Ha pasado algo más un siglo desde que la Ley Hipotecaria de 1909 reguló el llamando procedimiento judicial sumario del artículo 131. Entonces la base de aquella Ley fue atribuir privilegios procesales ejecutivos a los grandes acreedores en aras del pretendido fin de la difusión del crédito territorial. En la realidad social las hipotecas eran pocas -unos miles al año-, recaían principalmente sobre fincas rústicas y el crédito hipotecario perseguía un fin empresarial. En el siglo transcurrido han cambiado muchas cosas y el legislador -el que debe regular la hipoteca y su ejecución- no lo ha entendido así. En la actualidad, incluso en estos años de recesión, las hipotecas vigentes en el Registro se cuentan por cientos de miles, se hipotecan principalmente viviendas y los préstamos hipotecarios han pasado a ser contratos de adhesión suscritos por las personas comunes y corrientes que con los préstamos hipotecarios no pretenden un fin de lucro. Ahora se trata de comprar una vivienda. Hasta hoy ha sido raro el español que no ha comprado una vivienda acudiendo al préstamo hipotecario. Esta obra, que es continuación de tres anteriores, se ha centrado en la hipoteca inmobiliaria y en su ejecución y se ha tratado de atender a la experiencia doctrinal y judicial acumulada en la aplicación de la LEC de 2000. Explicando como las ejecuciones hipotecarias (como todos los procesos especiales, sean de declaración o de ejecución) son manifestaciones de tutelas judiciales privilegiadas, esto es, de privilegios procesales concedidos por el legislador, en este caso a los grandes acreedores, se ha intentado reconducir esa tutela privilegiada por caminos procesales compatibles con la tutela judicial efectiva de todas las partes, también de los ejecutados.
Esta 5.ª edición de Elementos de Derecho Hipotecario es claramente continuadora de sus ediciones precedentes que constituyen ya un clásico de la literatura hipotecaria y notarial. Desde un punto de vista formal, además de haberse acomodado la nueva edición a un único volumen, se ha reorganizado su sistemática para hacerla confluir con la del vigente programa de acceso a Notarías. Desde el punto de vista de su actualización normativa, cabe señalar que no han sido pocas las novedades introducidas y que han afectado a cuestiones tan relevantes como: la representación gráfica de las fincas; la publicidad registral y la concordancia entre el registro y el catastro; la doble o múltiple inmatriculación; la reanudación del tracto sucesivo interrumpido; el expediente de inmatriculación de fincas que ahora se sustancia ante notario; etc.
La ejecución hipotecaria se configura como uno de los procedimientos más frecuentes en los juzgados. Este procedimiento de ejecución especial y sumario, así como la fase precontractual y contractual de suscripción de hipotecas, han sido objeto de una ser
En este libro el lector encontrará el régimen jurídico aplicable en España a las Instituciones de Inversión Colectiva (capítulos I y II), al Mercado Hipotecario (capítulos III y IV), y a la Titulización (capítulo V). Se ha procurado que la estructura o sistemática de la obra permita tanto el fácil seguimiento de la configuración legal de las distintas instituciones jurídicas examinadas, como la fácil localización de la materia buscada. En el trabajo realizado se aúna el análisis jurídico de la norma aplicable con el estudio de las cuestiones jurídicas de especial relevancia que se suscitan al hilo de cada una de las instituciones analizadas. El capítulo primero está dedicado al régimen general de las Instituciones de Inversión Colectiva. Dado que la información constituye el fulcro sobre el que pivota la transparencia, se estudia con detenimiento el régimen jurídico aplicable, tanto en lo que hace a los deberes de información precontractual como a la información posterior que se ha de hacer pública y se ha de facilitar a los inversores. El capítulo segundo se ocupa de las distintas clases de Instituciones de Inversión Colectiva: Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión. Se examina el régimen jurídico específico de los fondos y de las sociedades. Se analizan concretas clases de fondos y sociedades como los fondos de inversión cotizados o las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) cotizadas. El capítulo incluye también el estudio de figuras jurídicas imprescindibles para el correcto funcionamiento de las Instituciones de Inversión Colectiva, como son las Sociedades Gestoras y los Depositarios de dichas Instituciones. El capítulo tercero contiene un estudio general de Mercado Hipotecario como instrumento de movilización del crédito inmobiliario. El capítulo cuarto se centra en el examen detenido de los valores hipotecarios: cédulas hipotecarias, bonos hipotecarios y participaciones hipotecarias. El capítulo quinto y último está dedicado al estudio del régimen jurídico unificado de la Titulización, que abarca la titulización de activos en general y la específica titulización hipotecaria. El capítulo se ocupa de los fondos de titulización (activo y pasivo -bonos de titulización-), las sociedades gestoras de estos fondos y el régimen de supervisión.
