Una vez más, aparecen en nuestra sociedad los denominados créditos vinculados; en esta ocasión, ligados a un colectivo especialmente vulnerable: los pacientes de la clínica iDental. Al calvario que les ha supuesto el abandono asistencial con tratamientos médicos no concluidos se ha añadido la reclamación de los créditos concedidos por las entidades financieras y la desigual atención de las administraciones y colegios profesionales (en algunos casos, meritoria y, en otros, insolidaria). Parece que llueve sobre mojado, pues, desde el caso de las academias de idiomas (caso Opening), poco hemos mejorado. De hecho, podemos aventurar que este no será el último escándalo que conoceremos fruto de la unión de nefastos proveedores de servicios y la oferta de créditos rápidos por parte de algunas entidades financieras, dado que, cuando la siembra no ha sido fructífera, persisten en la recogida de su cosecha con la exigencia al usuario de las cantidades entregadas, pese al incumplimiento del prestador de servicios al que se hallaban vinculados. Incluso existen no pocos casos en los que la exigencia de la devolución se articula de modo parejo a la inclusión del usuario, doblemente defraudado, en ficheros de solvencia patrimonial. Eugenio Ribón Seisdedos, con su habitual enfoque práctico, desvela las acciones ejercitables frente a la clínica dental y la entidad financiera para liberar al usuario afectado de esta situación. Todo ello, guiando al abogado, paso a paso, por el desarrollo procesal al que habrá de enfrentarse y ofreciéndole los recursos necesarios para superar con éxito las objeciones que puedan presentar las empresas incumplidoras. Esta obra sencilla, concreta, práctica y útil se convierte así en una herramienta imprescindible para la defensa del afectado de créditos vinculados, que servirá para este y cualquier otro caso al que pueda enfrentarse un usuario. Además, como ya es habitual, acompaña la mejor doctrina con la más actual jurisprudencia y precisos formularios para alcanzar el resultado pretendido.
La complejidad del procedimiento concursal y las continuas modificaciones que ha sufrido la Ley 22/2003, de 9 de julio, para adaptarse a los cambios experimentados por los procesos de insolvencia, hacen ineludible conocer la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia. El Alto Tribunal sigue realizando incesantes interpretaciones de los principales institutos concursales, imprescindibles para poder entender y aplicar la normativa vigente. Además, gracias a esta labor, es posible establecer con nitidez los períodos de transitoriedad que la Ley Concursal ha ido fijando. A través de las Sentencias de este órgano, dictadas desde la promulgación de la Ley y hasta nuestros días, ofrecemos una herramienta única para poder afrontar y utilizar con corrección y rigor toda la legislación concursal.
1/2010 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 2koa, Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina onesten duena / Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Kontseiluaren 2157/2001 Erregelamendua, 2001eko urriaren 8koa, Europar Sozietate Anonimoaren (SE-aren) Estatutua onesten duena / Reglamento (CE) n.o 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE). 3/2009 Legea, apirilaren 3koa, merkataritza-sozietateen egitura-aldaketei buruzkoa / Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Merkataritza Kodea. II. Liburu. Merkataritzako Kontratu Bereziak / Código de Comercio. Libro II. De los Contratos Especiales del Comercio. Lexikoa / Léxico.
¡Lo necesitas y lo tenemos! La publicación de la Ley Concursal, 22/2003, de 9 de julio, en versión totalmente actualizada, se ha revelado imprescindible ante sus continuas modificaciones, que afectan tanto a aspectos sustantivos como formales. Para tener una visión aún más completa, acompaña al texto legal un cuadro comparativo con las últimas tres versiones del texto, actual, RDL 11/2014, de 5 de septiembre, y Ley 9/2015, de 27 de mayo, un esquema de vigencias de todas las reformas legales que se han producido y, por último, una tabla con los plazos de cada trámite del proceso concursal. Esta obra aporta un enorme valor al facilitar el entendimiento y la visión global de todos los cambios que han sido sistemática y metódicamente abordados.
