Nos encontramos ante un instrumento que proporciona un aprendizaje de la práctica judicial en el ámbito de las ejecuciones civiles. Junto con las mismas, se ha tratado la tasación de costas, al ser un incidente estrechamente relacionado. «Ejecuciones civiles y tasación de costas» es una obra de rápido y sencillo acceso al conocimiento de estos procedimientos. Compuesta por material esencialmente práctico y de fácil compresión: esquemas, síntesis, formularios y máximas jurisprudenciales. Libro de interés para cualquier profesional del ámbito jurídico que desee conocer, de forma rápida y cómoda, los aspectos importantes de una ejecución. Se ha elaborado teniendo en cuenta las últimas reformas legislativas, entre otras, las Leyes 19/2015, de 13 de julio y 42/2015, de 5 de octubre.
El 4 de mayo de 2010 entrará en vigor la reforma procesal por la que se implanta la nueva oficina judicial. Tras esa fecha, y según se recoge en las disposiciones transitorias de la Ley 13/2009 ?Los procesos de declaración que estuvieren en trámite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la presente Ley, se continuarán sustanciando hasta que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislación procesal anterior? y ?Los señalamientos efectuados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley seguirán el régimen previsto en la normativa vigente en el momento de acordarse?. El operador jurídico deberá, entonces, tramitar procesos bajo dos diferentes regulaciones. El presente código recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus dos redacciones, antes y después de la reforma, para facilitar al profesional el manejo de la normativa en la práctica procesal.
La presente obra (7ª edición) se ha convertido ya en un referente para el estudio de la prueba pericial contable en su más amplio sentido (incluida la prueba pericial económica o económico-financiera). La obra se estructura en tres partes. La primera estudia el marco regulatorio relativo a la prueba de peritos común a las cuatro jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativa y laboral), y la prueba pericial contable dentro de cada una de ellas. La segunda parte aborda la Metodología de la prueba pericial contable atendiendo a los aspectos de fondo y forma. La tercera parte incluye jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las audiencias, ofreciendo una selección de sentencias entre las consideradas más significativas respecto a la prueba pericial y al perito. Cierra la obra una selección de casos reales. Estamos ante un título singularmente idóneo para los profesionales del Derecho a quienes resulta imprescindible el recurso al perito judicial en materia contable y económico-financiera para sostener y probar sus pretensiones ante los Tribunales de Justicia. Es de lectura igualmente imprescindible para economistas, titulares mercantiles, censores jurados de cuentas y auditores.
Se analizan en esta obra colectiva las principales reformas procesales penales que han tenido lugar recientemente en nuestro país, desde la perspectiva de las víctimas de hechos delictivos. En particular, las que afectan a sus derechos y facultades de actuación procesal, ejerciten o no la acusación, aquellas que tienen que ver con su papel de testigo cualificado, con las medidas de protección o en la cada vez más frecuente «conformidad», considerando también su posición en la fase de ejecución penal, la indemnización de los daños padecidos, o las novedades en materia de justicia restaurativa y mediación, entre otros aspectos. Se completa el estudio con algunas conclusiones acerca de la inimputabilidad del acusado y sus efectos procesales en las víctimas, sobre la reconfiguración de ciertos tipos penales ?delitos de odio y de trata de seres humanos?, para concluir con un análisis de las víctimas del «crimen corporativo».
La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de Capital de 2015 cambiaron el alcance de la responsabilidad para administradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus funciones. El buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de cada empresa, sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan. Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la inclusión de un sistema corporativo de Compliance reduce la gravedad de la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este Manual Práctico de Compliance servirá de guía a consejeros, directivos y administradores de cualquier pyme para poner en marcha e implantar un programa integral de compliance, asignando los recursos humanos y materiales necesarios con pragmatismo.
