Uno de los aspectos que con relación al arbitraje más problemas está suscitando en la práctica es el de la ejecución del laudo. Tengamos en cuenta que siendo el proceso de ejecución judicial, su atribución a los órganos jurisdiccionales tiene carácter necesario. Además, y como es obvio, la normativa a aplicar es la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, más las especialidades establecidas en la propia Ley de Arbitraje (art. 45). Sin embargo, la ley procesal civil no resuelve muchas de las cuestiones que la ejecución del laudo, por ser título asimilado ?pero distinto? a la sentencia, plantea. El libro analiza precisamente aquellos aspectos del proceso de ejecución que requieren de un tratamiento específico debido a la singularidad del título en cuestión y lo hace desde un punto de vista doctrinal pero también jurisprudencial, aportando soluciones. Temas tan debatidos como la necesidad o no de abogado y procurador, la extensión del control judicial para despachar ejecución, la amplitud de la oposición a la ejecución o la suspensión de ésta cuando se interpone acción de anulación son tratados y resueltos en la presente obra.
INDICE EDITORIAL. Francisco Tusquets Trías de Bes I. SCIENTIA Consideraciones sobre el deber de confidencialidad en el arbitraje: Un estudio comparado entre España y los Estados Unidos de América. Ayllen Gil Seaton La flexibilidad procesal del arbitraje en Ley 60/2003. Concepto y fundamentos. Andrés Peña Adasme La ilegalidad de la acción de anulación del laudo. Màrius Miró Gili Medios Alternativos de resolución de conflictos en el ámbito de la empresa. Diego de Dueñas Alvarez Medios Alternativos de resolución de conflictos en el Derecho Administrativo. Joaquín Tornos Mas El sistema de resolución de las controversias entre inversor y estado en el TTIP. Alessandro Pieralli II. PRAXIS ARBITRAL Insuficiencia del poder en la suscripción del convenio arbitral. Un caso singular. Ricardo Cabanas Trejo III. PRAXIS JUDICIAL Sentencia del TSJ Madrid núm. 70/2016, 4 noviembre 2016. Imparcialidad del árbitro nombrado. Imparcialidad de la Corte que lo nombra. Antonio Bosch Carrera Sentencia del TSJ País Vasco núm. 3/2016, 11 de abril de 2016. Arbitrabilidad de la disolución de una sociedad anónima. Orden público procesal. Francico Tusquets Trias de Bes Sentencia del TSJ Cataluña núm 45/2015, 15 de junio de 2015 Preferencia del arbitraje sobre el concurso. Orden público en sentido restringido como causa de nulidad del laudo. Francisco Vicent Chuliá Sentencia del TSJ Madrid núm. 32/2016, 13 de abril de 2016 Alcance del control judicial. Normas imperativas. Orden público. Elías Campo Villegas Sentencia del TSJ Cataluña núm. 47/2015, 15 de junio de 2015. Arbitraje testamentario. Convenio suscrito por incapaz. Pactos parasociales. Carlos de Miranda Auto de exequátur del TSJC, de 6 de mayo de 2016. Oposición reconocimiento laudo extranjero de arbitraje marítimo en virtud de póliza de fletamento. Jaime Rodrigo de Larrucea IV. NOTITIA Reformas legislativas y noticias de arbitraje en el mundo. Teresa Iranzo Roura Novedades bibliográficas y artículos publicados en revistas. Teresa Iranzo Roura V. RECAPITULACIÓ DE INDICES ANTERIORES VI. NORMAS EDITORIALES
El proceso monitorio se ha convertido se ha convertido en el ámbito civil y mercantil en un instrumento de indudable éxito para la tutela procesal del crédito. La Ley reguladora de la jurisdicción social lo introduce en el ámbito laboral en la confianza de que facilite al trabajador la reclamación de cantidades al empresario. En el presente trabajo se analiza desde una consideración teórico-práctica la nueva regulación, con sentido crítico y constructivo, identificando problemas interpretativos y tratando de aportar soluciones a ellos. Como punto de partida cuestiona la endeble justificación jurídica sobre la que se sustenta la pretendida autonomía del proceso laboral respecto del civil; a partir de tal premisa, la naturaleza, estructura y finalidad del monitorio es única y no depende del ámbito jurisdiccional. Lo novedoso de la regulación del juicio monitorio laboral y la consiguiente ausencia de pronunciamientos judiciales, hacen aconsejable complementar su estudio con la experiencia de la institución en el ámbito civil, en la medida en que entre en contradicción con el artículo 101.de la jurisdicción social.
