Esta nueva edición contiene importantes novedades destinadas a ampliar su utilidad. Desde luego, se mantiene la finalidad inicial de dar respuesta a una asignatura que aparece en varias diplomaturas y grados universitarios, que requiere el conocimiento del núcleo esencial del Derecho Constitucional y Administrativo. Por otra parte, se ha ampliado el temario relativo a este último, de forma que el manual responde, prácticamente, a la totalidad del programa de Derecho Administrativo I de una forma clara y completa. Finalmente, dado que el contenido material de estos Elementos coincide con los temas comunes a todas las pruebas de acceso a la Función Pública (estatal, autonómica y local) satisface la necesidad de los opositores a través de un texto coherente y claro que responde a multitud de programas. Esta edición incluye la mejora del contenido de varios temas, consecuencia directa de la experiencia docente del autor y la necesaria actualización a los cambios legislativos y nuevas posiciones jurisprudenciales sobre las materias que comprende.
Esta obra ofrece 443 supuestos o ejemplos prácticos, ordenados según la estructura más común de los programas de las asignaturas de Derecho Administrativo I y II que se estudian en el Grado en Derecho, y que han sido expuestos y explicados por docentes de 15 universidades españolas. Están representadas en este libro la Universidad de Granada, País Vasco, Lleida, Valencia, Rey Juan Carlos, Complutense, Málaga, Autónoma de Madrid, Almería, Castilla La Mancha, Carlos III, Cádiz, Autónoma de Barcelona, Burgos y Vigo. Este no es un clásico libro de casos prácticos, ni tampoco es un sustitutivo de los manuales teóricos, sino que constituye una guía para facilitar la comprensión de conceptos básicos de Derecho Administrativo a través de ejemplos, con una metodología orientada a la solución de problemas jurídicos conocida en el mundo anglosajón como Legal Problem Solving. Esperamos que sea útil además para generar experiencias enriquecedoras en las aulas con la participación activa de los estudiantes, y que sea una buena herramienta para organizar debates, fijar y discutir hechos, razonar jurídicamente, pensar de forma crítica, crear escenarios simulados, elaborar documentos jurídicos, y realizar cualesquiera otras actividades, desde la libertad de cátedra, que propicien un mejor y más profundo aprendizaje del Derecho Administrativo.
Este manual sigue teniendo un enfoque esencialmente docente y fieles a nuestro ideal de lo que debe ser un estudio completo de cualquier disciplina jurídica, contiene una bibliografía que pretende ser selectiva para que el alumno interesado pueda encontrar el modo de profundizar en los temas que le interesen. Al mismo tiempo, en la bibliografía se encuentran las obras que pueden servir de obligado estudio por el alumno en los ejercicios que deben realizar los alumnos como complemento de las llamadas clases magistrales, que impone el denominado Plan Bolonia. El Manual, sigue pretendiendo dar una explicación directa y clara de los principios e instituciones del Derecho Administrativo, sin eludir dejar constancia de los planteamientos doctrinales más significativos cuyo conocimiento permite formarse al alumno, transcendiendo soluciones, no siempre afortunadas, que el derecho positivo español ofrece. Igualmente, se da cuenta de un total de más de 750 sentencias de distintos Tribunales (el TC, el TS, el TEDH, o el TJUE) en las que se refleja la posición de la jurisprudencia, que es la medida de la realidad práctica del Derecho. Y, además, la consideración o estudio directo de estas sentencias, o de las más significativas, puede servir igualmente para los trabajos personales de los alumnos que deben completar la formación esencialmente teórica. Selección de obras o de sentencias que debe hacer cada profesor en particular, puesto que él es quien debe evaluar estos trabajos complementarios.
Este libro contiene de una manera clara y práctica la regulación de los recursos contra la actividad de las Administraciones Públicas. Se estudian tanto los recursos a interponer en la vía administrativa, como en la jurisdiccional contencioso-administrativa. El autor ha pretendido realizar un esfuerzo de claridad y precisión, que el lector juzgará, de manera que esta obra resulte útil a los estudiantes de cualquiera de las universidades españolas, así como a los profesionales que ejercen la abogacía ante las Administraciones Públicas y los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y a los graduados que se preparan para superar la prueba de acceso que permitirá su colegiación.
Germán Fernández Farreres (Zaragoza, 1953), es catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Con anterioridad lo fue de la Universidad de Málaga (1986-1988) y, durante los años 1989-1993, prestó servicios como Letrado del Tribunal Constitucional. Ha sido Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid y del Departamento de Derecho Administrativo de la misma Universidad. Entre otras publicaciones, es autor de los libros La subvención: concepto y régimen jurídico (IEF, 1983), Asociaciones y Constitución (Civitas, 1987), El régimen de las ayudas estatales en la Comunidad Europea (Civitas, 1993), El recurso de amparo constitucional según la jurisprudencia constitucional (Marcial Pons, 1995), El paisaje televisivo en España (Aranzadi, 1997), La contribución del Tribunal Constitucional al Estado Autonómico (Iustel, 2005) y ¿Hacia una nueva doctrina constitucional del Estado Autonómico? (Civitas, 2008). Coautor, junto a J. González Pérez, de los Comentarios a la Ley de Asociaciones (Civitas, 2002), ha dirigido, asimismo, las obras colectivas Colegios Profesionales y Derecho de la Competencia (Civitas, 2002), Transportes y Competencia (Civitas, 2004) y Comentarios a la Ley General de Subvenciones (Civitas, 2005).
