Esta monografía tiene por objeto el estudio de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior y el análisis de las novedades que introduce en esta materia en relación con la regulación actualmente establecida en nuestro país a través de la Ley de Competencia Desleal y Ley General de Publicidad, así como de los retos que plantea su transposición. La Directiva sólo ha armonizado el régimen de las prácticas comerciales que perjudican los intereses económicos de los consumidores, mediante una prohibición general completada con la prohibición de las prácticas engañosas y agresivas y con la regulación de algunos aspectos de las acciones y de procedimiento. Y lo ha hecho con una aproximación sistemática y por medio de unas normas cuya construcción y tenor están considerablemente alejados de los que se hallan en las normas sobre esta materia en nuestro país. Aunque las diferencias sustantivas tal vez no sean tan acusadas como puede sugerir su primera lectura, lo cierto es que la incorporación de la Directiva al ordenamiento interno plantea serias dificultades y en todo caso ha de traer una importante modificación del régimen vigente.
El fenómeno imparable, global y transversal de las plataformas digitales ha transformado para siempre el modo en el que viajamos, compramos o consumimos. Aunque la irrupción de la economía colaborativa es un claro ejemplo de la bondad de las dinámicas competitivas, la Administración contempla la nueva economía de las plataformas como algo que ordenar y restringir, y no como la oportunidad que es. Por otro lado, este modelo de negocio manifiesta una peligrosa tendencia a la concentración, a la que se ha unido la aparición de ciertas conductas colusorias y de abuso de posición de dominio desarrolladas bajo el paraguas de las plataformas. Esta obra aborda conjuntamente los problemas regulatorios y de competencia con la intención de aportar las claves imprescindibles tanto para una reglamentación procompetitiva de la economía colaborativa como para evitar las principales prácticas anticompetitivas que se están produciendo en su desarrollo.
Esta nueva edición incorpora el comentario de un elevado número de Resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y Sentencias de la Audiencia Nacional. Refleja igualmente el vigor y dinamismo de la CNC como autoridad de defensa de la competencia, no sólo en el ejercicio de sus funciones inspectoras (reflejado en las frecuentes inspecciones domiciliarias de empresas y en la incoación de numerosos expedientes sancionadores) sino también en la adopción de Resoluciones complejas y detalladas, con abundante razonamiento económico. Mención especial merece la labor de ?advocacy? de la CNC, manifestada en los numerosos Informes y estudios elaborados por la Institución sobre sectores económicos y, en especial, sobre proyectos normativos con impacto en la competencia en los mercados.
El objetivo de este libro es, en primer lugar, analizar y evaluar la normativa aplicable en España relativa a la lucha contra los llamados «cárteles duros» (hard core cartels) así como su aplicación. Se presta especial atención a la situación tras la nueva Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007) y a la práctica de la Comisión Nacional de la Competencia (hoy Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Cuando se considera necesario, también se recurre al Derecho comparado y a las mejores prácticas internacionales para extraer lecciones y estudiar su posible aplicación en España. El enfoque es multidisciplinar de expertos con las distintas formaciones de base implicadas: Derecho mercantil, administrativo, penal, europeo e incorpora aspectos y expertos económicos que complementan la vertiente jurídico-política. Se combinan académicos con abogados en ejercicio, jueces y autoridades de competencia.
