El presente volumen contiene distintos apartados dedicados a esquemas, legislación, documentación, jurisprudencia, vocabulario básico, ejercicios de evaluación, casos prácticos, formularios y bibliografía. Se persigue la combinación de la teoría y de la práctica para el adecuado aprendizaje de una disciplina tan fundamental como el Derecho procesal. Obviamente, las limitaciones de espacio han obligado a una selección del material que se incorpora a las diferentes lecciones, pues no se trata de presentar una obra de dimensiones desproporcionadas y de complicado manejo, sino de ofrecer, prudentemente, los elementos básicos para la oportuna aproximación del alumno a la temática procesal penal. En este volumen tampoco se olvida la normativa comunitaria, de creciente importancia en nuestra realidad jurídica. En las correspondientes lecciones, pues, se aborda el tratamiento de la orden europea de detención y entrega, de la eficacia de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en los procedimientos penales, y de la ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias. No creemos que estos Materiales constituyan el único medio para el aprendizaje del Derecho procesal -en este caso, penal-, pero sí estamos convencidos de su utilidad, especialmente para quienes se inician en esta materia. Sin duda, el profundo estudio de las instituciones procesales, unido al conveniente conocimiento de la actividad de los tribunales, se presenta como elemento fundamental en el bagaje imprescindible de todo procesalista. Pero, además -especialmente, en la etapa de formación-, el manejo oportuno de la obra presentada puede aportar un interesante añadido.
En este libro se aborda la armonización en la Unión Europea en el ámbito del Derecho procesal. En la primera parte de la obra, se estudia, desde una perspectiva general, si es conveniente acudir a la técnica de la armonización para alcanzar el anhelado espacio judicial europeo o si, por el contrario, es preferible decantarse por otras fórmulas o reforzar las instituciones con base en el principio de reconocimiento mutuo. Se analizan los cambios en la armonización tras el Tratado de Lisboa, la armonización y los derechos fundamentales, la situación actual de la armonización, los retos futuros y la europeización del proceso, las dificultades derivadas de la escasa aplicación del Derecho europeo o el papel del Tribunal de Justicia en la senda de la armonización. En la segunda parte, se analizan los problemas particulares que la armonización plantea en ámbitos concretos, como son el exequátur en el Reglamento 44/2001, la protección del demandado en caso de incomparecencia en el proceso civil, la mediación, los aspectos procesales de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, el concurso de acreedores, la protección de los consumidores, las sentencias dictadas en ausencia del acusado o el intercambio de información e inteligencia criminal en la Unión Europea.
Nunca ha habido una epoca, y tal vez nunca la habra, que sea tan fecunda, desde el punto de vista creativo, para las ciencias criminales, como lo fue el siglo XIX.
El desequilibrio notorio entre víctima y victimario en el proceso penal está tratando de ser superado en los últimos años, en un proceso evolutivo irreversible. Como una de las derivaciones de este nuevo reconocimiento del protagonismo de la víctima en el proceso penal se ha consagrado un derecho a la protección, para neutralizar durante la tramitación del proceso el riesgo de represalias o de reiteración de actos violentos. Esta consagración ha tenido lugar a través de varias vías, entre las que deben destacarse la regulación de la orden de alejamiento para víctimas en general y la introducción de la orden de protección para víctimas de violencia doméstica. La importancia de las medidas analizadas deriva de que en determinados ámbitos de la criminalidad el establecimiento de una adecuada protección de la víctima desde la fase inicial del proceso penal es esencial. El enorme número de órdenes de alejamiento y de protección tramitadas en los últimos años en nuestros Juzgados y puesto de relieve en las estadísticas de la Fiscalía General del Estado y del CGPJ bastan para acreditar la trascendencia práctica de la materia. La reciente (y un tanto caótica) introducción de estas medidas exige un análisis reposado para tratar de aprehender su naturaleza y sobre todo, los principios que deben presidir su exégesis, así como una desapasionada reflexión superadora de prejuicios, lugares comunes y planteamientos demagógicos, riesgos todos ellos latentes en esta materia. La obra pretende ayudar a esclarecer la esencia de estas medidas, decantar los principios que pueden orientar las tareas interpretativas proporcionando asideros cimentados sobre los pilares de los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia para en medio de la vorágine legislativa generar pautas interpretativas homogéneas para solucionar los numerosos problemas que la praxis va poniendo de manifiesto. Importancia capital se ha dado al análisis jurisprudencial, estudiando los contados pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la materia e indagando y tratando de sistematizar la abundante y dispersa doctrina de la denominada jurisprudencia menor. Igualmente se ha investigado la doctrina emanada de la Fiscalía General del Estado, manifestada no solamente en las abundantes Circulares, Instrucciones y Consultas que inciden directamente en el objeto de la investigación, sino también en los comentarios y análisis contenidos en sus Memorias, fundamentalmente a partir de 1998, que se constituyen en una fuente de gran relevancia para conocer los problemas prácticos que se plantean. También se ha analizado lo que podría calificarse como una peculiar fuente en esta materia: los protocolos de alcance general para la implantación de la orden de protección, habiéndose aprobado hasta la fecha varios protocolos de trascendencia práctica indiscutible. Igualmente han sido tenidas muy en cuentas las conclusiones alcanzadas en las Jornadas o Reuniones de Jueces, Magistrados y Fiscales, que pese a no tener lógicamente valor vinculante, puede afirmarse que poseen gran influencia en la praxis de nuestros Tribunales.
