolver. ¿Cuáles son los principales aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un convenio arbitral? ¿En qué ámbitos conviene incidir especialmente para evitar situaciones perjudiciales para una de las partes? ¿Cuáles son los errores en que más frecuentemente incurren las partes en ese diseño del convenio arbitral (las llamadas cláusulas patológicas del arbitraje)? ¿Con qué fundamento y a través de qué vías puede impugnarse un convenio arbitral? A éstas, y a otras muchas cuestiones, pretende dar respuesta este libro para que el convenio arbitral y, más en general, el arbitraje, pueda desarrollar adecuadamente las indiscutibles virtudes que lo caracterizan.
El 4 de mayo de 2010 entrará en vigor la reforma procesal por la que se implanta la nueva oficina judicial. Tras esa fecha, y según se recoge en las disposiciones transitorias de la Ley 13/2009 ?Los procesos de declaración que estuvieren en trámite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la presente Ley, se continuarán sustanciando hasta que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislación procesal anterior? y ?Los señalamientos efectuados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley seguirán el régimen previsto en la normativa vigente en el momento de acordarse?. El operador jurídico deberá, entonces, tramitar procesos bajo dos diferentes regulaciones. El presente código recoge la Ley de Procedimiento Laboral, en sus dos redacciones, antes y después de la reforma, para facilitar al profesional el manejo de la normativa en la práctica procesal.
Sin duda, el arbitraje de derecho privado, como alternativa a la solución judicial de los conflictos privados, es una institución que está de moda, aunque no se han cumplido las expectativas que muchos pusieron en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, ya que ni ha actuado como instrumento verdaderamente dinamizador del arbitraje interno ni ha contribuido realmente a convertir a España en un centro de referencia de arbitrajes internacionales. Me parece que, aunque se han dado pasos importantes, todavía queda un largo camino por recorrer para conseguir ambos objetivos y en él tiene mucho que decir también la doctrina, cada vez más numerosa, que se preocupa de los temas arbitrales. Entre estos temas sigue ocupando un lugar relevante el de las relaciones entre arbitraje y jurisdicción, que siguen planteando abundantes interrogantes en el arbitraje interno y también en el internacional: se aspira a que el arbitraje vuele con alas propias, pero su desvinculación completa de la jurisdicción no parece posible. La tensión existente entre ambos, y el afán por lograr el equilibrio adecuado, hacen que el tema siga estando abierto a los estudiosos. En el presente trabajo ofrezco algunas reflexiones sobre él, unas viejas (ya publicadas) y la mayor parte nuevas. Confío en haber contribuido con ellas a mantener viva la polémica de la que solo cabe esperar resultados positivos para la institución del arbitraje.
¿Cómo hay que interponer un Recurso de casación ordinario en la jurisdicción social? ¿Cuáles son las claves para su admisión? ¿Cuál es su casuística? ¿Qué han dicho los tribunales? ¿Cómo se han pronunciado? ¿Cuáles son los motivos para interponer un recurso de casación laboral? ¿Cuál es el iter procesal? A través de una exposición clara de la materia, con la jurisprudencia más actual, la definición del concepto, preguntas con respuesta, esquema procesal y formularios, ?Recurso de casación ordinario en la jurisdicción social. Cómo lograr su admisión? se convierte en la guía que necesita un profesional del derecho para interponer con éxito un recurso de casación en el ámbito laboral.
