La obra se estructura con sistemática propia de tratado y con pretensión de satisfacer la creciente necesidad de los profesionales del sector de contar con un estudio exhaustivo y riguroso sobre uno de los ámbitos procesales más dinámicos y problemáticos tras las últimas reformas operadas en la LRJS y en el derecho sustantivo laboral: la prueba. Para ello, se estructura en tres grandes apartados: en el primero, se analiza la prueba como derecho fundamental, y sus límites, en particular la prueba ilícita, y se estudia en profundidad el régimen general de la prueba en el proceso, así como los medios concretos de prueba, haciendo énfasis en la prueba electrónica y las TIC; en el segundo, se aborda la prueba en los procesos especiales (con los aspectos más relevantes en cada uno de ellos), en los recursos y en la ejecución; y en el tercero, se incluye un listado, a modo de check-list, de preguntas y respuestas. En este trabajo se abordan, en suma, cuestiones tan prácticas como, sin ánimo exhaustivo, la prueba del despido verbal, la licitud de las grabaciones de vídeo en la empresa, la geo-localización, la validez y el procedimiento para introducir una conversación de ?whatsapp? en el proceso, los problemas de valoración de la prueba específicos en el proceso social, o la incidencia de la prueba en los recursos y en la ejecución (por ejemplo, tercerías y extensión de la responsabilidad), todas ellas habituales en la vida del foro.
La presente obra parte de la construcción de los interrogatorios desde la teoría del caso, es decir, desde aquella sistematización de argumentos que giran en torno a las hipótesis fáctica, probatoria y jurídica. Sin embargo, nos alejamos de aquellas posiciones que analizan los interrogatorios como la técnica de sembrar la duda razonable, cuya relación con la convicción moral o la íntima convicción es incompatible con el juicio de derecho; por el contrario, consideramos que el juicio es cognitivo, ético y justo en un sentido de equidad , no buscando las zancadillas a la verdad, sino el adecuado esclarecimiento de los hechos con la correcta imposición de las consecuencias jurídico-penales. Desde esta perspectiva, la obra explica la aplicación de la teoría del delito en la teoría del caso, por ejemplo a la hora de elaborar los alegatos de clausura; asimismo, se analiza, desde la teoría de los derechos fundamentales, de la prueba y del proceso, la dinámica de los interrogatorios, enfrentándonos a la sobrevalorada credibilidad, dotando de sentido nomológico a las técnicas de litigación. Hesbert Benavente Chorres. Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Derecho penal (Perú). Especialista en Derecho procesal (Argentina). Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (Perú). Director General del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho. Coordinador de la Maestría virtual en juicios orales por la CECEL-UPAV. Ex Fiscal Adjunto Superior Adscrito a la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público del Perú.
La presente obra contiene una exposición actualizada y sistematizada de los diferentes procesos que contempla la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que se examinan los trámites a través de los cuales se desarrollan los procesos declarativos ordinarios (juicio ordinario y juicio verbal), los procesos declarativos especiales (proceso monitorio, juicio cambiario, procesos matrimoniales ) y, finalmente, los procesos de ejecución (ejecución dineraria, no dineraria, ejecución hipotecaria ), tanto en la primera instancia como en las ulteriores vías de recurso (apelación, casación, acciones de revisión y rescisión). Asimismo se aborda el estudio de los distintos presupuestos de dichos procesos (jurisdicción, competencia judicial, capacidad y postulación de las partes), de sus eventuales actuaciones previas (diligencias preliminares, prueba anticipada ), medidas cautelares y demás instituciones relacionadas con los procesos civiles (formas de terminación anormal, cosa juzgada, costas procesales ). Esta cuarta edición incorpora las últimas reformas legislativas y, entre ellas, las introducidas por las Leyes 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia, 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación judicial internacional en materia civil, o por la reciente e importantísima Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, entre otras muchas innovaciones, ha llevado a cabo una radical modificación del juicio verbal.