La presente obra tiene por objeto analizar exhaustivamente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, y la más significativa de los demás Tribunales de Justicia, en relación a las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo. Aproximadamente, unas 1.000 resoluciones han sido objeto de estudio y análisis; resoluciones que aparecen referenciadas con su número concreto de Aranzadi. La materia citada es objeto de regulación en los artículos 129 a 136 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en total, ocho artículos. Esta parquedad normativa obliga a todo aquel que quiera adentrarse en ella a conocer la Jurisprudencia que se ha dictado en su desarrollo y aplicación o, lo que es lo mismo, sin este conocimiento previo nadie puede adentrarse adecuadamente en el mundo de las medidas cautelares en el ámbito contencioso-administrativo. Para cumplir esta finalidad, se ha introducido un índice muy detallado en cada uno de los capítulos en que se divide la obra: I Doctrina general sobre las medidas cautelares y las contracautelas; II El periculum in mora; III La ponderación de intereses y IV El fumus boni iuris. Incluso, en determinados aspectos relevantes, como la ponderación de intereses o las medidas cautelares positivas, se introduce una relación de supuestos concretos agrupados por las materias o las voces a que se refieren para facilitar la labor de todos aquellos que se acerquen a la obra. Por citar una cifra, se incluyen más de 200 supuestos singulares en el ámbito de la ponderación de intereses. Con todo ello, se pretende, en primer lugar, seguir una sistemática tradicional en la descripción general de las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo, que permite calificar la presente obra como un todo unitario y no una mera relación o transcripción de casos singulares o concretos; y, en segundo lugar, no renunciar tampoco a las singularidades existentes cuando las mismas merecen ser destacadas o resaltadas.
Mensajes de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos, fotografías y videos digitales, hojas de cálculo, registros de cajeros automáticos, rutas GPS, navegación por la web,... Los hechos del mundo digital tienen relevancia jurídica en muchas ocasiones porque generan obligaciones o prueban el cumplimiento de los contratos (facturas electrónicas, contratación bancaria); causan daños a terceros que han de ser reparados; son constitutivos de delito, como phising, terrorismo yihadista, ciberodio, cyberbullying o e-violencia de género; contribuyen a probar delitos de tráfico de drogas, corrupción o crimen organizado; acreditan violaciones de deberes del trabajador durante su jornada laboral; o recogen la relación del ciudadano con las Administraciones Públicas. Esta obra pretende contestar a las siguientes preguntas comunes a los procesos en todos los órdenes jurisdiccionales: ?¿Cuándo y en qué condiciones se puede acceder al contenido de los ordenadores, smartphones y otros dispositivos electrónicos, o a los datos que se transmiten por redes de comunicación? ?¿Cómo acreditar los hechos del mundo digital en un proceso judicial, o en el ejercicio de la potestad de control y supervisión por el empresario, o en las relaciones entre las partes de un contrato? ?¿Cuándo resultan afectados el derecho a la intimidad, el secreto de comunicaciones o la protección de datos personales? ?¿Cómo abordar los problemas internacionales en la obtención de la prueba digital? El libro recoge las últimas reformas legislativas (LECrim, Código Penal, procedimiento administrativo, reconocimiento mutuo en la UE) y la más reciente jurisprudencia, con numerosos comentarios de sentencias.
Este libro tiene por objeto el estudio de la demanda en el proceso contencioso-administrativo desde la perspectiva de los motivos de impugnación y su control judicial. Es una dimensión de la demanda que nace de la misma concepción del proceso administrativo como un proceso contra una determinada actuación o inactuación administrativa preexistente; y el aspecto impugnatorio se trasluce en la demanda, como un requisito esencial de su formulación. En el núcleo de este escrito están, en efecto, los motivos de impugnación (de ilegalidad de la actuación impugnada), que fluyen de los hechos y de los fundamentos de derecho, alcanzando en estos últimos su más precisa elaboración como antesala de las pretensiones del petitum. Sobre los motivos de impugnación, expuestos razonadamente, pivotan un conjunto de relaciones que dan vida a la demanda. Son fundamentales para la cognición judicial pues a través de ellos es como el juez decide en su sentencia sobre los derechos e intereses legítimos solicitados, y sobre la conformidad a derecho de la actuación administrativa impugnada.
