El presente trabajo analiza las consecuencias que ha de tener sobre el proceso penal español la Ley Orgánica 5/2010, de 23 de junio, de Reforma del Código Penal. Las repercusiones procesales de esta modificación legal son evidentes y se manifiestan sobre cuestiones de gran relevancia, tanto teórica como práctica, entre las que destacan las siguientes: ? Las implicaciones sobre el proceso penal de la introducción de la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ? Las modificaciones legales que se han vuelto a introducir en una figura especialmente controvertida, como es la expulsión judicial de extranjeros sustitutiva de la pena. ? La nueva regulación legal en relación con el momento en que se entiende interrumpida la prescripción y, en especial, el significado que tienen en ese contexto actos procesales relevantes como la presentación de la denuncia y de la querella. ? Las herramientas necesarias para la aplicación retroactiva de la LO 5/2010, que, pese a las apariencias, será muy probablemente considerada como «norma penal más favorable» respecto de ciertas infracciones delictivas muy comunes. ? Diversas modificaciones adicionales: la forma de efectuar el abono de la prisión preventiva; la carga de la prueba en el comiso de bienes; el modo en que se practica la detección de sustancias estupefacientes en el marco de los delitos contra la seguridad vial; o el procedimiento para resolver sobre la adopción, ejecución y modificación de la nueva medida de seguridad que representa la libertad vigilada.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881 supuso un gran avance respecto del proceso penal anterior. Esa Ley se redactó desde una concepción política claramente liberal y por ello su propósito fue encontrar la mejor manera de garantizar el derecho a la libertad de los ciudadanos. Han pasado muchos años desde entonces y hoy existe conformidad entre los más variados sectores de la doctrina y de la práctica sobre la necesidad de una nueva ley procesal penal. Las divergencias aparecen cuando se trata de determinar el cómo de ese nuevo proceso penal. Para algunos la mira está puesta en ampliar las funciones del Ministerio Fiscal, y así se habla de monopolio de la acusación en sus manos (con supresión o limitación de las acusaciones particulares), el cual pasaría a ser el instructor; de ejercicio de esa acusación conforme a criterios de discrecionalidad y de ampliación de los supuestos de justicia pactada. De este modo la justicia penal pasaría a ser un instrumento más para la dirección de la política general del país, dirección que habría de quedar en manos de los titulares del Poder Ejecutivo. Para otros el proceso penal debería ser un instrumento en manos del Poder Judicial con el que garantizar los derechos de los ciudadanos, y principalmente la libertad. La acusación debe ser un deber para el Fiscal y un derecho para todos los ciudadanos, sin monopolios, y el deber supone obligatoriedad en su ejercicio. La instrucción debe servir tanto para impedir que se abra el juicio oral, como para que, si éste se debe realizar, preparar lo mismo la acusación que la defensa, y por eso debe atribuirse a un órgano imparcial, y no a una parte. El proceso penal de este modo no debe ser un instrumento para los políticos, sino un medio de libertad de los ciudadanos. Las divergencias no son algo meramente técnico. Las mismas responden a maneras muy diferentes de estar ante las decisiones políticas que conforman la vida social de una nación. Sigue siendo verdad que la regulación del proceso penal es el termómetro que indica los elementos autoritarios o liberales de la política de un país.
La prohibición de la reformatio in peius es una institución procesal que incorpora para el sujeto que recurre (y que ha resultado condenado) una ventaja añadida, un ?plus? o matiz de predicción en la fase del recurso, lo que sin duda contrasta con la característica que, por antonomasia, acompaña al proceso: la incertidumbre de su resultado. A través de la prohibición de la reformatio in peius una parte procesal (que impugna en solitario) ve asegurado un concreto resultado instantes antes de proceder a impugnar la resolución que le infringe gravamen. Esta singular característica, se mire como se mire, para el condenado que recurre, supone jugar con cierta ventaja al añadir un elemento nuevo que le permite controlar, aunque sólo sea en cierta media, su suerte de cara a la decisión del recurso; le garantiza un determinado resultado que no tiene parangón con ninguna otra institución procesal. A pesar de la importancia que para el Derecho, y para el proceso en particular, tiene la prohibición de la reformatio in peius ésta es la primera vez que en nuestro país se aborda su estudio monográfico desde la perspectiva del proceso penal. A través del mismo, en la primera parte, se expone su concepto, tratamiento normativo y fundamentación jurídica. En la segunda parte se hace un exhaustivo recorrido por la jurisprudencia del orden penal y sus principales problemas interpretativos. Del mismo modo en sendos apartados se recogen las conclusiones a que nos ha llevado su investigación. La presente monografía sobre la prohibición de la reformatio se ha realizado desde la perspectiva del proceso penal, teniendo en cuenta que es en ese ámbito donde se detectan las principales dificultades interpretativas, amén de esto, se ha extrapolado parte de su tratamiento al orden civil, en especial todo lo que tiene que ver con su concepto, características y el fundamento jurídico de la prohibición.
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, es mucho más que una simple redistribución de las competencias y funciones respectivamente asignadas a jueces y magistrados, por un lado, y secretarios judiciales, por otro. Supone el esperado complemento a la sustancial reforma de la organización judicial anunciada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ. El presente trabajo quiere, a través de una muy accesible presentación a modo de preguntas y respuestas sistematizadas por órdenes jurisdiccionales, procesos y fases procedimentales, facilitar el estudio y comprensión de la reforma. El lector encontrará en esta obra un instrumento de gran utilidad para conocer de manera ordenada y contextualizada en el escenario de la nueva oficina judicial, tanto la nueva distribución competencial como las modificaciones operadas en los distintos procesos. Conocimientos en suma imprescindibles para comprender y operar en el horizonte de la nueva organización del sistema de justicia. El análisis realizado se completa con varios textos procesales -entre ellos: la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de la jurisdicción Contencioso-administrativa y la Ley de Procedimiento Laboral-, actualizados con las reformas que entran en vigor el 4 de mayo de 2010 y en los que se destaca las novedades en relación con la regulación precedente, lo que hace de esta obra un instrumento extremadamente útil para todos aquellos que deseen conocer y analizar los profundos cambios introducidos en ellos.
