En Derecho Internacional Público las partes determinan a través del compromiso arbitral los aspectos relativos a la constitución del órgano, la fijación del procedimiento y el derecho aplicable, pero pocas veces establecen mecanismos encaminados a instaurar sistemas de control sobre la sentencia. La práctica arbitral revela la existencia de procedimientos contenciosos subsiguientes al laudo con la finalidad de determinar el sentido y alcance de lo juzgado, corregir errores de hecho invalidantes del laudo y apreciar la posible existencia de causas de nulidad que pudieran atacar la oponibilidad de la decisión arbitral.
Que la competencia favorece el desarrollo de la economía es ya un lugar común. La competencia actúa de acicate para que los operadores en el mercado desarrollen su espíritu de iniciativa, la innovación y el progreso técnico y económico. Además, contribuye a aumentar la eficacia del proceso económico, al asegurar de un modo estable el reparto más racional de los factores de producción. En última instancia, los consumidores dispondrán de mejores productos a precios más competitivos.
La obra analiza el Convenio sobre Diversidad Biológica como marco jurídico internacional para la participación justa y equitativa de los Estados en desarrollo en los beneficios que se derivan de los recursos genéticos. En particular, son objeto de estudio
"Su autora nos ofrece su personal visión de este apasionante capítulo del Derecho Internacional Público más reciente, esta vez desde una óptica más amplia y compleja, desentrañando lo que ha sido la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado en el conjunto de la antigua Unión Soviética, sobre todo desde la perspectiva de los Estados sucesores de la antigua URSS." La primera parte de la monografía trata el concepto de sucesión de Estados, mientras que la segunda se ocupa de analizar como se ha desarrollado en la práctica esta sucesión en el caso de la antigua URSS, profundizando en un factor decisivo como es el reconocimiento internacional.
La inmunidad de jurisdicción que han disfrutado tradicionalmente los Jefes de Estado frente a las acciones penales emprendidas contra ellos ante tribunales extranjeros está siendo puesta en tela de juicio, al hilo de recientes acontecimientos, por la opinión pública y por los medios de comunicación, que perciben este privilegio como un salvoconducto para la impunidad de tan altos mandatarios. Además, y como no podía ser de otra forma, el debate acerca del alcance de este derecho ha llegado al ámbito académico e, incluso, se ha planteado en los tribunales de determinados Estados, entre ellos los españoles, debido a la incertidumbre que suscita su actual regulación jurídica, en pleno proceso de evolución como consecuencia del proceso de erosión sufrido por el propio concepto de soberanía estatal, en la que encuentra su fundamento, y de las transformaciones experimentadas por otros sectores del Derecho internacional, destacando a este respecto los avances impulsados en el Derecho internacional de los derechos humanos y en el Derecho internacional penal, con objeto de evitar, o al menos de sancionar convenientemente, los más graves crímenes internacionales. En este trabajo, que por su carácter interdisciplinar interesará a estudiosos del Derecho internacional, del Derecho penal y del Derecho procesal, no solo se abordan los aspectos teóricos de la cuestión, sino que también se examinan multitud de supuestos de la práctica en los que la Audiencia Nacional española y distintos tribunales extranjeros se han pronunciado acerca de querellas presentadas contra Jefes de Estado en ejercicio o que ya han abandonado el cargo, en muchos casos acusados de haber cometido graves crímenes contra la humanidad, de los que sin, duda, el más conocido es el procedimiento judicial intentado contra el antiguo presidente chileno, Augusto Pinochet, en España y la consiguiente solicitud de extradición al Reino Unido, donde se encontraba detenido.
En Derecho Internacional Público las partes determinan a través del compromiso arbitral los aspectos relativos a la constitución del órgano, la fijación del procedimiento y el derecho aplicable, pero pocas veces establecen mecanismos encaminados a instaurar sistemas de control sobre la sentencia. La práctica arbitral revela la existencia de procedimientos contenciosos subsiguientes al laudo con la finalidad de determinar el sentido y alcance de lo juzgado, corregir errores de hecho invalidantes del laudo y apreciar la posible existencia de causas de nulidad que pudieran atacar la oponibilidad de la decisión arbitral.
Que la competencia favorece el desarrollo de la economía es ya un lugar común. La competencia actúa de acicate para que los operadores en el mercado desarrollen su espíritu de iniciativa, la innovación y el progreso técnico y económico. Además, contribuye a aumentar la eficacia del proceso económico, al asegurar de un modo estable el reparto más racional de los factores de producción. En última instancia, los consumidores dispondrán de mejores productos a precios más competitivos.
La obra analiza el Convenio sobre Diversidad Biológica como marco jurídico internacional para la participación justa y equitativa de los Estados en desarrollo en los beneficios que se derivan de los recursos genéticos. En particular, son objeto de estudio
"Su autora nos ofrece su personal visión de este apasionante capítulo del Derecho Internacional Público más reciente, esta vez desde una óptica más amplia y compleja, desentrañando lo que ha sido la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado en el conjunto de la antigua Unión Soviética, sobre todo desde la perspectiva de los Estados sucesores de la antigua URSS." La primera parte de la monografía trata el concepto de sucesión de Estados, mientras que la segunda se ocupa de analizar como se ha desarrollado en la práctica esta sucesión en el caso de la antigua URSS, profundizando en un factor decisivo como es el reconocimiento internacional.
La inmunidad de jurisdicción que han disfrutado tradicionalmente los Jefes de Estado frente a las acciones penales emprendidas contra ellos ante tribunales extranjeros está siendo puesta en tela de juicio, al hilo de recientes acontecimientos, por la opinión pública y por los medios de comunicación, que perciben este privilegio como un salvoconducto para la impunidad de tan altos mandatarios. Además, y como no podía ser de otra forma, el debate acerca del alcance de este derecho ha llegado al ámbito académico e, incluso, se ha planteado en los tribunales de determinados Estados, entre ellos los españoles, debido a la incertidumbre que suscita su actual regulación jurídica, en pleno proceso de evolución como consecuencia del proceso de erosión sufrido por el propio concepto de soberanía estatal, en la que encuentra su fundamento, y de las transformaciones experimentadas por otros sectores del Derecho internacional, destacando a este respecto los avances impulsados en el Derecho internacional de los derechos humanos y en el Derecho internacional penal, con objeto de evitar, o al menos de sancionar convenientemente, los más graves crímenes internacionales. En este trabajo, que por su carácter interdisciplinar interesará a estudiosos del Derecho internacional, del Derecho penal y del Derecho procesal, no solo se abordan los aspectos teóricos de la cuestión, sino que también se examinan multitud de supuestos de la práctica en los que la Audiencia Nacional española y distintos tribunales extranjeros se han pronunciado acerca de querellas presentadas contra Jefes de Estado en ejercicio o que ya han abandonado el cargo, en muchos casos acusados de haber cometido graves crímenes contra la humanidad, de los que sin, duda, el más conocido es el procedimiento judicial intentado contra el antiguo presidente chileno, Augusto Pinochet, en España y la consiguiente solicitud de extradición al Reino Unido, donde se encontraba detenido.