Las publicaciones de esta colección únicamente se pueden adquirir, completamente actualizadas, en la Librería del BOE o en su tienda virtual. El plazo de entrega será como máximo: Tres días hábiles en caso de que haya existencias disponibles y actualizadas. Siete días hábiles en caso de que no haya existencias disponibles y actualizadas. Debe tenerse en cuenta que en el caso de recopilar normativa autonómica, el Código no podrá actualizarse hasta que se efectúen las correspondientes publicaciones oficiales en el BOE.
La presente monografía reúne un conjunto de ensayos sobre la importante y largamente esperada Directiva comunitaria en materia de responsabilidad por daños ambientales, 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, y la problemática que plantea su incorporación al ordenamiento español, elaborados por algunos de los mejores especialistas españoles en el campo del Derecho ambiental. El libro cuenta con las aportaciones de Jesús Jordano Fraga, Eduardo Orteu Berrocal, Rafael Márquez Molero, José Francisco Alenza García, Germán Valencia Martín y Angel Ruiz de Apodaca Espinosa, que analizan con todo detalle los principales extremos del régimen jurídico de la institución configurado por la Directiva: la responsabilidad objetiva y sus excepciones, su ámbito de aplicación, el tema de los seguros, etc. La obra se dirige, en general, a todo el público interesado en los temas ambientales, del mundo universitario, profesional y de la Administración, a la vez que aspira a incorporarse al debate recientemente abierto por el Ministerio de Medio Ambiente sobre la futura normativa estatal de transposición de la Directiva.
El Tratado de Regulación del Sector Eléctrico supone la culminación de un ambicioso proyecto llevado a cabo por un grupo de juristas y economistas, estudiosos y profesionales de prestigio en el campo de la energía eléctrica. La obra, editada y publicada por Iberdrola y Thomson-Aranzadi, está presentada por Ignacio S. Galán y codirigida por Fernando Becker, Luís María Cazorla, Julián Martínez-Simancas y José Manuel Sala, está llamada a ser de consulta obligada para todo interesado en el sector eléctrico por su análisis completo y sistemático de los grandes temas afectantes a la regulación de este sector. El análisis se ordena en dos partes -jurídica y económica-, fruto de esta doble vertiente que, entre otras, presenta la materia de la regulación eléctrica. Bajo estos dos enfoques científicos se abordan -a la luz de la nueva etapa abierta por la adaptación a las exigencias comunitarias- temas esenciales para el sector eléctrico, como el mercado de producción de energía eléctrica, el régimen de las energías renovables, el papel del regulador, los principios de buena regulación, la competencia en el sector eléctrico, el déficit tarifario, la comercialización o la calidad del suministro. Estos y otros temas no se exponen, por fin, de forma meramente descriptiva; se hace con planteamientos constructivos en los que abundan propuestas que, sin lugar a dudas, merecen atención.
""El libro lleva por título ?Regulación y autorización de los parques eólicos?. ¿Por qué la energía eólica en particular? Porque de las fuentes de energía renovables actualmente aceptadas y desarrolladas como tales, la energía eólica es la que está experimentando un mayor desarrollo y la que más está contribuyendo de forma efectiva al mix de generación eléctrica en muchos países, lo cual da lugar, lógicamente, a la aparición de problemas y conflictos a los que el Derecho trata de poner solución. En España, se ha convertido en uno de los pilares de nuestra estructura energética, llegando a aportar en 2007 el 10% de la energía eléctrica consumida (lo que supone el segundo lugar a nivel mundial en porcentaje de consumo eléctrico de origen eólico, sólo por detrás de Dinamarca). A nivel global, los datos son también elocuentes: en una década (de 1997 a 2006), la capacidad eólica instalada se ha incrementado nada menos que 10 veces, llegando a cubrir su producción más del 1,3% de la demanda global de electricidad. Por tanto, no se trata ya de una posibilidad o alternativa que necesite ser probada, sino de una realidad que merece ser fomentada. Y ese fomento se centra en dos aspectos fundamentales, que constituyen los objetos principales del trabajo, y que se manifiestan en el título: el apoyo público que todavía -aunque cada vez menos- necesita en orden a asegurar una compensación razonable por los mayores