Presentación XXV AÑOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA Se han cumplido ya 25 años desde la creación del Tribunal Arbitral de Barcelona, coeditor de esta revista. Fue la ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje la que abrió las puertas al arbitraje institucional, y permitió que las partes pudieran encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos estatutos incluyeran funciones arbitrales. Muy poco tiempo después se constituyó «LAssociació Catalana per a lArbitratge» y en febrero de 1989 inició sus actividades el Tribunal Arbitral de Barcelona. No fueron pocas las dificultades con las que se encontraron los promotores del TAB, que tuvieron que vencer y superar actitudes contrarias al arbitraje. Sin su esfuerzo y dedicación la empresa habría fracasado. Años después, con el fin de fomentar el arbitraje y favorecer el arbitraje internacional, se promulgó la ley 60/2003, de 23 de diciembre, basada en la ley modelo CNUDMI/UNCITRAL, que en líneas generales fue bien aceptada tanto por el sector como por la doctrina especializada. La reforma de la citada ley, por la ley 11/2011, de 20 de mayo, que comentamos ampliamente en anteriores ediciones de este Anuario, reguló por primera vez con carácter legal y general el arbitraje societario, dispuso que el árbitro en derecho debía tener la condición de jurista (no solo abogado en ejercicio), y confirió a los Tribunales Superiores de Justicia competencias en materia de control y apoyo del arbitraje. Durante estos años el Tribunal Arbitral de Barcelona ha administrado aproximadamente 2000 procedimientos arbitrales sobre cuestiones muy diversas, con predominio de conflictos societarios, de ejecución de obras y en los últimos años de productos financieros. Últimamente el TAB ha aprobado un nuevo procedimiento abreviado (fast-track) para asuntos de menor cuantía, con una significativa bonificación de la tarifa. También se ha elaborado, siguiendo las tendencias internacionales, un reglamento del árbitro de emergencia que pueda adoptar medidas cautelares antes del nombramiento del árbitro del procedimiento. Todo ello ha de contribuir sin duda a la consolidación del arbitraje, lo que constituye unos de los principales objetivos de la revista que el lector tiene en sus manos. Los trabajos que en ella se publican, que abordan muy diversas cuestiones relacionadas con el mundo arbitral, son una buena prueba de ello. Francisco Tusquets Trías de Bes (Director)
La presente obra contiene la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con todas las modificaciones que se han producido desde aquella fecha hasta el momento actual, incluyendo las reformas realizadas por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifican el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación jurídica internacional en materia civil, la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La citada Ley se estructura de la siguiente forma: -Título Preliminar. De las normas procesales y su aplicación (arts. 1 a 4). -Libro I. De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles (arts. 5 a 247). -Libro II. De los procesos declarativos (arts. 248 a 516). -Libro III. De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares (arts. 517 a 747). -Libro IV. De los procesos especiales (arts. 748 a 827). Asimismo contiene una relación de las normas modificadoras de la Ley de Enjuiciamiento Civil y un extenso índice de conceptos que facilita su consulta.
La aplicación de los métodos alternos de solución de conflictos se ha expandido a la mayoría de las áreas de Derecho. Con la puesta en marcha de estos métodos se conforma una realidad que en el presente, y de cara al futuro, ha de marcar la solución definitiva de la gran mayoría de los conflictos surgidos de relaciones contractuales y extracontractuales. En esa realidad se ha venido desarrollando un creciente estudio de estos mecanismos a partir de la óptica jurídica que obedece a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en las relaciones entre particulares. La presente obra brinda al lector una visión panorámica de las figuras contractuales surgidas alrededor de la aplicación de los MASC en una amplia gama de materias jurídica, labor que se ha realizado comenzando por aquellas figuras contractuales necesarias para la preparación de la aplicación de estos mecanismos, pasando por los acuerdos alcanzados en la resolución de los conflictos, así como los instrumentos de aplicación posterior a su conclusión, finalizando por una visión que estudia los esquemas documentación y nulidad de estos contratos. Así, el libro que tiene usted en sus manos constituye el desarrollo de una verdadera tipología que estudia y ordena los instrumentos contractuales surgidos en la implementación de los MASC.
