La presente obra constituye una herramienta sencilla y rigurosa que analiza, de forma completa, el procedimiento de desahucio por falta de pago, poniendo a disposición del lector, sin salirse de sus páginas, todos los materiales necesarios para acometer con éxito un juicio de esta naturaleza: jurisprudencia, formularios de escritos forenses y de resoluciones procesales, e igualmente textos legales. La obra va más allá de los estudios al uso, pues no sólo se aborda el espinoso problema de la normativa histórica aplicable a los desahucios, sino que además se acomete de forma detallada el estudio de los desahucios frente a las Administraciones públicas, así como la ejecución provisional y los supuestos de inmunidades de jurisdicción y de ejecución respecto de los miembros de las delegaciones diplomáticas o consulares. La guía está completamente actualizada a las reformas introducidas por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, norma que pretende dinamizar el mercado de alquiler.
La presente monografía ofrece un instrumento útil para enfocar, en la práctica diaria, las cuestiones que con cierta frecuencia plantea la necesaria coordinación de las actuaciones ejecutivas judiciales con los requisitos que para su reflejo registral impone la legislación hipotecaria. Se incorporan en esta segunda edición las novedades derivadas de las últimas reformas registrales o de procedimiento (que inciden sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Concursal, la Ley Hipotecaria, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, etc), así como las abundantes aportaciones de la doctrina y la jurisprudencia más reciente, prestando especial atención a las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Inmersos en una de las más graves crisis económicas sufridas a nivel mundial, la aparición de los dos Autos de las Audiencias Provinciales de Navarra y Gerona han vuelto a reverdecer la antigua polémica doctrinal sobre los injustos efectos de las ejecuciones hipotecarias sobre los deudores, en especial, por lo sorpresivo de esta doctrina frente a la consolidada línea jurisprudencial contraria que ha marcado nuestro Tribunal Supremo a través de sus resoluciones y basada en la estricta aplicación de la ley procesal española. En este contexto, ha surgido un intenso debate social, político y jurídico acerca de la necesidad de aplicar la dación en pago en las ejecuciones hipotecarias, y se han dictado varias normas entre ellas el reciente Real Decreto-Ley 6/2012 de 9 de marzo- para paliar, en parte, la apurada situación de los deudores hipotecarios. La conclusión de esta obra es que la limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien inmueble, sin que con posterioridad a su adjudicación a favor de la entidad bancaria pueda reclamarse contra el resto del patrimonio del deudor, no es solo una posibilidad que admite nuestro ordenamiento sino que, de conformidad con el Derecho Comunitario, o europeo, es una solución obligada, pues la cuestión de la dación en pago debe mirarse especialmente bajo el prisma de los principios comunitarios de salvaguarda del equilibrio contractual y la defensa a ultranza del consumidor.ÍndiceÍndice PRÓLOGO 9 1. LA CRISIS ECONÓMICA Y EL MERCADO HIPOTECARIO 13 1.1. Introducción 13 1.2. La importancia de la vivienda 16 1.3. La dación en pago como propuesta de solución 19 2. LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS EN ESPAÑA 24 2.1. La singularidad del procedimiento hipotecario 24 2.2. La problemática de las ejecuciones hipotecarias 28 2.3. Oposición del deudor 30 3. EL DERECHO COMUNITARIO Y LA UNIÓN EUROPEA 40 3.1. La conexión comunitaria 40 3.2. Primacía del derecho comunitario 42 3.3. La inaplicación de la norma nacional 44 3.4. La importancia de los principios comunitarios 46 3.5. Las políticas comunitarias 54 4. LA INFLUENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS 57 4.1. El principio del «pro-consumatore» comunitario. La actuación judicial de oficio 57 4.2. El nivel general de protección del consumidor 62 4.2.1. El control judicial sobre el interés del demora y claúsulas abusivas 62 4.2.2. Suspensión de la ejecución hipotecaria. La anotación preventiva de demanda 67 4.3. Nivel específico de protección del consumidor: el principio comunitario de equilibrio contractual 77 4.4. La cuestión prejudicial como actuación subsidiaria 93 5. REFLEXIONES FINALES 97 NORMATIVA Y BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS: 111
Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a las exigencias de rigor que los profesionales jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un compendio de la legislación vigente en los diferentes ámbitos que componen el derecho español, pero cabe destacar que incluyen una Relación de Reformas a la presente Ley sobre la que verse el Código Básico en cuestión, así como una Relación de Preceptos modificados. Además gracias a su índice alfabético accederá a la información que busca de una manera mucho más rápida y sencilla.
TEMA 1. El derecho real. El derecho de propiedad. Contenido del dominio. Limitaciones. Acciones protectoras. Modos de adquirir y perder el dominio. (ANTONIO HUERTA TRÓLEZ). TEMA 2. La propiedad rústica y su función. Las explotaciones prioritarias. El régimen comunitario agrario. (JUAN FRANCISCO DELGADO DE MIGUEL). TEMA 3. La propiedad urbana. Los modelos urbanísticos. Gestión del suelo. (MANUEL-ÁNGEL RUEDA PÉREZ). TEMA 4. La comunidad de bienes. Tipos dudosos de comunidad. La propiedad horizontal. (FRANCISCO LÓPEZ COLMENAREJO).
