Este libro de Benjamin Cardozo, hoy clasico, hoy incluso calificado de timido y fragmentario por otro eminente juez (Jerome Frank, en Courts on trial) comenzo a levantar la cortina del misterio con una voz insospechable puesto que provenia de un califica
Este libro aborda el derecho a probar como un elemento esencial del derecho fundamental a un proceso justo: aquel que se vincula a la satisfaccion de un ideal de justicia, a traves del proceso y también del procedimiento.
El libro que se presenta en estas líneas tiene como objeto servir de herramienta practica al colectivo que va dirigido, los abogados, no es un tratado teórico sobre las diligencias preliminares, sino un estudio practico basado en el análisis de la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales y de la practica forense. Las diligencias preliminares son un conjunto de actuaciones de carácter jurisdiccional por las que se pide al Juzgado competente la práctica de concretas actuaciones para resolver los datos indispensables para que el futuro juicio pueda tener eficacia, estos datos pueden ir desde el interrogatorio del futuro demandado para que bajo juramento o promesa de decir la verdad , conteste alguno hecho relativo a su capacidad representación o legitimación ,la extinción de documentos y cuentas contables , ultima voluntad o historial médico, exhibición de la cosa objeto del juicio posterior entre otras La obra pretende introducir al abogado en el acervo jurisprudencial de las diligencias preliminares mediante un análisis de las clases de diligencias preliminares desde la interpretación tasada a la flexible que emana de la jurisprudencia de nuestros tribunales, desde el prisma meramente practico, legitimación, finalidad, practica y casuística. Los requisitos tanto procesales como materiales de la solicitud de las diligencias preliminares para su admisión, la oposición a la misma, como su negativa, así como el destino de la caución una vez finalizada la práctica de la diligencia.
La agilización de los procesos judiciales susceptibles de una tramitación más acelerada y de un enjuiciamiento más rápido es el tema sobre el que trata este libro. Constituye un instrumento de referencia para los profesionales del Derecho que utilicen y apliquen la nueva normativa sobre juicios rápidos gracias a su esquema de artículos comentados y a los formularios que se incorporan al final del libro.
La aprobación en las Cortes Generales de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, que contempla la realización, por los aspirantes, de unas pruebas de aptitud profesional, ha motivado la realización de esta monografía, especialmente dirigida a los estudiantes de los últimos cursos de la carrera de Derecho y sus licenciados que pretendan ejercer alguna de las profesiones que se relacionen con el Poder Judicial y, de modo especial, para el acceso a la Abogacía y la Procura. Mediante la solución de sus casos prácticos, tras la lectura de los formularios y visionado de las audiencias previas y principales, que incorpora su DVD, el aspirante a alguna de las mencionadas profesiones jurídicas obtendrá, sin tener que trasladarse a la sede de los órganos judiciales, los conocimientos y técnicas necesarias para, en el caso de los abogados, asumir, con éxito, la defensa de sus clientes en los procesos civilesy penales cuantitativamente más importantes que diariamente transcurren ante nuestros Juzgados.
- Nueva implantación de los Juzgados provinciales de lo Contencioso administrativo. (Uno o más en toda capital de provincia) - Comentario detallado, precepto a precepto, de la nueva ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa
Cuando a un procesalista se le plantea la posibilidad de tratar el tema del Arbitraje, especialmente el ARBITRAJE DE CONSUMO, lo primero que le viene a la mente es la defensa a ultranza de nuestro proceso jurisdiccional. Y este es precisamente el tema del que se ha de huir: no debemos plantearnos esa disyuntiva, ese enfrentamiento entre el Arbitraje -general o de consumo- versus la jurisdicción ordinaria . Por contra, debemos respaldar la opción del Arbitraje de consumo por sus virtudes y méritos propios, no por las deficiencias y carencias de las que adolece la Administración de Justicia. El Arbitraje de consumo, si bien no es una vía nueva, permite que se obtenga justicia con mayor rapidez que acudiendo a la jurisdicción ordinaria. Lo podemos englobar dentro de las ADR en cuanto suponen una vía distinta a la jurisdicción para resolver los conflictos y mantener la paz social, sin recurrir a la fuerza. Estas vías alternativas no hay que abordarlas como enfrentadas a la justicia tradicional sino como alternativa y/o complementaria de aquella.