costes que su implantación supone en comparación con las energías convencionales así como por los beneficios ambientales y sociales que reportan («regulación» de la retribución de la electricidad generada por los productores en régimen especial, entre los que se incluyen las instalaciones eólicas, para los que se prevén tarifas o primas -diferenciadas por tecnologías renovables- que aseguran dicha compensación), en lo que se centra la Parte Primera; y la reducción -obligada, en virtud de la aplicación de la Directiva «de renovables»- de los obstáculos normativos y administrativos que entorpecen dicha implantación («autorización», en sentido amplio), a lo que se dedica la Parte Segunda. Aspectos ambos debidamente destacados y tratados por la Comisión Europea. El interés de la obra difícilmente puede pasarse por alto: si ya son escasos los trabajos dedicados a las implicaciones de Derecho administrativo de un sector económico -el de las energías renovables- en clarísima tendencia expansiva, ni que decir tiene con respecto a la energía eólica, a pesar de que debido a su acelerada expansión en nuestro país ha surgido una normativa específica bastante más numerosa que para otras tecnologías de energía renovable. Por otra parte, por el mismo motivo de su gran expansión y protagonismo actual, y porque la obra cuenta con datos, información y opiniones que trascienden el ámbito estrictamente jurídico, el interés -aparte del que lógicamente puede suscitar en el ámbito académico- no sólo se circunscribe al sector industrial y empresarial, así como a las distintas Administraciones públicas implicadas, sino que también puede llegar a una parte -más concienciada en los temas energético-ambientales- del público en general. Esa conciencia se percibe también en la obra, que tiene en el trasfondo una idea-guía básica: el cambio de modelo energético que necesariamente ha de producirse en nuestra sociedad. De la actual situación de masiva utilización de fuentes de energía fósiles hemos de pasar a otra en la que las fuentes renovables acaben por sustituir completamente a las anteriores, preferiblemente antes de su inexorable agotamiento, pues llegados a ese punto el problema del Calentamiento Global del planeta sería ya irreversible. Aunque la certeza científica sobre que las causas del Cambio Climático sean antropogénicas aún no es total (el 4º Informe del IPCC establece la probabilidad como very likely, lo que cuantifica en una cifra superior al 90%), lo cierto es que la lucha contra el problema se está convirtiendo en una realidad jurídica a nivel global que no se puede obviar.
La regulación jurídica de la contaminación acústica ha recibido una especial atención en la doctrina española, sobre todo desde la aprobación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre de Ruido, que se dictó en transposición de la Directiva 2002/49//CE del Parlamento y del Consejo, de 25 de junio de 2002. Hasta la probación en 1996 del Libro Verde sobre la futura política comunitaria del ruido, las iniciativas normativas sobre la materia consistían en regulaciones fraccionadas en diversas directivas que regulaban los niveles de ruido permitidos en la fabricación de distintos productos destinados al comercio intracomunitario. Algunas de las propuestas planteadas en dicho documento como el intercambio de información, la elaboración de un cartografiado del ruido o la información al público, sirvieron de base para la aprobación de la mencionada Directiva mediante la que se persigue crear un marco común europeo para la evaluación del ruido, en orden a lograr una acción más efectiva. En la ya abundante bibliografía que prueba el interés suscitado por los problemas derivados del aumento de este tipo de contaminación y por el tratamiento que ha recibido tanto en la Directiva 2002/49/CE como en la Ley 37/2003, del Ruido al tratar de introducir una normativa básica para la prevención y corrección de las perturbaciones acústicas, se aprecia, no obstante, que ha sido menos atendido o prácticamente ignorado hasta la fecha, el análisis jurídico de las normas destinadas a regular las molestias ocasionadas por las aeronaves civiles. La aceptación por el Auto del Tribunal Supremo, de 11 de mayo de 1989, de que la contaminación acústica constituye un subsistema específico integrado en el sistema jurídico de medio ambiente, se ha visto confirmada tanto por la jurisprudencia constitucional como por la normativa y ha propiciado la realización