Culmina en este tomo de los Principios de Derecho civil del profesor Lasarte el tratamiento de la materia iniciada en el tomo anterior: la propiedad privada y los derechos reales. A lo largo del presente se exponen, en primer lugar, los derechos reales de garantía, atendiendo especialmente a ofrecer una visión actualizada y realista de la hipoteca, como instrumento económico y figura jurídica estelar de la sociedad contemporánea. Seguidamente, se consideran los derechos reales de adquisición preferente, la posesión y el Derecho hipotecario o Derecho inmobiliario registral. La presente edición se encuentra absolutamente actualizada conforme a las numerosas novedades normativas de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, así como a las de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, además de incorporar las oportunas referencias al Real Decreto 716/2009, de 24 de abril (que desarrolla reglamentariamente la Ley del Mercado Hipotecario). Al propio tiempo, entre otras novedades, da cuenta de la relevante Sentencia 792/2009, de 16 de diciembre, de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, dictada con ocasión de un recurso de casación planteado por la Organización de Consumidores y Usuarios en materia de cláusulas abusivas insertadas en los contratos de préstamo hipotecario. La sentencia, extensa y rica en matices, ha exigido su consideración en distintos pasajes de la obra, atendiendo sobre todo a los tipos de cláusulas, con incidencia en materia hipotecaria, que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Supremo. Carlos Lasarte, Vocal de la Comisión General de Codificación, ha sido Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla (1980-1989) y Vocal de la Comisión Gestora de la Universidad Carlos III de Madrid (1989-1992). Desde octubre de 1992 es Catedrático y Director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Madrid. En la Asamblea General de septiembre de 2009 ha sido elegido Presidente de la Comisión Internacional del Estado Civil, con sede en Estrasburgo, para el bienio 2010-2011.
La obra «Derecho Minero» ofrece un análisis sistematizado del derecho positivo minero desde una posición decididamente «demanialista». El estudio de este sector del ordenamiento jurídico a nivel del Estado y de las CC.AA. se presenta con el soporte de una extensa y reciente jurisprudencia de los Tribunales, de doctrina del Consejo de Estado y con la cita de un amplio número de autores cuyas tesis sirven de apoyo, contraste o contestación a las mantenidas por el autor. La obra está dividida en seis partes constituyendo la primera y la segunda lo que puede calificarse de glosario de antecedentes. En ellas se exponen las teorías sobre la titularidad de los recursos mineros, las clasificaciones de las sustancias minerales y la evolución histórica del régimen jurídico de la minería que cierra la Ley de 1973 y la obligada referencia a la Constitución de 1978 y la normativa posterior. En la parte tercera se analizan las actividades que desarrollan las Administraciones públicas, destacando las de protección del medio ambiente, de fomento de la minería y las zonas de reserva y en la parte cuarta se exponen las condiciones que han de reunir los que pretenden aprovechar recursos minerales y se estudian los diferentes títulos administrativos que han de ser otorgados, examinándose los derechos de disposición que sobre los mismos tienen sus titulares. La parte quinta viene pormenorizadamente referida al régimen jurídico que regula los aprovechamientos de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos de acuerdo con las secciones a los que éstos pertenecen, incluyendo un análisis singular de los recursos de la sección D) creada por la Ley 54/1980. Cierra la obra la parte sexta en la que se tratan las competencias administrativas y las garantías de los ciudadanos vía recursos administrativos y control jurisdiccional. Se trata, en suma, de una obra de referencia obligada en derecho de la minería, cuyo soporte jurisprudencial y de doctrina legal la dota a su vez de gran interés práctico para los profesionales del Derecho.