El objetivo de esta obra no es otro que ofrecer a la comunidad jurídica la experiencia acumulada por Ontier después de más de cincuenta años en defensa de clientes frente a expropiaciones forzosas, que ha llenado sus archivos no sólo de jurisprudencia aplicada en casos reales, sino también de argumentos jurídicos testados en asuntos a los que este Despacho se ha enfrentado exitosamente. Con este objeto, publicamos una importante parte de nuestra experiencia, que sistematizamos conforme a los que creemos son los principales bloques de cuestiones sobre los que se articula fundamentalmente la defensa frente a una expropiación, en los que además de las tradicionales cuestiones relativas a la causa expropiandi, a la reversión, al justiprecio expropiatorio e intereses de demora, incluimos la problemática de deslinde entre la expropiación como potestas y la expropiación por mandato legal, así como la confusión planteada entre responsabilidad patrimonial del Estado legislador y la expropiación misma, sin dejar de incluir referencias obligadas al régimen de las medidas cautelares y al proceso judicial de protección jurisdiccional de derechos fundamentales, que constituyen medios de defensa sustanciales frente a una expropiación.
El libro que ahora tiene en sus manos es la aportación de dos experimentados profesores y abogados, Julio Banacloche y Jesús Zarzalejos, para facilitar el estudio del sistema procesal penal español y la aplicación de sus principales normas reguladoras. Los autores han enfocado su trabajo, preferentemente, hacia el estudiante de Derecho, para que disponga de una obra que tiene dos propósitos: ofrecer ordenadamente la realidad del proceso penal español mediante la sistematización de sus leyes y estimular la atención del alumno por las doctrinas de los principales órganos jurisdiccionales, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Para lograr estos objetivos, los autores presentan las instituciones y los procedimientos del sistema procesal penal español de manera dinámica y narrativa, deteniéndose en aquellas controversias doctrinales imprescindibles para entender algunos de los cambios de doctrina judicial de los últimos tiempos sobre aspectos tan relevantes como el principio acusatorio o las garantías de los derechos fundamentales en determinadas diligencias de investigación. Sin embargo, por esta configuración eminentemente pedagógica, la obra también es útil para los profesionales del Derecho, porque los autores han seleccionado la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre aquellas materias especialmente afectadas por sus doctrinas. De esta manera, Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal es una obra de consulta práctica, que condensa la experiencia docente y profesional de sus autores, quienes están convencidos de que el estudio de la ciencia procesal es imprescindible para la formación básica de cualquier jurista. Esta tercera edición representa el compromiso de los autores por mantener su obra actualizada con la última doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y, especialmente, con toda reforma legislativa, como las introducidas durante 2014 y 2015 en el sistema procesal penal español, que abarcan la transposición de normativa europea para el reconocimiento mutuo de resoluciones penales y para la convergencia en materia de derecho de defensa, la incorporación de nuevos procesos especiales, como el de aceptación por decreto o el de decomiso autónomo, la regulación novedosa de las diligencias de investigación tecnológica y la reforma de la casación, entre otros contenidos que también se renuevan en estos Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal.
La nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con jurisprudencia recoge de forma precisa, extractada y sistematizada la doctrina jurisprudencial no sólo del Tribunal Supremo, sino también del Tribunal Constitucional y, en su caso, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, en relación a los artículos -debidamente anotados y concordados- de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incorporando la nueva redacción dada a numerosos preceptos, que deriva de las reformas legislativas producidas hasta el final de la décima legislatura (véanse, entre otras, LO 1/2015; LO 5/2015; LO 13/2015; Ley 23/2014; Ley 4/2015; Ley 41/2015). La obra se completa con una exposición de las Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado que tienen una relación directa con los procesos tipo o que, por razón de la materia, presenta una indiscutible actualidad. Además, se incluye una relación de los principales Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Una de las mayores satisfacciones que nos da esta Universidad de nuestros desvelos es ver cómo el trabajo cotidiano consigue plantar la valiente inquietud investigadora en las mentes privilegiadas de algunos de nuestros estudiantes. Satisfacción agridulc
La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha supuesto una revolución de nuestra Justicia Civil. Con ella se han desjudicializado multitud de expedientes que hasta ahora resolvían en exclusiva los Jueces y cuyo conocimiento se atribuye ahora, en su mayor parte en régimen de alternatividad, a los Letrados de la Administración de Justicia, los Notarios, y los Registradores de la Propiedad y Registradores Mercantiles. Además, la Ley 15/2015 regula un nuevo procedimiento ordinario de jurisdicción voluntaria y multitud de especialidades en los heterogéneos expedientes que engloba esta institución procesal, que abarcan cuestiones de Derecho civil (persona, familia, sucesiones, obligaciones y derechos reales) y de Derecho mercantil (sociedades, títulos-valor y contratos), además de la nueva conciliación civil y mercantil. A través de 200 preguntas y respuestas se analizan las novedades, aciertos y problemas que plantea la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria desde una perspectiva eminentemente práctica.