Tras la gran aceptación de la publicación de la primera edición de (2005), la editorial y el autor presentan ahora una segunda, ampliada y actualizada. En ella, siguiendo el mismo esquema de contenidos que en la obra original, el autor realiza una revisión conceptual del denominado principio acusatorio, acudiendo para ello, tanto a la doctrina y jurisprudencia española y europea (TC, TS y TEDH), como al estudio de aquellos procedimientos penales extranjeros (Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra y Gales, Italia y Alemania) que son objeto de imitación por parte del legislador español en su carrera para la importación del referido principio. Este estudio acerca de lo que, para el autor, es la esencia del principio y sistema acusatorio, facilitará la comprensión respecto de algunas de las últimas reformas realizadas en materia procesal penal y de las que parecen avecinarse sin remisión, como la inclusión del Ministerio Fiscal investigador y la eliminación del Juez de Instrucción. El lector podrá, asimismo, advertir la evolución de nuestra jurisprudencia sobre el principio acusatorio, en asuntos tan trascendentales como el deber de congruencia entre la acusación y el fallo, que alcanza también, desde fechas recientes, a la concreta pena a imponer. La obra resultará también útil para el práctico del derecho que precise argumentos doctrinales y jurisprudenciales claros con los que enfrentarse a procesos donde haya podido producirse una vulneración del principio acusatorio en sus distintas vertientes y manifestaciones.
La presente obra constituye una guía práctica para los profesionales del Derecho: Abogados, Procuradores, Catedráticos, Profesores Universitarios, Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales y Funcionarios, sobre los temas más actuales y debatidos por los distintos colectivos de la Justicia, respecto de las modernas tecnologías de la informática y la comunicación desde el análisis del Derecho Procesal. -La prueba electrónica eficacia y valoración: las numerosas cuestiones e interpretaciones doctrinales y los diferentes criterios de las resoluciones jurisprudenciales que suscita el hecho de que las pruebas que se aportan en los tribunales lo sean a través de un soporte electrónico o digital, han cambiado los criterios de admisibilidad. Así mismo, la promulgación de normas sustantivas posteriores a la LEC 1/2000, que regulan aspectos procesales de la prueba electrónica, han cambiado los aspectos aplicativos de valoración previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El autor ha tenido en cuenta para su elaboración más de quinientas sentencias y autos de los tribunales. -La Nueva Oficina Judicial: La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, (BOE 4 de noviembre de 2009), de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, contempla la reforma de dieciséis leyes procesales y más de novecientos artículos, incluida la modificación de la ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial. Son numerosas las novedades que precisan de una atención especial y que constituyen numerosos motivos abordados en este libro. - Comunicaciones telemáticas (Lexnet): Suponen un refuerzo del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos ya que acortan el tiempo de tramitación de los procedimientos, facilitan el acceso de los operadores jurídicos al estado del proceso, y permiten presentar al juzgado escritos y documentos en formato electrónico y digital, lo cual justifica un análisis e información, por las numerosas voces críticas alzadas por la falta de información de su funcionamiento y seguridad desde los colectivos de profesiones jurídicas. Cuestiones que el autor aborda con detalle en esta obra. -Firma Electrónica y el expediente judicial electrónico: la firma electrónica y su incardinación en el ciclo de vida del expediente judicial constituyen el eje sobre el que se asienta la seguridad de los documentos electrónicos, ya sean los públicos, emitidos por el órgano judicial, o privados, firmados por profesionales y usuarios de la justicia. En esta obra encontramos un profundo análisis, claro y conciso, sobre los principales aspectos procesales que conlleva la firma electrónica y el expediente judicial electrónico.
El objeto que el conocimiento de este libro trata de proporcionar es aquel aspecto de la realidad que se llama el nuevo proceso civil italiano. Tal aspecto viene limitado por la forma, el tiempo y el espacio: el elemento formal se expresa con las palabra
Este estudio no es mas que un informa con planteamiento y finalidad no digmaticos, sino exclusivamente sociales o sociologicos. Ha nacido de un sentimiento muy bajo: la envidia. Hallandome en Alemania, como alli hay poco solo, me vi constreñido, contra
En los tiempos actuales, donde la prueba de testimonio junto con la validez del testigo han tomado especial relevancia, para los sistemas procesales modernos, resulta muy util tener a la mano este pequeño tratado de contenidos claros y armonicos donde se
Los Formularios Prácticos Procesales 2013 le ofrecen al instante todos los documentos necesarios para tramitar con eficacia los procedimientos judiciales que pueden desarrollarse ante las siguientes jurisdicciones: civil, penal, contencioso administrativo y procesos constitucionales, así como los relativos a la asistencia jurídica gratuita y las tasas judiciales. Lejos de presentarle un simple modelo, le ofrecen todos los elementos necesarios para que escoja la mejor opción en cada caso. En el ámbito civil le ofrecen todos los documentos necesarios para tramitar con eficacia los procedimientos relativos a la jurisdicción Civil, desde las diligencias preliminares hasta el régimen de recursos o la ejecución, incluyendo el juicio ordinario, el juicio verbal, el proceso monitorio, las medidas cautelares, etc. En la jurisdicción penal incluyen un estudio completo y sistemático de la actuación procesal, desde la perspectiva práctica de elaboración y presentación de escritos procesales y realización de trámites relativos al proceso penal. Mientras que en los formularios relativos al proceso contencioso-administrativo se analizan tanto el procedimiento ordinario, como el abreviado o los especiales, las medidas cautelares y cautelarísimas, la ejecución de resoluciones y el sistema de recursos. Por último, en lo relativo a los procesos Constitucionales, se le ofrecen los formularios precisos para interporner los recursos de inconstitucionalidad y amparo, la cuestión de inconstitucionalidad, así como los conflictos de competencia. 