Con la aprobación de la Directiva 104/2014/UE de daños y perjuicios por ilícitos antitrust asistimos a una reformulación de las vías de aplicación del Derecho de la Competencia: de la tutela de oficio a instancia de parte. Con esta obra, de carácter multidisciplinar, se pretende analizar el prívate enforcement (o, si se quiere, «aplicación privada») del Derecho de la Competencia desde una óptica principalmente procesal que toma como referencia el proceso civil español iniciado como consecuencia de una práctica anticompetitiva con el objeto de reclamar los daños y perjuicios sufridos, todo ello atendiendo a las necesidades del marco jurídico material propio de la normativa antitrust, las políticas de la Unión Europea y sin olvidar sus antecedentes en el sistema norteamericano. En esta línea, se estudian con detenimiento aquellas vicisitudes procesales que pueden suscitarse en torno a aquella tutela judicial impetrada a instancia del particular partiendo desde cuestiones como la competencia judicial, el objeto del proceso, la acumulación objetiva de acciones propiamente civiles y mercantiles, la legitimación activa -y en especial, la colectiva en caso de intereses difusos-, la prueba hasta la articulación o interacción de sus dos vías de tutela -la administrativa y la judicial- entre otros muchos aspectos de este proceso en particular. En definitiva, se trata de un estudio de las necesidades y exigencias prácticas a las que debe responder la tutela judicial del Derecho de la Competencia si es que se pretende implantar como una vía efectiva y complementaria a la administrativa y que, para ello, ha obligado a reflexionar sobre el private enforcement del Derecho de la Competencia como una herramienta o plataforma idónea para llevar a cabo una aproximación de legislaciones procesales de los Estados miembros de la mano de la Directiva de daños 104/2014/UE.
El objetivo de este libro es, en primer lugar, analizar y evaluar la normativa aplicable en España relativa a la lucha contra los llamados «cárteles duros» (hard core cartels) así como su aplicación. Se presta especial atención a la situación tras la nueva Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007) y a la práctica de la Comisión Nacional de la Competencia (hoy Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Cuando se considera necesario, también se recurre al Derecho comparado y a las mejores prácticas internacionales para extraer lecciones y estudiar su posible aplicación en España. El enfoque es multidisciplinar de expertos con las distintas formaciones de base implicadas: Derecho mercantil, administrativo, penal, europeo e incorpora aspectos y expertos económicos que complementan la vertiente jurídico-política. Se combinan académicos con abogados en ejercicio, jueces y autoridades de competencia.
La presente obra aborda el análisis de la nulidad de los negocios restrictivos de la competencia, materia a medio camino entre el Derecho mercantil y el Derecho civil, que conecta con el Derecho constitucional y el Derecho internacional privado. En su elaboración se ha optado por un enfoque amplio de la cuestión que aporta soluciones generales a cuestiones muy particulares, a partir de los criterios que han seguido la doctrina y la jurisprudencia a lo largo de los últimos años. De este modo, se configura una estructura que relaciona la nulidad, la restitución y la indemnización de daños y perjuicios para a partir de una concepción original de la causa explicar su incidencia práctica en las reglas de Derecho de la competencia.
Los precios excesivos han sido una figura tradicionalmente olvidada en la aplicación del moderno Derecho de la competencia. Esta circunstancia se enmarca en una corriente de interpretación de la legislación de competencia fundamentalmente economicista y eficientista, donde los abusos directos han pasado a un segundo plano. No obstante, parece que soplan vientos de cambio en la Comisión Europea que se han reflejado en la práctica de las autoridades de competencia nacionales, tendencia ésta que requiere un estudio serio de la figura que evite la comisión de errores tipo I. Así, el presente estudio analiza en profundidad un ilícito cuyo fin es remediar el daño directo que padecen los consumidores en un mercado que carece de unas condiciones mínimas de competencia en las que la empresa dominante tiene la posibilidad de fijar precios monopolísticos a los bienes.
Desde la aprobación de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, junto con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, se han previsto nuevos objetivos y finalidades tendentes a lograr una mayor eficacia en la actuación de las autoridades administrativas en relación con el ejercicio de la potestad sancionadora. La finalidad del presente Libro consiste en el estudio y puesta en común, a través de la aportación de reconocidos expertos en el Derecho Administrativo y en el Derecho de la Competencia, de las nuevas perspectivas jurídicas y económicas que se desprenden del ejercicio de la potestad sancionadora por las autoridades administrativas encargadas de su aplicación.
Los importantes cambios sufridos en el sector de la gran distribución en las últimas décadas han acrecentado las situaciones de dependencia de ciertos operadores respecto de contrapartes contractuales fuertes. Esta problemática ha dado lugar a variadas opciones regulatorias, entre las cuales destacan las normas que prohíben la explotación o abuso de situaciones de dependencia económica, como el artículo 16 apartados 2 y 3, de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal en nuestro país, norma analizada en esta obra. La experiencia jurisprudencial previa ha puesto de manifiesto importantes dificultades para aplicar este precepto. El objetivo principal de la obra es proporcionar a los abogados, a los órganos jurisdiccionales, y a las autoridades de competencia un armazón interpretativo de la norma, que sea a la vez sólido desde el punto de vista dogmático y útil desde el punto de vista aplicativo. Se pretende contribuir así que la norma pueda cumplir con su función y desarrollar su potencial de contribuir a un funcionamiento más eficiente y equilibrado del sector de la distribución.