En este tomo de los Principios de Derecho civil del profesor Lasarte se aborda la exposición de la primera parte de la temática relativa a la propiedad privada y los derechos reales, ubicando sistemáticamente el estudio de la propiedad en el lugar primordial que, conforme a nuestro sistema económico constitucional y la realidad económica, le corresponde. En consecuencia, comprende este volumen el estudio de la propiedad y los derechos reales de goce. Los derechos reales de garantía y adquisición preferente, la posesión y el Derecho hipotecario constituyen la materia comprendida en el tomo quinto. La actual edición, además de la correspondiente actualización jurisprudencial y bibliográfica, tiene en cuenta, como principal modificación normativa, la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios, que añade un nuevo apartado en la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar que las comunidades de propietarios adopten acuerdos de instalación de sistemas que mejoren la eficiencia energética de los edificios. Igualmente, en materia de propiedad horizontal, se subraya la importancia de la STS-1ª de 30 de abril de 2010, que con acierto considera que la mayoría de tres quintos de los propietarios es suficiente para aprobar la realización de unas obras de interés general (sustitución de un antiguo sistema de calefacción alimentado de carbón por otro más moderno), al propio tiempo que afirma que dicha mayoría no es, sin embargo, suficiente para establecer el modo en el que se distribuirá el importe entre los propietarios. En relación con las entidades de gestión, damos cuenta de los parámetros fundamentales del Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, hecho público, en diciembre de 2009, por la poderosa Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en cuanto anuncia reformas de calado en la materia. Carlos Lasarte, Vocal de la Comisión General de Codificación, ha sido Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla (1980-1989) y Vocal de la Comisión Gestora de la Universidad Carlos III de Madrid (1989-1992). Desde octubre de 1992 es Catedrático y Director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Madrid. En la Asamblea General de septiembre de 2009 ha sido elegido Presidente de la Comisión Internacional del Estado Civil, con sede en Estrasburgo, para el bienio 2010-2011.
La obra examina una cuestión de máxima actualidad como es la protección de los intereses de los consumidores en las ejecuciones hipotecarias, haciendo especial hincapié en la estipulación de cláusulas abusivas en los contratos de hipoteca por parte de las entidades financieras. Las ejecuciones hipotecarias han experimentado transformaciones importantes cuando el ejecutado es consumidor, frente a otros supuestos en los que la figura del ejecutado es una promotora inmobiliaria, empresa industrial, etc. La obra analiza en detalle los citados cambios legislativos que, en gran medida, han sido impulsados por el propio autor que denunció diversas transgresiones de la normativa comunitaria por parte de la legislación hipotecaria española. Sin duda, uno de los aspectos más relevantes que derivan de la reforma hipotecaria -en vigor desde junio de 2013-, es la posibilidad de que se produzca la intervención judicial si se identifican cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.
Esta tercera edición de la obra incorpora y consolida las modificaciones legislativas (Ley Hipotecaria, Ley Concursal, Ley de Enjuiciamiento Civil y normas sectoriales sobre urbanismo, propiedad horizontal, aprovechamiento por turno de inmuebles de uso turístico, consumidores, tributos, patentes, navegación marítima y otras), que han tenido lugar en los últimos años y que afectan en gran medida a la materia objeto de estudio. Del mismo modo, cabe poner en valor el acopio de la abundante doctrina -especialmente de la Dirección General de los Registros y del Notariado- que oportunamente ha venido a interpretar las nuevas disposiciones, así como a clarificar cuestiones anteriores hasta ahora dudosas o controvertidas. Finalmente, resulta especialmente útil de cara a obtener una visión panorámica de la problemática tratada, el hecho de que la obra sintetice y confronte las opiniones más destacadas de los autores que han venido abordando los problemas jurídicos derivados de la ejecución judicial o administrativa.