La ejecución de sentencias en todos los sectores del ordenamiento jurídico constituye una prescripción esencial de la tutela judicial efectiva. Y en el ámbito contencioso tributario, donde cada día se enjuician pretensiones de mayor importancia, la ejecución plantea una especial dificultad a los jueces y tribunales encargados por mandato constitucional de hacer ejecutar lo juzgado, dificultad acrecentada porque la misma se lleva a cabo por una de las partes del proceso, la propia Administración. Ello comporta que, en algunos casos, la ejecución sea incluso de mayor complejidad que la resolución del litigio origen de aquélla. Por eso surge este libro, en el que se tratan, en primer lugar, los rasgos generales propios de toda ejecución en el orden contencioso-administrativo y, a continuación, se examinan ya cuestiones propias de la ejecución tributaria a la vista de las resoluciones dictadas en este ámbito por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en concreto por su Sección Segunda, y por el Tribunal Supremo; si cabe incidente de ejecución en sentencias desestimatorias o que aún no son firmes, la no exigibilidad de intereses de demora sobre las sanciones tributarias, la imposibilidad de girar intereses suspensivos, en caso de estimación parcial del recurso, aunque sea insignificante la estimación, doctrina matizada en casos regidos por la Ley 58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria. Se recoge también la doctrina del Alto Tribunal sobre la inaplicación en general de la Ley 58/2003, a incumplimientos anteriores a la entrada en vigor de dicha Ley y un breve resumen de los votos particulares a dicha doctrina. Igualmente se analizan otras cuestiones de interés como la relativa al dies ad quem de las liquidaciones de intereses a girar y la tesis reconocida por algunas resoluciones de la Audiencia Nacional que, en supuestos excepcionales, ha apreciado en las nuevas liquidaciones giradas por la Administración, tras una inicial estimación a favor del particular, un agravamiento de la situación de éste. La prescripción, también es objeto de análisis, así como la ejecución provisional de sentencia y sus requisitos. Asimismo, se estudian otras cuestiones suscitadas diariamente tanto a los Tribunales como a abogados, profesores, profesionales de la Justicia y ciudadanos en general.
El convenio arbitral: su eficacia obligatoria es la primera monografía del Dr. Marco de Benito Llopis-Llombart, ?un abogado brillante y un universitario profundo?, en palabras del Prof. Juan Fernández-Armesto, autor del prólogo. El autor sostiene que el convenio arbitral produce de forma inmediata eficacia material obligatoria (?efecto positivo?) y que, por el contrario, sólo genera eficacia procesal indirectamente, si se incoa un concreto arbitraje. El convenio arbitral crea, por ello, una regla de conducta basada en un cualificado deber de lealtad a lo pactado, cuya inobservancia genera responsabilidad. El trabajo aborda también el carácter no formal del convenio arbitral, así como el principio de separabilidad. Incluye también un análisis de la declinatoria como cauce procesal para hacer valer la obligación compromisoria (?efecto negativo?) y del principio de competencia sobre la competencia. El libro ofrece, asimismo, criterios para una valoración crítica del Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Arbitraje, recientemente aprobado. En palabras del Prof. Fernández-Armesto, ?el lector encontrará que la monografía del Dr. de Benito es de grata y fácil lectura?; afronta la investigación con ?especial rigor, madurez, valentía y amplitud de miras?; ?llena una laguna importante en nuestros estudios de Derecho del arbitraje?; y, en suma, ?enriquece de verdad el acervo jurídico español?.
La prueba de identificadores de ADN, dadas sus características técnicas así como su extraordinaria precisión, se ha convertido en un instrumento muy valioso para la moderna pericia forense y, lo que es más importante, para un más satisfactorio ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y una respuesta más eficaz a las exigencias de la sociedad respecto a la persecución de los responsables de los delitos. Pero al mismo tiempo, estas técnicas originan problemas nuevos o acentúan otros ya existentes, lo cual exige la adopción de ciertas medidas a fin de asegurar que se realicen con las suficientes garantías técnicas, procesales y de respeto a los derechos fundamentales afectados. Entre los problemas que se desarrollan en esta monografía pueden mencionarse los siguientes: a) fiabilidad de los análisis y de las técnicas utilizadas y sus requisitos de validez; b) naturaleza y valoración procesal de sus resultados o perfiles de ADN; c) posible afectación de algunos derechos fundamentales del sujeto que se somete a examen; d) la creación de archivos con los resultados de los análisis de ADN (perfiles de ADN) realizados a los autores de algún delito, o sobre las muestras o vestigios biológicos obtenidos en la escena del crimen, para lo cual contamos ya con la Ley Orgánica 10/2007, la cual es objeto de minucioso y crítico estudio. Por otro lado, aunque nos encontramos ante una obra que pretende resolver problemas de notable complejidad de naturaleza esencialmente procesal, también se ofrecen consideraciones de Derecho penal sustantivo de enorme trascendencia práctica, tales como la eventual aplicación del delito de desobediencia ante una negativa infundada del sujeto requerido a permitir la toma de una muestra biológica a fin de poder obtener su perfil genético, cuestión sobre la que la doctrina aún no se ha pronunciado claramente.
Cada vez es menos infrecuente que ante nuestros tribunales se susciten litigios que enfrenten a particulares con Estados extranjeros. Y, siempre que se plantea alguna controversia de este tipo, aparece en el debate procesal el término «inmunidad», al tiempo que surgen dudas acerca de su ámbito y su eficacia, que se suelen responder acudiendo a tópicos y expresiones muy genéricas, como la distinción entre actos de imperio y actos de gestión, cuyo auténtico contenido jurídico a menudo no se conoce con detalle. El presente trabajo analiza esta cuestión, desde la perspectiva del justiciable que pretende obtener tutela judicial frente a un Estado extranjero. A tal fin, se estudia en primer término la inmunidad de jurisdicción de los Estados: su ámbito objetivo y subjetivo, su eficacia, la posibilidad de renunciar a ella y el tratamiento procesal que merece, así como las especialidades que reviste un proceso declarativo frente a un Estado extranjero, en los casos en que resulte procedente su desarrollo. La atención recae, posteriormente, en la inmunidad frente a medidas coercitivas, que engloba la tradicional inmunidad de ejecución, pero cuyo ámbito de aplicación es más amplio, pues también incide sobre las medidas cautelares y, en parte, sobre la actividad probatoria. A la luz de los resultados anteriores, se dedica la última parte del libro a estudiar la incidencia de las inmunidades procesales de los Estados extranjeros sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y se abordan las posibles alternativas o mecanismos compensatorios a disposición de los justiciables.
Una medida que supone el sometimiento de determinados bienes y derechos al control judicial en el seno de un proceso. Este estudio recoge una completa visión del funcionamiento práctico de esta figura jurídica con un análisis pormenorizado de los supuestos de aplicación y las diferentes normas aplicables, ofreciendo un marco de referencia tanto para la actuación del administrador como para el resto de operadores jurídicos, dando solución a la gran cantidad de cuestiones que se suscitan en su desarrollo. Se contempla tanto como medida de ejecución como de prevención o garantía, siendo destacable su utilidad en la satisfacción de una condena dineraria o como medio de investigación, y todo ello desde los ámbitos civil, penal y laboral. Por último, se recoge una recopilación de las funciones más importantes, exponiéndose de forma exhaustiva todo lo referente al estatuto jurídico del administrador judicial. Se trata, en definitiva, de una visión comparativa de conjunto que permite concluir la conveniencia de dotar a esta figura jurídica de un tratamiento legal único, independientemente del orden jurisdiccional de que se trate.
La presente Monografía aborda los problemas, sin duda complejos y de gran actualidad, que plantea el interrogatorio de la persona inculpada de un delito, así como las interesantísimas cuestiones relativas a la confesión del imputado. Se abordan, en esta obra, temas tales como la psicología de la confesión y los métodos existentes para provocar dicha confesión en una persona detenida e interrogada en relación con un delito, así como su contradicción con los principios que rigen, en la actualidad, el marco del sistema procesal penal español. En armonía con los principios constitucionales vigentes en nuestro país, la autora se enfrenta a un tema de impactante actualidad: la forma, el modo de realizar el interrogatorio, cuestión ésta crucial para los funcionarios de la Policía Judicial, los Fiscales, Abogados de las partes implicadas y, muy especialmente, los Jueces de Instrucción (a quienes está dedicado el libro). La autora, que, en sus inicios profesionales, fue Abogada penalista, defiende, en esta obra, la idea de la necesidad de realizar, en cada caso concreto que se presente, un interrogatorio adecuado, con las preguntas oportunas que sean decisivas para el esclarecimiento de los hechos, cuestión ésta que es clave a la hora de la investigación de la verdad real, única verdad a la que debe responder el proceso penal. Para ello, se ofrecen unas directrices que serán muy eficaces para los interrogadores. Temas como la psicología del imputado (inculpado), la forma de hacer el interrogatorio y de contestar a las preguntas, se proponen en este libro como verdaderamente decisivos a la hora de instruir las causas penales. . Colectivo al que va dirigido la obra: Abogados en ejercicio (especialmente penalistas), Funcionarios de la Policía, Fiscales y Jueces de Instrucción. También interesará a los investigadores del Derecho Procesal penal, así como a los opositores a la Carrera Judicial.
La obra "Tratado de Derecho Administrativo" constituye una obra que, de forma exhaustiva y horizontal, abarca todo el Derecho Administrativo, reuniendo toda la información necesaria para la actividad profesional. Toma distancia sobre la volatilidad de la reforma legislativa para configurar un cuerpo teórico diseñado para perdurar más allá de la modificación legislativa, y se presenta como la obra de fondo de la biblioteca de su despacho y, por lo tanto, como un elemento necesario para, no ya el desarrollo, si no la mera subsistencia de su propio negocio. El tratamiento de cada materia se ha realizado con la exhaustividad precisa, sin añadidos superfluos que desvíen tiempo del lector de la consulta precisa de la materia administrativa objeto de su interés. Se ha perseguido que las distintas materias que incluye la obra lleguen a guardar una coherencia entre sí, procurando que pueda identificar el lector una misma ratio conceptual en las distintas fases de la obra. La obra se presenta estructurada en seis tomos repartidos en ocho volúmenes, que se corresponden con cada una de las áreas de práctica del Derecho Administrativo, y va destinada a un público profesional, alejándose, por lo tanto, de otros Tratados de Derecho Administrativo destinados al estudiante. Pretende servir esta obra de referencia para los estudiosos del Derecho, tanto en lo teórico como en lo práctico o profesional. En esta tarea, ha sido importante evitar posibles duplicidades de contenidos entre unos y otros tomos, y la solución para ello no ha podido ser otra que la de hacer las pertinentes remisiones de una partes a otras. En este sentido, el primer tomo, al versar sobre materias generales, realiza una presentación de los temas que aborda y cuya concreción o desarrollo se consigue en otras partes de este mismo