La tipificación del delito de dopaje deportivo en nuestro país nace lastrada por una fuerte presunción: la utilización simbólica del derecho penal. Pero la política criminal enseña que el camino de la utilización simbólica del derecho penal es normalmente un camino sin retorno. La misma función promocional del derecho penal encierra una lógica perversa, pues retroalimenta permanentemente la percepción de que la regulación penal se ha quedado corta a la vista de la «importancia» de los valores a proteger promocionados. No obstante, su análisis permitirá ofrecer respuestas a los múltiples problemas interpretativos y aplicativos suscitados: cuál es el bien jurídico protegido; quién puede ser sujeto activo del delito; quién sujeto pasivo; qué sustancias o métodos prohibidos pueden corresponderse con el objeto material del delito; qué problemas concursales se dan, cómo se resuelven las formas de participación, qué penalidad existe, etc. También se propondrán soluciones para una más coherente política-criminal en este ámbito, pretendiendo evitar una descomunal e hiperbólica interpretación del tipo. Los resultados de una interpretación teleológica restrictiva, como la que se propondrá en este trabajo, no han de verse como legitimación de un precepto, son simplemente la consecuencia obligada de una interpretación anudada al bien jurídico tutelado y complementada con criterios interpretativos lógicos, sistemáticos y contextuales.
La sustracción parental de menores representa un tema de reciente actualidad, con algunos casos que han alcanzado gran repercusión mediática, aumentando sobre todo en el aspecto internacional?lo que se ha denominado como legal kidnapping o secuestro parental?, causado principalmente por el aumento de matrimonios mixtos y las frecuentes rupturas de pareja, suscitando conflictos culturales entre un deber jurídico y un deber moral, en la que los progenitores ?se toman la justicia por su mano?, incumpliendo una resolución judicial o administrativa. De ahí cabe inferir que la sustracción parental de menores sea un fenómeno de enorme complejidad jurídica, dado que en su regulación nacional e internacional se ven afectadas dos jurisdicciones, la civil y la penal, con procedimientos propios en función de cada caso concreto. En el ámbito penal, el Código Penal de 1995 suprimió como delito con sustantividad propia, la sustracción de menores de siete años, y agravó, en cambio, el marco punitivo para los delitos de detención ilegal o secuestro cuando la víctima fuera menor de edad o incapaz. Sin embargo, existía una laguna de punibilidad para los casos en que la conducta de sustracción o de negativa a restituir al menor fuere ejecutada por uno de sus progenitores, cuando las facultades inherentes a la custodia del menor han sido atribuidas legalmente al otro progenitor o a alguna persona o institución en interés del menor. Con relación a esta cuestión se planteó un amplio debate doctrinal sobre la conveniencia político-criminal de sancionar estos conflictos familiares, soslayado por el legislador penal a través de la LO 9/2002 , redactando el artículo 225 bis CP, previendo una respuesta penal clara, distinta del delito de desobediencia genérico, para aquellos supuestos donde quien verifica la conducta de sustracción o de negativa a restituir al menor es uno de los progenitores, cuando las facultades inherentes a la custodia del menor han sido atribuidas legalmente al otro. El presente trabajo aborda el estudio de las cuestiones dogmáticas más relevantes que el delito de sustracción parental de menores suscita, tales como la delimitación del bien jurídico protegido, la conducta típica, la cualidad del sujeto activo, la posibilidad del delito continuado y, los problemas concursales, entre otras; completando este análisis con los pronunciamientos judiciales más recientes, particularmente de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo. Antonia Monge Fernández. Profesora Titular de Derecho Penal. Universidad de Sevilla (España). Sevilla, 1970. Licenciada en Derecho (Universidad de Sevilla), 1993; Doctora en Derecho (USE), 1998. Becaria del Programa FPI (Ministerio de Educación y Ciencia) 1994-98. Becaria postdoctoral del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) (2002, 2007, 2009) Universidad de Múnich; Becaria del Programa José Castillejo, Ministerio de Educación (JC 2008-00254), febrero-julio 2009. Becaria del Programa Salvador de Madariaga (Ministerio de Educación y Ciencia) (Ref. 2007-0049), Universidad de Múnich, 2007; agosto-octubre 2009 (Ref.PR 2009-0251) Universidad de Múnich, 2009; Becaria del Programa Salvador de Madariaga (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) (julio-septiembre 2016) (PRX 16/00345), Universidad de Múnich Es autora de más de 10 monografías y de innumerables artículos, comentarios de sentencia y capítulos de obras colectivas.