Con esta obra dispondrás de una guía eminentemente práctica para gestionar eficazmente las ejecuciones hipotecarias en sede judicial. Conocerás con detalle y claridad cómo puede desenvolverse la ejecución de la garantía. En los comentarios encontrarás soluciones desde diversas opciones procesales para cada supuesto o institución tratada. Estos comentarios, en conexión con la jurisprudencia aplicable, y los formularios, te ayudarán en la redacción de tus escritos. Para apoyar su enfoque práctico, muestra imágenes reales de cláusulas insertadas en escrituras hipotecarias y documentos bancarios, que te ayudarán a comprender el control de contenido y de transparencia, elemento del que carecen el resto de las obras publicadas en la materia, en las que se identifican los aspectos más relevantes de los defectos formales que puede presentar una escritura de hipoteca cuando se examina por el Juez, para despachar la ejecución o, por el letrado, para oponerse a la misma. Con esta nueva edición tienes una completa puesta al día pues recoge las trascendentales modificaciones que se han producido por vía de la jurisprudencia del TJUE.
La obra ha sido confeccionada en un momento de crisis económica, en la que los consumidores, involucrados en un préstamo hipotecario para adquirir la vivienda habitual, difícilmente hacen frente -o el esfuerzo es enorme- al pago de las cuotas pactadas en cumplimiento de la obligación garantizada. En ella se muestran buena parte de las cuestiones jurídicas suscitadas con la constitución del derecho real de hipoteca, y durante la ejecución directa de la garantía por impago de la obligación. Un análisis riguroso de la materia exige concretar, en el primer capítulo, el significado que el Derecho positivo otorga a determinados principios hipotecarios, para después adentrarse, en el segundo capítulo, en el estudio del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria. La necesidad de un análisis previo de la regulación legal -algunas de sus normas un tanto crípticas- de los principios hipotecarios, para después adentrarse en el proceso judicial de ejecución hipotecaria, sin duda se debe a la íntima conexión que guardan ambas áreas del Derecho, hasta el punto de que el procedimiento ejecutivo directo sobre bienes hipotecados es uno de los cauces elegidos por el legislador para compeler al titular de un derecho real en el cumplimiento de los principios hipotecarios, si pretende el acceso del título al Registro. No estamos en presencia de un tratado de Derecho Hipotecario, sino de un texto eminentemente práctico, dirigido al profesional del Derecho, que le sirva de consulta en su quehacer diario, y le proporcione una mayor comprensión del significado jurídico contenido en los principios hipotecarios, que han construido nuestro sistema registral, y la proyección que tienen sobre el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria. La obra analiza, en el plano jurídico, determinadas cláusulas de los contratos de préstamo hipotecario suscritos por los consumidores y las entidades financieras para adquirir la vivienda habitual (v. gr., vencimiento anticipado; interés de demora; cláusulas suelo y techo). Y para ello, se citan un ingente número de resoluciones judiciales que combaten las cláusulas abusivas inscritas en el Registro de la Propiedad, y muestra la doctrina generada en torno a esta materia por el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Dirección General de los Registros y del Notariado. Igualmente, y al amparo de esta doctrina, aparecen recogidas en la obra resoluciones judiciales dictadas por las Audiencias Provinciales, integradas en la denominada jurisprudencia menor, y algunas otras de órganos judiciales unipersonales. Asimismo resulta de gran valor la doctrina reflejada en la obra, hasta el punto de constituir una guía en su elaboración.