1. Encuentre rápidamente su modelo: Los Formularios Prácticos disfrutan de todas las ventajas de la Sistemática Francis Lefebvre: su tabla alfabética y su índice general le remiten al instante al número marginal en el que encontrará el modelo deseado. Este sistema permite, además, reenvíos internos de uno a otro modelo. 2. Escoja la mejor opción: Dentro del propio formulario se contemplan las diferentes alternativas que pueden presentarse para que pueda adaptar la redacción del documento a su situación. Notas informativas amplían la información sobre los extremos contenidos en el formulario con comentarios de expertos, referencias normativas y la doctrina y jurisprudencia más significativa que clarifican las particularidades de cada caso y fundamentan las opciones escogidas. Los Formularios Procesales hacen referencia a los textos de los Mementos Procesal, Procesal Civil, Procesal Penal y Procesal Contencioso-Administrativo para que pueda ampliar aún más la información contenida en cada modelo. 3. Rigurosamente actualizados: Todos los modelos han sido elaborados incluyendo los cambios normativos más recientes y relevantes, entre las que destacan: - La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, que se concreta, entre otros aspectos, en la modificación del tratamiento del proceso monitorio, con extensión a los juicios de desahucio de finca rústica o urbana por falta de pago, la reforma del recurso de apelación en los juicios verbales y la modificación de la regulación de los recursos, eliminando el trámite de preparación de los recursos devolutivos. - La reforma de la Ley Concursal por Ley 38/2011. - La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 4/2011, en materia de juicio verbal, juicio monitorio europeo y proceso europeo de escasa cuantía. - Las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 5/2012 y la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. - El contenido de los Reales Decretos Ley 8/2011 y 6/2012, en materia de protección de deudores hipotecarios frente a la ejecución; código de buenas prácticas de las entidades de crédito y procedimiento ejecutivo extrajudicial sobre la vivienda habitual del deudor. - La reforma de las tasas judiciales y la asistencia jurídica gratuita operada por la Ley 10/2012 y el Real Decreto Ley 3/2013. - Las modificaciones operadas por la Ley Orgánica 5/2010, especialmente en lo que se refiere al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 4. Y pase de la información a la acción: Incluyen una sencilla aplicación en Internet con la que puede acceder inmediatamente al formulario escogido, personalizarlo e imprimirlo o archivarlo en su ordenador con su procesador de textos habitual. PÚBLICO OBJETIVO - Abogados - Procuradores - Jueces - Magistrados - Secretarios judiciales - Asesorías jurídicas - Asesorías Administrativas - Gestorías - Bufetes de Abogados - Dptos. jurídicos de empresa de gran tamaño
EL INTERROGATORIO DE PARTES EN LA LEY 1/2000, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. DIRECTOR. Xavier Abel Lluch Magistrado. Doctor en Derecho. Profesor Ordinario de la Escuela Judicial. AUTORES. Xavier Abel Lluch. (epígrafes 1 a 3). Magistrado. Doctor en Derecho. Profesor Ordinario de la Escuela Judicial. Alvaro Aza de Barazón. (epígrafe 4). Magistrado. Manuel Angel Pereira Costas (epígrafes 5 y 6). Magistrado. Ignasi de Ramon Fors (epígrafe 7). Juez. Doctor en Derecho. Nuria Fachal Noguer (epígrafes 8.1 a 8.4). Magistrada. Rosa Font Flotats (epígrafes 8.5 a 8.7). Jueza. SUMARIO. Presentación Introducción: el nuevo régimen jurídico del interrogatorio de parte. 1. Del pliego de posiciones al interrogatorio oral. 1.1. De la confesión al interrogatorio. 1.2. Configuración legal del interrogatorio. 2. La parte proponente 2.1. Presupuestos para interrogar. 2.2. Actor y demandado. 2.3. El colitigante. 2.4. El Ministerio Fiscal. 2.5. La iniciativa probatoria de oficio. 3. La parte interrogada. 3.1. Presupuestos para ser interrogado. 3.2. Personas físicas. 3.2.1. Actor y demandado. 3.2.2. El colitigante. 3.2.3. Especial consideración del tercero. 3.2.3.1. El titular del derecho o relación material. 3.2.3.2. El sustituto legal. 3.2.3.3. El tercero con conocimiento personal de los hechos. 3.2.3.4. El representante voluntario 3.2.4. El menor de edad. 3.2.5. El incapaz. 3.3. Personas jurídicas. 3.3.1. Personas jurídicas o entes sin personalidad. 3.3.2. Entidades públicas. 4. El juicio sobre la admisión del interrogatorio de partes 4.1. En la primera instancia. 4.1.1. Los motivos de inadmisión. 4.1.2. La admisión subsidiaria. 4.1.3. La admisión como diligencia preliminar. 4.1.4. La admisión como prueba anticipada. 4.1.5. La admisión a raíz de la indicación de insuficiencia probatoria. 4.1.6. La admisión como diligencia final. 4.1.7. La admisión del interrogatorio con preguntas escritas. 4.2. En la segunda instancia. 4.3. La impugnación de la inadmisión del interrogatorio. 4.4. La prohibición de reiterar el interrogatorio de las partes. 5. Facultades de la parte proponente. 5.1. La facultad de formular preguntas. 5.1.1. Requisitos de formulación de las preguntas. 5.1.1.1. Requisitos formales. 5.2. La facultad de renunciar al interrogatorio admitido o a las preguntas formuladas. 5.3. La facultad de impugnar la inadmisión de la pregunta. 5.4. Facultades en el interrogatorio por escrito. 6. Facultades y cargas de la parte interrogada. 6.1. Facultades de la parte interrogada. 6.1.1. La facultad de impugnar las preguntas formuladas. 6.2. La carga y el deber de comparecer. 6.2.1. La regla general de la comparecencia. 6.2.2. Excepciones al deber de comparecer: interrogatorio domiciliario y por exhorto. 6.2.3. Efectos de la incomparecencia. 