En España, el internamiento ha estado presente en todas las normas desde la creación de la jurisdicción especial para niños en 1918 y tiene un importante papel en la vigente legislación, que parte de las normas de derecho internacional, con particular atención a la Convención de los Derechos del Niño de 1989, cuyos derechos, así como los reconocidos en todas las normas sobre protección de menores contenidas en los tratados celebrados por España, reconoce a todas aquellas personas a las que sea de aplicación. Esa declaración, que dice poner la norma dentro de los estándares internacionales, está en la base de esta obra, donde se pretende analizar la privación de libertad de menores en España desde la óptica de los estándares internacionales. No se trata de un trabajo histórico, aunque sea necesario conocer cómo se ha gestado el actual sistema de responsabilidad penal de menores. Tampoco se pretende analizar la norma en toda su extensión, ni los fundamentos de la responsabilidad penal de los menores. Ni tan siquiera se plantea llevar a cabo un análisis integral de la privación de libertad en nuestro sistema. La pretensión es más limitada, buscando conocer cómo se configura la privación de libertad en nuestra norma y cómo se aplica por los Jueces de Menores, para, a partir de su conocimiento, poder concluir si la LO 5/2000 y la aplicación que de la misma se viene haciendo son conformes a lo demandado por los estándares internacionales. El trabajo se compone de cinco capítulos en los que, partiendo del tratamiento de la minoría de edad penal en España desde el primer Código Penal hasta el momento actual, permite llegar a elaborar algunas propuestas de modificación de la LO 5/2000. Para ello, después de un repaso histórico desde la codificación hasta nuestros días, se ha llevado a cabo un análisis de los textos emanados de los organismos internacionales, extrayendo los estándares en ellos recogidos, y se ha llevado a cabo un doble análisis de la realidad española: su norma y su aplicación.
En este nuevo volumen de la serie ?Códigos con Jurisprudencia?, se nos ofrece un exhaustivo análisis de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, bajo el prisma de la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales. Además, en un Código de este tipo no podía faltar la doctrina de la Fiscalía General del Estado, dada la posición central que el Ministerio Público tiene en la LORPM. La unidad de actuación característica del Ministerio Fiscal resulta especialmente relevante en una materia que, como la reforma de los menores de edad, carece de una jurisprudencia uniforme, toda vez que el recurso de casación previsto en la LORPM aparece configurado en unos términos tan restrictivos que las sentencias del Tribunal Supremo en esta materia son escasas y excepcionales; a ello hay que añadir la dispersión -cuando no contradicción- en los pronunciamientos de las distintas Audiencias Provinciales, así como el hecho, inédito en otras jurisdicciones, de que la ejecución de las medidas sancionadoras de menores es competencia de las Comunidades Autónomas. De ahí el acierto de incluir en este Código la doctrina unitaria emanada de las Instrucciones, Circulares y Consultas del Fiscal General del Estado. La utilidad del presente Código se ve reforzada por la incorporación de dos fuentes doctrinales de primerísimo interés: los Acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo relacionados con la jurisdicción de menores, y los Dictámenes de la Fiscal de Sala-Coordinadora de Menores, que se ocupan de dar respuesta detallada a los numerosos problemas que la praxis cotidiana genera en las secciones de menores de las distintas Fiscalías.