La necesidad de adoptar mecanismos procesales y judiciales que garanticen la protecci¢n de los derechos de propiedad industrial e intelectual constituye un objetivo de los Estados, tanto en el mbito internacional como el comunitario. A pesar de haber adoptado diversas directivas comunitarias ? en particular, la Directiva 2004/48 sobre la observancia de los derechos ? y tratados internacionales ? el Acuerdo ADPIC, en el marco de la OMC ? para garantizar este objetivo, la efectividad de los mismos en Europa disminuye cuando los litigios en los que se ven inmersos los titulares de estos derechos adquieren un car cter transfronterizo. Ello es debido a que el sistema de competencia judicial internacional vigente en la Comunidad Europea ? establecido en el Reglamento 44/2001 y los Reglamentos sobre derechos de propiedad industrial comunitarios ? presenta algunas carencias constatables en la jurisprudencia de los tribunales nacionales y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por un lado, el sistema impone obst culos para que los titulares de derechos de propiedad industrial puedan concentrar ante un mismo tribunal sus demandas por infracciones de derechos sufridas en una pluralidad de Estados. En muchos supuestos, para obtener una protecci¢n integral de sus derechos, los titulares se ven obligados a presentar demandas en cada uno de los pa¡ses en los que se ha sufrido la infracci¢n, circunstancia que alarga enormemente los procesos, encarece el acceso a la justicia y, adem s, resta seguridad jur¡dica, pues los tribunales de un Estado no est n obligados a adoptar la misma sentencia que se ha adoptado en otro. Por otro lado, como queda demostrado por la pr ctica judicial en ciertos Estados miembros, ciertas disposiciones del Reglamento 44/2001 son utilizadas fraudulentamente por los infractores de derechos de propiedad industrial e intelectual para dilatar la duraci¢n de los procesos, circunstancia que, de nuevo, erosiona el objetivo de garantizar un alto nivel de protecci¢n de estos derechos. Entre otras estratagemas, nos referimos a la pr ctica de los ?torpedos? ? la presentaci¢n de una acci¢n declarativa de ausencia de infracci¢n en un Estado para paralizar cualquier acci¢n por infracci¢n que el titular de los derechos pueda presentar ante los tribunales de cualquier otro Estado miembro ? o a la presentaci¢n de acciones o excepciones de nulidad del derecho de propiedad industrial ante los tribunales del Estado de registro para paralizar los procedimientos sobre infracci¢n de dichos derechos iniciados ante los tribunales del Estado del domicilio del demandado. El presente trabajo est destinado analizar estas carencias del rgimen de competencia judicial internacional en materia de propiedad industrial e intelectual establecido por el Reglamento 44/2001 y los Reglamentos de derechos de propiedad industrial comunitarios. Se pretende, tambin, ofrecer propuestas para solucionar estos problemas y facilitar que, adem s de garantizar el principio de seguridad jur¡dica y el derecho de defensa que asiste a todo demandado, el rgimen de competencia judicial internacional comunitario asegure ese otro objetivo de las instituciones consistente en la tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual.
El objetivo del presente trabajo consiste en analizar el nuevo régimen relativo al procedimiento de disolución y liquidación que la Ley de Sociedades de Capital introduce. Según se pone de manifiesto en la exposición de motivos del RDLeg. 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la LSC, uno de los objetivos prioritarios que se pretendía alcanzar era la debida armonización entre las distintas sociedades de capital en lo relativo al procedimiento de disolución y liquidación. Para ello, se toma como base para la regulación general de la LSC la LSRL de 1995, respetando algunas de las singularidades que incluía la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, pues aquél constituía un régimen más completo y ágil que el establecido en la LSA. A la hora de abordar el estudio de las causas de disolución, cabe destacar que en el presente trabajo se ha seguido la novedosa sistemática que introduce la LSC, que agrupa las causas de disolución en torno a los distintos modos de operar. Así, se dedica una sección a la disolución de pleno derecho; otra a la disolución por acuerdo de la junta; y finalmente una tercera a las causas que requieren de constatación por parte de la junta general o en su defecto por la autoridad jurisdiccional. Por el contrario, en relación con el procedimiento de liquidación, lamentablemente la LSC mantiene en gran parte separado el régimen de la sociedad anónima respecto del de la sociedad de responsabilidad limitada, aunque sí extiende al ámbito de las sociedades anónimas la solución sobre activo y pasivo sobrevenido que preveía la citada LSRL, lo que permite adoptar la tesis de la disolución formal también en el ámbito de la SA.
Esta monografía brinda una herramienta eficaz para la comprensión de los procedimientos del concurso de la herencia. Además de un análisis de clasificaciones de concursos y figuras como la insolvencia, se realiza una revisión de cuestiones como las personas legitimadas para solicitar el concurso o la acción rescisoria general y específica, entre otros.
Reflexión analítica sobre los principales efectos de la Ley Orgánica 8/2003 y la Ley 22/2003, que suponen una reforma integral de uno de los dos sectores del Derecho mercantil con la regulación más arcaica y obsoleta hasta la fecha, el Derecho concursal.
La constitución de un verdadero mercado de las telecomunicaciones en España comportó una nueva visión de la gestión de los tradicionales servicios públicos y del papel que los monopolios históricos debían jugar en un nuevo escenario regido por las reglas de la libre competencia. En esta obra, el lector encontrará unas pautas que le servirán para guiarse en el complejo entramado de normas que dieron lugar a la apertura de este mercado, al abandono de los criterios que sustentaban la existencia de un único operador económico y al nuevo marco en el que se mantendrían los servicios públicos tradicionales. Más allá del mero estudio de los principales hitos en la historia de este proceso, la autora centra buena parte de esta obra en detectar aquellas medidas que, lejos de favorecer el establecimiento de un mercado efectivamente competitivo, lastraron la actuación de los nuevos operadores en beneficio del antiguo monopolio. Aquellas decisiones políticas incorrectas explican en buena parte el estado actual del mercado de las telecomunicaciones y su futura reforma, por lo que su lectura resulta esencial para todo aquel que quiera profundizar en su estudio. Cristina Roy Pérez es Doctora en Derecho y profesora de la Universidad de Barcelona, especialista en materia de derecho industrial y derecho de la competencia.
Con la Ley Concursal, nuestro derecho de insolvencias ha cambiado y también lo han hecho los instrumentos con que activar el nuevo Derecho Concursal. En la primera edición de esta obra los autores presentaban nuevos modelos y formularios adaptados a ese nuevo Derecho Concursal; modelos que contenían sólidas alegaciones, hechos y fundamentos de derecho y que, además, habían sido utilizados y contrastados en los Juzgados y Tribunales de lo Mercantil. Ahora se presenta una nueva edición para adaptar la primera edición a las reformas introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. Esta nueva edición, que continúa teniendo un enfoque eminentemente práctico, pretende servir de herramienta adicional a quienes, por una u otra razón, entran en contacto con la insolvencia empresarial y sus distintas manifestaciones, dentro y fuera de los Juzgados y Tribunales. De hecho, entre los formularios que se incluyen en esta segunda edición pueden localizarse los nuevos modelos para la fase que los autores han llamado fase preconcursal. Probablemente, desde la óptica del profesional, éste es el aspecto más destacado de la reforma. La nueva regulación ha dado cobertura a los acuerdos privados de refinanciación, como mecanismos de superación de las dificultades financieras de las empresas.
La obra contiene estudios doctrinales y resoluciones judiciales sobre la materia bancaria desde la perspectiva estrictamente contractual y de derecho de consumo. Para una mejor consulta de la obra, las distintas temáticas analizadas están estructuradas en un sumario de navegación. En definitiva, una obra que trata de recoger la doctrina y jurisprudencia más relevantes sobre la vida bancaria contractual, de gran importancia social y de candente actualidad coyuntural, a saber, los contratos de cuenta corriente, de préstamo, de descuento, la insolvencia, la transparencia bancaria, la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, los swaps, las cláusulas abusivas, etc...