Germán Fernández Farreres (Zaragoza, 1953), es catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Con anterioridad lo fue de la Universidad de Málaga (1986-1988) y, durante los años 1989-1993, prestó servicios como Letrado del Tribunal Constitucional. Ha sido Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid y del Departamento de Derecho Administrativo de la misma Universidad. Entre otras publicaciones, es autor de los libros La subvención: concepto y régimen jurídico (IEF, 1983), Asociaciones y Constitución (Civitas, 1987), El régimen de las ayudas estatales en la Comunidad Europea (Civitas, 1993), El recurso de amparo constitucional según la jurisprudencia constitucional (Marcial Pons, 1995), El paisaje televisivo en España (Aranzadi, 1997), La contribución del Tribunal Constitucional al Estado Autonómico (Iustel, 2005) y ¿Hacia una nueva doctrina constitucional del Estado Autonómico? (Civitas, 2008). Coautor, junto a J. González Pérez, de los Comentarios a la Ley de Asociaciones (Civitas, 2002), ha dirigido, asimismo, las obras colectivas Colegios Profesionales y Derecho de la Competencia (Civitas, 2002), Transportes y Competencia (Civitas, 2004) y Comentarios a la Ley General de Subvenciones (Civitas, 2005).
En la presente obra, ?Intereses colectivos y legitimación activa?, se ofrece a los lectores, operadores jurídicos, profesionales y académicos, un estudio completo y minucioso sobre temas de gran relevancia teórica y práctica: los intereses colectivos y difusos, el interés legítimo y la legitimación para su defensa ante la Administración y los Tribunales. Todo ello, además, se estudia y profundiza desde una perspectiva transversal y lo más completa posible. Así, los autores de las diversas aportaciones provienen de diferentes áreas de conocimiento jurídicas: Derecho Administrativo, Civil, Constitucional, Filosofía del Derecho, Procesal civil y penal. Esta característica le da un valor añadido al libro pues, aparte de presentar los temas propuestos desde una perspectiva general, después se van concretando la problemática que presentan en campos tan variados como el procedimiento administrativo sancionador, en la contratación del sector público, en materia de medio ambiente, en la acción pública en urbanismo, en la defensa de consumidores y usuarios, en la publicidad ilícita, en la propiedad intelectual, en la legislación de extranjería, en el proceso de modificación de la capacidad de obrar, en la defensa del derecho de igualdad, en la defensa de los intereses profesionales y en la legitimación de la administración concursal en el concurso de acreedores. Sin perjuicio de lo anterior, en la primera parte de la obra, que se inicia con un extenso estudio preliminar sobre los intereses colectivos en la jurisdicción contencioso-administrativa, se profundiza sobre la legitimación en el proceso civil, las acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios y el efecto de cosa juzgada en las mismas. También se trata sobre la legitimación en los procesos constitucionales, los intereses difusos bajo la óptica del Derecho civil y sobre la noción de interesado y el concepto de interés en el ámbito del Derecho administrativo español y comparado, y sobre la legitimación del acusador popular en el proceso penal. En definitiva, en el presente libro se examinan en profundidad desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, aspectos generales y concretos de cuestiones jurídicas referentes a los intereses colectivos y a la legitimación, siempre necesitados de aclaración conceptual y práctica.
Esta edición viene sistematizada en cinco partes, perfectamente diferenciadas. La primera está dedicada al régimen jurídico de las Administraciones Públicas y al procedimiento administrativo común, anteponiéndose un régimen general -el constituido por la Ley 30/1992- al propio de cada una de dichas Administraciones, quedando incluida en el de la Administración del Estado la Ley del Gobierno, la de su Organización y Funcionamiento y el Decreto de Subdelegados, y añadiéndose, dentro de dichos regímenes, el de la Administración Corporativa. La segunda parte, bajo la rúbrica «procedimientos», recoge la Ley Orgánica del Derecho de petición, los procedimientos tributarios de revisión y los que rigen en materia de responsabilidad administrativa (patrimonial y sancionadora). Las partes tercera y cuarta tratan, respectivamente, del Defensor del Pueblo (Ley Orgánica de 1981) y de la Jurisdicción. Dentro de esta última aparecen, entre otros, los textos de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y de Conflictos Jurisdiccionales, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, de la normativa reguladora del recurso contencioso-electoral y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Concluye el libro con una quinta parte sobre Jurisdicciones Europeas, que abarca las normas orgánicas y de procedimiento ante las instancias supranacionales competentes por razón de la materia. El volumen se completa con un índice de materias para facilitar su consulta.
