Cuando el cese de la convivencia viene determinado por hechos constitutivos de violencia doméstica y de género, al fijar la guarda y custodia, es preciso atender a múltiples factores, sin perder de vista el contenido del art. 92 CC, en su apdo. 7, y el del interés superior del menor que proclama el art. 2 LO 1/1996. Este estudio de jurisprudencia abarca supuestos en los que la violencia se ha ejercido directamente sobre los menores por sus progenitores, parejas o terceros, situaciones de maltrato psicológico y emocional, así como en las que son víctimas indirectas. ¿Qué sucede cuando se condena por maltrato, vejaciones, injurias, amenazas o quebrantamiento de la orden de protección? ¿Y cuando el proceso está todavía pendiente? ¿Qué ocurre en el caso de que se acuerde el archivo o sobreseimiento? ¿O si la sentencia es absolutoria o se extingue la responsabilidad penal? Las resoluciones seleccionadas abarcan estas situaciones y muchas otras que determinarán que la guarda y custodia sea exclusiva para uno solo de los progenitores, para los abuelos o la procedencia o no de la compartida, incluyéndose también aquellas que darían lugar a una modificación de medidas.
Con las reformas legales del matrimonio y el divorcio de 2005, la institución familiar ha experimentado un significativo cambio en España. Se ha sustituido el concepto de matrimonio que durante muchas generaciones ha estado vigente, para dar paso a la ´un
La curatela está concebida como una figura más flexible que la tutela para los casos de declaración parcial de la incapacidad. El Tribunal Supremo, recogiendo el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala, entre otras en la Sentencia de 11 de octubre de 2012, que la curatela es un modelo de apoyo y de asistencia, y debiendo respetarse el superior interés de la persona con discapacidad, que, manteniendo la personalidad, requiere un complemento de su capacidad, precisamente para proteger su personalidad. El defensor judicial es otra figura que responde también a la necesidad de protección del incapacitado. Procederá su nombramiento mientras se resuelven el de tutor o curador, o cuando exista un conflicto de intereses con el tutelado, por ejemplo en la partición de bienes de la herencia o en la compraventa de un bien.
Son muy variados los distintos gastos de los hijos que pueden conceptuarse como extraordinarios, máxime cuando tal conceptuación dependerá, en numerosas ocasiones, de las circunstancias concurrentes, de las peculiaridades del caso concreto e, incluso, de la voluntad de los propios progenitores, que, de mutuo acuerdo, pueden atribuir a un determinado gasto carácter ordinario o extraordinario. En el presente libro se analizan, a la vista de las resoluciones emanadas de los Juzgados y Tribunales competentes para conocer de las cuestiones familiares, los que con mayor frecuencia se presentan en la práctica: desde las actividades extraescolares hasta los gastos derivados de celebraciones de los hijos, pasando por las clases particulares, los estudios universitarios o la preparación de oposiciones o los cursos de postgrado, entre otros muchos supuestos. Y ello sin olvidar otras cuestiones, como pueden ser la forma de reparto de los mismos entre los progenitores, la necesidad del consentimiento de estos para su realización o las consecuencias que produce su falta.
Cuando el cese de la convivencia viene determinado por hechos constitutivos de violencia doméstica y de género, al fijar la guarda y custodia, es preciso atender a múltiples factores, sin perder de vista el contenido del art. 92 CC, en su apdo. 7, y el del interés superior del menor que proclama el art. 2 LO 1/1996. Este estudio de jurisprudencia abarca supuestos en los que la violencia se ha ejercido directamente sobre los menores por sus progenitores, parejas o terceros, situaciones de maltrato psicológico y emocional, así como en las que son víctimas indirectas. ¿Qué sucede cuando se condena por maltrato, vejaciones, injurias, amenazas o quebrantamiento de la orden de protección? ¿Y cuando el proceso está todavía pendiente? ¿Qué ocurre en el caso de que se acuerde el archivo o sobreseimiento? ¿O si la sentencia es absolutoria o se extingue la responsabilidad penal? Las resoluciones seleccionadas abarcan estas situaciones y muchas otras que determinarán que la guarda y custodia sea exclusiva para uno solo de los progenitores, para los abuelos o la procedencia o no de la compartida, incluyéndose también aquellas que darían lugar a una modificación de medidas.
Con las reformas legales del matrimonio y el divorcio de 2005, la institución familiar ha experimentado un significativo cambio en España. Se ha sustituido el concepto de matrimonio que durante muchas generaciones ha estado vigente, para dar paso a la ´un
La curatela está concebida como una figura más flexible que la tutela para los casos de declaración parcial de la incapacidad. El Tribunal Supremo, recogiendo el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala, entre otras en la Sentencia de 11 de octubre de 2012, que la curatela es un modelo de apoyo y de asistencia, y debiendo respetarse el superior interés de la persona con discapacidad, que, manteniendo la personalidad, requiere un complemento de su capacidad, precisamente para proteger su personalidad. El defensor judicial es otra figura que responde también a la necesidad de protección del incapacitado. Procederá su nombramiento mientras se resuelven el de tutor o curador, o cuando exista un conflicto de intereses con el tutelado, por ejemplo en la partición de bienes de la herencia o en la compraventa de un bien.
Son muy variados los distintos gastos de los hijos que pueden conceptuarse como extraordinarios, máxime cuando tal conceptuación dependerá, en numerosas ocasiones, de las circunstancias concurrentes, de las peculiaridades del caso concreto e, incluso, de la voluntad de los propios progenitores, que, de mutuo acuerdo, pueden atribuir a un determinado gasto carácter ordinario o extraordinario. En el presente libro se analizan, a la vista de las resoluciones emanadas de los Juzgados y Tribunales competentes para conocer de las cuestiones familiares, los que con mayor frecuencia se presentan en la práctica: desde las actividades extraescolares hasta los gastos derivados de celebraciones de los hijos, pasando por las clases particulares, los estudios universitarios o la preparación de oposiciones o los cursos de postgrado, entre otros muchos supuestos. Y ello sin olvidar otras cuestiones, como pueden ser la forma de reparto de los mismos entre los progenitores, la necesidad del consentimiento de estos para su realización o las consecuencias que produce su falta.