Ha pasado algo más un siglo desde que la Ley Hipotecaria de 1909 reguló el llamando procedimiento judicial sumario del artículo 131. Entonces la base de aquella Ley fue atribuir privilegios procesales ejecutivos a los grandes acreedores en aras del pretendido fin de la difusión del crédito territorial. En la realidad social las hipotecas eran pocas -unos miles al año-, recaían principalmente sobre fincas rústicas y el crédito hipotecario perseguía un fin empresarial. En el siglo transcurrido han cambiado muchas cosas y el legislador -el que debe regular la hipoteca y su ejecución- no lo ha entendido así. En la actualidad, incluso en estos años de recesión, las hipotecas vigentes en el Registro se cuentan por cientos de miles, se hipotecan principalmente viviendas y los préstamos hipotecarios han pasado a ser contratos de adhesión suscritos por las personas comunes y corrientes que con los préstamos hipotecarios no pretenden un fin de lucro. Ahora se trata de comprar una vivienda. Hasta hoy ha sido raro el español que no ha comprado una vivienda acudiendo al préstamo hipotecario. Esta obra, que es continuación de tres anteriores, se ha centrado en la hipoteca inmobiliaria y en su ejecución y se ha tratado de atender a la experiencia doctrinal y judicial acumulada en la aplicación de la LEC de 2000. Explicando como las ejecuciones hipotecarias (como todos los procesos especiales, sean de declaración o de ejecución) son manifestaciones de tutelas judiciales privilegiadas, esto es, de privilegios procesales concedidos por el legislador, en este caso a los grandes acreedores, se ha intentado reconducir esa tutela privilegiada por caminos procesales compatibles con la tutela judicial efectiva de todas las partes, también de los ejecutados. 
Esta 5.ª edición de Elementos de Derecho Hipotecario es claramente continuadora de sus ediciones precedentes que constituyen ya un clásico de la literatura hipotecaria y notarial. Desde un punto de vista formal, además de haberse acomodado la nueva edición a un único volumen, se ha reorganizado su sistemática para hacerla confluir con la del vigente programa de acceso a Notarías. Desde el punto de vista de su actualización normativa, cabe señalar que no han sido pocas las novedades introducidas y que han afectado a cuestiones tan relevantes como: la representación gráfica de las fincas; la publicidad registral y la concordancia entre el registro y el catastro; la doble o múltiple inmatriculación; la reanudación del tracto sucesivo interrumpido; el expediente de inmatriculación de fincas que ahora se sustancia ante notario; etc.
La ejecución hipotecaria se configura como uno de los procedimientos más frecuentes en los juzgados. Este procedimiento de ejecución especial y sumario, así como la fase precontractual y contractual de suscripción de hipotecas, han sido objeto de una ser
En este libro el lector encontrará el régimen jurídico aplicable en España a las Instituciones de Inversión Colectiva (capítulos I y II), al Mercado Hipotecario (capítulos III y IV), y a la Titulización (capítulo V). Se ha procurado que la estructura o sistemática de la obra permita tanto el fácil seguimiento de la configuración legal de las distintas instituciones jurídicas examinadas, como la fácil localización de la materia buscada. En el trabajo realizado se aúna el análisis jurídico de la norma aplicable con el estudio de las cuestiones jurídicas de especial relevancia que se suscitan al hilo de cada una de las instituciones analizadas. El capítulo primero está dedicado al régimen general de las Instituciones de Inversión Colectiva. Dado que la información constituye el fulcro sobre el que pivota la transparencia, se estudia con detenimiento el régimen jurídico aplicable, tanto en lo que hace a los deberes de información precontractual como a la información posterior que se ha de hacer pública y se ha de facilitar a los inversores. El capítulo segundo se ocupa de las distintas clases de Instituciones de Inversión Colectiva: Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión. Se examina el régimen jurídico específico de los fondos y de las sociedades. Se analizan concretas clases de fondos y sociedades como los fondos de inversión cotizados o las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) cotizadas. El capítulo incluye también el estudio de figuras jurídicas imprescindibles para el correcto funcionamiento de las Instituciones de Inversión Colectiva, como son las Sociedades Gestoras y los Depositarios de dichas Instituciones. El capítulo tercero contiene un estudio general de Mercado Hipotecario como instrumento de movilización del crédito inmobiliario. El capítulo cuarto se centra en el examen detenido de los valores hipotecarios: cédulas hipotecarias, bonos hipotecarios y participaciones hipotecarias. El capítulo quinto y último está dedicado al estudio del régimen jurídico unificado de la Titulización, que abarca la titulización de activos en general y la específica titulización hipotecaria. El capítulo se ocupa de los fondos de titulización (activo y pasivo -bonos de titulización-), las sociedades gestoras de estos fondos y el régimen de supervisión.