Bajo el nuevo título de Derecho Procesal Administrativo, ofrecemos la segunda edición de la conocida obra Práctica Procesal Contencioso-Administrativa un ambicioso tratado práctico de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y actualizada a las ultimas reformas de agilización procesal. Siguiendo la ya conocida sistemática de estas obras, la integra sistemáticamente el comentario de los artículos de la Ley en el resto del ordenamiento jurídico, enlazando con la teoría jurídico-procesal, y trata exhaustivamente las cuestiones que la misma plantea, para lo cual ha sido redactada con una reflexión, detalle, extensión y riqueza de materiales muy diferentes a otras obras que puedan haber en el mercado. Los completos formularios de supuestos reales, el tratamiento de la jurisprudencia y la referencia bibliográfica redondean la vertiente práctica de la obra. Exhaustividad en la explicación, rigor doctrinal y soluciones para todos los problemas prácticos. Pascual Sala Sánchez, J. Antonio Xiol Ríos y Rafael Fernández Montalvo, todo ellos reconocidos especialistas en Derecho Administrativo y pertenecen a distintas Secciones especializadas en materias diversas. Unen a su condición de juristas prácticos y al conocimiento exhaustivo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, especialmente familiar para ellos dada sus trayectorias profesionales, su preocupación por los aspectos teóricos del Derecho administrativo. La obra está concebida con un doble propósito. Por una parte, proporcionar, desde luego, soluciones a los múltiples problemas prácticos que plantea la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, utilizando para ello los criterios de la más moderna jurisprudencia y ofreciendo acabados formularios de sus distintos procedimientos. Pero, también, por otra, examinar, con afán sistemático y explicativo, las cuestiones teóricas que se refieren no sólo al proceso administrativo, institución en sí clave del Estado de Derecho que la Constitución consagra, sino también las relativas a los cruciales temas del Derecho Administrativo enmarcados dentro del ámbito genérico de las garantías ciudadanas y del ejercicio de las potestades de la Administración. En esta doble condición, como obra de consulta sirve a quienes tienen un interés profesional inmediato, como Jueces, Abogados o Asesores de las distintas Administraciones Públicas, por las instituciones básicas del Derecho Administrativo y a quienes, en el ámbito universitario, se ocupan de ellas con un interés científico o académico.
La presente obra contiene la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con todas las modificaciones que se han producido desde aquella fecha hasta el momento actual, incluyendo la reforma realizada por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. La citada Ley se estructura de la siguiente forma: -Título Preliminar. De las normas procesales y su aplicación (arts. 1 a 4). -Libro I. De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles (arts. 5 a 247). -Libro II. De los procesos declarativos (arts. 248 a 516). -Libro III. De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares (arts. 517 a 747). -Libro IV. De los procesos especiales (arts. 748 a 827). Asimismo contiene una relación de las normas modificadoras de la Ley de Enjuiciamiento Civil y un extenso índice de conceptos que facilita su consulta.
El objetivo de la presente monografía es el análisis del instituto de la exhibición de documentos (de índole probatoria y soportes informáticos) en el proceso civil español. Se trata de afrontar un problema trascendental de la práctica de la prueba documental: el acceso al documento por parte de quien pretende introducirlo en el proceso, cuando éste se halle en poder del litigante contrario o de un tercero ajeno al proceso. La cuestión no ha merecido hasta la actualidad un tratamiento monográfico en Derecho español, en abierto contraste con lo que sucede con los ordenamientos jurídicos más avanzados de nuestro entorno. En la obra se ha examinado la bibliografía científica existente que trata sobre los diferentes aspectos generales de la exhibición documental, así como abundante jurisprudencia y se ha tratado de dotar a la institución de una base doctrinal sólida, así como de resolver numerosos problemas prácticos y teóricos que se plantean, analizando los diferentes mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico para permitir el acceso a los documentos al litigante que los precisa para hacer prosperar las pretensiones que adujo en el proceso. En especial, se ha abordado el tema de la exhibición de soportes informáticos, materia que entraña muy especiales y novedosos problemas, hasta el momento escasamente estudiado. Esta monografía cuenta con un total de ocho capítulos, que culminan con un epílogo a modo de conclusión final dirigido tanto a juristas en general como abogados en particular.
