Ir al contenidoDerecho constitucional y administrativo
La Constitución reserva al Estado la competencia para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, lo que debería haber posibilitado a las CCAA la regulación de estas consultas en su ámbito territorial. Debido a los intentos del País Vasco y Cataluña de celebrar referéndums de secesión territorial, el Tribunal Constitucional realizó, sin embargo, una interpretación restrictiva de las posibles competencias autonómicas en la materia, al considerar que la competencia estatal debía "extenderse a la entera disciplina de la institución", porque solo la ley orgánica puede regular "las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum" (art. 92.3 CE) y el ejercicio del derecho fundamental a participar directamente en los asuntos públicos (art. 23 CE). En los últimos años, el Tribunal Constitucional ha corregido su criterio estimando compatible con la Constitución la competencia autonómica sobre consultas populares referendarias al amparo de un título competencial explícito en el Estatuto y en el marco de una eventual regulación orgánica del derecho de participación política que lo permita. Y ello ha reabierto el debate sobre la posibilidad de la democracia directa en los ámbitos autonómicos. En este libro varios constitucionalistas reproducen los fundamentos y los límites de dicho debate. Tras un riguroso análisis de la funcionalidad de los referéndums territoriales en los Estados compuestos, la primera parte de la obra se dedica al estudio del precario marco normativo de los referéndums y las consultas populares en el Estado autonómico español y de las controversias suscitadas por la citada evolución jurisprudencial. La segunda parte de la obra profundiza en los excesos de algunos legislativos y ejecutivos autonómicos, quienes han abusado de sus facultades para convocar referéndums de secesión o para consultar sobre cuestiones ajenas a sus competencias, condicionando con ello las posibilidades de normalización del referéndum autonómico en nuestro país.
Estudio teórico y práctico en materia de tráfico y seguridad vial que afecta tanto a las reclamaciones por los perjuicios sufridos con motivo del tráfico, como a las infracciones administrativas y penales en esta materia. Recoge además las cuestiones más destacadas en el ámbito de los transportes por carretera. Esta obra sintetiza y extracta las resoluciones judiciales más recientes e interesantes sobre esta materia e incluye formularios y preguntas con respuestas. Destaca su practicidad, que pretende ir más allá de ser un compendio puramente teórico, y que será especialmente útil para quienes se dedican al ejercicio profesional en el ámbito de la seguridad vial. Totalmente actualizada conforme a la reciente reforma del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor y sanción del abandono del lugar del accidente operada por la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo.
La Constitución Española de 1978 se sitúa en la cúspide de la pirámide normativa sobre la que descansa nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que, aunque la mayor parte de los títulos de esta Biblioteca recogen nuestra más Alta Norma, resulta coherente, útil e incluso imprescindible disponer en la colección de un libro, manejable al máximo, que permita en cualquier momento consultar la Constitución, profusamente anotada y comentada en todos sus preceptos. La incorporación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obedece a dos razones: en primer lugar, a que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, siendo por tanto lógico, a fin de que el profesional y el estudiante dispongan de los instrumentos básicos de la constitucionalidad española, que figure la Ley reguladora del Alto Tribunal de Garantías; y, en segundo lugar, el trascendental significado que dicha Ley encierra en sí misma. En esta edición se incorporan las modificaciones realizadas por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. Completa el volumen un extenso índice analítico general, que remite tanto a los artículos de la Constitución cuanto a los de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.