La presente obra analiza el régimen jurídico de las medidas cautelares en los procesos civiles, tanto la regulación que de las mismas lleva a cabo la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuanto las diversas normativas que en materia cautelar contiene la legislación procesal especial. Y lo hace desde una perspectiva eminentemente práctica, pues, junto a unos exhaustivos comentarios doctrinales de cada materia tratada, se acompañan, además de un abundante apéndice jurisprudencial sistematizado y pormenorizado (con resoluciones de los Tribunales Constitucional y Supremo, así como de las Audiencias Provinciales y Juzgados), los formularios de los principales escritos de los litigantes y de las resoluciones judiciales pertinentes en cada caso. Los primeros Capítulos se dedican al análisis del régimen jurídico de las medidas cautelares, con especial atención a sus presupuestos (fumus boni iuris, periculum in mora, caución?) y características (jurisdiccionalidad, instrumentalidad, proporcionalidad?), y al procedimiento a seguir en orden a la solicitud, oposición y resolución de cada medida cautelar, distinguiendo, además, las especialidades propias de las medidas cautelares previas al proceso y de las que se instan con posterioridad a la demanda. En el resto de la obra se analizan con detalle, y una a una, todas las medidas cautelares admisibles en nuestro ordenamiento procesal civil (embargo, anotaciones preventivas, suspensión de acuerdos sociales, intervención y depósito de bienes, etc. ?). En esta tercera edición se ha revisado y actualizado la obra por completo, y se ha ampliado considerablemente el apartado de jurisprudencia. Son autores de la misma el Catedrático de Derecho Procesal y ex-Letrado del Tribunal Constitucional, Dr. José Garberí Llobregat (autor de diversos comentarios generales y monográficos sobre la vigente LECiv), y los Magistrados, y también profesores de Derecho Procesal, José Mª Torres Fernández de Sevilla y Luis Casero Linares.
El Derecho penal constituye un sistema jurídico de control de conductas en una sociedad organizada. Dicho control comprende varios pasos entre la promulgación de la norma penal y la ejecución de la pena impuesta, pero el control no termina aquí, pues aún es necesario alcanzar la cancelación o la eliminación de los antecedentes penales del Registro correspondiente para que se pueda decir que el Derecho penal ha alcanzado sus objetivos (formalmente, porque desde un punto de vista material tales objetivos comprenden además la reeducación y reintegración social del delincuente). La cancelación o eliminación de los antecedentes penales, no obstante su importancia práctica, es un tema poco estudiado por la doctrina, en comparación con la atención dedicada a la teoría del delito o a la determinación y ejecución de las penas. Sin embargo, esos estudios son necesarios, más quizás en el ámbito de la práctica de la Administración de Justicia que en el de la docencia universitaria, por la repercusión que en los derechos del justiciable tendría la prolongación más allá de las exigencias legales de las inscripciones en el Registro Central de Penados y Rebeldes. Con mayor razón, si se advierte que de hecho no ha habido Código penal ni Ley modificativa del mismo que no haya retocado en un sentido o en otro la regulación de la cancelación de antecedentes penales, que en la actualidad se encuentra en el artículo 136 del Código vigente de 1995 (ya modificado en recientes leyes de reforma). El presente libro, a través del examen de los precedentes históricos, el contenido del citado Registro, sus funciones, los requisitos legales de la cancelación de los antecedentes penales, los procedimientos establecidos, sus efectos y la eliminación de los antecedentes (que, con frecuencia, no se diferencia adecuadamente de la cancelación), ofrece a sus lectores una información completa (seguramente la única puesta al día de toda la bibliografía penal española) sobre las materias indicadas. En su redacción se han tenido también en cuenta la jurisprudencia española y el Derecho internacional. El libro tiene además un interés excepcional añadido, porque su autor ha contado con la colaboración del Jefe actual del Registro Central de Penados y Rebeldes, cuya auctoritas en el tema estudiado es máxima y que ha enriquecido el texto con sus observaciones (que se han recogido íntegramente, tanto en los casos de coincidencia como en los de discrepancia con el autor) y con un Apéndice de casos prácticos, que ilustran las dificultades que se han presentado más asiduamente en la experiencia del Registro. Por las razones expuestas, creemos que el presente libro presenta unas características singulares y no tiene parangón en la actualidad en nuestra bibliografía jurídico-penal.