La obra se inicia con un análisis comparado del Derecho de la Competencia nacional y de la Unión identificando sus principales vectores de actuación. A continuación, se abordan específicamente las prácticas colusorias, por consubstanciar el comportamiento anticompetitivo más relevante en el dominio de la aplicación de esta área del derecho, debido a sus potenciales efectos nocivos y a la dificultad de su detección. La relevancia económica de los derechos de propiedad intelectual en sus diversas manifestaciones hace que se tornen elementos fundamentales en los acuerdos realizados entre empresas para dinamizar sus actividades. Sin embargo es necesario establecer el correcto equilibrio en estos acuerdos entre el monopolio legal concedido al titular del derecho en causa y los límites establecidos por el Derecho de la Competencia. La presente obra analiza la normativa vigente en materia de acuerdos de transferencia de tecnología sirviendo como un excelente guía práctico para la concepción elaboración y fiscalización de la legalidad antitrust de los mencionados acuerdos, evitando así sus potenciales efectos negativos para las partes implicadas.
La normativa sobre las creaciones industriales constituye un elemento decisivo en la organización de la economía, así como un factor fundamental y absolutamente crucial para el impulso del desarrollo tecnológico. Durante algunas décadas, la aún vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, ha cumplido satisfactoria y sólidamente este objetivo de constituir el marco legal de referencia de las creaciones industriales en España. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, aprovecha la experiencia acumulada en la aplicación de la legislación vigente para adaptar la normativa sobre creaciones industriales (patentes y modelos de utilidad) a los cambios sustanciales producidos en la realidad y que hacen aconsejable la aprobación de una nueva Ley, en lugar de continuar con la técnica de las reformas parciales y puntuales empleada hasta el momento. En la presente obra se exponen y analizan, con un enfoque general y esencialmente divulgativo, los cambios normativos que se producirán con la previsible entrada en vigor de dicha Ley. Ello se realiza desde un punto de vista fundamentalmente comparativo, dando cuenta de las novedades de la Ley 24/2015 en relación con la Ley 11/1986, tanto las menores o de simple matiz terminológico como las sustantivas y de mayor alcance.
La propiedad industrial es una disciplina sumamente compleja. Su régimen jurídico corresponde principalmente al ámbito mercantil. Sin embargo la dificultad propia de la propiedad industrial y de sus aspectos técnicos, y el origen de sus normas que proceden de convenios internacionales, de regulaciones comunitarias y de fuentes nacionales ha hecho que se haya desarrollado una intensa labor de estudio de esta materia que ha desembocado en una hiperespecialización y en expertos técnicos y jurídicos sumamente cualificados. Sin embargo, la propia naturaleza mercantil de la disciplina ha hecho que determinados aspectos hayan sido preteridos. Entre estos están los aspectos registrales a los que se refiere esta obra. La propiedad industrial, en cuanto que derecho de exclusiva, es objeto de registro y su negociabilidad jurídica es indiscutida. Pero la seguridad jurídica que se garantiza con un adecuado reflejo registral de las vicisitudes de este tipo de bienes no está regulada, al menos no completamente. Corresponde a los profesionales del Derecho estudiar caso por caso qué circunstancias, cómo y en qué medida pueden o deben estas ser reflejadas registralmente, teniendo en cuenta que lo no inscrito no perjudica a tercero. Les corresponde también, en el caso de procedimientos judiciales, asegurarse de que la autoridad judicial ordene ese reflejo registral a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta obra no pretende dar una solución a la cuestión, sino orientar a quienes se dedican profesionalmente a este campo y propugnar una solución legislativa de futuro que garantice la seguridad en el tráfico jurídico-económico de la propiedad industrial.