La presente obra contiene unos pormenorizados comentarios, así como una selección de jurisprudencia, amplia y sistematizada, de los preceptos que la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil dedica a la regulación del proceso de ejecución forzosa (artículos 517 a 720), que se analizan desde una perspectiva eminentemente práctica, dirigida a los profesionales del Derecho, a quienes también se ofrecen los formularios de las principales actuaciones de parte. Como es sabido, la potestad jurisdiccional no sólo consiste en juzgar, sino también en ejecutar lo juzgado; y consciente de esta doble dimensión legal y constitucional de la ejecución forzosa en materia civil, no sólo se analizan en la obra los diferentes principios y trámites que conforman la ejecución civil, sino que también se expone la doctrina constitucional sobre el alcance y efectos del derecho fundamental a la ejecución en sus propios términos. Se trata, pues, de una obra que ambiciona analizar con exhaustividad la totalidad del proceso de ejecución civil, tanto la ejecución dineraria como la no dineraria, y desde los inicios del proceso (con el examen de los distintos títulos ejecutivos, de la demanda ejecutiva y del despacho de ejecución) y su desarrollo (con el análisis de las modalidades de oposición del ejecutado, del embargo de sus bienes o del régimen del procedimiento de apremio), hasta su terminación (con la completa satisfacción de la pretensión del ejecutante). En esta nueva edición se incorporan todas las múltiples modificaciones habidas en los últimos meses y, en particular, las introducidas por las Leyes 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia (que introduce la nueva subasta electrónica), 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, o por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Dentro del difícil momento que vivimos en el que los prácticos del derecho nos vemos abrumados por una incesante sucesión de reformas que afectan a los textos legales que más aplicamos, hemos querido desde el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, realizar este trabajo para facilitar la labor de los que tengan que acudir a la nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Texto que estaba comprometido desde la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que viene a regular una serie de aspectos muy importantes para nosotros, antes Secretarios Judiciales, y hoy Letrados de la Administración de Justicia, pero también, y sobre todo, para los ciudadanos y los profesionales del derecho. Por ello nuestra intención no es más que la de afrontar la primera toma de contacto con una materia que se regula de nuevo, de la forma más clara posible. Pretendemos, en primer lugar, esclarecer la situación competencial y legal de las diversas materias que trata, para seguidamente exponer el contenido del procedimiento general que constituye la estructura básica que siguen todos los procedimientos y por último referirnos de forma gráfica a las especialidades que cada procedimiento tiene respecto al general, para que podamos de una manera fácil conocer, las peculiaridades de cada uno.
La presente obra colectiva contiene un riguroso análisis de los principales problemas que presenta el principio de igualdad y no discriminación por razón de género en los procesos de negociación colectiva. Para ello se ha analizado la incidencia que los distintos tipos de empresas (y la negociación colectiva presente en ellas) pueden tener a la hora de negociar temas vinculados a la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Además se ha abordado específicamente tanto la llevada a cabo por empresas de distinto tamaño (con las peculiaridades y problemas que presenta el contenido y los propios sujetos negociadores), como la vinculada a la responsabilidad social corporativa (en tanto la lucha en favor de la igualdad se dibuja como uno de sus objetivos). Tras examinar en profundidad, de forma transversal, los convenios colectivos de ámbito estatal publicados a partir del año 2012 se ponen de manifiesto, por un lado, cuantas mejoras han ido consolidándose en la negociación, y, por otro, aquellas lagunas o vacíos que persistan en nuestro sistema de relaciones laborales, así como las principales manifestaciones de discriminación de origen convencional.