Nos encontramos ante un instrumento que proporciona un aprendizaje de la práctica judicial en el ámbito de las ejecuciones civiles. Junto con las mismas, se ha tratado la tasación de costas, al ser un incidente estrechamente relacionado. «Ejecuciones civiles y tasación de costas» es una obra de rápido y sencillo acceso al conocimiento de estos procedimientos. Compuesta por material esencialmente práctico y de fácil compresión: esquemas, síntesis, formularios y máximas jurisprudenciales. Libro de interés para cualquier profesional del ámbito jurídico que desee conocer, de forma rápida y cómoda, los aspectos importantes de una ejecución. Se ha elaborado teniendo en cuenta las últimas reformas legislativas, entre otras, las Leyes 19/2015, de 13 de julio y 42/2015, de 5 de octubre.
El 4 de mayo de 2010 entrará en vigor la reforma procesal por la que se implanta la nueva oficina judicial. Tras esa fecha, y según se recoge en las disposiciones transitorias de la Ley 13/2009 ?Los procesos de declaración que estuvieren en trámite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la presente Ley, se continuarán sustanciando hasta que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislación procesal anterior? y ?Los señalamientos efectuados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley seguirán el régimen previsto en la normativa vigente en el momento de acordarse?. El operador jurídico deberá, entonces, tramitar procesos bajo dos diferentes regulaciones. El presente código recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus dos redacciones, antes y después de la reforma, para facilitar al profesional el manejo de la normativa en la práctica procesal.
La presente obra (7ª edición) se ha convertido ya en un referente para el estudio de la prueba pericial contable en su más amplio sentido (incluida la prueba pericial económica o económico-financiera). La obra se estructura en tres partes. La primera estudia el marco regulatorio relativo a la prueba de peritos común a las cuatro jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativa y laboral), y la prueba pericial contable dentro de cada una de ellas. La segunda parte aborda la Metodología de la prueba pericial contable atendiendo a los aspectos de fondo y forma. La tercera parte incluye jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las audiencias, ofreciendo una selección de sentencias entre las consideradas más significativas respecto a la prueba pericial y al perito. Cierra la obra una selección de casos reales. Estamos ante un título singularmente idóneo para los profesionales del Derecho a quienes resulta imprescindible el recurso al perito judicial en materia contable y económico-financiera para sostener y probar sus pretensiones ante los Tribunales de Justicia. Es de lectura igualmente imprescindible para economistas, titulares mercantiles, censores jurados de cuentas y auditores.
Se analizan en esta obra colectiva las principales reformas procesales penales que han tenido lugar recientemente en nuestro país, desde la perspectiva de las víctimas de hechos delictivos. En particular, las que afectan a sus derechos y facultades de actuación procesal, ejerciten o no la acusación, aquellas que tienen que ver con su papel de testigo cualificado, con las medidas de protección o en la cada vez más frecuente «conformidad», considerando también su posición en la fase de ejecución penal, la indemnización de los daños padecidos, o las novedades en materia de justicia restaurativa y mediación, entre otros aspectos. Se completa el estudio con algunas conclusiones acerca de la inimputabilidad del acusado y sus efectos procesales en las víctimas, sobre la reconfiguración de ciertos tipos penales ?delitos de odio y de trata de seres humanos?, para concluir con un análisis de las víctimas del «crimen corporativo».
La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de Capital de 2015 cambiaron el alcance de la responsabilidad para administradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus funciones. El buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de cada empresa, sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan. Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la inclusión de un sistema corporativo de Compliance reduce la gravedad de la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este Manual Práctico de Compliance servirá de guía a consejeros, directivos y administradores de cualquier pyme para poner en marcha e implantar un programa integral de compliance, asignando los recursos humanos y materiales necesarios con pragmatismo.
