Ir al contenidoDerecho internacional privado y conflicto de leyes
El Reglamento 1215/2012 (Reglamento Bruselas I-bis) constituye el instrumento jurídico internacional de mayor importancia para la determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles y de los tribunales de los Estados miembros de la UE y el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil. Esta obra ofrece un análisis en profundidad de esta normativa, que ha generado más de doscientas sentencias interpretativas dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que resulta imprescindible para la correcta práctica de la litigación internacional.
La Ley aplicable a los contratos internacionales celebrados después del 17 de diciembre de 2009 se determina con arreglo al Reglamento 593/2008 de 17 junio 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, conocido como «Reglamento Roma I». Este Reglamento obliga a todos los Estados miembros de la UE, excepto Dinamarca. El Reglamento Roma I contribuye al buen funcionamiento del Mercado interior; porque favorece «la previsibilidad del resultado de los litigios» y porque potencia «la seguridad en cuanto a la ley aplicable». El Reglamento Roma I contribuye también a la creación del «espacio de libertad, seguridad y justicia». En efecto, la unificación de las normas de conflicto favorece la libre circulación de resoluciones judiciales, pues un Estado miembro («Estado de destino») aceptará sin problemas el reconocimiento y ejecución de resoluciones dictadas en otro Estado miembro («Estado de origen»), si las autoridades del Estado de origen han dictado una resolución en la que se ha aplicado la misma Ley que hubiera aplicado una autoridad del Estado de destino.
Este libro que ahora se presenta en versión española, francesa, inglesa e italiana, tiene su origen en el Congreso internacional Franco-Latinoamericano celebrado en Rennes y organizado por el profesor Thomas Genicon, en el que se adoptó el compromiso de repensar lo que hoy deben ser los rasgos identificadores del derecho de contratos latinoamericano. Como primer estudio en la materia destacó la obra El derecho de los contratos en Latinoamérica: Bases para unos principios de derecho de los contratos, coordinada por Carlos Pizarro Wilson, una visión fidedigna de los elementos comunes de los ordenamientos latinoamericanos. A partir de ese momento, comenzó un proceso de preparación de los sucesivos borradores de los Principios, que ha durado cinco años. Todos ellos, una vez preparados, han sido objeto de debate, primero en reuniones o seminarios celebrados en diferentes universidades de Latinoamérica, luego en congresos internacionales más abiertos. Se han celebrado en Chile, España (16 y 17 de junio de 2016, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación) y Gran Bretaña. El último, el más reciente, que ha tenido lugar en Valparaíso en el verano de 2017, ha servido para preparar la versión definitiva de los Principios que recoge este libro. Los Principios Latinoamericanos, elaborados por docentes, están imbuidos de seriedad intelectual y rigor científico, sin que ello les prive de sentido práctico. Además, los sucesivos congresos celebrados para su discusión han estado abiertos a juristas de cualquier perfil. El objetivo final del trabajo académico que el lector tiene en sus manos, es el de proponer un modelo de reglas que permitan inspirar reformas legales necesarias en la región en el área sensible de los contratos pero, también, que con arreglo a ellas, se puedan resolver conflictos que se susciten en contratos internacionales de la región latinoamericana.
En el Tratado de Roma de 1957 se reguló la Política Agraria y la Política de competencia pero, sin embargo, la agricultura siempre ha recibido un tratamiento diferenciado respecto al resto de sectores. Se detiene en las excepciones agrarias y su operatividad a través del Reglamento 1308/2013. Para contextualizar el objeto de análisis, se presentan los distintos cárteles que se han creado en el sector agroalimentario en Europa y en España y se hace una remisión a la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria. Se presenta la aplicación pública y privada del Derecho de la competencia y se intenta comprender cómo salvaguardar los programas de clemencia sin atentar contra los intereses de los particulares ¿Qué bien jurídico debe prevalecer? Se analiza someramente el contenido de la Directiva 2014/104/UE y el Real Decreto-Ley 9/2017 y llama la atención la omisión de una medida procesal importante como son las acciones colectivas. Se otorga a toda la investigación un enfoque ius internacional privatista porque las relaciones comerciales persiguen intereses privados y las infracciones en competencia traspasan las fronteras de los países. Se evidencia que las infracciones en competencia son materia extracontractual y deben regularse por el artículo 7.2º del Reglamento Bruselas I bis y por el Reglamento Roma II. Se analiza qué tribunal será competente y que ley será aplicable en el caso de un cártel con elementos transfronterizos. Una mención especial tendrán las leyes de policía. Finaliza con la presentación de un caso práctico. Cayetana Santaolalla Montoya es Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra UNAV, Doctora en Derecho por la Universidad del Pais Vasco UPV/EHU y profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Internacional de La Rioja UNIR.