En el Memento Procesal Penal 2016 se lleva a cabo un estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los procesos judiciales que pueden desarrollarse ante esta jurisdicción. En él se analizan de forma detallada, práctica y clarificadora las fases de los diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las partes que intervienen en cada proceso, conforme a la práctica habitual en los juzgados y tribunales. Encontrarás fácilmente, al instante, toda la información necesaria para dominar cualquier procedimiento. Una herramienta rigurosamente actualizada, en la que se analizan las novedades normativas introducidas recientemente, destacando la reforma profunda del Código Penal, que en materia procesal afecta principalmente a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el juicio por delitos leves y la desaparición del juicio de faltas. Benefíciese de las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de acceso a la información.
La reforma operada por la L.O 7/2015, de 21 de julio, en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en particular, en su recurso de casación, supone una verdadera revolución procesal, en la que la admisión pasará a ser una decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo basada en la existencia del denominado «interés casacional objetivo», imponiéndole al recurrente la carga procesal de justificar que en su caso concurre alguna de las causas que lo generaría, sin que la correcta invocación formal de cualquiera de ellas determine la admisión del recurso, pues será en última instancia el Tribunal quien, según su propio criterio, seleccionará los asuntos que objetivamente deban dar lugar a una interpretación uniforme. Consecuentemente, ello va a exigir del juzgador una aproximación al recurso en la que ya no se busque únicamente la concurrencia de infracciones normativas, sino la existencia de relevancia casacional lo que, en puridad, supone un cambio de mentalidad de enorme trascendencia, no en vano, se pasa de proteger y reparar, como primera prioridad, los derechos subjetivos de los litigantes a salvaguardar la unidad del ordenamiento jurídico a través de la formación de Jurisprudencia, y todo ello, huelga decirlo, sin menoscabo de la tutela judicial efectiva del recurrente.
El tema de la ejecución de las sentencias en el orden jurisdiccional contencioso administrativo ha sido uno de los más discutidos en los últimos tiempos dado que en su consideración todavía vivían las viejas concepciones de la contraposición entre el principio de legalidad y el de separación de poderes en razón a la posibilidad que se otorgaba a la Administración de ejecutar las propias sentencias. Esta obra incluye doctrina elaborada por autores de prestigio en la materia y sintetiza las resoluciones judiciales más relevantes y recientes sobre la ejecución de sentencias en el orden contencioso-administrativo. También recoge formularios, es un libro práctico que pretende ir más allá de un compendio puramente teórico que será especialmente útil para quienes se dedican al ejercicio profesional.
Primera edición, actualizada tras las últimas novedades legislativas en materia penal, que sintetiza y extracta las resoluciones judiciales más relevantes y recientes sobre la ejecución de sentencias penales. La obra incluye una selección de doctrina elaborada por autores de prestigio en la materia, Acuerdos de la Sala II del Tribunal Supremo, Circulares, Instrucciones y Consultas de la FGE, preguntas con respuesta, esquemas procesales y formularios. Es una obra práctica que pretende ir más allá de un compendio puramente teórico o de estudio de la ejecución penal. Es una guía imprescindible para los profesionales del derecho penal en la que encontrarán respuesta a cuestiones como la suspensión de la pena o la libertad condicional, profundamente modificadas tras las reformas legislativas del 2015.
En este libro el lector puede encontrar un estudio completo, multidisciplinar, y marcadamente práctico de los problemas que plantea la cesión de datos y evidencias obtenidos en procesos penales o procedimientos sancionadores o tributarios para su uso y tratamiento en procesos o procedimientos diversos de aquellos en los que se hubieren conseguido. En particular, se estudian y analizan las exigencias que la normativa española y de la Unión Europea, incluida la Directiva UE 2016/680, de 27 de abril de 2016, imponen a esta clase de cesiones para garantizar que el uso de los datos y evidencias respete adecuadamente los derechos de los sujetos afectados, así como el derecho de defensa de los que sean parte en los procesos o procedimientos en que se utilicen. Para ello, en la obra se realiza un análisis general sobre la problemática que plantea esta importante materia en el seno de los procesos penales y de los procedimientos administrativos sancionadores, profundizando a continuación en sectores específicos como el tributario, la administración sanitaria, la defensa de la competencia o el ámbito laboral, entre otros.