Esta monografía tiene por objeto el estudio de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior y el análisis de las novedades que introduce en esta materia en relación con la regulación actualmente establecida en nuestro país a través de la Ley de Competencia Desleal y Ley General de Publicidad, así como de los retos que plantea su transposición. La Directiva sólo ha armonizado el régimen de las prácticas comerciales que perjudican los intereses económicos de los consumidores, mediante una prohibición general completada con la prohibición de las prácticas engañosas y agresivas y con la regulación de algunos aspectos de las acciones y de procedimiento. Y lo ha hecho con una aproximación sistemática y por medio de unas normas cuya construcción y tenor están considerablemente alejados de los que se hallan en las normas sobre esta materia en nuestro país. Aunque las diferencias sustantivas tal vez no sean tan acusadas como puede sugerir su primera lectura, lo cierto es que la incorporación de la Directiva al ordenamiento interno plantea serias dificultades y en todo caso ha de traer una importante modificación del régimen vigente.
El fenómeno imparable, global y transversal de las plataformas digitales ha transformado para siempre el modo en el que viajamos, compramos o consumimos. Aunque la irrupción de la economía colaborativa es un claro ejemplo de la bondad de las dinámicas competitivas, la Administración contempla la nueva economía de las plataformas como algo que ordenar y restringir, y no como la oportunidad que es. Por otro lado, este modelo de negocio manifiesta una peligrosa tendencia a la concentración, a la que se ha unido la aparición de ciertas conductas colusorias y de abuso de posición de dominio desarrolladas bajo el paraguas de las plataformas. Esta obra aborda conjuntamente los problemas regulatorios y de competencia con la intención de aportar las claves imprescindibles tanto para una reglamentación procompetitiva de la economía colaborativa como para evitar las principales prácticas anticompetitivas que se están produciendo en su desarrollo.
Esta nueva edición incorpora el comentario de un elevado número de Resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y Sentencias de la Audiencia Nacional. Refleja igualmente el vigor y dinamismo de la CNC como autoridad de defensa de la competencia, no sólo en el ejercicio de sus funciones inspectoras (reflejado en las frecuentes inspecciones domiciliarias de empresas y en la incoación de numerosos expedientes sancionadores) sino también en la adopción de Resoluciones complejas y detalladas, con abundante razonamiento económico. Mención especial merece la labor de ?advocacy? de la CNC, manifestada en los numerosos Informes y estudios elaborados por la Institución sobre sectores económicos y, en especial, sobre proyectos normativos con impacto en la competencia en los mercados.
El objetivo de este libro es, en primer lugar, analizar y evaluar la normativa aplicable en España relativa a la lucha contra los llamados «cárteles duros» (hard core cartels) así como su aplicación. Se presta especial atención a la situación tras la nueva Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007) y a la práctica de la Comisión Nacional de la Competencia (hoy Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Cuando se considera necesario, también se recurre al Derecho comparado y a las mejores prácticas internacionales para extraer lecciones y estudiar su posible aplicación en España. El enfoque es multidisciplinar de expertos con las distintas formaciones de base implicadas: Derecho mercantil, administrativo, penal, europeo e incorpora aspectos y expertos económicos que complementan la vertiente jurídico-política. Se combinan académicos con abogados en ejercicio, jueces y autoridades de competencia.