de diversos análisis jurídicos sobre las técnicas ofrecidas por la regulación básica mencionada, pero sin que ninguno de ellos profundice suficientemente en su aplicación al ruido aeronáutico. El objetivo del presente trabajo es, por tanto, contribuir al estudio de los instrumentos que ofrece el Derecho para prevenir, controlar y corregir las afecciones acústicas que sufren quienes residen en las inmediaciones de los aeropuertos. Se trata de un problema ambiental que reviste un indudable interés, a la vista del aumento de las quejas elevadas por los ciudadanos y de los conflictos que suscita la construcción o ampliación de las infraestructuras aeroportuarias. La investigación se organiza siguiendo el siguiente planteamiento. En primer lugar, se intenta realizar una aproximación al Derecho aeronáutico por tratarse de una rama que regula la navegación aérea, caracterizada por su interdisciplinariedad e internacionalidad. Este último rasgo exige el repaso de la regulación llevada a cabo por las organizaciones internacionales en esta materia y su evolución hasta la adopción por la Organización Internacional de la Aviación Civil en 2001, del principio del enfoque equilibrado. Mediante esta técnica se persigue la aplicación coordinada y homogénea de las siguientes medidas tras realizar una evaluación previa de las afecciones acústicas de un aeropuerto determinado: a) la reducción de las emisiones en la fuente misma, esto es, en el diseño de la aeronave, b) el establecimiento de procedimientos operativos para aminorar los efectos de la contaminación acústica, c) la adopción de restricciones operativas y d) una adecuada gestión y planificación del territorio. Si bien estas cuatro líneas de trabajo comprendidas en la técnica del enfoque equilibrado constituyen los pilares fundamentales en los que se apoyará el resto de la exposición, con carácter previo, se ha considerado oportuno tratar de explicar aspectos ajenos al Derecho (como la tipología de ruidos existente y de fuentes que los originan), pero cuya comprensión resulta imprescindible para valorar en toda su extensión la naturaleza y el comportamiento de este agente contaminante. A continuación se procede a estudiar la consideración que recibe el ruido como factor integrante del concepto constitucional de medio ambiente y se analiza su injerencia en algunos derechos fundamentales mediante el estudio de la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El análisis del control del ruido aeronáutico en la fuente como primera técnica contenida en el principio de enfoque equilibrado, se aborda mediante el estudio de la homologación que constituye el principal instrumento creado con el fin de reducir las emisiones sonoras en la fabricación de la aeronave. Para ello se expone con detalle la consideración que reciben los requisitos acústicos en la obtención de las certificaciones exigidas, proceso que se completa con la adopción de restricciones operativas y que supone la prohibición o admisión del uso de las aeronaves, en función de sus niveles de emisión sonora. Las dos medidas anteriores se completan con la presentación de lo que se conoce como disciplina del tráfico aéreo y que contiene los procedimientos operativos aprobados por razones acústicas que abarcan diferentes medidas que inciden en las trayectorias de despegue y aterrizaje de las aeronaves, entre las que se incluyen las restricciones de uso de rutas, de sobrevuelo o de altitud, de utilización de reversa, o la aprobación de desviaciones máximas permitidas definidas para cada maniobra. A continuación, se trata de valorar la utilidad de los instrumentos de planificación existentes para prevenir el ruido aeronáutico. Para ello, se comienza por estudiar la consideración que reciben las afecciones acústicas en la planificación aeroportuaria y las técnicas existentes para lograr su compatibilidad con la planificación territorial y urbanística. Este apartado se concluye con la presentación de la figura del Plan de Acción en materia de contaminación acústica acompañado de una aproximación de lo que podría ser su contenido en relación con la prevención y el control de la contaminación acústica aeroportuaria. La aplicación de las medidas que componen el enfoque equilibrado requiere, asimismo, tener en cuenta la necesaria introducción de la técnica de la evaluación de impacto ambiental en los proyectos, actividades, planes y programas relacionados con las infraestructuras aeroportuarias. Para