Derecho mercantil y administraciones públicas, disciplina de Grado de Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y considerado el Derecho Mercantil como un Derecho que ordena la actividad económica desarrollada en torno al mercado, constituye un texto básico, actualizado y ampliado en esta segunda edición, para ofrecer una visión de algunos de los aspectos más importantes de esa realidad económica sobre los cuales la Administración Pública proyecta su intervención.
TEXTO PROMOCIONAL (extracto contratapa más abajo): La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, supuso una profunda reforma de una de las categorías de los procesos universales, mediante la que se configuró un proceso universal único para la satisfacción de los acreedores de personas que se encontrasen en situación de ?crisis económica?, con independencia de que el deudor tenga la condición de empresario o no, y articulado de forma flexible, en cuanto que, presentando una fase común, permite que el proceso único finalice mediante soluciones alternativas, bien por la vía del convenio, bien mediante la liquidación. La importancia de la declaración judicial de concurso en el nuevo proceso universal no pasa desapercibida al intérprete, no sólo porque constituye la resolución de inicio de esa fase común, sino porque despliega intensos efectos, de modo generalmente inmediato, tanto desde la perspectiva del derecho sustantivo, como desde la perspectiva del derecho procesal La entrada en vigor de la Ley Concursal y la entrada en funcionamiento del proceso colectivo de nuevo cuño generaron interrogantes y problemas de distinta naturaleza y calado, que fueron puestos de manifiesto en los numerosos comentarios a la ley publicados poco después de su publicación. Desde entonces ha transcurrido poco más de un lustro, durante el cual la jurisprudencia ha ido afrontando y resolviendo los diferentes problemas que suscitaba la interpretación y aplicación de la nueva normativa. Así mismo, en los comienzos del segundo lustro posterior a la aprobación y publicación de la Ley Concursal se han producido reformas legislativas que han modificado ésta, en mayor o menor medida, a través, de un parte, del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la crisis económica, y, de otra parte, de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. El presente estudio tiene por objeto el análisis del procedimiento de declaración de concurso, en sentido amplio, comprensivo, por tanto, no sólo del procedimiento -y en su doble modalidad, voluntario o necesario- que debe seguirse para obtener dicha declaración judicial, sino también de los sujetos que resultan legitimados para ser parte activa o pasiva en el mismo y del órgano jurisdiccional ante el que debe seguirse, así como del régimen de recursos procedentes contra la resolución que emita, o rechace emitir, la declaración de concurso. En dicho análisis se abordarán los principales problemas que suscita la regulación del nuevo proceso universal. En esa labor no puede prescindirse de los estudios realizados por la doctrina, pero las aportaciones doctrinales deben complementarse necesariamente con el examen y reflexión sobre la interpretación realizada por la jurisprudencia menor durante el lustro transcurrido desde la entrada en vigor de la ley, así como con el análisis de la incidencia sobre el objeto de nuestro estudio de las reformas llevadas a cabo mediante el Real Decreto-Ley 3/2009 y la Ley 13/2009. TEXTO CONTRATAPA: El presente estudio tiene por objeto el análisis del procedimiento de declaración de concurso, en sentido amplio, comprensivo, por tanto, no sólo del procedimiento -y en su doble modalidad, voluntario o necesario- que debe seguirse para obtener dicha declaración judicial, sino también de los sujetos que resultan legitimados para ser parte activa o pasiva en el mismo y del órgano jurisdiccional ante el que debe seguirse, así como del régimen de recursos procedentes contra la resolución que emita, o rechace emitir, la declaración de concurso. En dicho análisis se abordan los principales problemas que suscita la regulación del nuevo proceso universal. En el trabajo se ponderan los estudios realizados por la doctrina, pero las aportaciones doctrinales se complementan con el examen y reflexión sobre la interpretación realizada por la jurisprudencia menor durante el lustro transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así como con el análisis de la incidencia sobre el objeto de estudio de las reformas llevadas a cabo mediante el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la crisis económica, y a través de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.