Con la aprobación de la Directiva 104/2014/UE de daños y perjuicios por ilícitos antitrust asistimos a una reformulación de las vías de aplicación del Derecho de la Competencia: de la tutela de oficio a instancia de parte. Con esta obra, de carácter multidisciplinar, se pretende analizar el prívate enforcement (o, si se quiere, «aplicación privada») del Derecho de la Competencia desde una óptica principalmente procesal que toma como referencia el proceso civil español iniciado como consecuencia de una práctica anticompetitiva con el objeto de reclamar los daños y perjuicios sufridos, todo ello atendiendo a las necesidades del marco jurídico material propio de la normativa antitrust, las políticas de la Unión Europea y sin olvidar sus antecedentes en el sistema norteamericano. En esta línea, se estudian con detenimiento aquellas vicisitudes procesales que pueden suscitarse en torno a aquella tutela judicial impetrada a instancia del particular partiendo desde cuestiones como la competencia judicial, el objeto del proceso, la acumulación objetiva de acciones propiamente civiles y mercantiles, la legitimación activa -y en especial, la colectiva en caso de intereses difusos-, la prueba hasta la articulación o interacción de sus dos vías de tutela -la administrativa y la judicial- entre otros muchos aspectos de este proceso en particular. En definitiva, se trata de un estudio de las necesidades y exigencias prácticas a las que debe responder la tutela judicial del Derecho de la Competencia si es que se pretende implantar como una vía efectiva y complementaria a la administrativa y que, para ello, ha obligado a reflexionar sobre el private enforcement del Derecho de la Competencia como una herramienta o plataforma idónea para llevar a cabo una aproximación de legislaciones procesales de los Estados miembros de la mano de la Directiva de daños 104/2014/UE.
El objetivo de este libro es, en primer lugar, analizar y evaluar la normativa aplicable en España relativa a la lucha contra los llamados «cárteles duros» (hard core cartels) así como su aplicación. Se presta especial atención a la situación tras la nueva Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007) y a la práctica de la Comisión Nacional de la Competencia (hoy Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Cuando se considera necesario, también se recurre al Derecho comparado y a las mejores prácticas internacionales para extraer lecciones y estudiar su posible aplicación en España. El enfoque es multidisciplinar de expertos con las distintas formaciones de base implicadas: Derecho mercantil, administrativo, penal, europeo e incorpora aspectos y expertos económicos que complementan la vertiente jurídico-política. Se combinan académicos con abogados en ejercicio, jueces y autoridades de competencia.
La presente obra aborda el análisis de la nulidad de los negocios restrictivos de la competencia, materia a medio camino entre el Derecho mercantil y el Derecho civil, que conecta con el Derecho constitucional y el Derecho internacional privado. En su elaboración se ha optado por un enfoque amplio de la cuestión que aporta soluciones generales a cuestiones muy particulares, a partir de los criterios que han seguido la doctrina y la jurisprudencia a lo largo de los últimos años. De este modo, se configura una estructura que relaciona la nulidad, la restitución y la indemnización de daños y perjuicios para a partir de una concepción original de la causa explicar su incidencia práctica en las reglas de Derecho de la competencia.
Los precios excesivos han sido una figura tradicionalmente olvidada en la aplicación del moderno Derecho de la competencia. Esta circunstancia se enmarca en una corriente de interpretación de la legislación de competencia fundamentalmente economicista y eficientista, donde los abusos directos han pasado a un segundo plano. No obstante, parece que soplan vientos de cambio en la Comisión Europea que se han reflejado en la práctica de las autoridades de competencia nacionales, tendencia ésta que requiere un estudio serio de la figura que evite la comisión de errores tipo I. Así, el presente estudio analiza en profundidad un ilícito cuyo fin es remediar el daño directo que padecen los consumidores en un mercado que carece de unas condiciones mínimas de competencia en las que la empresa dominante tiene la posibilidad de fijar precios monopolísticos a los bienes.
Desde la aprobación de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, junto con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, se han previsto nuevos objetivos y finalidades tendentes a lograr una mayor eficacia en la actuación de las autoridades administrativas en relación con el ejercicio de la potestad sancionadora. La finalidad del presente Libro consiste en el estudio y puesta en común, a través de la aportación de reconocidos expertos en el Derecho Administrativo y en el Derecho de la Competencia, de las nuevas perspectivas jurídicas y económicas que se desprenden del ejercicio de la potestad sancionadora por las autoridades administrativas encargadas de su aplicación.
Los importantes cambios sufridos en el sector de la gran distribución en las últimas décadas han acrecentado las situaciones de dependencia de ciertos operadores respecto de contrapartes contractuales fuertes. Esta problemática ha dado lugar a variadas opciones regulatorias, entre las cuales destacan las normas que prohíben la explotación o abuso de situaciones de dependencia económica, como el artículo 16 apartados 2 y 3, de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal en nuestro país, norma analizada en esta obra. La experiencia jurisprudencial previa ha puesto de manifiesto importantes dificultades para aplicar este precepto. El objetivo principal de la obra es proporcionar a los abogados, a los órganos jurisdiccionales, y a las autoridades de competencia un armazón interpretativo de la norma, que sea a la vez sólido desde el punto de vista dogmático y útil desde el punto de vista aplicativo. Se pretende contribuir así que la norma pueda cumplir con su función y desarrollar su potencial de contribuir a un funcionamiento más eficiente y equilibrado del sector de la distribución.