trabajo. Sumario TOMO I: Parte General Concepto de Derecho Administrativo Procedimiento Actuaciones Sanciones Responsabilidad Función Pública TOMO II: Derecho Administrativo Europeo El Derecho Común Europeo. Cauces para su realización Medio Ambiente. Responsabilidad Administrativa. Contratación. Servicios Públicos. Funcionarios. Procedimientos Administrativos. Los Parlamentos Nacionales y el Derecho Europeo Fondos Estructurales Derecho Administrativo de las Instituciones Europeas Sanciones y Derecho de la Competencia TOMO III: Contencioso-administrativo Volumen I: La Concepción Subjetiva La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Entes de Derecho Privado Levantamiento del Velo Actos de Gobierno Delimitación entre Jurisdicciones Cuestiones Prejudiciales Las Partes, en Especial Representación y Legitimación Volumen II: Las Pretensiones y la Inactividad La Acumulación y Cuantía El Procedimiento. La Admisión del Recurso. La demanda. Todas sus Fases El Contencioso Interadministrativo Procedimiento Abreviado Sentencias y su Ejecución Recursos y Procedimientos Especiales Medidas Cautelares Plazos y Costas TOMO IV: Contratos Las Directivas Europeas La Adjudicación del Contrato La Jurisprudencia Aplicable La Doctrina del Contrato Administrativo. Tendencias de Derecho Comparado Los Recursos Procesales Los Sectores Especiales TOMO V: Urbanismo Volumen I: La Ordenación del Territorio Sistema de Fuentes del Urbanismo Suelo Planeamiento Gestión Urbanística Los Nuevos Contratos Urbanísticos El Agente Urbanizador. El Agente Rehabilitador y Edificador Volumen II: El Patrimonio Municipal Licencias y Disciplina Convenios Urbanísticos Medio Ambiente Reparcelaciones y sus Problemas Derechos de Tanteo Gestión Territorial Práctica Procesal TOMO VI: Derecho Administrativo Económico Los Servicios o Mercados de Interés General Privatización Liberalización Regulación Derecho de la Competencia Contratación Servicio Público Telecomunicaciones, Audiovisual y Postal Sectores Energéticos Transportes.
En esta obra se han estudiado pormenorizadamente los preceptos que componen los Libros I y II de la LEC, destacando aquellos que han dado lugar a dudas de interpretación o aplicación. Los autores realizan un análisis crítico de la jurisprudencia recaída sobre las cuestiones controvertidas, tanto de las Audiencias Provinciales como de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Se trata de una aportación científica comprensiva de cada uno de los trámites e instituciones de los procesos civiles de declaración. Pero los autores no se detienen en un mero análisis de los preceptos, sino que formulan propuestas de reformas concretas en el articulado cuando así se ha considerado necesario, bien para corregir una jurisprudencia que se ha entendido equivocada, bien para aclarar aspectos que no están siendo objeto de una uniforme actuación por los tribunales.
Aunque en el proceso penal, la fase de juicio oral constituye el núcleo central que fundamenta la eventual sentencia que se dicte, la fase de instrucción se configura como un elemento clave que, a la postre, determinará el adecuado desarrollo del principio de tutela judicial efectiva y de un proceso con todas las garantías. Esta es la razón por la que adquiere una especial importancia el análisis de las cuestiones tradicionales que se han venido planteando en la regulación de la instrucción penal, con especial consideración de aquellos que cobran una singular vigencia debido a la evolución actual de la criminalidad. En este sentido, se exige en la actualidad la previsión de instrumentos precisos para la adecuada persecución de los delitos, manteniendo en todo casi un adecuado equilibrio entre el principio de eficacia en la persecución de delitos y el necesario respeto de los derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en la Constitución. Con estas premisas como base, el autor efectúa un análisis completo, riguroso y pormenorizado sobre el desarrollo de esta fase del proceso penal, con el objetivo de ofrecer una visión completa y actualizada sobre los principales problemas que se plantean en la misma.
La monografía titulada ?La protección de testigos en el proceso penal? consiste en un estudio sistemático de las medidas que cabe adoptar en nuestro Ordenamiento para la tutela de los que han de intervenir como testigos en una causa criminal. Estas medidas se contienen principalmente en la específica Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, que dispone un conjunto de medidas tuitivas para el testigo, algunas de las cuales -como el testimonio anónimo y el testimonio oculto- con clara repercusión en las posibilidades defensivas del encausado. En este sentido, por un lado, se analizan con detalle el alcance del anonimato del testigo conforme a nuestras normas y su compatibilidad con el derecho de defensa, a la luz de la jurisprudencia propia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y por otro lado, se expone cómo lograr que el testigo declare sin ser visto con normalidad por el acusado, de forma respetuosa con las garantías de este último, examinando, a su vez, la validez de las declaraciones realizadas en su ausencia, o a distancia, a través de medios técnicos. Junto a este tipo de medidas, nuestra Ley recoge otras que no influyen en los derechos procesales de las partes y que, con marcado carácter policial, se orientan a la seguridad de los testigos y sus allegados, también con vistas a cuando finalice el proceso. Entre estas últimas y para casos excepcionales, se encuentran el cambio de identidad y de domicilio o lugar de trabajo del testigo, que suelen formar parte de los programas de protección de testigos, en los Estados que cuentan con ellos; en esta obra también se estudian las referidas medidas extraordinarias, así como las características fundamentales de los programas de protección, de cara a una reforma y ampliación de nuestras normas. Tras exponer las diferentes medidas protectoras y los problemas que plantean, se describe el tratamiento procesal para su adopción o alzamiento, y lo relativo a la valoración probatoria de las declaraciones de las personas sujetas a las mismas. Por último, se incide en la especial exigencia de tutela que presentan los menores de edad cuando actúan como testigos, valorando qué medidas les son aplicables y cómo puede hacerse menos gravosa su colaboración con la Justicia. El libro termina con una serie de conclusiones y propuestas sobre la materia.