6.2.3.1. La admisión táctica de los hechos. 6.2.3.2. La imposición de la multa. 6.3. La carga de responder las preguntas. 6.3.1. El modo de responder las preguntas. 6.3.2. La negativa a declarar. 6.3.3. La negativa amparada en el deber de guardar secreto. 6.3.4. Las respuestas evasivas o inconcluyentes. 7. La dirección judicial del interrogatorio de las partes. 7.1. El orden del interrogatorio. 7.2. Las medidas de incomunicación de las partes. 7.3. La inadmisión de las preguntas. 7.3.1. Preguntas formuladas oralmente. 7.3.2. Preguntas formuladas por escrito. 7.4. El apercibimiento de ficta confessio. 7.5. La solicitud judicial de aclaraciones o adiciones. 7.6. El llamado "interrogatorio cruzado" de las partes. 7.7. Facultades judiciales en el interrogatorio por escrito. 8. La valoración del interrogatorio de partes. 8.1. Valoración como prueba legal: requisitos. 8.1.1. Interrogatorio sobre hechos personales. 8.1.2. Fijación de los hechos perjudiciales para la parte interrogada. 8.1.3. No contradicción por otros medios de prueba. 8.2. Valoración conforme a la sana crítica. 8.3. Valoración en contradicción con otros medios de prueba. 8.3.1. Contradicción entre el interrogatorio de partes y la prueba documental. 8.3.2. Contradicción entre el interrogatorio de partes y las pruebas de libre valoración. 8.4. Valoración en otros supuestos. 8.5. Valoración en supuestos específicos. 8.5.1. Declaración de la parte interrogada con hechos favorables a su pretensión. 8.5.1.1. Declaración de la parte que solo contiene hechos favorables. 8.5.1.2. Declaración de parte que contiene, además de hechos favorables, hechos perjudiciales. 8.5.2. Declaración del representante material o sustituto legal. 8.5.3. Declaración del tercero con conocimiento personal de los hechos 8.5.3.1. Valoración de la declaración de la parte que concurre con el tercero. 8.5.3.2. Valoración de la declaración del tercero. 8.5.4. Declaración del litisconsorte. 8.6. Valoración como ficta confessio. 8.7. La impugnación por las partes de la valoración judicial. 8.7.1. En el recurso de apelación. 8.7.2. En el recurso extraordinario por infracción procesal. Índice sistemático de jurisprudencia Bibliografía.
El reconocimiento y la tutela del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas gozan de un arraigo generalizado en los entornos constitucionales de los estados democráticos de Derecho, y en los convenios internacionales de derechos humanos de implantación universal y regional. La Unión Europea participa de este fenómeno al haberlo incorporado a su acervo jurídico, inicialmente, como Principio General del Derecho Comunitario mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, más recientemente, al consagrarlo en la Carta de Derechos Fundamentales. No obstante lo cual, la configuración de la propia noción del derecho al plazo razonable, así como las condiciones para su invocación procesal y las medidas de garantía, no se han consolidado universalmente en términos tales que sirvan para corroborar su compatibilidad con el principio de seguridad jurídica El diálogo cooperativo entre las jurisdicciones interna, supranacional e internacional ofrece hoy en día una prolija panoplia de criterios jurídicos que han de tomarse en cuenta a la hora de invocar el derecho al proceso sin dilaciones indebidas por los justiciables en el marco de un proceso ante el Tribunal de Justicia. De ahí la relevancia de su análisis crítico y de su exposición sistemática.
A mi entender, sin embrago, la doctrina de la carga de la prueba se plantea sobre bases mas amplias y diversas de las que en hipotesis establece Saraceno. Mas amplias puesto que el problema que el legislador se propone resolver al dictar las reglas de ju
Este libro ha sido escrito para una especie particular de sociedad: una sociedad pacifica, opulenta e ignorante, pero que aspira a la racionalidad. Lo astante pacifica, de todos modos, para mantener el orden sin necesidad de tropas.
Esta obra está dirigida no sólo a los profesionales más próximos a los Tribunales de Justicia, sino a todos aquellos estudiosos del derecho que desean conocer en profundidad un delito, el de acusación y denuncia falsas, que siendo una de las infracciones criminales con más antigüedad en la historia del Derecho represivo, adquiere actualmente un especial protagonismo dada la indudable judialización de la vida social. Armonizar el derecho-deber de denunciar, con el castigo debido a los que acuden gratuitamente a los Tribunales bajo un falso pretexto penal es objetivo de este estudio, incorporando además de la doctrina y jurisprudencia, propuestas de lege ferenda tendentes a la mejora en la redacción del tipo, así como soluciones a cuestiones que se plantean en la práctica forense al aplicar este tipo delictivo. Para ello se hace un exhaustivo estudio del artículo 456 del Código Penal, en el que partiendo del hecho de encontrarnos ante un delito pluriofensivo en el que se protege además de la Administración de Justicia bienes personales del individuo como el honor, la libertad el patrimonio..., y de la indudable interconexión entre normas penales y normas procesales, destaca el tratamiento de la figura del "querulante", el protagonismo que debe adquirir el Ministerio Fiscal como destinatario que es de denuncias, la valoración que ha de hacerse de la prueba de indicios, al estar ante lo que se ha dado en llamar un delito "de inteligencia", así como las consecuencias jurídicas que van más allá del ámbito penal e inciden en el ámbito civil y en especial en el derecho sucesorio. En esta 2ª edición de la obra se recogen los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales sobrevenidos desde la publicación de la primera edición, se incide en la figura del "querulante" y en especial se destacan las propuestas que se hicieron de lege ferenda y que recoge el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, presentado el 20 de diciembre de 2006 en el Congreso de los Diputados, actualmente en periodo de presentación de enmiendas, destacando aquella en la que se propone que el Ministerio Fiscal proceda contra el falso denunciador o acusador.