La obra se inicia con un análisis comparado del Derecho de la Competencia nacional y de la Unión identificando sus principales vectores de actuación. A continuación, se abordan específicamente las prácticas colusorias, por consubstanciar el comportamiento anticompetitivo más relevante en el dominio de la aplicación de esta área del derecho, debido a sus potenciales efectos nocivos y a la dificultad de su detección. La relevancia económica de los derechos de propiedad intelectual en sus diversas manifestaciones hace que se tornen elementos fundamentales en los acuerdos realizados entre empresas para dinamizar sus actividades. Sin embargo es necesario establecer el correcto equilibrio en estos acuerdos entre el monopolio legal concedido al titular del derecho en causa y los límites establecidos por el Derecho de la Competencia. La presente obra analiza la normativa vigente en materia de acuerdos de transferencia de tecnología sirviendo como un excelente guía práctico para la concepción elaboración y fiscalización de la legalidad antitrust de los mencionados acuerdos, evitando así sus potenciales efectos negativos para las partes implicadas.
La normativa sobre las creaciones industriales constituye un elemento decisivo en la organización de la economía, así como un factor fundamental y absolutamente crucial para el impulso del desarrollo tecnológico. Durante algunas décadas, la aún vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, ha cumplido satisfactoria y sólidamente este objetivo de constituir el marco legal de referencia de las creaciones industriales en España. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, aprovecha la experiencia acumulada en la aplicación de la legislación vigente para adaptar la normativa sobre creaciones industriales (patentes y modelos de utilidad) a los cambios sustanciales producidos en la realidad y que hacen aconsejable la aprobación de una nueva Ley, en lugar de continuar con la técnica de las reformas parciales y puntuales empleada hasta el momento. En la presente obra se exponen y analizan, con un enfoque general y esencialmente divulgativo, los cambios normativos que se producirán con la previsible entrada en vigor de dicha Ley. Ello se realiza desde un punto de vista fundamentalmente comparativo, dando cuenta de las novedades de la Ley 24/2015 en relación con la Ley 11/1986, tanto las menores o de simple matiz terminológico como las sustantivas y de mayor alcance.
La propiedad industrial es una disciplina sumamente compleja. Su régimen jurídico corresponde principalmente al ámbito mercantil. Sin embargo la dificultad propia de la propiedad industrial y de sus aspectos técnicos, y el origen de sus normas que proceden de convenios internacionales, de regulaciones comunitarias y de fuentes nacionales ha hecho que se haya desarrollado una intensa labor de estudio de esta materia que ha desembocado en una hiperespecialización y en expertos técnicos y jurídicos sumamente cualificados. Sin embargo, la propia naturaleza mercantil de la disciplina ha hecho que determinados aspectos hayan sido preteridos. Entre estos están los aspectos registrales a los que se refiere esta obra. La propiedad industrial, en cuanto que derecho de exclusiva, es objeto de registro y su negociabilidad jurídica es indiscutida. Pero la seguridad jurídica que se garantiza con un adecuado reflejo registral de las vicisitudes de este tipo de bienes no está regulada, al menos no completamente. Corresponde a los profesionales del Derecho estudiar caso por caso qué circunstancias, cómo y en qué medida pueden o deben estas ser reflejadas registralmente, teniendo en cuenta que lo no inscrito no perjudica a tercero. Les corresponde también, en el caso de procedimientos judiciales, asegurarse de que la autoridad judicial ordene ese reflejo registral a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta obra no pretende dar una solución a la cuestión, sino orientar a quienes se dedican profesionalmente a este campo y propugnar una solución legislativa de futuro que garantice la seguridad en el tráfico jurídico-económico de la propiedad industrial.