La presente publicación recoge, actualizadas a 2 de octubre de 2016, las principales normas procesales de nuestro ordenamiento jurídico. En total contiene las siguientes disposiciones: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
El nuevo Proceso Civil Práctico, elaborado por todo un conjunto de prestigiosos Catedráticos de Derecho Procesal con la colaboración de insignes Magistrados, Fiscales y Abogados, pretende convertirse en una herramienta de indispensable utilización para los profesionales del Derecho en general y, de modo especial, para los jóvenes Licenciados en Derecho que hayan de ejercer la Abogacía. Y es que desgraciadamente permanece siendo un hecho incontestable que, ni los estudios de la Licenciatura, ni el del Master de la Abogacía, ni siquiera la superación de las pruebas selectivas para el ingreso en la Abogacía garantizan que el recién ingresado en esta profesión jurídica pueda elaborar con éxito un escrito de demanda, su contestación o redactar un mero recurso de apelación. De aquí que este Proceso Civil Práctico esté llamado a colmar esta grave laguna, ya que, en él, se concita algo que resulta ser todavía irreconciliable en nuestras Facultades de Derecho, cual es la necesaria unión de la teoría con la práctica del Derecho Procesal Civil. En efecto, de la lectura de cualquiera de los epígrafes de la presente obra podrá el lector constatar que los comentarios a los distintos preceptos de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre unidos, a través de un sistema de vínculos informáticos con la magnífica bases de datos de ARANZADI, proporcionan la información legislativa, doctrinal y jurisprudencial necesaria para la redacción de los correspondientes actos de postulación, con respecto a los cuales el Abogado, Juez o Letrado de la Administración de Justicia podrán encontrar también, al término de los correspondientes capítulos, los correspondientes formularios procesales a los que podrán integrar el supuesto de hecho y los fundamentos de Derecho procesales que le sean aplicables. En este TOMO III, de los 4 proyectados que componen la obra, se incluye el estudio detallado de los artículos contenidos en el Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, (arts.517 a 747) y, en él, se estudian las materias referentes a la ejecución forzosa y medidas cautelares, destacando: los títulos ejecutivos, la ejecución provisional de resoluciones judiciales, la ejecución; las partes, el tribunal competente , el despacho y oposición a la ejecución e impugnación de actos de ejecución contrario a la ley o título ejecutivo, así como la suspensión y término de la misma. La ejecución dineraria y no dineraria, finalizando con las medidas cautelares; procedimiento para la adopción, oposición, modificación y alzamiento, así como la caución sustitutoria de las mismas.
INDICE:. Lección 1: El derecho procesal. Lección 2: la jurisdicción y el poder judicial. Lección 3:El poder judicial. Lección 4: La exigencia constitucional del ejercicio de la jurisdicción: la exclusividad. Lección 5: Los límites de la jurisdicción españ
En el Memento Procesal Penal 2014 se lleva a cabo un estudio exhaustivo y riguroso que le permitirá encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los procesos judiciales que pueden desarrollarse ante esta jurisdicción. En él se analizan de forma detallada, práctica y clarificadora las fases de los diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las partes que intervienen en cada proceso, conforme a la práctica habitual en los juzgados y tribunales. Encontrará fácilmente, al instante, toda la información necesaria para dominar cualquier procedimiento. Una herramienta rigurosamente actualizada, en la que se analizan las novedades normativas introducidas recientemente y entre las que destacan: - LO 7/2012. Reforma del Código Penal en materia de delito contra la Hacienda Pública. Incidencia procesal. - Ley Orgánica 8/2012. Reforma de la LO 5/2000. Responsabilidad penal de los menores. - Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por RDL 3/2013. También realiza un estudio de reformas en tramitación tales como: - Nuevo anteproyecto de reforma integral de regulación del Proceso penal, al que se dedica un capítulo específico y que presenta numerosas novedades respecto del texto del anterior anteproyecto que se elaboró con este objeto, analizado en la edición 2013. - Proposición de Ley Orgánica de refuerzo de la protección de los hijos menores frente a los delitos de violencia de género, que contiene una previsión de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el nuevo Memento Procesal Penal 2014 se también se incorporan cuestiones derivadas de la reciente actualidad forense, entre otras: - el recurso específico frente a la resolución de toma de declaración en calidad de imputado; - el tratamiento del indulto; -el régimen de las medidas patrimoniales administrativas asociadas a causas por delito fiscal; - la problemática de la nulidad del auto de prisión preventiva; - la reproducción de la prueba en el plenario; - el internamiento de extranjeros en centros específicos; - el problema del proceso de habeas corpus y su colisión con la jurisdicción contencioso-administrativa en sede de extranjería; - la figura de la prisión permanente revisable en sus aspectos procesales- contenida en el anteproyecto de reforma del Código Penal que se encuentra en trámite. Benefíciese de las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de acceso a la información. PÚBLICO OBJETIVO - Abogados - Procuradores - Jueces - Magistrados - Secretarios judiciales - Dpto. jurídico de empresa de gran tamaño - Asesorías Jurídicas - Bufetes de Abogados - Administración Pública - Penitenciarias
La litigación internacional y el Derecho que la regula, el Derecho procesal internacional, han crecido, de la mano de la globalización de la economía, de modo exponencial Quien haya tenido contacto con este sector del ordenamiento en los últimos años habrá sido testigo de una proliferación de normas, en especial de origen Comunitario, muchas veces difícil de manejar y de un progresivo aumento de los problemas que surgen en la práctica diaria de tribunales y abogados. Las demandas a empresas extranjeras, las notificaciones internacionales, la práctica de pruebas en el extranjero, o el reconocimiento de sentencias de otros Estados eran algo excepcional hace unos años. Hoy es el pan de cada día para muchos jueces y abogados. Ello ha animado a sus autores a llevar a cabo una profunda revisión de la primera edición de esta obra. Esta segunda edición no sólo recorre el Derecho vigente aplicable a los litigios con elementos internacionales, incluido el arbitraje comercial, sino que describe las dificultades que surgen en la actividad diaria de los tribunales y abogados, desgrana las distintas estrategias procesales y propone soluciones prácticas. Ello amplía el abanico de los destinatarios de esta obra a todos aquellos que ya sea por un interés teórico o por necesidad práctica se vean confrontados con este sector del ordenamiento jurídico. A lo largo de todo el trabajo, el rigor y la exhaustividad en el tratamiento de los temas sigue siendo el afán que mueve a sus autores.