La presente obra tiene por objeto analizar exhaustivamente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, y la más significativa de los demás Tribunales de Justicia, en relación a las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo. Aproximadamente, unas 1.000 resoluciones han sido objeto de estudio y análisis; resoluciones que aparecen referenciadas con su número concreto de Aranzadi. La materia citada es objeto de regulación en los artículos 129 a 136 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en total, ocho artículos. Esta parquedad normativa obliga a todo aquel que quiera adentrarse en ella a conocer la Jurisprudencia que se ha dictado en su desarrollo y aplicación o, lo que es lo mismo, sin este conocimiento previo nadie puede adentrarse adecuadamente en el mundo de las medidas cautelares en el ámbito contencioso-administrativo. Para cumplir esta finalidad, se ha introducido un índice muy detallado en cada uno de los capítulos en que se divide la obra: I Doctrina general sobre las medidas cautelares y las contracautelas; II El periculum in mora; III La ponderación de intereses y IV El fumus boni iuris. Incluso, en determinados aspectos relevantes, como la ponderación de intereses o las medidas cautelares positivas, se introduce una relación de supuestos concretos agrupados por las materias o las voces a que se refieren para facilitar la labor de todos aquellos que se acerquen a la obra. Por citar una cifra, se incluyen más de 200 supuestos singulares en el ámbito de la ponderación de intereses. Con todo ello, se pretende, en primer lugar, seguir una sistemática tradicional en la descripción general de las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo, que permite calificar la presente obra como un todo unitario y no una mera relación o transcripción de casos singulares o concretos; y, en segundo lugar, no renunciar tampoco a las singularidades existentes cuando las mismas merecen ser destacadas o resaltadas.
Mensajes de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos, fotografías y videos digitales, hojas de cálculo, registros de cajeros automáticos, rutas GPS, navegación por la web,... Los hechos del mundo digital tienen relevancia jurídica en muchas ocasiones porque generan obligaciones o prueban el cumplimiento de los contratos (facturas electrónicas, contratación bancaria); causan daños a terceros que han de ser reparados; son constitutivos de delito, como phising, terrorismo yihadista, ciberodio, cyberbullying o e-violencia de género; contribuyen a probar delitos de tráfico de drogas, corrupción o crimen organizado; acreditan violaciones de deberes del trabajador durante su jornada laboral; o recogen la relación del ciudadano con las Administraciones Públicas. Esta obra pretende contestar a las siguientes preguntas comunes a los procesos en todos los órdenes jurisdiccionales: ?¿Cuándo y en qué condiciones se puede acceder al contenido de los ordenadores, smartphones y otros dispositivos electrónicos, o a los datos que se transmiten por redes de comunicación? ?¿Cómo acreditar los hechos del mundo digital en un proceso judicial, o en el ejercicio de la potestad de control y supervisión por el empresario, o en las relaciones entre las partes de un contrato? ?¿Cuándo resultan afectados el derecho a la intimidad, el secreto de comunicaciones o la protección de datos personales? ?¿Cómo abordar los problemas internacionales en la obtención de la prueba digital? El libro recoge las últimas reformas legislativas (LECrim, Código Penal, procedimiento administrativo, reconocimiento mutuo en la UE) y la más reciente jurisprudencia, con numerosos comentarios de sentencias.
Este libro tiene por objeto el estudio de la demanda en el proceso contencioso-administrativo desde la perspectiva de los motivos de impugnación y su control judicial. Es una dimensión de la demanda que nace de la misma concepción del proceso administrativo como un proceso contra una determinada actuación o inactuación administrativa preexistente; y el aspecto impugnatorio se trasluce en la demanda, como un requisito esencial de su formulación. En el núcleo de este escrito están, en efecto, los motivos de impugnación (de ilegalidad de la actuación impugnada), que fluyen de los hechos y de los fundamentos de derecho, alcanzando en estos últimos su más precisa elaboración como antesala de las pretensiones del petitum. Sobre los motivos de impugnación, expuestos razonadamente, pivotan un conjunto de relaciones que dan vida a la demanda. Son fundamentales para la cognición judicial pues a través de ellos es como el juez decide en su sentencia sobre los derechos e intereses legítimos solicitados, y sobre la conformidad a derecho de la actuación administrativa impugnada.