El presente volumen contiene distintos apartados dedicados a esquemas, legislación, documentación, jurisprudencia, vocabulario básico, ejercicios de evaluación, casos prácticos, formularios y bibliografía. Se persigue la combinación de la teoría y de la práctica para el adecuado aprendizaje de una disciplina tan fundamental como el Derecho procesal. Obviamente, las limitaciones de espacio han obligado a una selección del material que se incorpora a las diferentes lecciones, pues no se trata de presentar una obra de dimensiones desproporcionadas y de complicado manejo, sino de ofrecer, prudentemente, los elementos básicos para la oportuna aproximación del alumno a la temática procesal penal. En este volumen tampoco se olvida la normativa comunitaria, de creciente importancia en nuestra realidad jurídica. En las correspondientes lecciones, pues, se aborda el tratamiento de la orden europea de detención y entrega, de la eficacia de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en los procedimientos penales, y de la ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias. No creemos que estos Materiales constituyan el único medio para el aprendizaje del Derecho procesal -en este caso, penal-, pero sí estamos convencidos de su utilidad, especialmente para quienes se inician en esta materia. Sin duda, el profundo estudio de las instituciones procesales, unido al conveniente conocimiento de la actividad de los tribunales, se presenta como elemento fundamental en el bagaje imprescindible de todo procesalista. Pero, además -especialmente, en la etapa de formación-, el manejo oportuno de la obra presentada puede aportar un interesante añadido.
En este libro se aborda la armonización en la Unión Europea en el ámbito del Derecho procesal. En la primera parte de la obra, se estudia, desde una perspectiva general, si es conveniente acudir a la técnica de la armonización para alcanzar el anhelado espacio judicial europeo o si, por el contrario, es preferible decantarse por otras fórmulas o reforzar las instituciones con base en el principio de reconocimiento mutuo. Se analizan los cambios en la armonización tras el Tratado de Lisboa, la armonización y los derechos fundamentales, la situación actual de la armonización, los retos futuros y la europeización del proceso, las dificultades derivadas de la escasa aplicación del Derecho europeo o el papel del Tribunal de Justicia en la senda de la armonización. En la segunda parte, se analizan los problemas particulares que la armonización plantea en ámbitos concretos, como son el exequátur en el Reglamento 44/2001, la protección del demandado en caso de incomparecencia en el proceso civil, la mediación, los aspectos procesales de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, el concurso de acreedores, la protección de los consumidores, las sentencias dictadas en ausencia del acusado o el intercambio de información e inteligencia criminal en la Unión Europea.
Nunca ha habido una epoca, y tal vez nunca la habra, que sea tan fecunda, desde el punto de vista creativo, para las ciencias criminales, como lo fue el siglo XIX.
El desequilibrio notorio entre víctima y victimario en el proceso penal está tratando de ser superado en los últimos años, en un proceso evolutivo irreversible. Como una de las derivaciones de este nuevo reconocimiento del protagonismo de la víctima en el proceso penal se ha consagrado un derecho a la protección, para neutralizar durante la tramitación del proceso el riesgo de represalias o de reiteración de actos violentos. Esta consagración ha tenido lugar a través de varias vías, entre las que deben destacarse la regulación de la orden de alejamiento para víctimas en general y la introducción de la orden de protección para víctimas de violencia doméstica. La importancia de las medidas analizadas deriva de que en determinados ámbitos de la criminalidad el establecimiento de una adecuada protección de la víctima desde la fase inicial del proceso penal es esencial. El enorme número de órdenes de alejamiento y de protección tramitadas en los últimos años en nuestros Juzgados y puesto de relieve en las estadísticas de la Fiscalía General del Estado y del CGPJ bastan para acreditar la trascendencia práctica de la materia. La reciente (y un tanto caótica) introducción de estas medidas exige un análisis reposado para tratar de aprehender su naturaleza y sobre todo, los principios que deben presidir su exégesis, así como una desapasionada reflexión superadora de prejuicios, lugares comunes y planteamientos demagógicos, riesgos todos ellos latentes en esta materia. La obra pretende ayudar a esclarecer la esencia de estas medidas, decantar los principios que pueden orientar las tareas interpretativas proporcionando asideros cimentados sobre los pilares de los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia para en medio de la vorágine legislativa generar pautas interpretativas homogéneas para solucionar los numerosos problemas que la praxis va poniendo de manifiesto. Importancia capital se ha dado al análisis jurisprudencial, estudiando los contados pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la materia e indagando y tratando de sistematizar la abundante y dispersa doctrina de la denominada jurisprudencia menor. Igualmente se ha investigado la doctrina emanada de la Fiscalía General del Estado, manifestada no solamente en las abundantes Circulares, Instrucciones y Consultas que inciden directamente en el objeto de la investigación, sino también en los comentarios y análisis contenidos en sus Memorias, fundamentalmente a partir de 1998, que se constituyen en una fuente de gran relevancia para conocer los problemas prácticos que se plantean. También se ha analizado lo que podría calificarse como una peculiar fuente en esta materia: los protocolos de alcance general para la implantación de la orden de protección, habiéndose aprobado hasta la fecha varios protocolos de trascendencia práctica indiscutible. Igualmente han sido tenidas muy en cuentas las conclusiones alcanzadas en las Jornadas o Reuniones de Jueces, Magistrados y Fiscales, que pese a no tener lógicamente valor vinculante, puede afirmarse que poseen gran influencia en la praxis de nuestros Tribunales.