El presente trabajo analiza las consecuencias que ha de tener sobre el proceso penal español la Ley Orgánica 5/2010, de 23 de junio, de Reforma del Código Penal. Las repercusiones procesales de esta modificación legal son evidentes y se manifiestan sobre cuestiones de gran relevancia, tanto teórica como práctica, entre las que destacan las siguientes: ? Las implicaciones sobre el proceso penal de la introducción de la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ? Las modificaciones legales que se han vuelto a introducir en una figura especialmente controvertida, como es la expulsión judicial de extranjeros sustitutiva de la pena. ? La nueva regulación legal en relación con el momento en que se entiende interrumpida la prescripción y, en especial, el significado que tienen en ese contexto actos procesales relevantes como la presentación de la denuncia y de la querella. ? Las herramientas necesarias para la aplicación retroactiva de la LO 5/2010, que, pese a las apariencias, será muy probablemente considerada como «norma penal más favorable» respecto de ciertas infracciones delictivas muy comunes. ? Diversas modificaciones adicionales: la forma de efectuar el abono de la prisión preventiva; la carga de la prueba en el comiso de bienes; el modo en que se practica la detección de sustancias estupefacientes en el marco de los delitos contra la seguridad vial; o el procedimiento para resolver sobre la adopción, ejecución y modificación de la nueva medida de seguridad que representa la libertad vigilada.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881 supuso un gran avance respecto del proceso penal anterior. Esa Ley se redactó desde una concepción política claramente liberal y por ello su propósito fue encontrar la mejor manera de garantizar el derecho a la libertad de los ciudadanos. Han pasado muchos años desde entonces y hoy existe conformidad entre los más variados sectores de la doctrina y de la práctica sobre la necesidad de una nueva ley procesal penal. Las divergencias aparecen cuando se trata de determinar el cómo de ese nuevo proceso penal. Para algunos la mira está puesta en ampliar las funciones del Ministerio Fiscal, y así se habla de monopolio de la acusación en sus manos (con supresión o limitación de las acusaciones particulares), el cual pasaría a ser el instructor; de ejercicio de esa acusación conforme a criterios de discrecionalidad y de ampliación de los supuestos de justicia pactada. De este modo la justicia penal pasaría a ser un instrumento más para la dirección de la política general del país, dirección que habría de quedar en manos de los titulares del Poder Ejecutivo. Para otros el proceso penal debería ser un instrumento en manos del Poder Judicial con el que garantizar los derechos de los ciudadanos, y principalmente la libertad. La acusación debe ser un deber para el Fiscal y un derecho para todos los ciudadanos, sin monopolios, y el deber supone obligatoriedad en su ejercicio. La instrucción debe servir tanto para impedir que se abra el juicio oral, como para que, si éste se debe realizar, preparar lo mismo la acusación que la defensa, y por eso debe atribuirse a un órgano imparcial, y no a una parte. El proceso penal de este modo no debe ser un instrumento para los políticos, sino un medio de libertad de los ciudadanos. Las divergencias no son algo meramente técnico. Las mismas responden a maneras muy diferentes de estar ante las decisiones políticas que conforman la vida social de una nación. Sigue siendo verdad que la regulación del proceso penal es el termómetro que indica los elementos autoritarios o liberales de la política de un país.
La prohibición de la reformatio in peius es una institución procesal que incorpora para el sujeto que recurre (y que ha resultado condenado) una ventaja añadida, un ?plus? o matiz de predicción en la fase del recurso, lo que sin duda contrasta con la característica que, por antonomasia, acompaña al proceso: la incertidumbre de su resultado. A través de la prohibición de la reformatio in peius una parte procesal (que impugna en solitario) ve asegurado un concreto resultado instantes antes de proceder a impugnar la resolución que le infringe gravamen. Esta singular característica, se mire como se mire, para el condenado que recurre, supone jugar con cierta ventaja al añadir un elemento nuevo que le permite controlar, aunque sólo sea en cierta media, su suerte de cara a la decisión del recurso; le garantiza un determinado resultado que no tiene parangón con ninguna otra institución procesal. A pesar de la importancia que para el Derecho, y para el proceso en particular, tiene la prohibición de la reformatio in peius ésta es la primera vez que en nuestro país se aborda su estudio monográfico desde la perspectiva del proceso penal. A través del mismo, en la primera parte, se expone su concepto, tratamiento normativo y fundamentación jurídica. En la segunda parte se hace un exhaustivo recorrido por la jurisprudencia del orden penal y sus principales problemas interpretativos. Del mismo modo en sendos apartados se recogen las conclusiones a que nos ha llevado su investigación. La presente monografía sobre la prohibición de la reformatio se ha realizado desde la perspectiva del proceso penal, teniendo en cuenta que es en ese ámbito donde se detectan las principales dificultades interpretativas, amén de esto, se ha extrapolado parte de su tratamiento al orden civil, en especial todo lo que tiene que ver con su concepto, características y el fundamento jurídico de la prohibición.
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, es mucho más que una simple redistribución de las competencias y funciones respectivamente asignadas a jueces y magistrados, por un lado, y secretarios judiciales, por otro. Supone el esperado complemento a la sustancial reforma de la organización judicial anunciada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ. El presente trabajo quiere, a través de una muy accesible presentación a modo de preguntas y respuestas sistematizadas por órdenes jurisdiccionales, procesos y fases procedimentales, facilitar el estudio y comprensión de la reforma. El lector encontrará en esta obra un instrumento de gran utilidad para conocer de manera ordenada y contextualizada en el escenario de la nueva oficina judicial, tanto la nueva distribución competencial como las modificaciones operadas en los distintos procesos. Conocimientos en suma imprescindibles para comprender y operar en el horizonte de la nueva organización del sistema de justicia. El análisis realizado se completa con varios textos procesales -entre ellos: la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de la jurisdicción Contencioso-administrativa y la Ley de Procedimiento Laboral-, actualizados con las reformas que entran en vigor el 4 de mayo de 2010 y en los que se destaca las novedades en relación con la regulación precedente, lo que hace de esta obra un instrumento extremadamente útil para todos aquellos que deseen conocer y analizar los profundos cambios introducidos en ellos.