La tecnología está revolucionando el discurso político, la actividad económica, el mercado laboral e incluso nuestra forma de pensar o de relacionarnos. También el desarrollo del comercio electrónico ha traído una nueva realidad al tráfico mercantil, en donde la consolidación de las nuevas tecnologías permite contratar exclusivamente de forma telemática. Esta revolución digital también ha llegado a la Justicia con la implantación de las nuevas tecnologías mediante diversos sistemas informáticos. El Portal de Subastas Electrónicas es la herramienta telemática en la que se han de realizar todas las subastas judiciales, notariales y administrativas. Esta monografía tiene por objeto un estudio práctico de las subastas electrónicas judiciales, notariales y administrativas, incluyendo un comentario visual del Portal de Subastas Electrónicas a modo de manual para el usuario, ya sea éste Letrado de la Administración de Justicia, Notario, Registrador, Abogado, Procurador, empresa o particular interesado en la subasta.
En los últimos años ha aparecido en la realidad jurídica de España una nueva figura derivada de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de la persona jurídica. La adopción por parte de las empresas de planes de prevención de riesgos penales tiene como consecuencia la necesidad de designar a un órgano, colegiado o unipersonal, responsable de la supervisión del sistema de compliance penal. Así nace la figura del compliance officer en el ámbito penal, la cual ha adquirido gran importancia en la actualidad. En esta obra se analizan con profundidad las distintas alternativas en sus funciones, la asunción de un deber de garante y su posible responsabilidad penal por omisión. Para su desarrollo se plantean distintas hipótesis y en función de las opciones propuestas, se ofrecen respuestas a las preguntas que se van formulando, en las que tras su aparente simpleza, se esconde uno de los retos actuales más apasionantes del Derecho penal y de su posterior aplicación práctica en el ámbito jurisprudencial.
El sistema jurídico procesal penal debe dar una respuesta singular e individualizada a las víctimas especialmente vulnerables, personas con superiores dificultades que las que ya de por sí presenta una víctima, sufriendo, si no se ponen medios para evitarlo, un alto riesgo de victimización secundaria e incluso terciaria. Precisamente a evitar esta indeseable situación que se produce de facto en nuestra sociedad, se dirige el contendio de esta obra, la cual, desde una necesaria perspectiva multidisciplinar, aborda las deficiencias de nuestro sistema, aportando soluciones orientadas a la prevención y a la protección integral.
Uno de los aspectos que con relación al arbitraje más problemas está suscitando en la práctica es el de la ejecución del laudo. Tengamos en cuenta que siendo el proceso de ejecución judicial, su atribución a los órganos jurisdiccionales tiene carácter necesario. Además, y como es obvio, la normativa a aplicar es la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, más las especialidades establecidas en la propia Ley de Arbitraje (art. 45). Sin embargo, la ley procesal civil no resuelve muchas de las cuestiones que la ejecución del laudo, por ser título asimilado ?pero distinto? a la sentencia, plantea. El libro analiza precisamente aquellos aspectos del proceso de ejecución que requieren de un tratamiento específico debido a la singularidad del título en cuestión y lo hace desde un punto de vista doctrinal pero también jurisprudencial, aportando soluciones. Temas tan debatidos como la necesidad o no de abogado y procurador, la extensión del control judicial para despachar ejecución, la amplitud de la oposición a la ejecución o la suspensión de ésta cuando se interpone acción de anulación son tratados y resueltos en la presente obra.