el análisis de las virtudes que ofrece la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de infraestructuras aeroportuarias en la prevención de las afecciones acústicas, nos servimos de un ejemplo de su aplicación en el sistema general aeroportuario de Madrid. Finalmente, la evaluación ambiental estratégica recibe una atención separada debido a su importancia y a la necesidad de proponer tanto los tipos de planes que deben constituir el objeto de dicha evaluación en el caso de la prevención y control del ruido aeroportuario, como un esbozo de los trámites fundamentales que lo han de conformar, tarea que se abordará en el último capítulo. Este libro recoge la tesis doctoral defendida en febrero de 2008 en la Facultad de Derecho de San Sebastián ante una Comisión presidida por Dn. L. Parejo Alonso y compuesta por Dn. José Esteve Pardo, Dn. J.M. Castells Arteche, Dn. Leopoldo Tolívar Alas y Dñ. B. Lozano Cutanda. Aprovecho su publicación para reiterarles a todos ellos mi agradecimiento por el interés y benevolencia de juicio que mostraron en todo el proceso y para enriquecer el trabajo con sus valiosas aportaciones. Estoy especialmente agradecida, asimismo, a Dn. Edorta Cobreros Mendazona - Director de la tesis - por la paciencia, el rigor y el respeto con que realizó su tarea y por la amistad con que me ha honrado en todo momento.
La presente edición, actualizada a junio de 2010, recoge la ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad vial, el nuevo Reglamento General de conductores y los cambios que afectan al Reglamento General de Vehículos.
Es inaplazable, y la crisis económica e institucional actual así lo pone de manifiesto, la reconsideración de muchas de las estructuras y paradigmas vigentes en nuestra sociedad. Uno de ellos, y con relevante valor estratégico, es, sin duda, el modelo energético español. Este libro analiza la respuesta de la Comunidad andaluza a las exigencias derivadas de la implantación de una nueva cultura energética, basada en el ahorro, la eficiencia y la progresiva sustitución de energías fósiles por energías renovables. El Decreto 169/2011, de 31 de mayo, vehiculiza y desarrolla, además, las grandes declaraciones programáticas y legislativas precedentes, siendo por ello Andalucía una de las primeras Comunidades Autónomas en adoptar un marco normativo completo y exhaustivo sobre las nuevas medidas de racionalización energética y su proyección a sectores económicos nucleares como la edificación, la industria o el transporte. El libro tiene, por ello, una evidente vocación práctica y aplicativa. Sin renunciar al rigor científico, los autores, especialistas reconocidos en materia de intervención administrativa en los distintos sectores energéticos, analizan con detalle y de forma sistemática las distintas proyecciones sectoriales de los nuevos planteamientos de sostenibilidad energética en el ámbito andaluz, reflexiones perfectamente trasladables, no obstante, como futuras líneas directrices de actuación, a otros entes regionales. Se analiza y contextualiza también con detalle el régimen de los organismos colaboradores en este sector, así como su dimensión sancionadora.
El régimen jurídico aplicable a la gestión de los puertos de interés general, tras las reformas de los últimos años, que se han plasmado en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, es objeto de un examen exhaustivo a lo largo de esta obra. En un momento en el que se revisa el tamaño del sector público y se alzan voces cuestionando el papel y la necesidad de muchas empresas públicas, el presente libro pretende identificar las claves jurídicas actuales de la gestión pública de los puertos estatales (cuál es la naturaleza y régimen de las entidades responsables de su gestión, de qué herramientas disponen) bajo la estricta perspectiva del Derecho positivo que la regula. A lo largo de sus páginas, en un recorrido que lleva desde mediados del Siglo XIX hasta nuestros días, en esta obra hallaremos, junto al análisis de instituciones clásicas del Derecho Administrativo presentes en el ámbito portuario (dominio público, obra pública, servicio público) y de otras que pueden empezar a serlo (entidades de derecho público sujetas al ordenamiento privado, prestaciones patrimoniales de carácter público), una explicación de las razones que han llevado a la regulación actual (presencia de las Comunidades Autónomas, crisis de la T-3, etc.), así como una valoración crítica de la misma.