Una vez más, aparecen en nuestra sociedad los denominados créditos vinculados; en esta ocasión, ligados a un colectivo especialmente vulnerable: los pacientes de la clínica iDental. Al calvario que les ha supuesto el abandono asistencial con tratamientos médicos no concluidos se ha añadido la reclamación de los créditos concedidos por las entidades financieras y la desigual atención de las administraciones y colegios profesionales (en algunos casos, meritoria y, en otros, insolidaria). Parece que llueve sobre mojado, pues, desde el caso de las academias de idiomas (caso Opening), poco hemos mejorado. De hecho, podemos aventurar que este no será el último escándalo que conoceremos fruto de la unión de nefastos proveedores de servicios y la oferta de créditos rápidos por parte de algunas entidades financieras, dado que, cuando la siembra no ha sido fructífera, persisten en la recogida de su cosecha con la exigencia al usuario de las cantidades entregadas, pese al incumplimiento del prestador de servicios al que se hallaban vinculados. Incluso existen no pocos casos en los que la exigencia de la devolución se articula de modo parejo a la inclusión del usuario, doblemente defraudado, en ficheros de solvencia patrimonial. Eugenio Ribón Seisdedos, con su habitual enfoque práctico, desvela las acciones ejercitables frente a la clínica dental y la entidad financiera para liberar al usuario afectado de esta situación. Todo ello, guiando al abogado, paso a paso, por el desarrollo procesal al que habrá de enfrentarse y ofreciéndole los recursos necesarios para superar con éxito las objeciones que puedan presentar las empresas incumplidoras. Esta obra sencilla, concreta, práctica y útil se convierte así en una herramienta imprescindible para la defensa del afectado de créditos vinculados, que servirá para este y cualquier otro caso al que pueda enfrentarse un usuario. Además, como ya es habitual, acompaña la mejor doctrina con la más actual jurisprudencia y precisos formularios para alcanzar el resultado pretendido.
La complejidad del procedimiento concursal y las continuas modificaciones que ha sufrido la Ley 22/2003, de 9 de julio, para adaptarse a los cambios experimentados por los procesos de insolvencia, hacen ineludible conocer la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia. El Alto Tribunal sigue realizando incesantes interpretaciones de los principales institutos concursales, imprescindibles para poder entender y aplicar la normativa vigente. Además, gracias a esta labor, es posible establecer con nitidez los períodos de transitoriedad que la Ley Concursal ha ido fijando. A través de las Sentencias de este órgano, dictadas desde la promulgación de la Ley y hasta nuestros días, ofrecemos una herramienta única para poder afrontar y utilizar con corrección y rigor toda la legislación concursal.
1/2010 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 2koa, Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina onesten duena / Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Kontseiluaren 2157/2001 Erregelamendua, 2001eko urriaren 8koa, Europar Sozietate Anonimoaren (SE-aren) Estatutua onesten duena / Reglamento (CE) n.o 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE). 3/2009 Legea, apirilaren 3koa, merkataritza-sozietateen egitura-aldaketei buruzkoa / Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Merkataritza Kodea. II. Liburu. Merkataritzako Kontratu Bereziak / Código de Comercio. Libro II. De los Contratos Especiales del Comercio. Lexikoa / Léxico.
¡Lo necesitas y lo tenemos! La publicación de la Ley Concursal, 22/2003, de 9 de julio, en versión totalmente actualizada, se ha revelado imprescindible ante sus continuas modificaciones, que afectan tanto a aspectos sustantivos como formales. Para tener una visión aún más completa, acompaña al texto legal un cuadro comparativo con las últimas tres versiones del texto, actual, RDL 11/2014, de 5 de septiembre, y Ley 9/2015, de 27 de mayo, un esquema de vigencias de todas las reformas legales que se han producido y, por último, una tabla con los plazos de cada trámite del proceso concursal. Esta obra aporta un enorme valor al facilitar el entendimiento y la visión global de todos los cambios que han sido sistemática y metódicamente abordados.