La ejecución de sentencias en todos los sectores del ordenamiento jurídico constituye una prescripción esencial de la tutela judicial efectiva. Y en el ámbito contencioso tributario, donde cada día se enjuician pretensiones de mayor importancia, la ejecución plantea una especial dificultad a los jueces y tribunales encargados por mandato constitucional de hacer ejecutar lo juzgado, dificultad acrecentada porque la misma se lleva a cabo por una de las partes del proceso, la propia Administración. Ello comporta que, en algunos casos, la ejecución sea incluso de mayor complejidad que la resolución del litigio origen de aquélla. Por eso surge este libro, en el que se tratan, en primer lugar, los rasgos generales propios de toda ejecución en el orden contencioso-administrativo y, a continuación, se examinan ya cuestiones propias de la ejecución tributaria a la vista de las resoluciones dictadas en este ámbito por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en concreto por su Sección Segunda, y por el Tribunal Supremo; si cabe incidente de ejecución en sentencias desestimatorias o que aún no son firmes, la no exigibilidad de intereses de demora sobre las sanciones tributarias, la imposibilidad de girar intereses suspensivos, en caso de estimación parcial del recurso, aunque sea insignificante la estimación, doctrina matizada en casos regidos por la Ley 58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria. Se recoge también la doctrina del Alto Tribunal sobre la inaplicación en general de la Ley 58/2003, a incumplimientos anteriores a la entrada en vigor de dicha Ley y un breve resumen de los votos particulares a dicha doctrina. Igualmente se analizan otras cuestiones de interés como la relativa al dies ad quem de las liquidaciones de intereses a girar y la tesis reconocida por algunas resoluciones de la Audiencia Nacional que, en supuestos excepcionales, ha apreciado en las nuevas liquidaciones giradas por la Administración, tras una inicial estimación a favor del particular, un agravamiento de la situación de éste. La prescripción, también es objeto de análisis, así como la ejecución provisional de sentencia y sus requisitos. Asimismo, se estudian otras cuestiones suscitadas diariamente tanto a los Tribunales como a abogados, profesores, profesionales de la Justicia y ciudadanos en general.
El convenio arbitral: su eficacia obligatoria es la primera monografía del Dr. Marco de Benito Llopis-Llombart, ?un abogado brillante y un universitario profundo?, en palabras del Prof. Juan Fernández-Armesto, autor del prólogo. El autor sostiene que el convenio arbitral produce de forma inmediata eficacia material obligatoria (?efecto positivo?) y que, por el contrario, sólo genera eficacia procesal indirectamente, si se incoa un concreto arbitraje. El convenio arbitral crea, por ello, una regla de conducta basada en un cualificado deber de lealtad a lo pactado, cuya inobservancia genera responsabilidad. El trabajo aborda también el carácter no formal del convenio arbitral, así como el principio de separabilidad. Incluye también un análisis de la declinatoria como cauce procesal para hacer valer la obligación compromisoria (?efecto negativo?) y del principio de competencia sobre la competencia. El libro ofrece, asimismo, criterios para una valoración crítica del Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Arbitraje, recientemente aprobado. En palabras del Prof. Fernández-Armesto, ?el lector encontrará que la monografía del Dr. de Benito es de grata y fácil lectura?; afronta la investigación con ?especial rigor, madurez, valentía y amplitud de miras?; ?llena una laguna importante en nuestros estudios de Derecho del arbitraje?; y, en suma, ?enriquece de verdad el acervo jurídico español?.
La prueba de identificadores de ADN, dadas sus características técnicas así como su extraordinaria precisión, se ha convertido en un instrumento muy valioso para la moderna pericia forense y, lo que es más importante, para un más satisfactorio ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y una respuesta más eficaz a las exigencias de la sociedad respecto a la persecución de los responsables de los delitos. Pero al mismo tiempo, estas técnicas originan problemas nuevos o acentúan otros ya existentes, lo cual exige la adopción de ciertas medidas a fin de asegurar que se realicen con las suficientes garantías técnicas, procesales y de respeto a los derechos fundamentales afectados. Entre los problemas que se desarrollan en esta monografía pueden mencionarse los siguientes: a) fiabilidad de los análisis y de las técnicas utilizadas y sus requisitos de validez; b) naturaleza y valoración procesal de sus resultados o perfiles de ADN; c) posible afectación de algunos derechos fundamentales del sujeto que se somete a examen; d) la creación de archivos con los resultados de los análisis de ADN (perfiles de ADN) realizados a los autores de algún delito, o sobre las muestras o vestigios biológicos obtenidos en la escena del crimen, para lo cual contamos ya con la Ley Orgánica 10/2007, la cual es objeto de minucioso y crítico estudio. Por otro lado, aunque nos encontramos ante una obra que pretende resolver problemas de notable complejidad de naturaleza esencialmente procesal, también se ofrecen consideraciones de Derecho penal sustantivo de enorme trascendencia práctica, tales como la eventual aplicación del delito de desobediencia ante una negativa infundada del sujeto requerido a permitir la toma de una muestra biológica a fin de poder obtener su perfil genético, cuestión sobre la que la doctrina aún no se ha pronunciado claramente.