EI presente trabajo trata de aproximar la atención al menor desde diferentes enfoques. las prácticas basadas en la evidencia constituyen experiencias contrastadas, válidas y novedosas para afrontar los riesgos que envuelven el espacio global. Este ha sido nuestro punto de referencia: partir de la práctica para atender las necesidades. la obra se divide en tres partes bien definidas; la primera que introduce un marco general de atención, la segunda que contextualiza y reflexiona sobre los principales sistemas y políticas públicas de atención al menor -prevención, protección y reeducación- y la tercera, en la que se presentan intervenciones especializadas -drogas,trastornos del comportamiento y violencia intra y extra familiar- . Constituye un material de especial relevancia elaborado por expertos de reconocido prestigio en el trabajo con menores, adolescentes y jóvenes.
El Derecho penal se ha ido adaptando a lo largo de los siglos a la evolución del comportamiento de los jóvenes delincuentes y de la sociedad en general con el fin de mantener el orden público. Hemos considerado examinar en la presente obra jurídica el Derecho penal de menores de cinco ordenamientos jurídicos diferentes: el de España, el de Estados Unidos, el de Francia, el de Chile y, por último, el de Inglaterra y Gales, uno de los tres subsistemas jurídicos que componen el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Partimos de la premisa de que el Derecho penal de menores de estos Estados se encuentra notablemente influenciado por la vigencia del denominado Derecho penal internacional de menores, es decir, por las normas emanadas de organizaciones internacionales en esta materia, las cuales han terminado siendo incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos de los distintos Estados. El análisis del sistema político, de los principios constitucionales en materia penal y del Derecho penal general de estos cinco Estados presenta, evidentemente, un carácter propedéutico e introductorio, que se justifica en la necesidad de conocer tales ordenamientos jurídicos a fin de mejor comprender y aprehender la esencia de los respectivos Derechos penales de menores.
El presente trabajo, realizado por el autor en colaboración con la Unidad de Estadística de la Universidad de Oviedo, aparece constituido por el análisis criminológico, jurídico y estadístico de los casi 1.000 feminicidios de género que han tenido lugar en nuestro país en el periodo 2000-2015. Con el mismo se pretende contribuir a dar respuesta a una serie de preguntas, y exponer una serie de reflexiones con el objeto de alcanzar una mejora de las medidas que tienen por objeto reducir el número de muertes violentas de mujeres a manos de su pareja o ex pareja. El análisis de estos datos permite constatar cómo en los supuestos más graves, aquellos en los que el modelo de dominio y control del varón sobre la mujer alcanza sus mayores cotas, y en los que la mujer está sometida a un muy elevado riesgo de sufrir una agresión mortal, las medidas penales y procesales previstas (básicamente el alejamiento y control del agresor) revisten escasa utilidad. El trabajo estadístico y su valoración se completa con una selección de sentencias relativas a la materia y un breve análisis legislativo, referido a las novedades introducidas por la reforma 1/2015, de 30 de marzo por la que se modificó el Código Penal.
Se trata de una obra novedosa que permite actualizar los conocimientos, teóricos y prácticos, sobre la Victimología, disciplina científica que aborda, de forma integrada e interdisciplinar, los diversos procesos de victimización y recuperación o reparación. La obra se detiene en el cumplimiento, en diferentes ámbitos, de las obligaciones derivadas de la Directiva 2012/29/UE respecto de la formación profesional, coordinación, conocimiento y sensibilización sobre los derechos y necesidades de las víctimas de los delitos, entre los que se incluye un trato digno. Centrándose en aspectos generales (historia, ética, normativa internacional, europea e interna y valoración del daño), permite también una especialización en casuísticas concretas (terrorismo, violencia política, violencia de género, trata de personas, delitos sexuales, menores víctimas, etcétera).