Culmina en este tomo de los Principios de Derecho civil del profesor Lasarte el tratamiento de la materia iniciada en el tomo anterior: la propiedad privada y los derechos reales. A lo largo del presente se exponen, en primer lugar, los derechos reales de garantía, atendiendo especialmente a ofrecer una visión actualizada y realista de la hipoteca, como instrumento económico y figura jurídica estelar de la sociedad contemporánea. Seguidamente, se consideran los derechos reales de adquisición preferente, la posesión y el Derecho hipotecario o Derecho inmobiliario registral. La presente edición se encuentra absolutamente actualizada conforme a las numerosas novedades normativas de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, así como a las de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, además de incorporar las oportunas referencias al Real Decreto 716/2009, de 24 de abril (que desarrolla reglamentariamente la Ley del Mercado Hipotecario). Al propio tiempo, entre otras novedades, da cuenta de la relevante Sentencia 792/2009, de 16 de diciembre, de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, dictada con ocasión de un recurso de casación planteado por la Organización de Consumidores y Usuarios en materia de cláusulas abusivas insertadas en los contratos de préstamo hipotecario. La sentencia, extensa y rica en matices, ha exigido su consideración en distintos pasajes de la obra, atendiendo sobre todo a los tipos de cláusulas, con incidencia en materia hipotecaria, que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Supremo. Carlos Lasarte, Vocal de la Comisión General de Codificación, ha sido Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla (1980-1989) y Vocal de la Comisión Gestora de la Universidad Carlos III de Madrid (1989-1992). Desde octubre de 1992 es Catedrático y Director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Madrid. En la Asamblea General de septiembre de 2009 ha sido elegido Presidente de la Comisión Internacional del Estado Civil, con sede en Estrasburgo, para el bienio 2010-2011.
La obra «Derecho Minero» ofrece un análisis sistematizado del derecho positivo minero desde una posición decididamente «demanialista». El estudio de este sector del ordenamiento jurídico a nivel del Estado y de las CC.AA. se presenta con el soporte de una extensa y reciente jurisprudencia de los Tribunales, de doctrina del Consejo de Estado y con la cita de un amplio número de autores cuyas tesis sirven de apoyo, contraste o contestación a las mantenidas por el autor. La obra está dividida en seis partes constituyendo la primera y la segunda lo que puede calificarse de glosario de antecedentes. En ellas se exponen las teorías sobre la titularidad de los recursos mineros, las clasificaciones de las sustancias minerales y la evolución histórica del régimen jurídico de la minería que cierra la Ley de 1973 y la obligada referencia a la Constitución de 1978 y la normativa posterior. En la parte tercera se analizan las actividades que desarrollan las Administraciones públicas, destacando las de protección del medio ambiente, de fomento de la minería y las zonas de reserva y en la parte cuarta se exponen las condiciones que han de reunir los que pretenden aprovechar recursos minerales y se estudian los diferentes títulos administrativos que han de ser otorgados, examinándose los derechos de disposición que sobre los mismos tienen sus titulares. La parte quinta viene pormenorizadamente referida al régimen jurídico que regula los aprovechamientos de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos de acuerdo con las secciones a los que éstos pertenecen, incluyendo un análisis singular de los recursos de la sección D) creada por la Ley 54/1980. Cierra la obra la parte sexta en la que se tratan las competencias administrativas y las garantías de los ciudadanos vía recursos administrativos y control jurisdiccional. Se trata, en suma, de una obra de referencia obligada en derecho de la minería, cuyo soporte jurisprudencial y de doctrina legal la dota a su vez de gran interés práctico para los profesionales del Derecho.