Las publicaciones de esta colección únicamente se pueden adquirir, completamente actualizadas, en la Librería del BOE o en su tienda virtual. El plazo de entrega será como máximo: Tres días hábiles en caso de que haya existencias disponibles y actualizadas. Siete días hábiles en caso de que no haya existencias disponibles y actualizadas. Debe tenerse en cuenta que en el caso de recopilar normativa autonómica, el Código no podrá actualizarse hasta que se efectúen las correspondientes publicaciones oficiales en el BOE.
La presente monografía reúne un conjunto de ensayos sobre la importante y largamente esperada Directiva comunitaria en materia de responsabilidad por daños ambientales, 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, y la problemática que plantea su incorporación al ordenamiento español, elaborados por algunos de los mejores especialistas españoles en el campo del Derecho ambiental. El libro cuenta con las aportaciones de Jesús Jordano Fraga, Eduardo Orteu Berrocal, Rafael Márquez Molero, José Francisco Alenza García, Germán Valencia Martín y Angel Ruiz de Apodaca Espinosa, que analizan con todo detalle los principales extremos del régimen jurídico de la institución configurado por la Directiva: la responsabilidad objetiva y sus excepciones, su ámbito de aplicación, el tema de los seguros, etc. La obra se dirige, en general, a todo el público interesado en los temas ambientales, del mundo universitario, profesional y de la Administración, a la vez que aspira a incorporarse al debate recientemente abierto por el Ministerio de Medio Ambiente sobre la futura normativa estatal de transposición de la Directiva.
El Tratado de Regulación del Sector Eléctrico supone la culminación de un ambicioso proyecto llevado a cabo por un grupo de juristas y economistas, estudiosos y profesionales de prestigio en el campo de la energía eléctrica. La obra, editada y publicada por Iberdrola y Thomson-Aranzadi, está presentada por Ignacio S. Galán y codirigida por Fernando Becker, Luís María Cazorla, Julián Martínez-Simancas y José Manuel Sala, está llamada a ser de consulta obligada para todo interesado en el sector eléctrico por su análisis completo y sistemático de los grandes temas afectantes a la regulación de este sector. El análisis se ordena en dos partes -jurídica y económica-, fruto de esta doble vertiente que, entre otras, presenta la materia de la regulación eléctrica. Bajo estos dos enfoques científicos se abordan -a la luz de la nueva etapa abierta por la adaptación a las exigencias comunitarias- temas esenciales para el sector eléctrico, como el mercado de producción de energía eléctrica, el régimen de las energías renovables, el papel del regulador, los principios de buena regulación, la competencia en el sector eléctrico, el déficit tarifario, la comercialización o la calidad del suministro. Estos y otros temas no se exponen, por fin, de forma meramente descriptiva; se hace con planteamientos constructivos en los que abundan propuestas que, sin lugar a dudas, merecen atención.
""El libro lleva por título ?Regulación y autorización de los parques eólicos?. ¿Por qué la energía eólica en particular? Porque de las fuentes de energía renovables actualmente aceptadas y desarrolladas como tales, la energía eólica es la que está experimentando un mayor desarrollo y la que más está contribuyendo de forma efectiva al mix de generación eléctrica en muchos países, lo cual da lugar, lógicamente, a la aparición de problemas y conflictos a los que el Derecho trata de poner solución. En España, se ha convertido en uno de los pilares de nuestra estructura energética, llegando a aportar en 2007 el 10% de la energía eléctrica consumida (lo que supone el segundo lugar a nivel mundial en porcentaje de consumo eléctrico de origen eólico, sólo por detrás de Dinamarca). A nivel global, los datos son también elocuentes: en una década (de 1997 a 2006), la capacidad eólica instalada se ha incrementado nada menos que 10 veces, llegando a cubrir su producción más del 1,3% de la demanda global de electricidad. Por tanto, no se trata ya de una posibilidad o alternativa que necesite ser probada, sino de una realidad que merece ser fomentada. Y ese fomento se centra en dos aspectos fundamentales, que constituyen los objetos principales del trabajo, y que se manifiestan en el título: el apoyo público que todavía -aunque cada vez menos- necesita en orden a asegurar una compensación razonable por los mayores