El arbitraje constituye una manifestación de la autonomía privada de las partes. Y esa voluntad de las partes se plasma básicamente en el convenio arbitral que, por ello, deviene simultáneamente el fundamento y el límite del arbitraje. Esta constatación permite justificar la conveniencia de un análisis de los diferentes problemas que pueden suscitarse en torno al convenio arbitral, que por lo demás acaban siempre por afectar al procedimiento arbitral y al arbitraje en su conjunto. El examen de nuestra jurisprudencia demuestra la frecuencia con la que un defectuoso planteamiento del convenio arbitral aboca a situaciones de inseguridad e incertidumbre, con los costes de todo tipo que ello supone. No cabe duda de que un buen convenio arbitral ofrece sin duda enormes ventajas, pero es igualmente cierto que un mal convenio arbitral, tanto en sus aspectos estructurales como funcionales, acaba por generar más problemas de los que se pretendía resolver. ¿Cuáles son los principales aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un convenio arbitral? ¿En qué ámbitos conviene incidir especialmente para evitar situaciones perjudiciales para una de las partes? ¿Cuáles son los errores en que más frecuentemente incurren las partes en ese diseño del convenio arbitral (las llamadas cláusulas patológicas del arbitraje)? ¿Con qué fundamento y a través de qué vías puede impugnarse un convenio arbitral? A éstas, y a otras muchas cuestiones, pretende dar respuesta este libro para que el convenio arbitral y, más en general, el arbitraje, pueda desarrollar adecuadamente las indiscutibles virtudes que lo caracterizan.
El 4 de mayo de 2010 entrará en vigor la reforma procesal por la que se implanta la nueva oficina judicial. Tras esa fecha, y según se recoge en las disposiciones transitorias de la Ley 13/2009 ?Los procesos de declaración que estuvieren en trámite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la presente Ley, se continuarán sustanciando hasta que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislación procesal anterior? y ?Los señalamientos efectuados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley seguirán el régimen previsto en la normativa vigente en el momento de acordarse?. El operador jurídico deberá, entonces, tramitar procesos bajo dos diferentes regulaciones. El presente código recoge la Ley de Procedimiento Laboral, en sus dos redacciones, antes y después de la reforma, para facilitar al profesional el manejo de la normativa en la práctica procesal.
Sin duda, el arbitraje de derecho privado, como alternativa a la solución judicial de los conflictos privados, es una institución que está de moda, aunque no se han cumplido las expectativas que muchos pusieron en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, ya que ni ha actuado como instrumento verdaderamente dinamizador del arbitraje interno ni ha contribuido realmente a convertir a España en un centro de referencia de arbitrajes internacionales. Me parece que, aunque se han dado pasos importantes, todavía queda un largo camino por recorrer para conseguir ambos objetivos y en él tiene mucho que decir también la doctrina, cada vez más numerosa, que se preocupa de los temas arbitrales. Entre estos temas sigue ocupando un lugar relevante el de las relaciones entre arbitraje y jurisdicción, que siguen planteando abundantes interrogantes en el arbitraje interno y también en el internacional: se aspira a que el arbitraje vuele con alas propias, pero su desvinculación completa de la jurisdicción no parece posible. La tensión existente entre ambos, y el afán por lograr el equilibrio adecuado, hacen que el tema siga estando abierto a los estudiosos. En el presente trabajo ofrezco algunas reflexiones sobre él, unas viejas (ya publicadas) y la mayor parte nuevas. Confío en haber contribuido con ellas a mantener viva la polémica de la que solo cabe esperar resultados positivos para la institución del arbitraje.