Acaba de aparecer una nueva edición, la octava, de los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de Jesús González Pérez. El texto primitivo ha sido objeto de una revisión tan meticulosa que, realmente estamos, ante un libro nuevo. Los Comentarios eran críticos, excesivamente críticos con la Ley comentada. Como excesivos habían sido los elogios a la incidencia de la Constitución de 1978 en la Justicia administrativa y excesivos los defectos que muchos veían en la Ley de 1956. La confrontación al comentar cada artículo de la Ley vigente con el correlativo de la de 1956 y la referencia a la jurisprudencia interpretativa de una y otra venía obligada por el carácter práctico de la obra, ya que durante el largo período de transitoriedad, íbamos a tener que aplicar ambas. En las ediciones sucesivas, se fueron eliminando las referencias a la Ley anterior y la crítica fue reducida a sus justos límites. La referencia a la jurisprudencia fue objeto de importantes modificaciones en cada edición. Por un lado, se ha eliminado toda la que iba perdiendo vigencia. Y la referencia a las que se iban dictando cada vez fue más selectiva, reduciendo la transcripción de los textos, salvo las más significativas a título de ejemplo y las más recientes en los puntos indispensables para llegar al sentido de la norma. Si al preparar las ediciones sexta y séptima habían sido muchas las modificaciones introducidas en la Ley, obligando a una cuidada revisión, al acometer la tarea de redactar esta octava edición las modificaciones han superado las de entonces en número e importancia. No solo se han creado nuevos procesos especiales, como los que tienen por finalidad garantizar la unidad de mercado (Ley 20/2013) y declarar judicialmente la extinción de los partidos políticos (Ley 3/2015) y se ha modificado sustancialmente el sistema casacional (LO 7/2015 de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial). En el BOE del 2 de octubre de 2015 se han publicado dos leyes del anterior día 1, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, que es ineludible tener en cuenta por su incidencia en la regulación contencioso-administrativa. Por lo que se ha extremado la preocupación por evitar omisiones. Con el fin de que estos Comentarios sean realmente los del ordenamiento vigente regulador del proceso administrativo.
La sustracción internacional de menores supone un grave problema de alcance universal que afecta a miles de niños cada año. Las crisis de pareja en las que los progenitores son de nacionalidades diferentes suelen conllevar una regresión al país de origen de quien se hubiere encontrado hasta ese momento -esto es, durante su matrimonio o análoga relación de afectividad- en un país ajeno al propio. Esta vuelta a las raíces de quien, tras una frustrada relación afectiva, ha de comenzar una nueva vida, conlleva la imposición de una multitud de trabas o limitaciones para disfrutar de la presencia cotidiana de sus hijos. Y es por ello por lo que la persona afectada por esta circunstancia, en no pocas ocasiones, se resiste a soportar el elevado nivel de sufrimiento que conlleva el cumplimiento de la resolución o medida cautelar establecidas, y con total olvido de las disposiciones legales vigentes en el país de residencia de sus hijos, se embarca con ellos hacia otro lugar, que suele ser el de su propia nacionalidad. Este tipo de desplazamientos y retenciones transfronterizas ilícitas de menores constituye, en la actualidad, un fenómeno social en progresivo aumento, de contornos difíciles de solventar, toda vez que junto con las clásicas sustracciones internacionales de menores -en las que el progenitor sustractor pretende legalizar, por la vía de hecho, la irregularidad del traslado, mediante la recepción de la atribución, en el Estado de destino, de la titularidad de la custodia-, se entremezclan y detectan, con relativa frecuencia, algunas otras sustracciones en las que el progenitor sustractor, generalmente la madre cuidadora, huye con el menor a un tercer Estado, en busca de protección ante una amenaza a su persona o la del menor. Ante esta evidencia, la resolución del conflicto debiera diferir, sustancialmente, en función de cual fuere el tipo de sustracción efectuada en cada caso, en orden a dispensar, en los supuestos de peligro real y efectivo, la debida protección, amparo y cobijo internacional. La erradicación de este grave problema social mediante la consecución, en tiempo real, o al menos con cierta inmediatez, de la repatriación de los menores ilícitamente sustraídos de sus Estados de residencia, tan sólo podrá encauzarse a través de los procesos judiciales internos previstos al efecto en la legislación procesal del Estado de destino de cada sustracción, que habrán de ser, por fuerza, expeditivos, garantistas, ágiles, sencillos, eficaces y económicos, tanto procesal como materialmente.