Esta guía anticorrupción está ideada para personas legas en Derecho, con la pretensión de convertirse en un instrumento disuasorio de los comportamientos deshonestos de quienes se dedican a la función pública o a la representación institucional. Su lectura te permitirá identificar y comprender mejor cómo se perpetran los cinco delitos de corrupción más conocidos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documento público y malversación. Ya en el año 149 a.C. los romanos promulgaron la primera normativa anticorrupción, se conoce como Lex Calpurnia; pensaron que las leyes acabarían con la impunidad de los corruptos y también se equivocaron. Precisamente, ante esa evidencia, si te indigna la corrupción, esta guía puede ayudar a transformarte en una activista más eficiente en la exigencia de la honestidad pública.
La protección jurídica de los derechos de la infancia ha recorrido un largo camino histórico, a lo largo del cual se han ido configurando las normas encaminadas a regular y a garantizar su protección. Y aunque pudiera pensarse que en el siglo XXI los derechos de la infancia están plenamente afianzados a nivel mundial, su reconocimiento es algo relativamente reciente y no plenamente asentado, lo que no ha impedido que el marco internacional haya cobrado una influencia determinante en la formación y evolución de los sistemas de justicia juvenil en los distintos Estados. Desde la base de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 de Naciones Unidas se ha ido abordando la creación de un marco global en relación a la delincuencia de menores, que ha quedado plasmado en distintos instrumentos. La presente obra es un diccionario internacional porque recoge las definiciones y significados atribuidos a los términos y expresiones en diversos textos emanados de distintos organismos internacionales, a los que se han sumado los recogidos en otras publicaciones que desde otros foros se han elaborado o promocionado. Es un diccionario de justicia juvenil porque los textos seleccionados, así como los términos y expresiones elegidos, versan sobre justicia juvenil o son aplicables al campo de los menores en conflicto con la ley. La obra, además de permitir conocer cómo y dónde han sido definidos o descritos determinados conceptos, permite también identificar cómo algunos de estos términos y expresiones pueden tener significados no idénticos según el contexto en el que se estén utilizando, y cómo algunos, a pesar de la identidad terminológica, no se corresponden con el significado que se les otorga en la legislación nacional. El Diccionario no se queda en el significado de términos o expresiones recogidos en los textos analizados, sino que además aporta información de los mismos y de los organismos de donde proceden.
La tipificación del delito de dopaje deportivo en nuestro país nace lastrada por una fuerte presunción: la utilización simbólica del derecho penal. Pero la política criminal enseña que el camino de la utilización simbólica del derecho penal es normalmente un camino sin retorno. La misma función promocional del derecho penal encierra una lógica perversa, pues retroalimenta permanentemente la percepción de que la regulación penal se ha quedado corta a la vista de la «importancia» de los valores a proteger promocionados. No obstante, su análisis permitirá ofrecer respuestas a los múltiples problemas interpretativos y aplicativos suscitados: cuál es el bien jurídico protegido; quién puede ser sujeto activo del delito; quién sujeto pasivo; qué sustancias o métodos prohibidos pueden corresponderse con el objeto material del delito; qué problemas concursales se dan, cómo se resuelven las formas de participación, qué penalidad existe, etc. También se propondrán soluciones para una más coherente política-criminal en este ámbito, pretendiendo evitar una descomunal e hiperbólica interpretación del tipo. Los resultados de una interpretación teleológica restrictiva, como la que se propondrá en este trabajo, no han de verse como legitimación de un precepto, son simplemente la consecuencia obligada de una interpretación anudada al bien jurídico tutelado y complementada con criterios interpretativos lógicos, sistemáticos y contextuales.