Este libro estudia los recursos de casación (ordinario, de unificación de doctrina e interés de ley) en la jurisdicción contencioso-administrativa analizando su régimen legal y la jurisprudencia y doctrina constitucional sobre los mismos desde una perspectiva que aúna el comentario de la norma y su jurisprudencia con el ejercicio profesional. Contiene también un capítulo dedicado a la reforma procesal de los recursos de casación que se compara con el régimen vigente. Incluye una serie de formularios de escritos procesales y un CD en el que, además de reproducir dichos formularios se incluyen también las sentencias y autos citadas y comentadas en el libro y el proyecto de ley de reforma procesal. Se completa con un índice cronológico, de voces y de jurisprudencia utilizada.
Uno de los principales problemas que plantea la actual regulación del recurso de casación en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, está en el gran número de asuntos que se acumulan ante el Tribunal Supremo. El trámite de admisión al recurso de casación va a jugar un importante papel como ?filtro? que ayuda a reducir esta acumulación de asuntos a la que tiene que hacer frente el Tribunal Supremo, pero la experiencia ha demostrado cómo la vigente ordenación de este trámite ha resultado insuficiente para acabar con este grave problema, y ha puesto de manifiesto la necesidad de modificarlo, de forma que sólo tengan acceso al Tribunal Supremo aquellos asuntos que cuenten con una determinada entidad. El presente libro analiza el trámite de admisión del recurso de casación ordinario o tipo regulado en la Ley 29/1998, partiendo de su importancia en el acceso al recurso, y su directa relación con el derecho a la tutela judicial efectiva regulado en el art. 24 CE.
Este libro de Benjamin Cardozo, hoy clasico, hoy incluso calificado de timido y fragmentario por otro eminente juez (Jerome Frank, en Courts on trial) comenzo a levantar la cortina del misterio con una voz insospechable puesto que provenia de un califica
¿El derecho procesal es un sistema?, ¿que elementos lo conforman?, ¿cuales son las interacciones entre sus elementos?...
Este libro aborda el derecho a probar como un elemento esencial del derecho fundamental a un proceso justo: aquel que se vincula a la satisfaccion de un ideal de justicia, a traves del proceso y también del procedimiento.
El libro que se presenta en estas líneas tiene como objeto servir de herramienta practica al colectivo que va dirigido, los abogados, no es un tratado teórico sobre las diligencias preliminares, sino un estudio practico basado en el análisis de la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales y de la practica forense. Las diligencias preliminares son un conjunto de actuaciones de carácter jurisdiccional por las que se pide al Juzgado competente la práctica de concretas actuaciones para resolver los datos indispensables para que el futuro juicio pueda tener eficacia, estos datos pueden ir desde el interrogatorio del futuro demandado para que bajo juramento o promesa de decir la verdad , conteste alguno hecho relativo a su capacidad representación o legitimación ,la extinción de documentos y cuentas contables , ultima voluntad o historial médico, exhibición de la cosa objeto del juicio posterior entre otras La obra pretende introducir al abogado en el acervo jurisprudencial de las diligencias preliminares mediante un análisis de las clases de diligencias preliminares desde la interpretación tasada a la flexible que emana de la jurisprudencia de nuestros tribunales, desde el prisma meramente practico, legitimación, finalidad, practica y casuística. Los requisitos tanto procesales como materiales de la solicitud de las diligencias preliminares para su admisión, la oposición a la misma, como su negativa, así como el destino de la caución una vez finalizada la práctica de la diligencia.
La agilización de los procesos judiciales susceptibles de una tramitación más acelerada y de un enjuiciamiento más rápido es el tema sobre el que trata este libro. Constituye un instrumento de referencia para los profesionales del Derecho que utilicen y apliquen la nueva normativa sobre juicios rápidos gracias a su esquema de artículos comentados y a los formularios que se incorporan al final del libro.