La necesidad de adoptar mecanismos procesales y judiciales que garanticen la protecci¢n de los derechos de propiedad industrial e intelectual constituye un objetivo de los Estados, tanto en el mbito internacional como el comunitario. A pesar de haber adoptado diversas directivas comunitarias ? en particular, la Directiva 2004/48 sobre la observancia de los derechos ? y tratados internacionales ? el Acuerdo ADPIC, en el marco de la OMC ? para garantizar este objetivo, la efectividad de los mismos en Europa disminuye cuando los litigios en los que se ven inmersos los titulares de estos derechos adquieren un car cter transfronterizo. Ello es debido a que el sistema de competencia judicial internacional vigente en la Comunidad Europea ? establecido en el Reglamento 44/2001 y los Reglamentos sobre derechos de propiedad industrial comunitarios ? presenta algunas carencias constatables en la jurisprudencia de los tribunales nacionales y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por un lado, el sistema impone obst culos para que los titulares de derechos de propiedad industrial puedan concentrar ante un mismo tribunal sus demandas por infracciones de derechos sufridas en una pluralidad de Estados. En muchos supuestos, para obtener una protecci¢n integral de sus derechos, los titulares se ven obligados a presentar demandas en cada uno de los pa¡ses en los que se ha sufrido la infracci¢n, circunstancia que alarga enormemente los procesos, encarece el acceso a la justicia y, adem s, resta seguridad jur¡dica, pues los tribunales de un Estado no est n obligados a adoptar la misma sentencia que se ha adoptado en otro. Por otro lado, como queda demostrado por la pr ctica judicial en ciertos Estados miembros, ciertas disposiciones del Reglamento 44/2001 son utilizadas fraudulentamente por los infractores de derechos de propiedad industrial e intelectual para dilatar la duraci¢n de los procesos, circunstancia que, de nuevo, erosiona el objetivo de garantizar un alto nivel de protecci¢n de estos derechos. Entre otras estratagemas, nos referimos a la pr ctica de los ?torpedos? ? la presentaci¢n de una acci¢n declarativa de ausencia de infracci¢n en un Estado para paralizar cualquier acci¢n por infracci¢n que el titular de los derechos pueda presentar ante los tribunales de cualquier otro Estado miembro ? o a la presentaci¢n de acciones o excepciones de nulidad del derecho de propiedad industrial ante los tribunales del Estado de registro para paralizar los procedimientos sobre infracci¢n de dichos derechos iniciados ante los tribunales del Estado del domicilio del demandado. El presente trabajo est destinado analizar estas carencias del rgimen de competencia judicial internacional en materia de propiedad industrial e intelectual establecido por el Reglamento 44/2001 y los Reglamentos de derechos de propiedad industrial comunitarios. Se pretende, tambin, ofrecer propuestas para solucionar estos problemas y facilitar que, adem s de garantizar el principio de seguridad jur¡dica y el derecho de defensa que asiste a todo demandado, el rgimen de competencia judicial internacional comunitario asegure ese otro objetivo de las instituciones consistente en la tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual.
El objetivo del presente trabajo consiste en analizar el nuevo régimen relativo al procedimiento de disolución y liquidación que la Ley de Sociedades de Capital introduce. Según se pone de manifiesto en la exposición de motivos del RDLeg. 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la LSC, uno de los objetivos prioritarios que se pretendía alcanzar era la debida armonización entre las distintas sociedades de capital en lo relativo al procedimiento de disolución y liquidación. Para ello, se toma como base para la regulación general de la LSC la LSRL de 1995, respetando algunas de las singularidades que incluía la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, pues aquél constituía un régimen más completo y ágil que el establecido en la LSA. A la hora de abordar el estudio de las causas de disolución, cabe destacar que en el presente trabajo se ha seguido la novedosa sistemática que introduce la LSC, que agrupa las causas de disolución en torno a los distintos modos de operar. Así, se dedica una sección a la disolución de pleno derecho; otra a la disolución por acuerdo de la junta; y finalmente una tercera a las causas que requieren de constatación por parte de la junta general o en su defecto por la autoridad jurisdiccional. Por el contrario, en relación con el procedimiento de liquidación, lamentablemente la LSC mantiene en gran parte separado el régimen de la sociedad anónima respecto del de la sociedad de responsabilidad limitada, aunque sí extiende al ámbito de las sociedades anónimas la solución sobre activo y pasivo sobrevenido que preveía la citada LSRL, lo que permite adoptar la tesis de la disolución formal también en el ámbito de la SA.