La obra se estructura con sistemática propia de tratado y con pretensión de satisfacer la creciente necesidad de los profesionales del sector de contar con un estudio exhaustivo y riguroso sobre uno de los ámbitos procesales más dinámicos y problemáticos tras las últimas reformas operadas en la LRJS y en el derecho sustantivo laboral: la prueba. Para ello, se estructura en tres grandes apartados: en el primero, se analiza la prueba como derecho fundamental, y sus límites, en particular la prueba ilícita, y se estudia en profundidad el régimen general de la prueba en el proceso, así como los medios concretos de prueba, haciendo énfasis en la prueba electrónica y las TIC; en el segundo, se aborda la prueba en los procesos especiales (con los aspectos más relevantes en cada uno de ellos), en los recursos y en la ejecución; y en el tercero, se incluye un listado, a modo de check-list, de preguntas y respuestas. En este trabajo se abordan, en suma, cuestiones tan prácticas como, sin ánimo exhaustivo, la prueba del despido verbal, la licitud de las grabaciones de vídeo en la empresa, la geo-localización, la validez y el procedimiento para introducir una conversación de ?whatsapp? en el proceso, los problemas de valoración de la prueba específicos en el proceso social, o la incidencia de la prueba en los recursos y en la ejecución (por ejemplo, tercerías y extensión de la responsabilidad), todas ellas habituales en la vida del foro.
La presente obra parte de la construcción de los interrogatorios desde la teoría del caso, es decir, desde aquella sistematización de argumentos que giran en torno a las hipótesis fáctica, probatoria y jurídica. Sin embargo, nos alejamos de aquellas posiciones que analizan los interrogatorios como la técnica de sembrar la duda razonable, cuya relación con la convicción moral o la íntima convicción es incompatible con el juicio de derecho; por el contrario, consideramos que el juicio es cognitivo, ético y justo en un sentido de equidad , no buscando las zancadillas a la verdad, sino el adecuado esclarecimiento de los hechos con la correcta imposición de las consecuencias jurídico-penales. Desde esta perspectiva, la obra explica la aplicación de la teoría del delito en la teoría del caso, por ejemplo a la hora de elaborar los alegatos de clausura; asimismo, se analiza, desde la teoría de los derechos fundamentales, de la prueba y del proceso, la dinámica de los interrogatorios, enfrentándonos a la sobrevalorada credibilidad, dotando de sentido nomológico a las técnicas de litigación. Hesbert Benavente Chorres. Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Derecho penal (Perú). Especialista en Derecho procesal (Argentina). Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (Perú). Director General del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho. Coordinador de la Maestría virtual en juicios orales por la CECEL-UPAV. Ex Fiscal Adjunto Superior Adscrito a la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público del Perú.
La presente obra contiene una exposición actualizada y sistematizada de los diferentes procesos que contempla la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que se examinan los trámites a través de los cuales se desarrollan los procesos declarativos ordinarios (juicio ordinario y juicio verbal), los procesos declarativos especiales (proceso monitorio, juicio cambiario, procesos matrimoniales
) y, finalmente, los procesos de ejecución (ejecución dineraria, no dineraria, ejecución hipotecaria
), tanto en la primera instancia como en las ulteriores vías de recurso (apelación, casación, acciones de revisión y rescisión). Asimismo se aborda el estudio de los distintos presupuestos de dichos procesos (jurisdicción, competencia judicial, capacidad y postulación de las partes), de sus eventuales actuaciones previas (diligencias preliminares, prueba anticipada
), medidas cautelares y demás instituciones relacionadas con los procesos civiles (formas de terminación anormal, cosa juzgada, costas procesales
). Esta cuarta edición incorpora las últimas reformas legislativas y, entre ellas, las introducidas por las Leyes 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia, 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación judicial internacional en materia civil, o por la reciente e importantísima Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, entre otras muchas innovaciones, ha llevado a cabo una radical modificación del juicio verbal.
