Ir al contenidoDerecho constitucional y administrativo
Por la variedad de las materias que en él se tratan, el programa de la asignatura Régimen jurídico de la actuación administrativa parece responder a una mera yuxtaposición de temas, más o menos convencional. No es así, sin embargo. El estudio de la actuación administrativa, con sus dos pilares básicos de prerrogativa y garantía, se debe hacer en el marco de un sistema que permita apreciar la unidad interna del ordenamiento jurídico-administrativo y la coherencia dogmática a que son reconducibles la pluralidad de instituciones y categorías que lo integran. El estudio de la actuación administrativa se aborda desde una doble perspectiva: formal y material. La primera, que constituye el objeto de este primer volumen, parte de la distinción entre tres categorías primarias de actuación que son la norma, la resolución y el contrato. Habida cuenta de que las normas se estudian en la asignatura Fundamentos de Derecho Administrativo, aquí nos centraremos en el acto administrativo (incluyendo el procedimiento) y los contratos del sector público, y su control por la jurisdicción contenciosa.
Esta edición recoge como normas básicas en la materia el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de 30 de octubre de 2015; el Reglamento General de Circulación, de 21 de noviembre de 2003; el Reglamento de Procedimiento Sancionador, de 25 de febrero de 1994; el Reglamento General de Conductores, de 8 de mayo de 2009; el Reglamento General de Vehículos, de 23 de diciembre de 1998, y el Reglamento de Vehículos Históricos, de 14 de julio de 1995. La obra se complementa con una selección de disposiciones referentes a diversos aspectos, tales como reformas en los vehículos, cambio de matrícula, licencia de aprendizaje de la conducción, escuelas particulares de conductores, inspección técnica de vehículos, delitos contra la seguridad vial, seguro de responsabilidad civil (en el que se recoge la importante reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, realizada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre), dispositivos de limitación de velocidad, aparcamiento de vehículos, etc. También figuran las Señales de Circulación, que reproducen la señalización prevista en el Reglamento General de Circulación.
El nuevo derecho de la contratación pública ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de los principales objetivos del desarrollo y aplicación de la Ley 9/2017 y de las Directivas europeas que la inspiran. Los principios de transparencia, integridad y buena administración vertebran la legislación de compra pública e incluyen nuevas obligaciones y disposiciones que sirven directamente a estos fines. En la presente obra se acomete una aproximación integral al sistema de prevención de la corrupción que pretende dotar de coherencia y homogeneidad las diferentes medidas disponibles en la materia, de forma que sea posible diseñar una estrategia o mapa de actuaciones con aspiraciones holísticas. A partir de un análisis de las características del fenómeno y necesidades de la estrategia por un lado, la corrupción como fenómeno escurridizo, y por el otro, la necesaria funcionalidad de las medidas y su viabilidad práctica en un entorno descentralizado, se dibuja una ruta de actuación a diferentes niveles que descansa sobre una nueva distribución de responsabilidades entre los actores intervinientes en el proceso, lo cual requiere, a su vez, de la generación de nuevos mecanismos que los habiliten como supervisores. La obra ofrece, en definitiva, las necesarias directrices para la correcta interpretación de las disposiciones anticorrupción en la normativa actual, identificando bondades y limitaciones, al tiempo que proporciona una serie de herramientas para la mejora y extensión de las garantías hacia la creación de un entorno íntegro por parte de los poderes adjudicadores y los operadores jurídicos y económicos.
La participación política es una cuestión crucial para el futuro de nuestras democracias. El grito de «no nos representan», que se hizo común durante las movilizaciones del 15-M, en 2011, expresa de manera elocuente tanto el déficit representativo que se achaca a nuestras instituciones democráticas como el interés de un sector de la ciudadanía por participar de forma directa en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público. La participación directa no es, sin embargo, una vía exenta de problemas. Como ponen de manifiesto los referendos sobre la Constitución europea o sobre el Brexit, entre otros, algunos de sus instrumentos pueden servir para canalizar un difuso malestar democrático que se manifiesta en decisiones de rechazo, pero que no son aptas para construir alternativas en positivo. El presente libro aborda, desde del campo del Derecho y de la Ciencia Política, las cuestiones más acuciantes relativas a la crisis de la democracia representativa y las demandas sociales de participación, haciendo especial hincapié en las oportunidades y los riesgos que se derivan de las nuevas tecnologías. Constituye la culminación del trabajo de un grupo de investigadoras e investigadores de varias Universidades, españolas y extranjeras, que ha desarrollado un proyecto de investigación sobre democracia y participación política financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por la Unión Europea, mediante Fondos FEDER. Su ambición es ofrecer una mirada interdisciplinar y comparada a las carencias democráticas de nuestros sistemas representativos y analizar posibles vías para avanzar hacia mayores cotas de participación ciudadana.
En noviembre de 2018, después de una larga tramitación -y varios intentos infructuosos-, se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre), que reemplaza al aprobado en 1982 (reformado en 1996). Aunque la Ley Orgánica que lo aprueba lo califica de reforma, lo cierto es que se trata de una renovación completa con derogación de los textos anteriores. Esta obra explica de forma sistemática y exhaustiva el contenido de esta norma institucional básica, con especial atención a las cuestiones de nuevo cuño que la misma incorpora, tanto aquellas que la equiparan a otras disposiciones estatutarias, como las que responden a las particularidades vinculadas con la insularidad, la lejanía y la condición de región europea ultraperiférica del archipiélago. En particular, este libro colectivo da cuenta del nuevo ámbito territorial autonómico, que se extiende hacia el mar (las aguas canarias); del reconocimiento de derechos en favor de los canarios y su régimen de garantías; del régimen de las instituciones autonómicas (Parlamento, Gobierno y Presidencia), con particular atención al régimen de elección de los parlamentarios con la inclusión de una circunscripción regional que se añade a las tradicionales de ámbito insular; de la incorporación de nuevos instrumentos para la acción pública como la posibilidad de aprobar decretos-leyes o la facultad de disolución anticipada del Parlamento; de las competencias de la Comunidad Autónoma, tanto las nuevas que se incorporan, como de aquellas que ya ostentaba pero que, siguiendo la estela de las últimas reformas estatutarias, se desarrollan y precisan con detalle; de modo especial, se exponen las normas relativas al régimen económico y fiscal de Canarias, e, igualmente, las que articulan la relaciones interadministrativas y con las instituciones de la Unión Europea. En este libro se analizan todos y cada uno de los preceptos del Estatuto de Autonomía. El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias constituye una renovación del marco institucional y competencial que, sin duda, vendrá a mejorar el funcionamiento de la Comunidad Autónoma y, con ello, su misión de servicio a los ciudadanos. El conjunto de trabajos que integran este libro pretende contribuir a la realización de ese objetivo, explicando con claridad y rigor el contenido de esta norma.



Este libro, esclarecedor y comprometido, revela cómo y por qué el Estado autonómico actual, «el café para todos», no corresponde al diseño acordado por consenso en el que participaron nacionalistas y aprobado de un modo ampliamente mayoritario por los españoles. Ha sido, se afirma, un «golpe de Estado constitucional» por decisiones políticas con respaldo científico. Ese análisis permite conocer cuál es el punto de partida desde el que debe plantearse cualquier reforma. Así lo hace el autor, Catedrático de Derecho administrativo que intervino como parlamentario en la redacción de aspectos fundamentales del diseño autonómico que figura en la Constitución, al formular sugerentes propuestas de cara al futuro, sin y con reforma de la Constitución y una referencia precisa a la «cuestión catalana» que, con otras aportaciones, se incorpora a esta edición.