INDICE EDITORIAL. Francisco Tusquets Trías de Bes I. SCIENTIA Consideraciones sobre el deber de confidencialidad en el arbitraje: Un estudio comparado entre España y los Estados Unidos de América. Ayllen Gil Seaton La flexibilidad procesal del arbitraje en Ley 60/2003. Concepto y fundamentos. Andrés Peña Adasme La ilegalidad de la acción de anulación del laudo. Màrius Miró Gili Medios Alternativos de resolución de conflictos en el ámbito de la empresa. Diego de Dueñas Alvarez Medios Alternativos de resolución de conflictos en el Derecho Administrativo. Joaquín Tornos Mas El sistema de resolución de las controversias entre inversor y estado en el TTIP. Alessandro Pieralli II. PRAXIS ARBITRAL Insuficiencia del poder en la suscripción del convenio arbitral. Un caso singular. Ricardo Cabanas Trejo III. PRAXIS JUDICIAL Sentencia del TSJ Madrid núm. 70/2016, 4 noviembre 2016. Imparcialidad del árbitro nombrado. Imparcialidad de la Corte que lo nombra. Antonio Bosch Carrera Sentencia del TSJ País Vasco núm. 3/2016, 11 de abril de 2016. Arbitrabilidad de la disolución de una sociedad anónima. Orden público procesal. Francico Tusquets Trias de Bes Sentencia del TSJ Cataluña núm 45/2015, 15 de junio de 2015 Preferencia del arbitraje sobre el concurso. Orden público en sentido restringido como causa de nulidad del laudo. Francisco Vicent Chuliá Sentencia del TSJ Madrid núm. 32/2016, 13 de abril de 2016 Alcance del control judicial. Normas imperativas. Orden público. Elías Campo Villegas Sentencia del TSJ Cataluña núm. 47/2015, 15 de junio de 2015. Arbitraje testamentario. Convenio suscrito por incapaz. Pactos parasociales. Carlos de Miranda Auto de exequátur del TSJC, de 6 de mayo de 2016. Oposición reconocimiento laudo extranjero de arbitraje marítimo en virtud de póliza de fletamento. Jaime Rodrigo de Larrucea IV. NOTITIA Reformas legislativas y noticias de arbitraje en el mundo. Teresa Iranzo Roura Novedades bibliográficas y artículos publicados en revistas. Teresa Iranzo Roura V. RECAPITULACIÓ DE INDICES ANTERIORES VI. NORMAS EDITORIALES
El proceso monitorio se ha convertido se ha convertido en el ámbito civil y mercantil en un instrumento de indudable éxito para la tutela procesal del crédito. La Ley reguladora de la jurisdicción social lo introduce en el ámbito laboral en la confianza de que facilite al trabajador la reclamación de cantidades al empresario. En el presente trabajo se analiza desde una consideración teórico-práctica la nueva regulación, con sentido crítico y constructivo, identificando problemas interpretativos y tratando de aportar soluciones a ellos. Como punto de partida cuestiona la endeble justificación jurídica sobre la que se sustenta la pretendida autonomía del proceso laboral respecto del civil; a partir de tal premisa, la naturaleza, estructura y finalidad del monitorio es única y no depende del ámbito jurisdiccional. Lo novedoso de la regulación del juicio monitorio laboral y la consiguiente ausencia de pronunciamientos judiciales, hacen aconsejable complementar su estudio con la experiencia de la institución en el ámbito civil, en la medida en que entre en contradicción con el artículo 101.de la jurisdicción social.
En el Memento Procesal Penal 2016 se lleva a cabo un estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los procesos judiciales que pueden desarrollarse ante esta jurisdicción. En él se analizan de forma detallada, práctica y clarificadora las fases de los diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las partes que intervienen en cada proceso, conforme a la práctica habitual en los juzgados y tribunales. Encontrarás fácilmente, al instante, toda la información necesaria para dominar cualquier procedimiento. Una herramienta rigurosamente actualizada, en la que se analizan las novedades normativas introducidas recientemente, destacando la reforma profunda del Código Penal, que en materia procesal afecta principalmente a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el juicio por delitos leves y la desaparición del juicio de faltas. Benefíciese de las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de acceso a la información.
La reforma operada por la L.O 7/2015, de 21 de julio, en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en particular, en su recurso de casación, supone una verdadera revolución procesal, en la que la admisión pasará a ser una decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo basada en la existencia del denominado «interés casacional objetivo», imponiéndole al recurrente la carga procesal de justificar que en su caso concurre alguna de las causas que lo generaría, sin que la correcta invocación formal de cualquiera de ellas determine la admisión del recurso, pues será en última instancia el Tribunal quien, según su propio criterio, seleccionará los asuntos que objetivamente deban dar lugar a una interpretación uniforme. Consecuentemente, ello va a exigir del juzgador una aproximación al recurso en la que ya no se busque únicamente la concurrencia de infracciones normativas, sino la existencia de relevancia casacional lo que, en puridad, supone un cambio de mentalidad de enorme trascendencia, no en vano, se pasa de proteger y reparar, como primera prioridad, los derechos subjetivos de los litigantes a salvaguardar la unidad del ordenamiento jurídico a través de la formación de Jurisprudencia, y todo ello, huelga decirlo, sin menoscabo de la tutela judicial efectiva del recurrente.