El objetivo de esta obra no es otro que ofrecer a la comunidad jurídica la experiencia acumulada por Ontier después de más de cincuenta años en defensa de clientes frente a expropiaciones forzosas, que ha llenado sus archivos no sólo de jurisprudencia aplicada en casos reales, sino también de argumentos jurídicos testados en asuntos a los que este Despacho se ha enfrentado exitosamente. Con este objeto, publicamos una importante parte de nuestra experiencia, que sistematizamos conforme a los que creemos son los principales bloques de cuestiones sobre los que se articula fundamentalmente la defensa frente a una expropiación, en los que además de las tradicionales cuestiones relativas a la causa expropiandi, a la reversión, al justiprecio expropiatorio e intereses de demora, incluimos la problemática de deslinde entre la expropiación como potestas y la expropiación por mandato legal, así como la confusión planteada entre responsabilidad patrimonial del Estado legislador y la expropiación misma, sin dejar de incluir referencias obligadas al régimen de las medidas cautelares y al proceso judicial de protección jurisdiccional de derechos fundamentales, que constituyen medios de defensa sustanciales frente a una expropiación.
Pack Memento Procesal Civil 2016 + Memento Procesal Penal 2016 + Memento Procesal Contencioso Administrativo 2016
El libro que ahora tiene en sus manos es la aportación de dos experimentados profesores y abogados, Julio Banacloche y Jesús Zarzalejos, para facilitar el estudio del sistema procesal penal español y la aplicación de sus principales normas reguladoras. Los autores han enfocado su trabajo, preferentemente, hacia el estudiante de Derecho, para que disponga de una obra que tiene dos propósitos: ofrecer ordenadamente la realidad del proceso penal español mediante la sistematización de sus leyes y estimular la atención del alumno por las doctrinas de los principales órganos jurisdiccionales, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Para lograr estos objetivos, los autores presentan las instituciones y los procedimientos del sistema procesal penal español de manera dinámica y narrativa, deteniéndose en aquellas controversias doctrinales imprescindibles para entender algunos de los cambios de doctrina judicial de los últimos tiempos sobre aspectos tan relevantes como el principio acusatorio o las garantías de los derechos fundamentales en determinadas diligencias de investigación. Sin embargo, por esta configuración eminentemente pedagógica, la obra también es útil para los profesionales del Derecho, porque los autores han seleccionado la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre aquellas materias especialmente afectadas por sus doctrinas. De esta manera, Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal es una obra de consulta práctica, que condensa la experiencia docente y profesional de sus autores, quienes están convencidos de que el estudio de la ciencia procesal es imprescindible para la formación básica de cualquier jurista. Esta tercera edición representa el compromiso de los autores por mantener su obra actualizada con la última doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y, especialmente, con toda reforma legislativa, como las introducidas durante 2014 y 2015 en el sistema procesal penal español, que abarcan la transposición de normativa europea para el reconocimiento mutuo de resoluciones penales y para la convergencia en materia de derecho de defensa, la incorporación de nuevos procesos especiales, como el de aceptación por decreto o el de decomiso autónomo, la regulación novedosa de las diligencias de investigación tecnológica y la reforma de la casación, entre otros contenidos que también se renuevan en estos Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal.
La nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con jurisprudencia recoge de forma precisa, extractada y sistematizada la doctrina jurisprudencial no sólo del Tribunal Supremo, sino también del Tribunal Constitucional y, en su caso, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, en relación a los artículos -debidamente anotados y concordados- de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incorporando la nueva redacción dada a numerosos preceptos, que deriva de las reformas legislativas producidas hasta el final de la décima legislatura (véanse, entre otras, LO 1/2015; LO 5/2015; LO 13/2015; Ley 23/2014; Ley 4/2015; Ley 41/2015). La obra se completa con una exposición de las Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado que tienen una relación directa con los procesos tipo o que, por razón de la materia, presenta una indiscutible actualidad. Además, se incluye una relación de los principales Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Una de las mayores satisfacciones que nos da esta Universidad de nuestros desvelos es ver cómo el trabajo cotidiano consigue plantar la valiente inquietud investigadora en las mentes privilegiadas de algunos de nuestros estudiantes. Satisfacción agridulc
La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha supuesto una revolución de nuestra Justicia Civil. Con ella se han desjudicializado multitud de expedientes que hasta ahora resolvían en exclusiva los Jueces y cuyo conocimiento se atribuye ahora, en su mayor parte en régimen de alternatividad, a los Letrados de la Administración de Justicia, los Notarios, y los Registradores de la Propiedad y Registradores Mercantiles. Además, la Ley 15/2015 regula un nuevo procedimiento ordinario de jurisdicción voluntaria y multitud de especialidades en los heterogéneos expedientes que engloba esta institución procesal, que abarcan cuestiones de Derecho civil (persona, familia, sucesiones, obligaciones y derechos reales) y de Derecho mercantil (sociedades, títulos-valor y contratos), además de la nueva conciliación civil y mercantil. A través de 200 preguntas y respuestas se analizan las novedades, aciertos y problemas que plantea la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria desde una perspectiva eminentemente práctica.