La aprobación en las Cortes Generales de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, que contempla la realización, por los aspirantes, de unas pruebas de aptitud profesional, ha motivado la realización de esta monografía, especialmente dirigida a los estudiantes de los últimos cursos de la carrera de Derecho y sus licenciados que pretendan ejercer alguna de las profesiones que se relacionen con el Poder Judicial y, de modo especial, para el acceso a la Abogacía y la Procura. Mediante la solución de sus casos prácticos, tras la lectura de los formularios y visionado de las audiencias previas y principales, que incorpora su DVD, el aspirante a alguna de las mencionadas profesiones jurídicas obtendrá, sin tener que trasladarse a la sede de los órganos judiciales, los conocimientos y técnicas necesarias para, en el caso de los abogados, asumir, con éxito, la defensa de sus clientes en los procesos civilesy penales cuantitativamente más importantes que diariamente transcurren ante nuestros Juzgados.
- Nueva implantación de los Juzgados provinciales de lo Contencioso administrativo. (Uno o más en toda capital de provincia) - Comentario detallado, precepto a precepto, de la nueva ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa
Cuando a un procesalista se le plantea la posibilidad de tratar el tema del Arbitraje, especialmente el ARBITRAJE DE CONSUMO, lo primero que le viene a la mente es la defensa a ultranza de nuestro proceso jurisdiccional. Y este es precisamente el tema del que se ha de huir: no debemos plantearnos esa disyuntiva, ese enfrentamiento entre el Arbitraje -general o de consumo- versus la jurisdicción ordinaria . Por contra, debemos respaldar la opción del Arbitraje de consumo por sus virtudes y méritos propios, no por las deficiencias y carencias de las que adolece la Administración de Justicia. El Arbitraje de consumo, si bien no es una vía nueva, permite que se obtenga justicia con mayor rapidez que acudiendo a la jurisdicción ordinaria. Lo podemos englobar dentro de las ADR en cuanto suponen una vía distinta a la jurisdicción para resolver los conflictos y mantener la paz social, sin recurrir a la fuerza. Estas vías alternativas no hay que abordarlas como enfrentadas a la justicia tradicional sino como alternativa y/o complementaria de aquella.
La presente obra analiza el régimen jurídico de las medidas cautelares en los procesos civiles, tanto la regulación que de las mismas lleva a cabo la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuanto las diversas normativas que en materia cautelar contiene la legislación procesal especial. Y lo hace desde una perspectiva eminentemente práctica, pues, junto a unos exhaustivos comentarios doctrinales de cada materia tratada, se acompañan, además de un abundante apéndice jurisprudencial sistematizado y pormenorizado (con resoluciones de los Tribunales Constitucional y Supremo, así como de las Audiencias Provinciales y Juzgados), los formularios de los principales escritos de los litigantes y de las resoluciones judiciales pertinentes en cada caso. Los primeros Capítulos se dedican al análisis del régimen jurídico de las medidas cautelares, con especial atención a sus presupuestos (fumus boni iuris, periculum in mora, caución?) y características (jurisdiccionalidad, instrumentalidad, proporcionalidad?), y al procedimiento a seguir en orden a la solicitud, oposición y resolución de cada medida cautelar, distinguiendo, además, las especialidades propias de las medidas cautelares previas al proceso y de las que se instan con posterioridad a la demanda. En el resto de la obra se analizan con detalle, y una a una, todas las medidas cautelares admisibles en nuestro ordenamiento procesal civil (embargo, anotaciones preventivas, suspensión de acuerdos sociales, intervención y depósito de bienes, etc. ?). En esta tercera edición se ha revisado y actualizado la obra por completo, y se ha ampliado considerablemente el apartado de jurisprudencia. Son autores de la misma el Catedrático de Derecho Procesal y ex-Letrado del Tribunal Constitucional, Dr. José Garberí Llobregat (autor de diversos comentarios generales y monográficos sobre la vigente LECiv), y los Magistrados, y también profesores de Derecho Procesal, José Mª Torres Fernández de Sevilla y Luis Casero Linares.