El tema de la ejecución de las sentencias en el orden jurisdiccional contencioso administrativo ha sido uno de los más discutidos en los últimos tiempos dado que en su consideración todavía vivían las viejas concepciones de la contraposición entre el principio de legalidad y el de separación de poderes en razón a la posibilidad que se otorgaba a la Administración de ejecutar las propias sentencias. Esta obra incluye doctrina elaborada por autores de prestigio en la materia y sintetiza las resoluciones judiciales más relevantes y recientes sobre la ejecución de sentencias en el orden contencioso-administrativo. También recoge formularios, es un libro práctico que pretende ir más allá de un compendio puramente teórico que será especialmente útil para quienes se dedican al ejercicio profesional.
Primera edición, actualizada tras las últimas novedades legislativas en materia penal, que sintetiza y extracta las resoluciones judiciales más relevantes y recientes sobre la ejecución de sentencias penales. La obra incluye una selección de doctrina elaborada por autores de prestigio en la materia, Acuerdos de la Sala II del Tribunal Supremo, Circulares, Instrucciones y Consultas de la FGE, preguntas con respuesta, esquemas procesales y formularios. Es una obra práctica que pretende ir más allá de un compendio puramente teórico o de estudio de la ejecución penal. Es una guía imprescindible para los profesionales del derecho penal en la que encontrarán respuesta a cuestiones como la suspensión de la pena o la libertad condicional, profundamente modificadas tras las reformas legislativas del 2015.
En este libro el lector puede encontrar un estudio completo, multidisciplinar, y marcadamente práctico de los problemas que plantea la cesión de datos y evidencias obtenidos en procesos penales o procedimientos sancionadores o tributarios para su uso y tratamiento en procesos o procedimientos diversos de aquellos en los que se hubieren conseguido. En particular, se estudian y analizan las exigencias que la normativa española y de la Unión Europea, incluida la Directiva UE 2016/680, de 27 de abril de 2016, imponen a esta clase de cesiones para garantizar que el uso de los datos y evidencias respete adecuadamente los derechos de los sujetos afectados, así como el derecho de defensa de los que sean parte en los procesos o procedimientos en que se utilicen. Para ello, en la obra se realiza un análisis general sobre la problemática que plantea esta importante materia en el seno de los procesos penales y de los procedimientos administrativos sancionadores, profundizando a continuación en sectores específicos como el tributario, la administración sanitaria, la defensa de la competencia o el ámbito laboral, entre otros.
La tecnología está revolucionando el discurso político, la actividad económica, el mercado laboral e incluso nuestra forma de pensar o de relacionarnos. También el desarrollo del comercio electrónico ha traído una nueva realidad al tráfico mercantil, en donde la consolidación de las nuevas tecnologías permite contratar exclusivamente de forma telemática. Esta revolución digital también ha llegado a la Justicia con la implantación de las nuevas tecnologías mediante diversos sistemas informáticos. El Portal de Subastas Electrónicas es la herramienta telemática en la que se han de realizar todas las subastas judiciales, notariales y administrativas. Esta monografía tiene por objeto un estudio práctico de las subastas electrónicas judiciales, notariales y administrativas, incluyendo un comentario visual del Portal de Subastas Electrónicas a modo de manual para el usuario, ya sea éste Letrado de la Administración de Justicia, Notario, Registrador, Abogado, Procurador, empresa o particular interesado en la subasta.
En los últimos años ha aparecido en la realidad jurídica de España una nueva figura derivada de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de la persona jurídica. La adopción por parte de las empresas de planes de prevención de riesgos penales tiene como consecuencia la necesidad de designar a un órgano, colegiado o unipersonal, responsable de la supervisión del sistema de compliance penal. Así nace la figura del compliance officer en el ámbito penal, la cual ha adquirido gran importancia en la actualidad. En esta obra se analizan con profundidad las distintas alternativas en sus funciones, la asunción de un deber de garante y su posible responsabilidad penal por omisión. Para su desarrollo se plantean distintas hipótesis y en función de las opciones propuestas, se ofrecen respuestas a las preguntas que se van formulando, en las que tras su aparente simpleza, se esconde uno de los retos actuales más apasionantes del Derecho penal y de su posterior aplicación práctica en el ámbito jurisprudencial.
El sistema jurídico procesal penal debe dar una respuesta singular e individualizada a las víctimas especialmente vulnerables, personas con superiores dificultades que las que ya de por sí presenta una víctima, sufriendo, si no se ponen medios para evitarlo, un alto riesgo de victimización secundaria e incluso terciaria. Precisamente a evitar esta indeseable situación que se produce de facto en nuestra sociedad, se dirige el contendio de esta obra, la cual, desde una necesaria perspectiva multidisciplinar, aborda las deficiencias de nuestro sistema, aportando soluciones orientadas a la prevención y a la protección integral.