Tras la gran aceptación de la publicación de la primera edición de (2005), la editorial y el autor presentan ahora una segunda, ampliada y actualizada. En ella, siguiendo el mismo esquema de contenidos que en la obra original, el autor realiza una revisión conceptual del denominado principio acusatorio, acudiendo para ello, tanto a la doctrina y jurisprudencia española y europea (TC, TS y TEDH), como al estudio de aquellos procedimientos penales extranjeros (Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra y Gales, Italia y Alemania) que son objeto de imitación por parte del legislador español en su carrera para la importación del referido principio. Este estudio acerca de lo que, para el autor, es la esencia del principio y sistema acusatorio, facilitará la comprensión respecto de algunas de las últimas reformas realizadas en materia procesal penal y de las que parecen avecinarse sin remisión, como la inclusión del Ministerio Fiscal investigador y la eliminación del Juez de Instrucción. El lector podrá, asimismo, advertir la evolución de nuestra jurisprudencia sobre el principio acusatorio, en asuntos tan trascendentales como el deber de congruencia entre la acusación y el fallo, que alcanza también, desde fechas recientes, a la concreta pena a imponer. La obra resultará también útil para el práctico del derecho que precise argumentos doctrinales y jurisprudenciales claros con los que enfrentarse a procesos donde haya podido producirse una vulneración del principio acusatorio en sus distintas vertientes y manifestaciones.
La presente obra constituye una guía práctica para los profesionales del Derecho: Abogados, Procuradores, Catedráticos, Profesores Universitarios, Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales y Funcionarios, sobre los temas más actuales y debatidos por los distintos colectivos de la Justicia, respecto de las modernas tecnologías de la informática y la comunicación desde el análisis del Derecho Procesal. -La prueba electrónica eficacia y valoración: las numerosas cuestiones e interpretaciones doctrinales y los diferentes criterios de las resoluciones jurisprudenciales que suscita el hecho de que las pruebas que se aportan en los tribunales lo sean a través de un soporte electrónico o digital, han cambiado los criterios de admisibilidad. Así mismo, la promulgación de normas sustantivas posteriores a la LEC 1/2000, que regulan aspectos procesales de la prueba electrónica, han cambiado los aspectos aplicativos de valoración previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El autor ha tenido en cuenta para su elaboración más de quinientas sentencias y autos de los tribunales. -La Nueva Oficina Judicial: La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, (BOE 4 de noviembre de 2009), de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, contempla la reforma de dieciséis leyes procesales y más de novecientos artículos, incluida la modificación de la ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial. Son numerosas las novedades que precisan de una atención especial y que constituyen numerosos motivos abordados en este libro. - Comunicaciones telemáticas (Lexnet): Suponen un refuerzo del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos ya que acortan el tiempo de tramitación de los procedimientos, facilitan el acceso de los operadores jurídicos al estado del proceso, y permiten presentar al juzgado escritos y documentos en formato electrónico y digital, lo cual justifica un análisis e información, por las numerosas voces críticas alzadas por la falta de información de su funcionamiento y seguridad desde los colectivos de profesiones jurídicas. Cuestiones que el autor aborda con detalle en esta obra. -Firma Electrónica y el expediente judicial electrónico: la firma electrónica y su incardinación en el ciclo de vida del expediente judicial constituyen el eje sobre el que se asienta la seguridad de los documentos electrónicos, ya sean los públicos, emitidos por el órgano judicial, o privados, firmados por profesionales y usuarios de la justicia. En esta obra encontramos un profundo análisis, claro y conciso, sobre los principales aspectos procesales que conlleva la firma electrónica y el expediente judicial electrónico.
El objeto que el conocimiento de este libro trata de proporcionar es aquel aspecto de la realidad que se llama el nuevo proceso civil italiano. Tal aspecto viene limitado por la forma, el tiempo y el espacio: el elemento formal se expresa con las palabra
Este estudio no es mas que un informa con planteamiento y finalidad no digmaticos, sino exclusivamente sociales o sociologicos. Ha nacido de un sentimiento muy bajo: la envidia. Hallandome en Alemania, como alli hay poco solo, me vi constreñido, contra
En los tiempos actuales, donde la prueba de testimonio junto con la validez del testigo han tomado especial relevancia, para los sistemas procesales modernos, resulta muy util tener a la mano este pequeño tratado de contenidos claros y armonicos donde se
Los Formularios Prácticos Procesales 2013 le ofrecen al instante todos los documentos necesarios para tramitar con eficacia los procedimientos judiciales que pueden desarrollarse ante las siguientes jurisdicciones: civil, penal, contencioso administrativo y procesos constitucionales, así como los relativos a la asistencia jurídica gratuita y las tasas judiciales. Lejos de presentarle un simple modelo, le ofrecen todos los elementos necesarios para que escoja la mejor opción en cada caso. En el ámbito civil le ofrecen todos los documentos necesarios para tramitar con eficacia los procedimientos relativos a la jurisdicción Civil, desde las diligencias preliminares hasta el régimen de recursos o la ejecución, incluyendo el juicio ordinario, el juicio verbal, el proceso monitorio, las medidas cautelares, etc. En la jurisdicción penal incluyen un estudio completo y sistemático de la actuación procesal, desde la perspectiva práctica de elaboración y presentación de escritos procesales y realización de trámites relativos al proceso penal. Mientras que en los formularios relativos al proceso contencioso-administrativo se analizan tanto el procedimiento ordinario, como el abreviado o los especiales, las medidas cautelares y cautelarísimas, la ejecución de resoluciones y el sistema de recursos. Por último, en lo relativo a los procesos Constitucionales, se le ofrecen los formularios precisos para interporner los recursos de inconstitucionalidad y amparo, la cuestión de inconstitucionalidad, así como los conflictos de competencia. 