Bajo el nuevo título de Derecho Procesal Administrativo, ofrecemos la segunda edición de la conocida obra Práctica Procesal Contencioso-Administrativa un ambicioso tratado práctico de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y actualizada a las ultimas reformas de agilización procesal. Siguiendo la ya conocida sistemática de estas obras, la integra sistemáticamente el comentario de los artículos de la Ley en el resto del ordenamiento jurídico, enlazando con la teoría jurídico-procesal, y trata exhaustivamente las cuestiones que la misma plantea, para lo cual ha sido redactada con una reflexión, detalle, extensión y riqueza de materiales muy diferentes a otras obras que puedan haber en el mercado. Los completos formularios de supuestos reales, el tratamiento de la jurisprudencia y la referencia bibliográfica redondean la vertiente práctica de la obra. Exhaustividad en la explicación, rigor doctrinal y soluciones para todos los problemas prácticos. Pascual Sala Sánchez, J. Antonio Xiol Ríos y Rafael Fernández Montalvo, todo ellos reconocidos especialistas en Derecho Administrativo y pertenecen a distintas Secciones especializadas en materias diversas. Unen a su condición de juristas prácticos y al conocimiento exhaustivo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, especialmente familiar para ellos dada sus trayectorias profesionales, su preocupación por los aspectos teóricos del Derecho administrativo. La obra está concebida con un doble propósito. Por una parte, proporcionar, desde luego, soluciones a los múltiples problemas prácticos que plantea la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, utilizando para ello los criterios de la más moderna jurisprudencia y ofreciendo acabados formularios de sus distintos procedimientos. Pero, también, por otra, examinar, con afán sistemático y explicativo, las cuestiones teóricas que se refieren no sólo al proceso administrativo, institución en sí clave del Estado de Derecho que la Constitución consagra, sino también las relativas a los cruciales temas del Derecho Administrativo enmarcados dentro del ámbito genérico de las garantías ciudadanas y del ejercicio de las potestades de la Administración. En esta doble condición, como obra de consulta sirve a quienes tienen un interés profesional inmediato, como Jueces, Abogados o Asesores de las distintas Administraciones Públicas, por las instituciones básicas del Derecho Administrativo y a quienes, en el ámbito universitario, se ocupan de ellas con un interés científico o académico.
La presente obra contiene la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con todas las modificaciones que se han producido desde aquella fecha hasta el momento actual, incluyendo la reforma realizada por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. La citada Ley se estructura de la siguiente forma: -Título Preliminar. De las normas procesales y su aplicación (arts. 1 a 4). -Libro I. De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles (arts. 5 a 247). -Libro II. De los procesos declarativos (arts. 248 a 516). -Libro III. De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares (arts. 517 a 747). -Libro IV. De los procesos especiales (arts. 748 a 827). Asimismo contiene una relación de las normas modificadoras de la Ley de Enjuiciamiento Civil y un extenso índice de conceptos que facilita su consulta.
El objetivo de la presente monografía es el análisis del instituto de la exhibición de documentos (de índole probatoria y soportes informáticos) en el proceso civil español. Se trata de afrontar un problema trascendental de la práctica de la prueba documental: el acceso al documento por parte de quien pretende introducirlo en el proceso, cuando éste se halle en poder del litigante contrario o de un tercero ajeno al proceso. La cuestión no ha merecido hasta la actualidad un tratamiento monográfico en Derecho español, en abierto contraste con lo que sucede con los ordenamientos jurídicos más avanzados de nuestro entorno. En la obra se ha examinado la bibliografía científica existente que trata sobre los diferentes aspectos generales de la exhibición documental, así como abundante jurisprudencia y se ha tratado de dotar a la institución de una base doctrinal sólida, así como de resolver numerosos problemas prácticos y teóricos que se plantean, analizando los diferentes mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico para permitir el acceso a los documentos al litigante que los precisa para hacer prosperar las pretensiones que adujo en el proceso. En especial, se ha abordado el tema de la exhibición de soportes informáticos, materia que entraña muy especiales y novedosos problemas, hasta el momento escasamente estudiado. Esta monografía cuenta con un total de ocho capítulos, que culminan con un epílogo a modo de conclusión final dirigido tanto a juristas en general como abogados en particular.