El problema de los negocios llamados irregulares, entendiendo por tales no aquellos que no estan conformes con las disposiciones leegales, sino los que en alguna ocasion producen efectos disconformes con la naturaleza de los particulares tipos legales a
El objetivo de este libro es el análisis de los problemas jurídicos vinculados y derivados de las operaciones de internacionalización de las sociedades mercantiles, así como, aquellas operaciones de reestructuración societaria, que implican un traslado internacional de sede social o movilidad dentro del territorio de la Unión Europea. La colisión entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho Internacional Privado de los Estados miembros, en materia societaria, sigue siendo una realidad que, ni la integración a través del derecho derivado, ni los pilares esenciales regulados en el derecho originario, ni la propia jurisprudencia del TJUE, han resuelto todavía. En este libro se parte, a modo de introducción, del concepto de globalización e internacionalización que se analizan desde el punto de vista económico y del mundo de la empresa. Posteriormente, se realiza un análisis de los principios jurídico-económicos de la Unión Europea, partiendo de la evolución del concepto de mercado común, hasta la consagración del actual mercado único o interior. Por otro lado, se analiza la evolución de la armonización del Derecho de Sociedades en el marco de la Unión Europea, así como, la libertad de establecimiento como pilar fundamental para la consecución del mercado interior, desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea y del Derecho Internacional Privado. Se lleva a cabo un análisis internacional privatista sobre la efectiva aplicación de la libertad de establecimiento, por parte de los Estados miembros. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea garantiza un principio, que se ve limitado, por una cuestión de derecho nacional, básicamente por las distintas concepciones o modelos de reconocimiento de sociedades, implícitos a los sistemas de conflicto de leyes, que se siguen en los distintos Estados miembros de la UE: el modelo de constitución o incorporación y el modelo de sede real o efectiva. Al analizar cada modelo, y ver cuáles son las consecuencias del enfrentamiento jurídico, se puede comprobar que parten de concepciones muy diferentes, que vienen determinadas, por cuestiones de política económico-legislativa de los legisladores nacionales, y se podrá comprobar que, ambas concepciones, tienen incidencia directa en cuanto a la aplicación de la libertad de establecimiento. En la Segunda Parte del trabajo, se analizan por un lado, aquellos instrumentos jurídicos actuales de derecho derivado, que facilitan operaciones transfronterizas de cooperación y reestructuración empresarial y, por otro lado, las decisiones jurisprudenciales, más relevantes, dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde 1988 hasta el año 2008, relativas a la interpretación de la libertad de establecimiento. Finalmente, en la última parte del libro, sintetizado en el apartado dedicado a las conclusiones, se proponen por parte del autor, soluciones a los problemas jurídicos detectados en relación a la libertad de establecimiento, a los reglamentos sobre la SAE y la SCE, la Propuesta de Reglamento del Estatuto de la Sociedad Privada Europea, la Propuesta de 14ª Directiva de traslado de sede social y a la colisión de los modelos normativos de derecho conflictual, en materia societaria en el ámbito europeo. Sergio Prats Jané es Doctor en Derecho Internacional por la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona, actualmente es Profesor Asociado de dicha Universidad, desde el año 2006, y abogado en ejercicio con despacho en Barcelona. Inició su etapa profesional como Funcionario titular en la Administración de Justicia. Finalizó sus estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona y, tras solicitar la excedencia voluntaria como Funcionario, inició su etapa académica a través de una beca de investigación como Becario Predoctoral en la Universidad de Barcelona, en el Área de Derecho Internacional Privado del Departamento de Derecho y Economía Internacionales, donde inició sus estudios de Doctorado. Tras esta etapa inicial, compaginó la docencia universitaria en la Universitat Abat Oliba CEU, junto al ejercicio profesional como abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, fundando el despacho PSG Abogados, despacho especializado en Derecho Privado y Derecho Internacional. Durante estos últimos años, el Dr. Prats, además, ha sido profesor sustituto de la UNED en la Delegación de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) de las asignaturas de Derecho Internacional Privado y Derecho de la Unión Europea; Profesor Asociado de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona de la asignatura de Comercio Internacional del Grado en Derecho y de Litigación Internacional de los negocios en el Master en Derecho de la Empresa y la Contratación. Asimismo, ha sido profesor en distintos Masters de Derecho Internacional y de Derecho de Empresa, ha impartido conferencias y seminarios en distintas universidades españolas y colegios profesionales y tiene distintas publicaciones en relación al Derecho Internacional de sociedades en el ámbito de la Unión Europea.