1. Encuentre rápidamente su modelo: Los Formularios Prácticos disfrutan de todas las ventajas de la Sistemática Francis Lefebvre: su tabla alfabética y su índice general le remiten al instante al número marginal en el que encontrará el modelo deseado. Este sistema permite, además, reenvíos internos de uno a otro modelo. 2. Escoja la mejor opción: Dentro del propio formulario se contemplan las diferentes alternativas que pueden presentarse para que pueda adaptar la redacción del documento a su situación. Notas informativas amplían la información sobre los extremos contenidos en el formulario con comentarios de expertos, referencias normativas y la doctrina y jurisprudencia más significativa que clarifican las particularidades de cada caso y fundamentan las opciones escogidas. Los Formularios Procesales hacen referencia a los textos de los Mementos Procesal, Procesal Civil, Procesal Penal y Procesal Contencioso-Administrativo para que pueda ampliar aún más la información contenida en cada modelo. 3. Rigurosamente actualizados: Todos los modelos han sido elaborados incluyendo los cambios normativos más recientes y relevantes, entre las que destacan: - La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, que se concreta, entre otros aspectos, en la modificación del tratamiento del proceso monitorio, con extensión a los juicios de desahucio de finca rústica o urbana por falta de pago, la reforma del recurso de apelación en los juicios verbales y la modificación de la regulación de los recursos, eliminando el trámite de preparación de los recursos devolutivos. - La reforma de la Ley Concursal por Ley 38/2011. - La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 4/2011, en materia de juicio verbal, juicio monitorio europeo y proceso europeo de escasa cuantía. - Las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 5/2012 y la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. - El contenido de los Reales Decretos Ley 8/2011 y 6/2012, en materia de protección de deudores hipotecarios frente a la ejecución; código de buenas prácticas de las entidades de crédito y procedimiento ejecutivo extrajudicial sobre la vivienda habitual del deudor. - La reforma de las tasas judiciales y la asistencia jurídica gratuita operada por la Ley 10/2012 y el Real Decreto Ley 3/2013. - Las modificaciones operadas por la Ley Orgánica 5/2010, especialmente en lo que se refiere al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 4. Y pase de la información a la acción: Incluyen una sencilla aplicación en Internet con la que puede acceder inmediatamente al formulario escogido, personalizarlo e imprimirlo o archivarlo en su ordenador con su procesador de textos habitual. PÚBLICO OBJETIVO - Abogados - Procuradores - Jueces - Magistrados - Secretarios judiciales - Asesorías jurídicas - Asesorías Administrativas - Gestorías - Bufetes de Abogados - Dptos. jurídicos de empresa de gran tamaño
EL INTERROGATORIO DE PARTES EN LA LEY 1/2000, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. DIRECTOR. Xavier Abel Lluch Magistrado. Doctor en Derecho. Profesor Ordinario de la Escuela Judicial. AUTORES. Xavier Abel Lluch. (epígrafes 1 a 3). Magistrado. Doctor en Derecho. Profesor Ordinario de la Escuela Judicial. Alvaro Aza de Barazón. (epígrafe 4). Magistrado. Manuel Angel Pereira Costas (epígrafes 5 y 6). Magistrado. Ignasi de Ramon Fors (epígrafe 7). Juez. Doctor en Derecho. Nuria Fachal Noguer (epígrafes 8.1 a 8.4). Magistrada. Rosa Font Flotats (epígrafes 8.5 a 8.7). Jueza. SUMARIO. Presentación Introducción: el nuevo régimen jurídico del interrogatorio de parte. 1. Del pliego de posiciones al interrogatorio oral. 1.1. De la confesión al interrogatorio. 1.2. Configuración legal del interrogatorio. 2. La parte proponente 2.1. Presupuestos para interrogar. 2.2. Actor y demandado. 2.3. El colitigante. 2.4. El Ministerio Fiscal. 2.5. La iniciativa probatoria de oficio. 3. La parte interrogada. 3.1. Presupuestos para ser interrogado. 3.2. Personas físicas. 3.2.1. Actor y demandado. 3.2.2. El colitigante. 3.2.3. Especial consideración del tercero. 3.2.3.1. El titular del derecho o relación material. 3.2.3.2. El sustituto legal. 3.2.3.3. El tercero con conocimiento personal de los hechos. 3.2.3.4. El representante voluntario 3.2.4. El menor de edad. 3.2.5. El incapaz. 3.3. Personas jurídicas. 3.3.1. Personas jurídicas o entes sin personalidad. 3.3.2. Entidades públicas. 4. El juicio sobre la admisión del interrogatorio de partes 4.1. En la primera instancia. 4.1.1. Los motivos de inadmisión. 4.1.2. La admisión subsidiaria. 4.1.3. La admisión como diligencia preliminar. 4.1.4. La admisión como prueba anticipada. 4.1.5. La admisión a raíz de la indicación de insuficiencia probatoria. 4.1.6. La admisión como diligencia final. 4.1.7. La admisión del interrogatorio con preguntas escritas. 4.2. En la segunda instancia. 4.3. La impugnación de la inadmisión del interrogatorio. 4.4. La prohibición de reiterar el interrogatorio de las partes. 5. Facultades de la parte proponente. 5.1. La facultad de formular preguntas. 5.1.1. Requisitos de formulación de las preguntas. 5.1.1.1. Requisitos formales. 5.2. La facultad de renunciar al interrogatorio admitido o a las preguntas formuladas. 5.3. La facultad de impugnar la inadmisión de la pregunta. 5.4. Facultades en el interrogatorio por escrito. 6. Facultades y cargas de la parte interrogada. 6.1. Facultades de la parte interrogada. 6.1.1. La facultad de impugnar las preguntas formuladas. 6.2. La carga y el deber de comparecer. 6.2.1. La regla general de la comparecencia. 6.2.2. Excepciones al deber de comparecer: interrogatorio domiciliario y por exhorto. 6.2.3. Efectos de la incomparecencia. 