Esta monografía brinda una herramienta eficaz para la comprensión de los procedimientos del concurso de la herencia. Además de un análisis de clasificaciones de concursos y figuras como la insolvencia, se realiza una revisión de cuestiones como las personas legitimadas para solicitar el concurso o la acción rescisoria general y específica, entre otros.
Reflexión analítica sobre los principales efectos de la Ley Orgánica 8/2003 y la Ley 22/2003, que suponen una reforma integral de uno de los dos sectores del Derecho mercantil con la regulación más arcaica y obsoleta hasta la fecha, el Derecho concursal.
La constitución de un verdadero mercado de las telecomunicaciones en España comportó una nueva visión de la gestión de los tradicionales servicios públicos y del papel que los monopolios históricos debían jugar en un nuevo escenario regido por las reglas de la libre competencia. En esta obra, el lector encontrará unas pautas que le servirán para guiarse en el complejo entramado de normas que dieron lugar a la apertura de este mercado, al abandono de los criterios que sustentaban la existencia de un único operador económico y al nuevo marco en el que se mantendrían los servicios públicos tradicionales. Más allá del mero estudio de los principales hitos en la historia de este proceso, la autora centra buena parte de esta obra en detectar aquellas medidas que, lejos de favorecer el establecimiento de un mercado efectivamente competitivo, lastraron la actuación de los nuevos operadores en beneficio del antiguo monopolio. Aquellas decisiones políticas incorrectas explican en buena parte el estado actual del mercado de las telecomunicaciones y su futura reforma, por lo que su lectura resulta esencial para todo aquel que quiera profundizar en su estudio. Cristina Roy Pérez es Doctora en Derecho y profesora de la Universidad de Barcelona, especialista en materia de derecho industrial y derecho de la competencia.
Con la Ley Concursal, nuestro derecho de insolvencias ha cambiado y también lo han hecho los instrumentos con que activar el nuevo Derecho Concursal. En la primera edición de esta obra los autores presentaban nuevos modelos y formularios adaptados a ese nuevo Derecho Concursal; modelos que contenían sólidas alegaciones, hechos y fundamentos de derecho y que, además, habían sido utilizados y contrastados en los Juzgados y Tribunales de lo Mercantil. Ahora se presenta una nueva edición para adaptar la primera edición a las reformas introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. Esta nueva edición, que continúa teniendo un enfoque eminentemente práctico, pretende servir de herramienta adicional a quienes, por una u otra razón, entran en contacto con la insolvencia empresarial y sus distintas manifestaciones, dentro y fuera de los Juzgados y Tribunales. De hecho, entre los formularios que se incluyen en esta segunda edición pueden localizarse los nuevos modelos para la fase que los autores han llamado fase preconcursal. Probablemente, desde la óptica del profesional, éste es el aspecto más destacado de la reforma. La nueva regulación ha dado cobertura a los acuerdos privados de refinanciación, como mecanismos de superación de las dificultades financieras de las empresas.
La obra contiene estudios doctrinales y resoluciones judiciales sobre la materia bancaria desde la perspectiva estrictamente contractual y de derecho de consumo. Para una mejor consulta de la obra, las distintas temáticas analizadas están estructuradas en un sumario de navegación. En definitiva, una obra que trata de recoger la doctrina y jurisprudencia más relevantes sobre la vida bancaria contractual, de gran importancia social y de candente actualidad coyuntural, a saber, los contratos de cuenta corriente, de préstamo, de descuento, la insolvencia, la transparencia bancaria, la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, los swaps, las cláusulas abusivas, etc...