La presente obra contiene unos pormenorizados comentarios, así como una selección de jurisprudencia, amplia y sistematizada, de los preceptos que la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil dedica a la regulación del proceso de ejecución forzosa (artículos 517 a 720), que se analizan desde una perspectiva eminentemente práctica, dirigida a los profesionales del Derecho, a quienes también se ofrecen los formularios de las principales actuaciones de parte. Como es sabido, la potestad jurisdiccional no sólo consiste en juzgar, sino también en ejecutar lo juzgado; y consciente de esta doble dimensión legal y constitucional de la ejecución forzosa en materia civil, no sólo se analizan en la obra los diferentes principios y trámites que conforman la ejecución civil, sino que también se expone la doctrina constitucional sobre el alcance y efectos del derecho fundamental a la ejecución en sus propios términos. Se trata, pues, de una obra que ambiciona analizar con exhaustividad la totalidad del proceso de ejecución civil, tanto la ejecución dineraria como la no dineraria, y desde los inicios del proceso (con el examen de los distintos títulos ejecutivos, de la demanda ejecutiva y del despacho de ejecución) y su desarrollo (con el análisis de las modalidades de oposición del ejecutado, del embargo de sus bienes o del régimen del procedimiento de apremio), hasta su terminación (con la completa satisfacción de la pretensión del ejecutante). En esta nueva edición se incorporan todas las múltiples modificaciones habidas en los últimos meses y, en particular, las introducidas por las Leyes 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia (que introduce la nueva subasta electrónica), 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, o por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Dentro del difícil momento que vivimos en el que los prácticos del derecho nos vemos abrumados por una incesante sucesión de reformas que afectan a los textos legales que más aplicamos, hemos querido desde el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, realizar este trabajo para facilitar la labor de los que tengan que acudir a la nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Texto que estaba comprometido desde la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que viene a regular una serie de aspectos muy importantes para nosotros, antes Secretarios Judiciales, y hoy Letrados de la Administración de Justicia, pero también, y sobre todo, para los ciudadanos y los profesionales del derecho. Por ello nuestra intención no es más que la de afrontar la primera toma de contacto con una materia que se regula de nuevo, de la forma más clara posible. Pretendemos, en primer lugar, esclarecer la situación competencial y legal de las diversas materias que trata, para seguidamente exponer el contenido del procedimiento general que constituye la estructura básica que siguen todos los procedimientos y por último referirnos de forma gráfica a las especialidades que cada procedimiento tiene respecto al general, para que podamos de una manera fácil conocer, las peculiaridades de cada uno.
La presente obra colectiva contiene un riguroso análisis de los principales problemas que presenta el principio de igualdad y no discriminación por razón de género en los procesos de negociación colectiva. Para ello se ha analizado la incidencia que los distintos tipos de empresas (y la negociación colectiva presente en ellas) pueden tener a la hora de negociar temas vinculados a la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Además se ha abordado específicamente tanto la llevada a cabo por empresas de distinto tamaño (con las peculiaridades y problemas que presenta el contenido y los propios sujetos negociadores), como la vinculada a la responsabilidad social corporativa (en tanto la lucha en favor de la igualdad se dibuja como uno de sus objetivos). Tras examinar en profundidad, de forma transversal, los convenios colectivos de ámbito estatal publicados a partir del año 2012 se ponen de manifiesto, por un lado, cuantas mejoras han ido consolidándose en la negociación, y, por otro, aquellas lagunas o vacíos que persistan en nuestro sistema de relaciones laborales, así como las principales manifestaciones de discriminación de origen convencional.