6.2.3.1. La admisión táctica de los hechos. 6.2.3.2. La imposición de la multa. 6.3. La carga de responder las preguntas. 6.3.1. El modo de responder las preguntas. 6.3.2. La negativa a declarar. 6.3.3. La negativa amparada en el deber de guardar secreto. 6.3.4. Las respuestas evasivas o inconcluyentes. 7. La dirección judicial del interrogatorio de las partes. 7.1. El orden del interrogatorio. 7.2. Las medidas de incomunicación de las partes. 7.3. La inadmisión de las preguntas. 7.3.1. Preguntas formuladas oralmente. 7.3.2. Preguntas formuladas por escrito. 7.4. El apercibimiento de ficta confessio. 7.5. La solicitud judicial de aclaraciones o adiciones. 7.6. El llamado "interrogatorio cruzado" de las partes. 7.7. Facultades judiciales en el interrogatorio por escrito. 8. La valoración del interrogatorio de partes. 8.1. Valoración como prueba legal: requisitos. 8.1.1. Interrogatorio sobre hechos personales. 8.1.2. Fijación de los hechos perjudiciales para la parte interrogada. 8.1.3. No contradicción por otros medios de prueba. 8.2. Valoración conforme a la sana crítica. 8.3. Valoración en contradicción con otros medios de prueba. 8.3.1. Contradicción entre el interrogatorio de partes y la prueba documental. 8.3.2. Contradicción entre el interrogatorio de partes y las pruebas de libre valoración. 8.4. Valoración en otros supuestos. 8.5. Valoración en supuestos específicos. 8.5.1. Declaración de la parte interrogada con hechos favorables a su pretensión. 8.5.1.1. Declaración de la parte que solo contiene hechos favorables. 8.5.1.2. Declaración de parte que contiene, además de hechos favorables, hechos perjudiciales. 8.5.2. Declaración del representante material o sustituto legal. 8.5.3. Declaración del tercero con conocimiento personal de los hechos 8.5.3.1. Valoración de la declaración de la parte que concurre con el tercero. 8.5.3.2. Valoración de la declaración del tercero. 8.5.4. Declaración del litisconsorte. 8.6. Valoración como ficta confessio. 8.7. La impugnación por las partes de la valoración judicial. 8.7.1. En el recurso de apelación. 8.7.2. En el recurso extraordinario por infracción procesal. Índice sistemático de jurisprudencia Bibliografía.
El reconocimiento y la tutela del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas gozan de un arraigo generalizado en los entornos constitucionales de los estados democráticos de Derecho, y en los convenios internacionales de derechos humanos de implantación universal y regional. La Unión Europea participa de este fenómeno al haberlo incorporado a su acervo jurídico, inicialmente, como Principio General del Derecho Comunitario mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, más recientemente, al consagrarlo en la Carta de Derechos Fundamentales. No obstante lo cual, la configuración de la propia noción del derecho al plazo razonable, así como las condiciones para su invocación procesal y las medidas de garantía, no se han consolidado universalmente en términos tales que sirvan para corroborar su compatibilidad con el principio de seguridad jurídica
El diálogo cooperativo entre las jurisdicciones interna, supranacional e internacional ofrece hoy en día una prolija panoplia de criterios jurídicos que han de tomarse en cuenta a la hora de invocar el derecho al proceso sin dilaciones indebidas por los justiciables en el marco de un proceso ante el Tribunal de Justicia. De ahí la relevancia de su análisis crítico y de su exposición sistemática.
A mi entender, sin embrago, la doctrina de la carga de la prueba se plantea sobre bases mas amplias y diversas de las que en hipotesis establece Saraceno. Mas amplias puesto que el problema que el legislador se propone resolver al dictar las reglas de ju
Este libro ha sido escrito para una especie particular de sociedad: una sociedad pacifica, opulenta e ignorante, pero que aspira a la racionalidad. Lo astante pacifica, de todos modos, para mantener el orden sin necesidad de tropas.
Esta obra está dirigida no sólo a los profesionales más próximos a los Tribunales de Justicia, sino a todos aquellos estudiosos del derecho que desean conocer en profundidad un delito, el de acusación y denuncia falsas, que siendo una de las infracciones criminales con más antigüedad en la historia del Derecho represivo, adquiere actualmente un especial protagonismo dada la indudable judialización de la vida social. Armonizar el derecho-deber de denunciar, con el castigo debido a los que acuden gratuitamente a los Tribunales bajo un falso pretexto penal es objetivo de este estudio, incorporando además de la doctrina y jurisprudencia, propuestas de lege ferenda tendentes a la mejora en la redacción del tipo, así como soluciones a cuestiones que se plantean en la práctica forense al aplicar este tipo delictivo. Para ello se hace un exhaustivo estudio del artículo 456 del Código Penal, en el que partiendo del hecho de encontrarnos ante un delito pluriofensivo en el que se protege además de la Administración de Justicia bienes personales del individuo como el honor, la libertad el patrimonio..., y de la indudable interconexión entre normas penales y normas procesales, destaca el tratamiento de la figura del "querulante", el protagonismo que debe adquirir el Ministerio Fiscal como destinatario que es de denuncias, la valoración que ha de hacerse de la prueba de indicios, al estar ante lo que se ha dado en llamar un delito "de inteligencia", así como las consecuencias jurídicas que van más allá del ámbito penal e inciden en el ámbito civil y en especial en el derecho sucesorio. En esta 2ª edición de la obra se recogen los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales sobrevenidos desde la publicación de la primera edición, se incide en la figura del "querulante" y en especial se destacan las propuestas que se hicieron de lege ferenda y que recoge el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, presentado el 20 de diciembre de 2006 en el Congreso de los Diputados, actualmente en periodo de presentación de enmiendas, destacando aquella en la que se propone que el Ministerio Fiscal proceda contra el falso denunciador o acusador.