Cada vez es menos infrecuente que ante nuestros tribunales se susciten litigios que enfrenten a particulares con Estados extranjeros. Y, siempre que se plantea alguna controversia de este tipo, aparece en el debate procesal el término «inmunidad», al tiempo que surgen dudas acerca de su ámbito y su eficacia, que se suelen responder acudiendo a tópicos y expresiones muy genéricas, como la distinción entre actos de imperio y actos de gestión, cuyo auténtico contenido jurídico a menudo no se conoce con detalle. El presente trabajo analiza esta cuestión, desde la perspectiva del justiciable que pretende obtener tutela judicial frente a un Estado extranjero. A tal fin, se estudia en primer término la inmunidad de jurisdicción de los Estados: su ámbito objetivo y subjetivo, su eficacia, la posibilidad de renunciar a ella y el tratamiento procesal que merece, así como las especialidades que reviste un proceso declarativo frente a un Estado extranjero, en los casos en que resulte procedente su desarrollo. La atención recae, posteriormente, en la inmunidad frente a medidas coercitivas, que engloba la tradicional inmunidad de ejecución, pero cuyo ámbito de aplicación es más amplio, pues también incide sobre las medidas cautelares y, en parte, sobre la actividad probatoria. A la luz de los resultados anteriores, se dedica la última parte del libro a estudiar la incidencia de las inmunidades procesales de los Estados extranjeros sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y se abordan las posibles alternativas o mecanismos compensatorios a disposición de los justiciables.
Una medida que supone el sometimiento de determinados bienes y derechos al control judicial en el seno de un proceso. Este estudio recoge una completa visión del funcionamiento práctico de esta figura jurídica con un análisis pormenorizado de los supuestos de aplicación y las diferentes normas aplicables, ofreciendo un marco de referencia tanto para la actuación del administrador como para el resto de operadores jurídicos, dando solución a la gran cantidad de cuestiones que se suscitan en su desarrollo. Se contempla tanto como medida de ejecución como de prevención o garantía, siendo destacable su utilidad en la satisfacción de una condena dineraria o como medio de investigación, y todo ello desde los ámbitos civil, penal y laboral. Por último, se recoge una recopilación de las funciones más importantes, exponiéndose de forma exhaustiva todo lo referente al estatuto jurídico del administrador judicial. Se trata, en definitiva, de una visión comparativa de conjunto que permite concluir la conveniencia de dotar a esta figura jurídica de un tratamiento legal único, independientemente del orden jurisdiccional de que se trate.
La presente Monografía aborda los problemas, sin duda complejos y de gran actualidad, que plantea el interrogatorio de la persona inculpada de un delito, así como las interesantísimas cuestiones relativas a la confesión del imputado. Se abordan, en esta obra, temas tales como la psicología de la confesión y los métodos existentes para provocar dicha confesión en una persona detenida e interrogada en relación con un delito, así como su contradicción con los principios que rigen, en la actualidad, el marco del sistema procesal penal español. En armonía con los principios constitucionales vigentes en nuestro país, la autora se enfrenta a un tema de impactante actualidad: la forma, el modo de realizar el interrogatorio, cuestión ésta crucial para los funcionarios de la Policía Judicial, los Fiscales, Abogados de las partes implicadas y, muy especialmente, los Jueces de Instrucción (a quienes está dedicado el libro). La autora, que, en sus inicios profesionales, fue Abogada penalista, defiende, en esta obra, la idea de la necesidad de realizar, en cada caso concreto que se presente, un interrogatorio adecuado, con las preguntas oportunas que sean decisivas para el esclarecimiento de los hechos, cuestión ésta que es clave a la hora de la investigación de la verdad real, única verdad a la que debe responder el proceso penal. Para ello, se ofrecen unas directrices que serán muy eficaces para los interrogadores. Temas como la psicología del imputado (inculpado), la forma de hacer el interrogatorio y de contestar a las preguntas, se proponen en este libro como verdaderamente decisivos a la hora de instruir las causas penales. . Colectivo al que va dirigido la obra: Abogados en ejercicio (especialmente penalistas), Funcionarios de la Policía, Fiscales y Jueces de Instrucción. También interesará a los investigadores del Derecho Procesal penal, así como a los opositores a la Carrera Judicial.
La obra "Tratado de Derecho Administrativo" constituye una obra que, de forma exhaustiva y horizontal, abarca todo el Derecho Administrativo, reuniendo toda la información necesaria para la actividad profesional. Toma distancia sobre la volatilidad de la reforma legislativa para configurar un cuerpo teórico diseñado para perdurar más allá de la modificación legislativa, y se presenta como la obra de fondo de la biblioteca de su despacho y, por lo tanto, como un elemento necesario para, no ya el desarrollo, si no la mera subsistencia de su propio negocio. El tratamiento de cada materia se ha realizado con la exhaustividad precisa, sin añadidos superfluos que desvíen tiempo del lector de la consulta precisa de la materia administrativa objeto de su interés. Se ha perseguido que las distintas materias que incluye la obra lleguen a guardar una coherencia entre sí, procurando que pueda identificar el lector una misma ratio conceptual en las distintas fases de la obra. La obra se presenta estructurada en seis tomos repartidos en ocho volúmenes, que se corresponden con cada una de las áreas de práctica del Derecho Administrativo, y va destinada a un público profesional, alejándose, por lo tanto, de otros Tratados de Derecho Administrativo destinados al estudiante. Pretende servir esta obra de referencia para los estudiosos del Derecho, tanto en lo teórico como en lo práctico o profesional. En esta tarea, ha sido importante evitar posibles duplicidades de contenidos entre unos y otros tomos, y la solución para ello no ha podido ser otra que la de hacer las pertinentes remisiones de una partes a otras. En este sentido, el primer tomo, al versar sobre materias generales, realiza una presentación de los temas que aborda y cuya concreción o desarrollo se consigue en otras partes de este mismo