Acaba de aparecer una nueva edición, la octava, de los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de Jesús González Pérez. El texto primitivo ha sido objeto de una revisión tan meticulosa que, realmente estamos, ante un libro nuevo. Los Comentarios eran críticos, excesivamente críticos con la Ley comentada. Como excesivos habían sido los elogios a la incidencia de la Constitución de 1978 en la Justicia administrativa y excesivos los defectos que muchos veían en la Ley de 1956. La confrontación al comentar cada artículo de la Ley vigente con el correlativo de la de 1956 y la referencia a la jurisprudencia interpretativa de una y otra venía obligada por el carácter práctico de la obra, ya que durante el largo período de transitoriedad, íbamos a tener que aplicar ambas. En las ediciones sucesivas, se fueron eliminando las referencias a la Ley anterior y la crítica fue reducida a sus justos límites. La referencia a la jurisprudencia fue objeto de importantes modificaciones en cada edición. Por un lado, se ha eliminado toda la que iba perdiendo vigencia. Y la referencia a las que se iban dictando cada vez fue más selectiva, reduciendo la transcripción de los textos, salvo las más significativas a título de ejemplo y las más recientes en los puntos indispensables para llegar al sentido de la norma. Si al preparar las ediciones sexta y séptima habían sido muchas las modificaciones introducidas en la Ley, obligando a una cuidada revisión, al acometer la tarea de redactar esta octava edición las modificaciones han superado las de entonces en número e importancia. No solo se han creado nuevos procesos especiales, como los que tienen por finalidad garantizar la unidad de mercado (Ley 20/2013) y declarar judicialmente la extinción de los partidos políticos (Ley 3/2015) y se ha modificado sustancialmente el sistema casacional (LO 7/2015 de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial). En el BOE del 2 de octubre de 2015 se han publicado dos leyes del anterior día 1, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, que es ineludible tener en cuenta por su incidencia en la regulación contencioso-administrativa. Por lo que se ha extremado la preocupación por evitar omisiones. Con el fin de que estos Comentarios sean realmente los del ordenamiento vigente regulador del proceso administrativo.
La sustracción internacional de menores supone un grave problema de alcance universal que afecta a miles de niños cada año. Las crisis de pareja en las que los progenitores son de nacionalidades diferentes suelen conllevar una regresión al país de origen de quien se hubiere encontrado hasta ese momento -esto es, durante su matrimonio o análoga relación de afectividad- en un país ajeno al propio. Esta vuelta a las raíces de quien, tras una frustrada relación afectiva, ha de comenzar una nueva vida, conlleva la imposición de una multitud de trabas o limitaciones para disfrutar de la presencia cotidiana de sus hijos. Y es por ello por lo que la persona afectada por esta circunstancia, en no pocas ocasiones, se resiste a soportar el elevado nivel de sufrimiento que conlleva el cumplimiento de la resolución o medida cautelar establecidas, y con total olvido de las disposiciones legales vigentes en el país de residencia de sus hijos, se embarca con ellos hacia otro lugar, que suele ser el de su propia nacionalidad. Este tipo de desplazamientos y retenciones transfronterizas ilícitas de menores constituye, en la actualidad, un fenómeno social en progresivo aumento, de contornos difíciles de solventar, toda vez que junto con las clásicas sustracciones internacionales de menores -en las que el progenitor sustractor pretende legalizar, por la vía de hecho, la irregularidad del traslado, mediante la recepción de la atribución, en el Estado de destino, de la titularidad de la custodia-, se entremezclan y detectan, con relativa frecuencia, algunas otras sustracciones en las que el progenitor sustractor, generalmente la madre cuidadora, huye con el menor a un tercer Estado, en busca de protección ante una amenaza a su persona o la del menor. Ante esta evidencia, la resolución del conflicto debiera diferir, sustancialmente, en función de cual fuere el tipo de sustracción efectuada en cada caso, en orden a dispensar, en los supuestos de peligro real y efectivo, la debida protección, amparo y cobijo internacional. La erradicación de este grave problema social mediante la consecución, en tiempo real, o al menos con cierta inmediatez, de la repatriación de los menores ilícitamente sustraídos de sus Estados de residencia, tan sólo podrá encauzarse a través de los procesos judiciales internos previstos al efecto en la legislación procesal del Estado de destino de cada sustracción, que habrán de ser, por fuerza, expeditivos, garantistas, ágiles, sencillos, eficaces y económicos, tanto procesal como materialmente.