La sustracción parental de menores representa un tema de reciente actualidad, con algunos casos que han alcanzado gran repercusión mediática, aumentando sobre todo en el aspecto internacional?lo que se ha denominado como legal kidnapping o secuestro parental?, causado principalmente por el aumento de matrimonios mixtos y las frecuentes rupturas de pareja, suscitando conflictos culturales entre un deber jurídico y un deber moral, en la que los progenitores ?se toman la justicia por su mano?, incumpliendo una resolución judicial o administrativa. De ahí cabe inferir que la sustracción parental de menores sea un fenómeno de enorme complejidad jurídica, dado que en su regulación nacional e internacional se ven afectadas dos jurisdicciones, la civil y la penal, con procedimientos propios en función de cada caso concreto. En el ámbito penal, el Código Penal de 1995 suprimió como delito con sustantividad propia, la sustracción de menores de siete años, y agravó, en cambio, el marco punitivo para los delitos de detención ilegal o secuestro cuando la víctima fuera menor de edad o incapaz. Sin embargo, existía una laguna de punibilidad para los casos en que la conducta de sustracción o de negativa a restituir al menor fuere ejecutada por uno de sus progenitores, cuando las facultades inherentes a la custodia del menor han sido atribuidas legalmente al otro progenitor o a alguna persona o institución en interés del menor. Con relación a esta cuestión se planteó un amplio debate doctrinal sobre la conveniencia político-criminal de sancionar estos conflictos familiares, soslayado por el legislador penal a través de la LO 9/2002 , redactando el artículo 225 bis CP, previendo una respuesta penal clara, distinta del delito de desobediencia genérico, para aquellos supuestos donde quien verifica la conducta de sustracción o de negativa a restituir al menor es uno de los progenitores, cuando las facultades inherentes a la custodia del menor han sido atribuidas legalmente al otro. El presente trabajo aborda el estudio de las cuestiones dogmáticas más relevantes que el delito de sustracción parental de menores suscita, tales como la delimitación del bien jurídico protegido, la conducta típica, la cualidad del sujeto activo, la posibilidad del delito continuado y, los problemas concursales, entre otras; completando este análisis con los pronunciamientos judiciales más recientes, particularmente de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo. Antonia Monge Fernández. Profesora Titular de Derecho Penal. Universidad de Sevilla (España). Sevilla, 1970. Licenciada en Derecho (Universidad de Sevilla), 1993; Doctora en Derecho (USE), 1998. Becaria del Programa FPI (Ministerio de Educación y Ciencia) 1994-98. Becaria postdoctoral del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) (2002, 2007, 2009) Universidad de Múnich; Becaria del Programa José Castillejo, Ministerio de Educación (JC 2008-00254), febrero-julio 2009. Becaria del Programa Salvador de Madariaga (Ministerio de Educación y Ciencia) (Ref. 2007-0049), Universidad de Múnich, 2007; agosto-octubre 2009 (Ref.PR 2009-0251) Universidad de Múnich, 2009; Becaria del Programa Salvador de Madariaga (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) (julio-septiembre 2016) (PRX 16/00345), Universidad de Múnich Es autora de más de 10 monografías y de innumerables artículos, comentarios de sentencia y capítulos de obras colectivas.
En España, el internamiento ha estado presente en todas las normas desde la creación de la jurisdicción especial para niños en 1918 y tiene un importante papel en la vigente legislación, que parte de las normas de derecho internacional, con particular atención a la Convención de los Derechos del Niño de 1989, cuyos derechos, así como los reconocidos en todas las normas sobre protección de menores contenidas en los tratados celebrados por España, reconoce a todas aquellas personas a las que sea de aplicación. Esa declaración, que dice poner la norma dentro de los estándares internacionales, está en la base de esta obra, donde se pretende analizar la privación de libertad de menores en España desde la óptica de los estándares internacionales. No se trata de un trabajo histórico, aunque sea necesario conocer cómo se ha gestado el actual sistema de responsabilidad penal de menores. Tampoco se pretende analizar la norma en toda su extensión, ni los fundamentos de la responsabilidad penal de los menores. Ni tan siquiera se plantea llevar a cabo un análisis integral de la privación de libertad en nuestro sistema. La pretensión es más limitada, buscando conocer cómo se configura la privación de libertad en nuestra norma y cómo se aplica por los Jueces de Menores, para, a partir de su conocimiento, poder concluir si la LO 5/2000 y la aplicación que de la misma se viene haciendo son conformes a lo demandado por los estándares internacionales. El trabajo se compone de cinco capítulos en los que, partiendo del tratamiento de la minoría de edad penal en España desde el primer Código Penal hasta el momento actual, permite llegar a elaborar algunas propuestas de modificación de la LO 5/2000. Para ello, después de un repaso histórico desde la codificación hasta nuestros días, se ha llevado a cabo un análisis de los textos emanados de los organismos internacionales, extrayendo los estándares en ellos recogidos, y se ha llevado a cabo un doble análisis de la realidad española: su norma y su aplicación.