En este tomo de los Principios de Derecho civil del profesor Lasarte se aborda la exposición de la primera parte de la temática relativa a la propiedad privada y los derechos reales, ubicando sistemáticamente el estudio de la propiedad en el lugar primordial que, conforme a nuestro sistema económico constitucional y la realidad económica, le corresponde. En consecuencia, comprende este volumen el estudio de la propiedad y los derechos reales de goce. Los derechos reales de garantía y adquisición preferente, la posesión y el Derecho hipotecario constituyen la materia comprendida en el tomo quinto. La actual edición, además de la correspondiente actualización jurisprudencial y bibliográfica, tiene en cuenta, como principal modificación normativa, la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios, que añade un nuevo apartado en la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar que las comunidades de propietarios adopten acuerdos de instalación de sistemas que mejoren la eficiencia energética de los edificios. Igualmente, en materia de propiedad horizontal, se subraya la importancia de la STS-1ª de 30 de abril de 2010, que con acierto considera que la mayoría de tres quintos de los propietarios es suficiente para aprobar la realización de unas obras de interés general (sustitución de un antiguo sistema de calefacción alimentado de carbón por otro más moderno), al propio tiempo que afirma que dicha mayoría no es, sin embargo, suficiente para establecer el modo en el que se distribuirá el importe entre los propietarios. En relación con las entidades de gestión, damos cuenta de los parámetros fundamentales del Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, hecho público, en diciembre de 2009, por la poderosa Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en cuanto anuncia reformas de calado en la materia. Carlos Lasarte, Vocal de la Comisión General de Codificación, ha sido Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla (1980-1989) y Vocal de la Comisión Gestora de la Universidad Carlos III de Madrid (1989-1992). Desde octubre de 1992 es Catedrático y Director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Madrid. En la Asamblea General de septiembre de 2009 ha sido elegido Presidente de la Comisión Internacional del Estado Civil, con sede en Estrasburgo, para el bienio 2010-2011.
La obra examina una cuestión de máxima actualidad como es la protección de los intereses de los consumidores en las ejecuciones hipotecarias, haciendo especial hincapié en la estipulación de cláusulas abusivas en los contratos de hipoteca por parte de las entidades financieras. Las ejecuciones hipotecarias han experimentado transformaciones importantes cuando el ejecutado es consumidor, frente a otros supuestos en los que la figura del ejecutado es una promotora inmobiliaria, empresa industrial, etc. La obra analiza en detalle los citados cambios legislativos que, en gran medida, han sido impulsados por el propio autor que denunció diversas transgresiones de la normativa comunitaria por parte de la legislación hipotecaria española. Sin duda, uno de los aspectos más relevantes que derivan de la reforma hipotecaria -en vigor desde junio de 2013-, es la posibilidad de que se produzca la intervención judicial si se identifican cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.
Esta tercera edición de la obra incorpora y consolida las modificaciones legislativas (Ley Hipotecaria, Ley Concursal, Ley de Enjuiciamiento Civil y normas sectoriales sobre urbanismo, propiedad horizontal, aprovechamiento por turno de inmuebles de uso turístico, consumidores, tributos, patentes, navegación marítima y otras), que han tenido lugar en los últimos años y que afectan en gran medida a la materia objeto de estudio. Del mismo modo, cabe poner en valor el acopio de la abundante doctrina -especialmente de la Dirección General de los Registros y del Notariado- que oportunamente ha venido a interpretar las nuevas disposiciones, así como a clarificar cuestiones anteriores hasta ahora dudosas o controvertidas. Finalmente, resulta especialmente útil de cara a obtener una visión panorámica de la problemática tratada, el hecho de que la obra sintetice y confronte las opiniones más destacadas de los autores que han venido abordando los problemas jurídicos derivados de la ejecución judicial o administrativa.