costes que su implantación supone en comparación con las energías convencionales así como por los beneficios ambientales y sociales que reportan («regulación» de la retribución de la electricidad generada por los productores en régimen especial, entre los que se incluyen las instalaciones eólicas, para los que se prevén tarifas o primas -diferenciadas por tecnologías renovables- que aseguran dicha compensación), en lo que se centra la Parte Primera; y la reducción -obligada, en virtud de la aplicación de la Directiva «de renovables»- de los obstáculos normativos y administrativos que entorpecen dicha implantación («autorización», en sentido amplio), a lo que se dedica la Parte Segunda. Aspectos ambos debidamente destacados y tratados por la Comisión Europea. El interés de la obra difícilmente puede pasarse por alto: si ya son escasos los trabajos dedicados a las implicaciones de Derecho administrativo de un sector económico -el de las energías renovables- en clarísima tendencia expansiva, ni que decir tiene con respecto a la energía eólica, a pesar de que debido a su acelerada expansión en nuestro país ha surgido una normativa específica bastante más numerosa que para otras tecnologías de energía renovable. Por otra parte, por el mismo motivo de su gran expansión y protagonismo actual, y porque la obra cuenta con datos, información y opiniones que trascienden el ámbito estrictamente jurídico, el interés -aparte del que lógicamente puede suscitar en el ámbito académico- no sólo se circunscribe al sector industrial y empresarial, así como a las distintas Administraciones públicas implicadas, sino que también puede llegar a una parte -más concienciada en los temas energético-ambientales- del público en general. Esa conciencia se percibe también en la obra, que tiene en el trasfondo una idea-guía básica: el cambio de modelo energético que necesariamente ha de producirse en nuestra sociedad. De la actual situación de masiva utilización de fuentes de energía fósiles hemos de pasar a otra en la que las fuentes renovables acaben por sustituir completamente a las anteriores, preferiblemente antes de su inexorable agotamiento, pues llegados a ese punto el problema del Calentamiento Global del planeta sería ya irreversible. Aunque la certeza científica sobre que las causas del Cambio Climático sean antropogénicas aún no es total (el 4º Informe del IPCC establece la probabilidad como very likely, lo que cuantifica en una cifra superior al 90%), lo cierto es que la lucha contra el problema se está convirtiendo en una realidad jurídica a nivel global que no se puede obviar.
La regulación jurídica de la contaminación acústica ha recibido una especial atención en la doctrina española, sobre todo desde la aprobación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre de Ruido, que se dictó en transposición de la Directiva 2002/49//CE del Parlamento y del Consejo, de 25 de junio de 2002. Hasta la probación en 1996 del Libro Verde sobre la futura política comunitaria del ruido, las iniciativas normativas sobre la materia consistían en regulaciones fraccionadas en diversas directivas que regulaban los niveles de ruido permitidos en la fabricación de distintos productos destinados al comercio intracomunitario. Algunas de las propuestas planteadas en dicho documento como el intercambio de información, la elaboración de un cartografiado del ruido o la información al público, sirvieron de base para la aprobación de la mencionada Directiva mediante la que se persigue crear un marco común europeo para la evaluación del ruido, en orden a lograr una acción más efectiva. En la ya abundante bibliografía que prueba el interés suscitado por los problemas derivados del aumento de este tipo de contaminación y por el tratamiento que ha recibido tanto en la Directiva 2002/49/CE como en la Ley 37/2003, del Ruido al tratar de introducir una normativa básica para la prevención y corrección de las perturbaciones acústicas, se aprecia, no obstante, que ha sido menos atendido o prácticamente ignorado hasta la fecha, el análisis jurídico de las normas destinadas a regular las molestias ocasionadas por las aeronaves civiles. La aceptación por el Auto del Tribunal Supremo, de 11 de mayo de 1989, de que la contaminación acústica constituye un subsistema específico integrado en el sistema jurídico de medio ambiente, se ha visto confirmada tanto por la jurisprudencia constitucional como por la normativa y ha propiciado la realización