Derecho mercantil y administraciones públicas, disciplina de Grado de Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y considerado el Derecho Mercantil como un Derecho que ordena la actividad económica desarrollada en torno al mercado, constituye un texto básico, actualizado y ampliado en esta segunda edición, para ofrecer una visión de algunos de los aspectos más importantes de esa realidad económica sobre los cuales la Administración Pública proyecta su intervención.
TEXTO PROMOCIONAL (extracto contratapa más abajo): La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, supuso una profunda reforma de una de las categorías de los procesos universales, mediante la que se configuró un proceso universal único para la satisfacción de los acreedores de personas que se encontrasen en situación de ?crisis económica?, con independencia de que el deudor tenga la condición de empresario o no, y articulado de forma flexible, en cuanto que, presentando una fase común, permite que el proceso único finalice mediante soluciones alternativas, bien por la vía del convenio, bien mediante la liquidación. La importancia de la declaración judicial de concurso en el nuevo proceso universal no pasa desapercibida al intérprete, no sólo porque constituye la resolución de inicio de esa fase común, sino porque despliega intensos efectos, de modo generalmente inmediato, tanto desde la perspectiva del derecho sustantivo, como desde la perspectiva del derecho procesal La entrada en vigor de la Ley Concursal y la entrada en funcionamiento del proceso colectivo de nuevo cuño generaron interrogantes y problemas de distinta naturaleza y calado, que fueron puestos de manifiesto en los numerosos comentarios a la ley publicados poco después de su publicación. Desde entonces ha transcurrido poco más de un lustro, durante el cual la jurisprudencia ha ido afrontando y resolviendo los diferentes problemas que suscitaba la interpretación y aplicación de la nueva normativa. Así mismo, en los comienzos del segundo lustro posterior a la aprobación y publicación de la Ley Concursal se han producido reformas legislativas que han modificado ésta, en mayor o menor medida, a través, de un parte, del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la crisis económica, y, de otra parte, de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. El presente estudio tiene por objeto el análisis del procedimiento de declaración de concurso, en sentido amplio, comprensivo, por tanto, no sólo del procedimiento -y en su doble modalidad, voluntario o necesario- que debe seguirse para obtener dicha declaración judicial, sino también de los sujetos que resultan legitimados para ser parte activa o pasiva en el mismo y del órgano jurisdiccional ante el que debe seguirse, así como del régimen de recursos procedentes contra la resolución que emita, o rechace emitir, la declaración de concurso. En dicho análisis se abordarán los principales problemas que suscita la regulación del nuevo proceso universal. En esa labor no puede prescindirse de los estudios realizados por la doctrina, pero las aportaciones doctrinales deben complementarse necesariamente con el examen y reflexión sobre la interpretación realizada por la jurisprudencia menor durante el lustro transcurrido desde la entrada en vigor de la ley, así como con el análisis de la incidencia sobre el objeto de nuestro estudio de las reformas llevadas a cabo mediante el Real Decreto-Ley 3/2009 y la Ley 13/2009. TEXTO CONTRATAPA: El presente estudio tiene por objeto el análisis del procedimiento de declaración de concurso, en sentido amplio, comprensivo, por tanto, no sólo del procedimiento -y en su doble modalidad, voluntario o necesario- que debe seguirse para obtener dicha declaración judicial, sino también de los sujetos que resultan legitimados para ser parte activa o pasiva en el mismo y del órgano jurisdiccional ante el que debe seguirse, así como del régimen de recursos procedentes contra la resolución que emita, o rechace emitir, la declaración de concurso. En dicho análisis se abordan los principales problemas que suscita la regulación del nuevo proceso universal. En el trabajo se ponderan los estudios realizados por la doctrina, pero las aportaciones doctrinales se complementan con el examen y reflexión sobre la interpretación realizada por la jurisprudencia menor durante el lustro transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así como con el análisis de la incidencia sobre el objeto de estudio de las reformas llevadas a cabo mediante el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la crisis económica, y a través de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.