Con esta obra dispondrás de una guía eminentemente práctica para gestionar eficazmente las ejecuciones hipotecarias en sede judicial. Conocerás con detalle y claridad cómo puede desenvolverse la ejecución de la garantía. En los comentarios encontrarás soluciones desde diversas opciones procesales para cada supuesto o institución tratada. Estos comentarios, en conexión con la jurisprudencia aplicable, y los formularios, te ayudarán en la redacción de tus escritos. Para apoyar su enfoque práctico, muestra imágenes reales de cláusulas insertadas en escrituras hipotecarias y documentos bancarios, que te ayudarán a comprender el control de contenido y de transparencia, elemento del que carecen el resto de las obras publicadas en la materia, en las que se identifican los aspectos más relevantes de los defectos formales que puede presentar una escritura de hipoteca cuando se examina por el Juez, para despachar la ejecución o, por el letrado, para oponerse a la misma. Con esta nueva edición tienes una completa puesta al día pues recoge las trascendentales modificaciones que se han producido por vía de la jurisprudencia del TJUE.
La obra ha sido confeccionada en un momento de crisis económica, en la que los consumidores, involucrados en un préstamo hipotecario para adquirir la vivienda habitual, difícilmente hacen frente -o el esfuerzo es enorme- al pago de las cuotas pactadas en cumplimiento de la obligación garantizada. En ella se muestran buena parte de las cuestiones jurídicas suscitadas con la constitución del derecho real de hipoteca, y durante la ejecución directa de la garantía por impago de la obligación. Un análisis riguroso de la materia exige concretar, en el primer capítulo, el significado que el Derecho positivo otorga a determinados principios hipotecarios, para después adentrarse, en el segundo capítulo, en el estudio del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria. La necesidad de un análisis previo de la regulación legal -algunas de sus normas un tanto crípticas- de los principios hipotecarios, para después adentrarse en el proceso judicial de ejecución hipotecaria, sin duda se debe a la íntima conexión que guardan ambas áreas del Derecho, hasta el punto de que el procedimiento ejecutivo directo sobre bienes hipotecados es uno de los cauces elegidos por el legislador para compeler al titular de un derecho real en el cumplimiento de los principios hipotecarios, si pretende el acceso del título al Registro. No estamos en presencia de un tratado de Derecho Hipotecario, sino de un texto eminentemente práctico, dirigido al profesional del Derecho, que le sirva de consulta en su quehacer diario, y le proporcione una mayor comprensión del significado jurídico contenido en los principios hipotecarios, que han construido nuestro sistema registral, y la proyección que tienen sobre el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria. La obra analiza, en el plano jurídico, determinadas cláusulas de los contratos de préstamo hipotecario suscritos por los consumidores y las entidades financieras para adquirir la vivienda habitual (v. gr., vencimiento anticipado; interés de demora; cláusulas suelo y techo). Y para ello, se citan un ingente número de resoluciones judiciales que combaten las cláusulas abusivas inscritas en el Registro de la Propiedad, y muestra la doctrina generada en torno a esta materia por el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Dirección General de los Registros y del Notariado. Igualmente, y al amparo de esta doctrina, aparecen recogidas en la obra resoluciones judiciales dictadas por las Audiencias Provinciales, integradas en la denominada jurisprudencia menor, y algunas otras de órganos judiciales unipersonales. Asimismo resulta de gran valor la doctrina reflejada en la obra, hasta el punto de constituir una guía en su elaboración.