de diversos análisis jurídicos sobre las técnicas ofrecidas por la regulación básica mencionada, pero sin que ninguno de ellos profundice suficientemente en su aplicación al ruido aeronáutico. El objetivo del presente trabajo es, por tanto, contribuir al estudio de los instrumentos que ofrece el Derecho para prevenir, controlar y corregir las afecciones acústicas que sufren quienes residen en las inmediaciones de los aeropuertos. Se trata de un problema ambiental que reviste un indudable interés, a la vista del aumento de las quejas elevadas por los ciudadanos y de los conflictos que suscita la construcción o ampliación de las infraestructuras aeroportuarias. La investigación se organiza siguiendo el siguiente planteamiento. En primer lugar, se intenta realizar una aproximación al Derecho aeronáutico por tratarse de una rama que regula la navegación aérea, caracterizada por su interdisciplinariedad e internacionalidad. Este último rasgo exige el repaso de la regulación llevada a cabo por las organizaciones internacionales en esta materia y su evolución hasta la adopción por la Organización Internacional de la Aviación Civil en 2001, del principio del enfoque equilibrado. Mediante esta técnica se persigue la aplicación coordinada y homogénea de las siguientes medidas tras realizar una evaluación previa de las afecciones acústicas de un aeropuerto determinado: a) la reducción de las emisiones en la fuente misma, esto es, en el diseño de la aeronave, b) el establecimiento de procedimientos operativos para aminorar los efectos de la contaminación acústica, c) la adopción de restricciones operativas y d) una adecuada gestión y planificación del territorio. Si bien estas cuatro líneas de trabajo comprendidas en la técnica del enfoque equilibrado constituyen los pilares fundamentales en los que se apoyará el resto de la exposición, con carácter previo, se ha considerado oportuno tratar de explicar aspectos ajenos al Derecho (como la tipología de ruidos existente y de fuentes que los originan), pero cuya comprensión resulta imprescindible para valorar en toda su extensión la naturaleza y el comportamiento de este agente contaminante. A continuación se procede a estudiar la consideración que recibe el ruido como factor integrante del concepto constitucional de medio ambiente y se analiza su injerencia en algunos derechos fundamentales mediante el estudio de la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El análisis del control del ruido aeronáutico en la fuente como primera técnica contenida en el principio de enfoque equilibrado, se aborda mediante el estudio de la homologación que constituye el principal instrumento creado con el fin de reducir las emisiones sonoras en la fabricación de la aeronave. Para ello se expone con detalle la consideración que reciben los requisitos acústicos en la obtención de las certificaciones exigidas, proceso que se completa con la adopción de restricciones operativas y que supone la prohibición o admisión del uso de las aeronaves, en función de sus niveles de emisión sonora. Las dos medidas anteriores se completan con la presentación de lo que se conoce como disciplina del tráfico aéreo y que contiene los procedimientos operativos aprobados por razones acústicas que abarcan diferentes medidas que inciden en las trayectorias de despegue y aterrizaje de las aeronaves, entre las que se incluyen las restricciones de uso de rutas, de sobrevuelo o de altitud, de utilización de reversa, o la aprobación de desviaciones máximas permitidas definidas para cada maniobra. A continuación, se trata de valorar la utilidad de los instrumentos de planificación existentes para prevenir el ruido aeronáutico. Para ello, se comienza por estudiar la consideración que reciben las afecciones acústicas en la planificación aeroportuaria y las técnicas existentes para lograr su compatibilidad con la planificación territorial y urbanística. Este apartado se concluye con la presentación de la figura del Plan de Acción en materia de contaminación acústica acompañado de una aproximación de lo que podría ser su contenido en relación con la prevención y el control de la contaminación acústica aeroportuaria. La aplicación de las medidas que componen el enfoque equilibrado requiere, asimismo, tener en cuenta la necesaria introducción de la técnica de la evaluación de impacto ambiental en los proyectos, actividades, planes y programas relacionados con las infraestructuras aeroportuarias. Para