La "Legislación de Derecho Internacional Privado" contiene el sistema de fuentes del Derecho internacional privado español, referido tanto a las cuestiones de Derecho procesal civil internacional como a los conflictos de leyes, tanto internos como internacionales. En una primera parte se contienen las reglas del Derecho int ernacional privado de fuente estatal, con los extractos correspondientes del Código civil, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil y otra docena de leyes y reglamentos. Una segunda parte, mucho más extensa, contiene más de setenta textos tanto institucionales (Unión Europea), como convencionales (Conferencia de La Haya, Consejo de Europa, CIDIP. CIEC, Naciones Unidas y convenios bilaterales). Destaca el incremento de las fuentes europeas (un convenio y trece reglamentos), buena parte de reciente promulgación, que constituyen el régimen fundamental que configura el sistema español de Derecho internacional privado. Dichos textos a menudo concurren con convenios internacionales y con Derecho interno que regulan la misma materia, resultando esencial una delimitación de su aplicación que el lector podrá orientar a través de las notas a pie de página, concordancias y normas de aplicación de cada texto internacional que se proporcionan en el índice analítico. La singularidad de este compendio legislativo radica, precisamente, en la riqueza de las notas aclaratorias, concordancias y en el extenso índice analítico, que permite una consulta orientada para la localización de las normas concretas aplicables a cada supuesto de hecho. Permanentemente actualizada, la Legislación de Derecho Internacional Privado está concebida para servir no solo como instrumento didáctico y académico, facilitando el estudio y la solución de casos prácticos en materia de Derecho internacional privado, sino como una herramienta de gran utilidad para el ejercicio práctico del Derecho en un sector del ordenamiento caracterizado por su dispersión normativa y por una complejidad consustancial.
El Proyecto de Marco Común de Referencia ( DCFR) comenzó a gestarse en el año 1989, cuando el Parlamento Europeo planteó la creación de un Código civil europeo. En el año 2009 se publicó una segunda versión del texto (la primera data de 2007), como fruto del trabajo de dos grupos de expertos, el Study Group on a European Civil Code y el Research Group on EC Private Law (Acquis Group). En buena medida, el DCFR está basado en los Principios de derecho europeo de contratos (Principles of European Contract Law) principios elaborados en la década de los años ochenta por un grupo de expertos bajo la coordinación del jurista danés Ole Lando. Finalmente, la revisión presentada en el año 2011, llamada Estudio de Viabilidad, representa el fundamento del trabajo para la elaboración de un futuro Derecho contractual europeo. El DCFR contiene una serie de principios, definiciones y reglas modelo de Derecho privado europeo que pretenden servir como preludio de una plasmación jurídica efectiva con respaldo político, dejando de ser un trabajo puramente académico. La versión en español del DCFR que ahora se ofrece se ha realizado en el contexto de un proyecto de traducción del mismo a cinco lenguas de la UE, financiado por la Comisión Europea y dirigido por el profesor Dr. Hans Schulte-Nölke (Universidad de Osnabrück, Instituto de Estudios Jurídicos Europeos). La traducción inicial, encargada a una empresa, ha sido revisada en lengua española por diferentes profesores y especialistas bajo la coordinación de Carmen Jerez Delgado, profesora titular de derecho civil de la Universidad Autónoma de Madrid.
Este estudio tiene por objeto el estudio y análisis crítico del escenario normativo Convencional, Europeo e Interno vinculado a la cooperación transfronteriza hispano/francesa junto a una segunda parte en la que desde una perspectiva internacional privatista se proyecta ese escenario potencial de cooperación sobre el ámbito del Seguro y las Actividades deportivas transfronterizas. A lo largo del estudio, que queda adscrito al ámbito material del Derecho internacional privado, se presentan una sucesión de cuestiones a las que se pretende ofrecer soluciones técnico-normativas orientadas hacia el objetivo común de facilitar la vida en sociedad de los ciudadanos transfronterizos y a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. Para ello se exploran las posibilidades de cooperación que ofrece en la actualidad el espacio transfronterizo, especialmente conectado a través del principio de libre circulación con el área de Libertad, Seguridad y Justicia, y en general con el principio de reconocimiento mutuo.
Los ensayos recopilados no representan (no lo podria, por otro lado) un tratamiento organico del Derecho privado, o de una parte de este, sino una reflexion critica sobre especificos problemas y especificas perspectivas del Derecho privado actual.
Capítulo primero. El derecho internacional privado: concepto, caracteres, objeto y contenido Capítulo segundo. El derecho internacional privado de la unión europea y el derecho internacional privado español. Fuentes y sistema normativo Capítulo ter
La litigación transnacional es frecuente en la actualidad debido al mundo globalizado en el que nos encontramos. Sin embargo, su frecuencia no implica que esté exenta de retos. Uno de ellos es la dificultad que plantea la solicitud y ejecución de medidas cautelares a nivel europeo. El legislador europeo ha pretendido paliar esta dificultad con una medida específica y concreta inexistente hasta la fecha: la orden europea de retención de cuentas. Este instrumento permite la retención de cuentas corrientes en un país europeo diferente de donde se solicita. De este modo, un acreedor podría solicitar el embargo preventivo de una cuenta corriente sin necesidad de acudir a un tribunal diferente del de su domicilio. Este mecanismo procesal facilitará la litigación transfronteriza en dos sentidos: simplificará el procedimiento de la retención de fondos en cuentas corrientes y ayudará a la ejecución final de la deuda transfronteriza.