El Derecho penal constituye un sistema jurídico de control de conductas en una sociedad organizada. Dicho control comprende varios pasos entre la promulgación de la norma penal y la ejecución de la pena impuesta, pero el control no termina aquí, pues aún es necesario alcanzar la cancelación o la eliminación de los antecedentes penales del Registro correspondiente para que se pueda decir que el Derecho penal ha alcanzado sus objetivos (formalmente, porque desde un punto de vista material tales objetivos comprenden además la reeducación y reintegración social del delincuente). La cancelación o eliminación de los antecedentes penales, no obstante su importancia práctica, es un tema poco estudiado por la doctrina, en comparación con la atención dedicada a la teoría del delito o a la determinación y ejecución de las penas. Sin embargo, esos estudios son necesarios, más quizás en el ámbito de la práctica de la Administración de Justicia que en el de la docencia universitaria, por la repercusión que en los derechos del justiciable tendría la prolongación más allá de las exigencias legales de las inscripciones en el Registro Central de Penados y Rebeldes. Con mayor razón, si se advierte que de hecho no ha habido Código penal ni Ley modificativa del mismo que no haya retocado en un sentido o en otro la regulación de la cancelación de antecedentes penales, que en la actualidad se encuentra en el artículo 136 del Código vigente de 1995 (ya modificado en recientes leyes de reforma). El presente libro, a través del examen de los precedentes históricos, el contenido del citado Registro, sus funciones, los requisitos legales de la cancelación de los antecedentes penales, los procedimientos establecidos, sus efectos y la eliminación de los antecedentes (que, con frecuencia, no se diferencia adecuadamente de la cancelación), ofrece a sus lectores una información completa (seguramente la única puesta al día de toda la bibliografía penal española) sobre las materias indicadas. En su redacción se han tenido también en cuenta la jurisprudencia española y el Derecho internacional. El libro tiene además un interés excepcional añadido, porque su autor ha contado con la colaboración del Jefe actual del Registro Central de Penados y Rebeldes, cuya auctoritas en el tema estudiado es máxima y que ha enriquecido el texto con sus observaciones (que se han recogido íntegramente, tanto en los casos de coincidencia como en los de discrepancia con el autor) y con un Apéndice de casos prácticos, que ilustran las dificultades que se han presentado más asiduamente en la experiencia del Registro. Por las razones expuestas, creemos que el presente libro presenta unas características singulares y no tiene parangón en la actualidad en nuestra bibliografía jurídico-penal.
Este libro estudia los recursos de casación (ordinario, de unificación de doctrina e interés de ley) en la jurisdicción contencioso-administrativa analizando su régimen legal y la jurisprudencia y doctrina constitucional sobre los mismos desde una perspectiva que aúna el comentario de la norma y su jurisprudencia con el ejercicio profesional. Contiene también un capítulo dedicado a la reforma procesal de los recursos de casación que se compara con el régimen vigente. Incluye una serie de formularios de escritos procesales y un CD en el que, además de reproducir dichos formularios se incluyen también las sentencias y autos citadas y comentadas en el libro y el proyecto de ley de reforma procesal. Se completa con un índice cronológico, de voces y de jurisprudencia utilizada.
Uno de los principales problemas que plantea la actual regulación del recurso de casación en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, está en el gran número de asuntos que se acumulan ante el Tribunal Supremo. El trámite de admisión al recurso de casación va a jugar un importante papel como ?filtro? que ayuda a reducir esta acumulación de asuntos a la que tiene que hacer frente el Tribunal Supremo, pero la experiencia ha demostrado cómo la vigente ordenación de este trámite ha resultado insuficiente para acabar con este grave problema, y ha puesto de manifiesto la necesidad de modificarlo, de forma que sólo tengan acceso al Tribunal Supremo aquellos asuntos que cuenten con una determinada entidad. El presente libro analiza el trámite de admisión del recurso de casación ordinario o tipo regulado en la Ley 29/1998, partiendo de su importancia en el acceso al recurso, y su directa relación con el derecho a la tutela judicial efectiva regulado en el art. 24 CE.