El principal propósito de la Ley 41/2007, tal y como revela nítidamente su Exposición de Motivos, era flexibilizar el mercado hipotecario con el fin de estimular y favorecer su constante crecimiento. Para alcanzar estos objetivos se consideró imprescindible dar cobijo legislativo a figuras hipotecarias que, aun conocidas en la práctica bancaria, potenciaran la movilización de la propiedad ya gravada. No obstante, la crisis económica y financiera actual ha revelado la imposibilidad de mantener un incremento del crédito hipotecario hasta límites no sostenibles y ha obligado a buscar, dada la actual coyuntura, medidas paliativas frente al sobreendeudamiento. Y es en este contexto donde algunas de esas figuras introducidas en nuestro Ordenamiento por ese texto legal, pueden hoy jugar un papel relevante en orden a la refinanciación del deudor hipotecario con cargo al valor del mismo inmueble gravado. Con la modificación del art. 4 de la Ley 2/1994, el legislador pretendió -y así lo reconocía expresamente- superar una concepción excesivamente restrictiva de la novación modificativa; concepción que impedía o, al menos, provocaba las dudas cuando se estipulaba una refinanciación o una ampliación del capital asegurado acerca de si la hipoteca previamente constituida podía o no mantener su rango; dudas que, en parte disipó la DGRN, aunque también propiciara otras derivada de la solución que adoptó. . Sin embargo, tal y como se revela nítidamente a lo largo de la tramitación parlamentaria, existía también cierta intención de dar cabida en ese precepto a modalidades de hipoteca que, en el Derecho francés, son conocidas con el calificativo de recargables; garantías que permiten una reutilización del capital amortizado para generar nuevo crédito dentro del límite fijado como máximo en la escritura de constitución de hipoteca. La redacción final de ese precepto, pese al tiempo transcurrido, ha suscitado problemas y dudas en la doctrina, pues de seguirse la interpretación más radical o maximalista, habría que aceptar la admisibilidad legal de la denominada -y denostada- hipoteca de propietario. Sin embargo, un primer indicio negativo a esta tesis es la misma conceptuación legal final como novación meramente modificativa del supuesto de ampliación de capital asegurado. En la presente obras se analiza en profundidad la dual interpretación de la que es susceptible este precepto. . Finalmente, la autora, tras realizar un pormenorizado estudio sobre la significación jurídica de la ampliación del capital asegurado como supuesto de acumulación de deudas en ausencia de animus novandi (que exigiría una nueva hipoteca en cuanto al incremento), llega a la conclusión de que el legislador quiso tratar dichas ampliaciones de capital como simples supuestos de novación modificativa bajo el presupuesto de que, no existiendo perjuicio a terceros, las partes pueden fingir que nada ha cambiado y subsiste la misma obligación modificada, por lo que la hipoteca, como derecho accesorio, puede permanecer intacta a pesar de la ampliación. No obstante, el legislador también se vio obligado a introducir un criterio objetivo para fijar cuándo ha de reputarse que un cambio en la obligación no ocasiona ningún perjuicio a terceros presumiendo que éste no existirá cuando no se supere la cifra de responsabilidad hipotecaria; cifra cuya función es precisamente la de determinar el límite de riesgo que los terceros pueden llegar a asumir cuando adquieren derechos sobre la finca hipotecada. La constitución ab initio de una hipoteca que admitiera que el deudor pudiera reutilizar el capital amortizado o que pudiera realizar ampliaciones de capital sin exceder de la cifra de responsabilidad hipotecaria permitiría solventar muchos de los problemas detectados en la hipótesis de la novación modificativa del art. 4 de la Ley 2/1994, al precaverse las partes de la inexistencia de terceros registrales intermedios. . Sin embargo, esta hipótesis escapa del ámbito regulado por esa norma, pues, en tal caso, no existe novación siquiera anticipada, ya que, en verdad, las sucesivas ampliaciones o recargas solo serían una consecuencia del plan prediseñado por las partes al constituir la hipoteca. Desde este planteamiento se analizan y se estudian las múltiples posibilidades a través de la cuales cabe constituir una hipoteca que garantice, además del principal, futuras ampliaciones o nuevos créditos -desde la conflictiva y problemática hipoteca del art. 153 bs LH hasta la hipoteca en garantía de cuenta corriente o la garantía bajo condición suspensiva-.
La presente monografía ofrece un instrumento útil para enfocar, en la práctica diaria, las cuestiones que con cierta frecuencia plantea la necesaria coordinación de las actuaciones ejecutivas judiciales con los requisitos que para su reflejo registral impone la legislación hipotecaria. Se incorporan en esta segunda edición las novedades derivadas de las últimas reformas registrales o de procedimiento (que inciden sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Concursal, la Ley Hipotecaria, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, etc), así como las abundantes aportaciones de la doctrina y la jurisprudencia más reciente, prestando especial atención a las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado.