El trabajo ha sido dividido en cuatro capítulos, de los cuales el Primero abarca el tipo contractual en el que aparecen insertas las claúsulas en estudio, en el Segundo capítulo se plantea un análisisdel contenido habitual de los préstamos bancarios al co
Los maltrechos accionistas y bonistas del Banco Popular, a quienes se prometía en mayo de 2016 una excepcional oportunidad de inversión con motivo de su ampliación de capital, en la que se jactaba de ser una de las mayores entidades financieras españolas, con un total de 147.925 millones de euros en activos, despertaron el 7 de junio de 2017 con la noticia de imposible digestión de la venta total del Banco por la simbólica cantidad de 1 euro. Con ello, se desplomaban sus ahorros. La entidad adquirente, Banco Santander, consciente, sin duda, del aluvión de demandas a las que tendría que enfrentarse por lo que, a todas luces, apuntaba ser un nuevo episodio de falaz información en la captación del ahorro de los pequeños accionistas, ha procurado paliar su impacto mediante la emisión de los llamados “bonos de fidelización”. Esta operación de contención jurídica, sin embargo, ni tenía como destinatarios a todos los posibles afectados ni ha satisfecho a muchos miles de clientes, que veían cómo se les aplicaban quitas desmesuradas. Finalizado el plazo para cualquier posible acuerdo judicial, EUGENIO RIBÓN, abogado con amplia experiencia en duelos bancarios y defensa del consumidor, nos presenta —siguiendo su estilo eminentemente práctico— un estudio completo en el que se analizan los antecedentes fácticos que llevaron a la debacle del Banco Popular, abordando con rigor los fundamentos sustantivos y la estrategia procesal para el éxito de la demanda y la recuperación de los ahorros de los accionistas. Asimismo, se anticipa a las posibles objeciones procesales que puedan plantearse, lo que hace que este trabajo sea un instrumento útil a lo largo de todo el proceso, desde su inicio hasta la ejecución de la sentencia. Superado el período inicial de presentación de las primeras demandas, contamos ya con un repertorio de resoluciones judiciales de media docena de Audiencias Provinciales que han confirmado la procedencia de la legítima recuperación de los importes invertidos por los afectados. Todas ellas, junto con los nuevos formularios adaptados, se incorporan en esta segunda edición, dando también respuesta ampliada a las objeciones formuladas por la entidad en sus contestaciones de demanda. Una obra imprescindible para el abogado del afectado por la caída del Banco Popular.
La Serie Mercantil de esta colección analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción, facilitando, además, el material necesario para su interposición: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. La presente obra aborda la infracción de las patentes químico-farmacéuticas en relación con la solicitud de medidas cautelares encaminadas a la prohibición y cesación de los actos presuntamente infractores, tratando así de evitar que se cause un perjuicio irreparable al titular de la patente mientras dure el procedimiento. Se trata de determinar qué medios de prueba pueden facilitar la acreditación de la apariencia de buen derecho, a fin de poder obtener la tutela jurisdiccional. Se analizan en detalle los criterios que aplican los tribunales en relación con los mencionados medios de prueba. Finalmente, se examina también la posibilidad de oposición a las medidas cautelares por parte del sujeto pasivo, para obligar al examen de la apariencia invocada por el actor frente al buen derecho (título) cuya exclusividad se discute.
La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo, ha introducido competencias adicionales de la junta general en materia de gestión societaria que, unidas a otras previstas en la normativa societaria y del mercado de valores, conforman facultades compartidas entre la junta general y el órgano de administración, desdibujando la tradicional distribución orgánica y matizando la exclusividad de las competencias de gestión y representación social de éste último órgano social. La autora analiza las competencias de la junta general en asuntos de gestión en Derecho español y comparado en los que ha sido determinante la doctrina de sus competencias implícitas y las vías de revitalización de dicho órgano social en el marco del gobierno corporativo. En este marco se aborda el ámbito de autonomía de los socios para modular estas potestades a través de los estatutos sociales, los derechos de minoría para instar dicha intervención, así como cada uno de los supuestos legales de atribución de competencia a la junta general en especial en el contexto de una OPA y en relación con operaciones sobre activos esenciales. Sobre este supuesto, se analizan los problemas interpretativos y su ámbito de aplicación, partiendo de los fines de política jurídica perseguidos con la norma. En todos los casos de atribución legal de competencias a la junta general, se abordan las consecuencias del incumplimiento, tanto en relación con la validez del negocio, como respecto de la protección de la sociedad, socios y terceros. Por último se incluye un estudio sobre los requisitos de los acuerdos de la junta general en relación con los distintos supuestos legales o estatutarios de intervención en asuntos de gestión y el cumplimiento de dichas competencias en situaciones especiales como la liquidación societaria o el concurso de acreedores.
El trabajo ha sido dividido en cuatro capítulos, de los cuales el Primero abarca el tipo contractual en el que aparecen insertas las claúsulas en estudio, en el Segundo capítulo se plantea un análisisdel contenido habitual de los préstamos bancarios al co
Los maltrechos accionistas y bonistas del Banco Popular, a quienes se prometía en mayo de 2016 una excepcional oportunidad de inversión con motivo de su ampliación de capital, en la que se jactaba de ser una de las mayores entidades financieras españolas, con un total de 147.925 millones de euros en activos, despertaron el 7 de junio de 2017 con la noticia de imposible digestión de la venta total del Banco por la simbólica cantidad de 1 euro. Con ello, se desplomaban sus ahorros. La entidad adquirente, Banco Santander, consciente, sin duda, del aluvión de demandas a las que tendría que enfrentarse por lo que, a todas luces, apuntaba ser un nuevo episodio de falaz información en la captación del ahorro de los pequeños accionistas, ha procurado paliar su impacto mediante la emisión de los llamados “bonos de fidelización”. Esta operación de contención jurídica, sin embargo, ni tenía como destinatarios a todos los posibles afectados ni ha satisfecho a muchos miles de clientes, que veían cómo se les aplicaban quitas desmesuradas. Finalizado el plazo para cualquier posible acuerdo judicial, EUGENIO RIBÓN, abogado con amplia experiencia en duelos bancarios y defensa del consumidor, nos presenta —siguiendo su estilo eminentemente práctico— un estudio completo en el que se analizan los antecedentes fácticos que llevaron a la debacle del Banco Popular, abordando con rigor los fundamentos sustantivos y la estrategia procesal para el éxito de la demanda y la recuperación de los ahorros de los accionistas. Asimismo, se anticipa a las posibles objeciones procesales que puedan plantearse, lo que hace que este trabajo sea un instrumento útil a lo largo de todo el proceso, desde su inicio hasta la ejecución de la sentencia. Superado el período inicial de presentación de las primeras demandas, contamos ya con un repertorio de resoluciones judiciales de media docena de Audiencias Provinciales que han confirmado la procedencia de la legítima recuperación de los importes invertidos por los afectados. Todas ellas, junto con los nuevos formularios adaptados, se incorporan en esta segunda edición, dando también respuesta ampliada a las objeciones formuladas por la entidad en sus contestaciones de demanda. Una obra imprescindible para el abogado del afectado por la caída del Banco Popular.
La Serie Mercantil de esta colección analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción, facilitando, además, el material necesario para su interposición: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. La presente obra aborda la infracción de las patentes químico-farmacéuticas en relación con la solicitud de medidas cautelares encaminadas a la prohibición y cesación de los actos presuntamente infractores, tratando así de evitar que se cause un perjuicio irreparable al titular de la patente mientras dure el procedimiento. Se trata de determinar qué medios de prueba pueden facilitar la acreditación de la apariencia de buen derecho, a fin de poder obtener la tutela jurisdiccional. Se analizan en detalle los criterios que aplican los tribunales en relación con los mencionados medios de prueba. Finalmente, se examina también la posibilidad de oposición a las medidas cautelares por parte del sujeto pasivo, para obligar al examen de la apariencia invocada por el actor frente al buen derecho (título) cuya exclusividad se discute.
La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo, ha introducido competencias adicionales de la junta general en materia de gestión societaria que, unidas a otras previstas en la normativa societaria y del mercado de valores, conforman facultades compartidas entre la junta general y el órgano de administración, desdibujando la tradicional distribución orgánica y matizando la exclusividad de las competencias de gestión y representación social de éste último órgano social. La autora analiza las competencias de la junta general en asuntos de gestión en Derecho español y comparado en los que ha sido determinante la doctrina de sus competencias implícitas y las vías de revitalización de dicho órgano social en el marco del gobierno corporativo. En este marco se aborda el ámbito de autonomía de los socios para modular estas potestades a través de los estatutos sociales, los derechos de minoría para instar dicha intervención, así como cada uno de los supuestos legales de atribución de competencia a la junta general en especial en el contexto de una OPA y en relación con operaciones sobre activos esenciales. Sobre este supuesto, se analizan los problemas interpretativos y su ámbito de aplicación, partiendo de los fines de política jurídica perseguidos con la norma. En todos los casos de atribución legal de competencias a la junta general, se abordan las consecuencias del incumplimiento, tanto en relación con la validez del negocio, como respecto de la protección de la sociedad, socios y terceros. Por último se incluye un estudio sobre los requisitos de los acuerdos de la junta general en relación con los distintos supuestos legales o estatutarios de intervención en asuntos de gestión y el cumplimiento de dichas competencias en situaciones especiales como la liquidación societaria o el concurso de acreedores.