trabajo. Sumario TOMO I: Parte General Concepto de Derecho Administrativo Procedimiento Actuaciones Sanciones Responsabilidad Función Pública TOMO II: Derecho Administrativo Europeo El Derecho Común Europeo. Cauces para su realización Medio Ambiente. Responsabilidad Administrativa. Contratación. Servicios Públicos. Funcionarios. Procedimientos Administrativos. Los Parlamentos Nacionales y el Derecho Europeo Fondos Estructurales Derecho Administrativo de las Instituciones Europeas Sanciones y Derecho de la Competencia TOMO III: Contencioso-administrativo Volumen I: La Concepción Subjetiva La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Entes de Derecho Privado Levantamiento del Velo Actos de Gobierno Delimitación entre Jurisdicciones Cuestiones Prejudiciales Las Partes, en Especial Representación y Legitimación Volumen II: Las Pretensiones y la Inactividad La Acumulación y Cuantía El Procedimiento. La Admisión del Recurso. La demanda. Todas sus Fases El Contencioso Interadministrativo Procedimiento Abreviado Sentencias y su Ejecución Recursos y Procedimientos Especiales Medidas Cautelares Plazos y Costas TOMO IV: Contratos Las Directivas Europeas La Adjudicación del Contrato La Jurisprudencia Aplicable La Doctrina del Contrato Administrativo. Tendencias de Derecho Comparado Los Recursos Procesales Los Sectores Especiales TOMO V: Urbanismo Volumen I: La Ordenación del Territorio Sistema de Fuentes del Urbanismo Suelo Planeamiento Gestión Urbanística Los Nuevos Contratos Urbanísticos El Agente Urbanizador. El Agente Rehabilitador y Edificador Volumen II: El Patrimonio Municipal Licencias y Disciplina Convenios Urbanísticos Medio Ambiente Reparcelaciones y sus Problemas Derechos de Tanteo Gestión Territorial Práctica Procesal TOMO VI: Derecho Administrativo Económico Los Servicios o Mercados de Interés General Privatización Liberalización Regulación Derecho de la Competencia Contratación Servicio Público Telecomunicaciones, Audiovisual y Postal Sectores Energéticos Transportes.
En esta obra se han estudiado pormenorizadamente los preceptos que componen los Libros I y II de la LEC, destacando aquellos que han dado lugar a dudas de interpretación o aplicación. Los autores realizan un análisis crítico de la jurisprudencia recaída sobre las cuestiones controvertidas, tanto de las Audiencias Provinciales como de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Se trata de una aportación científica comprensiva de cada uno de los trámites e instituciones de los procesos civiles de declaración. Pero los autores no se detienen en un mero análisis de los preceptos, sino que formulan propuestas de reformas concretas en el articulado cuando así se ha considerado necesario, bien para corregir una jurisprudencia que se ha entendido equivocada, bien para aclarar aspectos que no están siendo objeto de una uniforme actuación por los tribunales.
Aunque en el proceso penal, la fase de juicio oral constituye el núcleo central que fundamenta la eventual sentencia que se dicte, la fase de instrucción se configura como un elemento clave que, a la postre, determinará el adecuado desarrollo del principio de tutela judicial efectiva y de un proceso con todas las garantías. Esta es la razón por la que adquiere una especial importancia el análisis de las cuestiones tradicionales que se han venido planteando en la regulación de la instrucción penal, con especial consideración de aquellos que cobran una singular vigencia debido a la evolución actual de la criminalidad. En este sentido, se exige en la actualidad la previsión de instrumentos precisos para la adecuada persecución de los delitos, manteniendo en todo casi un adecuado equilibrio entre el principio de eficacia en la persecución de delitos y el necesario respeto de los derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en la Constitución. Con estas premisas como base, el autor efectúa un análisis completo, riguroso y pormenorizado sobre el desarrollo de esta fase del proceso penal, con el objetivo de ofrecer una visión completa y actualizada sobre los principales problemas que se plantean en la misma.
La monografía titulada ?La protección de testigos en el proceso penal? consiste en un estudio sistemático de las medidas que cabe adoptar en nuestro Ordenamiento para la tutela de los que han de intervenir como testigos en una causa criminal. Estas medidas se contienen principalmente en la específica Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, que dispone un conjunto de medidas tuitivas para el testigo, algunas de las cuales -como el testimonio anónimo y el testimonio oculto- con clara repercusión en las posibilidades defensivas del encausado. En este sentido, por un lado, se analizan con detalle el alcance del anonimato del testigo conforme a nuestras normas y su compatibilidad con el derecho de defensa, a la luz de la jurisprudencia propia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y por otro lado, se expone cómo lograr que el testigo declare sin ser visto con normalidad por el acusado, de forma respetuosa con las garantías de este último, examinando, a su vez, la validez de las declaraciones realizadas en su ausencia, o a distancia, a través de medios técnicos. Junto a este tipo de medidas, nuestra Ley recoge otras que no influyen en los derechos procesales de las partes y que, con marcado carácter policial, se orientan a la seguridad de los testigos y sus allegados, también con vistas a cuando finalice el proceso. Entre estas últimas y para casos excepcionales, se encuentran el cambio de identidad y de domicilio o lugar de trabajo del testigo, que suelen formar parte de los programas de protección de testigos, en los Estados que cuentan con ellos; en esta obra también se estudian las referidas medidas extraordinarias, así como las características fundamentales de los programas de protección, de cara a una reforma y ampliación de nuestras normas. Tras exponer las diferentes medidas protectoras y los problemas que plantean, se describe el tratamiento procesal para su adopción o alzamiento, y lo relativo a la valoración probatoria de las declaraciones de las personas sujetas a las mismas. Por último, se incide en la especial exigencia de tutela que presentan los menores de edad cuando actúan como testigos, valorando qué medidas les son aplicables y cómo puede hacerse menos gravosa su colaboración con la Justicia. El libro termina con una serie de conclusiones y propuestas sobre la materia.