En este nuevo volumen de la serie ?Códigos con Jurisprudencia?, se nos ofrece un exhaustivo análisis de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, bajo el prisma de la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales. Además, en un Código de este tipo no podía faltar la doctrina de la Fiscalía General del Estado, dada la posición central que el Ministerio Público tiene en la LORPM. La unidad de actuación característica del Ministerio Fiscal resulta especialmente relevante en una materia que, como la reforma de los menores de edad, carece de una jurisprudencia uniforme, toda vez que el recurso de casación previsto en la LORPM aparece configurado en unos términos tan restrictivos que las sentencias del Tribunal Supremo en esta materia son escasas y excepcionales; a ello hay que añadir la dispersión -cuando no contradicción- en los pronunciamientos de las distintas Audiencias Provinciales, así como el hecho, inédito en otras jurisdicciones, de que la ejecución de las medidas sancionadoras de menores es competencia de las Comunidades Autónomas. De ahí el acierto de incluir en este Código la doctrina unitaria emanada de las Instrucciones, Circulares y Consultas del Fiscal General del Estado. La utilidad del presente Código se ve reforzada por la incorporación de dos fuentes doctrinales de primerísimo interés: los Acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo relacionados con la jurisdicción de menores, y los Dictámenes de la Fiscal de Sala-Coordinadora de Menores, que se ocupan de dar respuesta detallada a los numerosos problemas que la praxis cotidiana genera en las secciones de menores de las distintas Fiscalías.
EI presente trabajo trata de aproximar la atención al menor desde diferentes enfoques. las prácticas basadas en la evidencia constituyen experiencias contrastadas, válidas y novedosas para afrontar los riesgos que envuelven el espacio global. Este ha sido nuestro punto de referencia: partir de la práctica para atender las necesidades. la obra se divide en tres partes bien definidas; la primera que introduce un marco general de atención, la segunda que contextualiza y reflexiona sobre los principales sistemas y políticas públicas de atención al menor -prevención, protección y reeducación- y la tercera, en la que se presentan intervenciones especializadas -drogas,trastornos del comportamiento y violencia intra y extra familiar- . Constituye un material de especial relevancia elaborado por expertos de reconocido prestigio en el trabajo con menores, adolescentes y jóvenes.
El Derecho penal se ha ido adaptando a lo largo de los siglos a la evolución del comportamiento de los jóvenes delincuentes y de la sociedad en general con el fin de mantener el orden público. Hemos considerado examinar en la presente obra jurídica el Derecho penal de menores de cinco ordenamientos jurídicos diferentes: el de España, el de Estados Unidos, el de Francia, el de Chile y, por último, el de Inglaterra y Gales, uno de los tres subsistemas jurídicos que componen el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Partimos de la premisa de que el Derecho penal de menores de estos Estados se encuentra notablemente influenciado por la vigencia del denominado Derecho penal internacional de menores, es decir, por las normas emanadas de organizaciones internacionales en esta materia, las cuales han terminado siendo incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos de los distintos Estados. El análisis del sistema político, de los principios constitucionales en materia penal y del Derecho penal general de estos cinco Estados presenta, evidentemente, un carácter propedéutico e introductorio, que se justifica en la necesidad de conocer tales ordenamientos jurídicos a fin de mejor comprender y aprehender la esencia de los respectivos Derechos penales de menores.