el análisis de las virtudes que ofrece la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de infraestructuras aeroportuarias en la prevención de las afecciones acústicas, nos servimos de un ejemplo de su aplicación en el sistema general aeroportuario de Madrid. Finalmente, la evaluación ambiental estratégica recibe una atención separada debido a su importancia y a la necesidad de proponer tanto los tipos de planes que deben constituir el objeto de dicha evaluación en el caso de la prevención y control del ruido aeroportuario, como un esbozo de los trámites fundamentales que lo han de conformar, tarea que se abordará en el último capítulo. Este libro recoge la tesis doctoral defendida en febrero de 2008 en la Facultad de Derecho de San Sebastián ante una Comisión presidida por Dn. L. Parejo Alonso y compuesta por Dn. José Esteve Pardo, Dn. J.M. Castells Arteche, Dn. Leopoldo Tolívar Alas y Dñ. B. Lozano Cutanda. Aprovecho su publicación para reiterarles a todos ellos mi agradecimiento por el interés y benevolencia de juicio que mostraron en todo el proceso y para enriquecer el trabajo con sus valiosas aportaciones. Estoy especialmente agradecida, asimismo, a Dn. Edorta Cobreros Mendazona - Director de la tesis - por la paciencia, el rigor y el respeto con que realizó su tarea y por la amistad con que me ha honrado en todo momento.
La presente edición, actualizada a junio de 2010, recoge la ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad vial, el nuevo Reglamento General de conductores y los cambios que afectan al Reglamento General de Vehículos.
Es inaplazable, y la crisis económica e institucional actual así lo pone de manifiesto, la reconsideración de muchas de las estructuras y paradigmas vigentes en nuestra sociedad. Uno de ellos, y con relevante valor estratégico, es, sin duda, el modelo energético español. Este libro analiza la respuesta de la Comunidad andaluza a las exigencias derivadas de la implantación de una nueva cultura energética, basada en el ahorro, la eficiencia y la progresiva sustitución de energías fósiles por energías renovables. El Decreto 169/2011, de 31 de mayo, vehiculiza y desarrolla, además, las grandes declaraciones programáticas y legislativas precedentes, siendo por ello Andalucía una de las primeras Comunidades Autónomas en adoptar un marco normativo completo y exhaustivo sobre las nuevas medidas de racionalización energética y su proyección a sectores económicos nucleares como la edificación, la industria o el transporte. El libro tiene, por ello, una evidente vocación práctica y aplicativa. Sin renunciar al rigor científico, los autores, especialistas reconocidos en materia de intervención administrativa en los distintos sectores energéticos, analizan con detalle y de forma sistemática las distintas proyecciones sectoriales de los nuevos planteamientos de sostenibilidad energética en el ámbito andaluz, reflexiones perfectamente trasladables, no obstante, como futuras líneas directrices de actuación, a otros entes regionales. Se analiza y contextualiza también con detalle el régimen de los organismos colaboradores en este sector, así como su dimensión sancionadora.
El régimen jurídico aplicable a la gestión de los puertos de interés general, tras las reformas de los últimos años, que se han plasmado en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, es objeto de un examen exhaustivo a lo largo de esta obra. En un momento en el que se revisa el tamaño del sector público y se alzan voces cuestionando el papel y la necesidad de muchas empresas públicas, el presente libro pretende identificar las claves jurídicas actuales de la gestión pública de los puertos estatales (cuál es la naturaleza y régimen de las entidades responsables de su gestión, de qué herramientas disponen) bajo la estricta perspectiva del Derecho positivo que la regula. A lo largo de sus páginas, en un recorrido que lleva desde mediados del Siglo XIX hasta nuestros días, en esta obra hallaremos, junto al análisis de instituciones clásicas del Derecho Administrativo presentes en el ámbito portuario (dominio público, obra pública, servicio público) y de otras que pueden empezar a serlo (entidades de derecho público sujetas al ordenamiento privado, prestaciones patrimoniales de carácter público), una explicación de las razones que han llevado a la regulación actual (presencia de las Comunidades Autónomas, crisis de la T-3, etc.), así como una valoración crítica de la misma.