El presente trabajo, realizado por el autor en colaboración con la Unidad de Estadística de la Universidad de Oviedo, aparece constituido por el análisis criminológico, jurídico y estadístico de los casi 1.000 feminicidios de género que han tenido lugar en nuestro país en el periodo 2000-2015. Con el mismo se pretende contribuir a dar respuesta a una serie de preguntas, y exponer una serie de reflexiones con el objeto de alcanzar una mejora de las medidas que tienen por objeto reducir el número de muertes violentas de mujeres a manos de su pareja o ex pareja. El análisis de estos datos permite constatar cómo en los supuestos más graves, aquellos en los que el modelo de dominio y control del varón sobre la mujer alcanza sus mayores cotas, y en los que la mujer está sometida a un muy elevado riesgo de sufrir una agresión mortal, las medidas penales y procesales previstas (básicamente el alejamiento y control del agresor) revisten escasa utilidad. El trabajo estadístico y su valoración se completa con una selección de sentencias relativas a la materia y un breve análisis legislativo, referido a las novedades introducidas por la reforma 1/2015, de 30 de marzo por la que se modificó el Código Penal.
Se trata de una obra novedosa que permite actualizar los conocimientos, teóricos y prácticos, sobre la Victimología, disciplina científica que aborda, de forma integrada e interdisciplinar, los diversos procesos de victimización y recuperación o reparación. La obra se detiene en el cumplimiento, en diferentes ámbitos, de las obligaciones derivadas de la Directiva 2012/29/UE respecto de la formación profesional, coordinación, conocimiento y sensibilización sobre los derechos y necesidades de las víctimas de los delitos, entre los que se incluye un trato digno. Centrándose en aspectos generales (historia, ética, normativa internacional, europea e interna y valoración del daño), permite también una especialización en casuísticas concretas (terrorismo, violencia política, violencia de género, trata de personas, delitos sexuales, menores víctimas, etcétera).
Esta guía anticorrupción está ideada para personas legas en Derecho, con la pretensión de convertirse en un instrumento disuasorio de los comportamientos deshonestos de quienes se dedican a la función pública o a la representación institucional. Su lectura te permitirá identificar y comprender mejor cómo se perpetran los cinco delitos de corrupción más conocidos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documento público y malversación. Ya en el año 149 a.C. los romanos promulgaron la primera normativa anticorrupción, se conoce como Lex Calpurnia; pensaron que las leyes acabarían con la impunidad de los corruptos y también se equivocaron. Precisamente, ante esa evidencia, si te indigna la corrupción, esta guía puede ayudar a transformarte en una activista más eficiente en la exigencia de la honestidad pública.
La protección jurídica de los derechos de la infancia ha recorrido un largo camino histórico, a lo largo del cual se han ido configurando las normas encaminadas a regular y a garantizar su protección. Y aunque pudiera pensarse que en el siglo XXI los derechos de la infancia están plenamente afianzados a nivel mundial, su reconocimiento es algo relativamente reciente y no plenamente asentado, lo que no ha impedido que el marco internacional haya cobrado una influencia determinante en la formación y evolución de los sistemas de justicia juvenil en los distintos Estados. Desde la base de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 de Naciones Unidas se ha ido abordando la creación de un marco global en relación a la delincuencia de menores, que ha quedado plasmado en distintos instrumentos. La presente obra es un diccionario internacional porque recoge las definiciones y significados atribuidos a los términos y expresiones en diversos textos emanados de distintos organismos internacionales, a los que se han sumado los recogidos en otras publicaciones que desde otros foros se han elaborado o promocionado. Es un diccionario de justicia juvenil porque los textos seleccionados, así como los términos y expresiones elegidos, versan sobre justicia juvenil o son aplicables al campo de los menores en conflicto con la ley. La obra, además de permitir conocer cómo y dónde han sido definidos o descritos determinados conceptos, permite también identificar cómo algunos de estos términos y expresiones pueden tener significados no idénticos según el contexto en el que se estén utilizando, y cómo algunos, a pesar de la identidad terminológica, no se corresponden con el significado que se les otorga en la legislación nacional. El Diccionario no se queda en el significado de términos o expresiones recogidos en los textos analizados, sino que además aporta información de los mismos y de los organismos de donde proceden.