La primera gran crisis económica de la globalización ha acabado por afectar al ejercicio del poder político en sentidos muy diversos. Pensemos por ejemplo en el estallido de protesta e irritación desencadenado en algunas democracias, como la nuestra, que llega a cuestionar el funcionamiento del sistema representativo. En este agitado contexto, ya se produjo en España la segunda reforma de la Constitución de 1978, para consagrar en ella el principio de estabilidad presupuestaria y, en relación con el mismo, nuestra vinculación con la Unión Europea. Una reforma que vino acompañada, con el nuevo Gobierno formado tras las elecciones de noviembre de 2011, de una batería de medidas (recortes en educación, sanidad, investigación o pensiones ) impulsadas también por las instituciones europeas, en el clima generado por las dudas sobre la supervivencia del euro. Este control sobre los Estados miembros se ha ido dotando de nuevos instrumentos jurídicos que refuerzan los compromisos nacionales sobre el control del déficit y de la deuda pública. El futuro del Estado Social está ahora realmente en juego y se dirime en el ámbito de la UE, la cual parece avanzar tanto en la unión económica como retroceder en su camino hacia la genuina conformación de una comunidad política que trascienda a los Estados-nación europeos. A las tensiones a las que ellos se ven sometidos, desde arriba, como consecuencia de su pertenencia a la Unión, se unen las tensiones hacia abajo que alimenta un agudizado problema territorial, singularmente en España. ¿Estamos abocados a vivir para siempre en el conflicto o, incluso peor, a la irrupción inquietante de lo fáctico, o cabe pensar en soluciones adoptadas a partir de la aplicación de la Constitución, incluida su eventual reforma? La sustitución en la Jefatura del Estado, tras la abdicación de Juan Carlos I, podría favorecer la apertura de ese proceso de reforma constitucional. Porque lo cierto es que la demanda social de cambios, aun imprecisa, se hace cada vez más evidente, intensificando, en el verano de 2014, la sensación de que el suelo se está moviendo bajo nuestros pies; de que hay, en efecto, un proceso de transición en marcha, en Europa y en España, que acaso pudiera acabar teniendo, para el Derecho Constitucional, un alcance semejante al que supuso el período de entreguerras o el trauma de la II Guerra Mundial. Hay quien dice que las presentes incertidumbres son hijas de la crisis y que se irán con ella. Pero honestamente no sabemos cuál será la estación de llegada de este viaje que hoy se antoja tan azaroso. Para poder valorar los cambios que puedan estar incoándose hay que tener bien presente no sólo donde estamos sino también de dónde venimos, pasar revista a la accidentada biografía de nuestras democracias. Pues bien, éste es un texto diseñado con la pretensión de ser útil a los alumnos de grado y postgrado de Derecho Constitucional, al servicio de un programa académico que se pregunta cómo y por qué hemos llegado hasta aquí, en el mundo y en España; que se propone conocer y valorar lo que hemos conseguido, lo que tenemos, la democracia constitucional, y lo que ella nos exige a todos. Es un texto que cree en un Derecho Constitucional vivo, que gravita sobre una realidad viva, abierto a encauzarla, como rama del ordenamiento, y también a entenderla mejor, como saber jurídico un tanto promiscuo que es, tan dado a olfatear en el terreno de otras ciencias sociales. Y es, en fin, un texto elaborado por profesores que aún conservan la pasión por enseñar, es decir, por aprender.
Constitución Española Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Desarrollo de los derechos y libertades -?Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. -?Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. -?Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. -?Ley Orgánica reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». -?Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación. -?Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación. -?Ley Orgánica de libertad sindical. -?Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal. -?Ley General de la Comunicación Audiovisual. Textos internacionales en materia de derechos y libertades - Declaración Universal de los Derechos Humanos. - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolos Facultativos. - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Protocolo Facultativo. - Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. - Carta Social Europea. Garantías y suspensión de los derechos -?Tutela preferente y sumaria de los derechos fundamentales. -?Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. -?Ley de Enjuiciamiento Criminal. Participación política y régimen electoral -?Ley Orgánica de Partidos Políticos. -?Ley Orgánica del Régimen Electoral General. -?Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos. Instituciones Centrales del Estado -?Reglamento del Congreso de los Diputados. -?Texto refundido del Reglamento del Senado. -?Ley Orgánica del Consejo de Estado. -?Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Completa este volumen un extenso índice analítico.
Esta edición recoge como normas básicas en la materia el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de 2 de marzo de 1990; el Reglamento General de Circulación, de 21 de noviembre de 2003; el Reglamento de Procedimiento Sancionador, de 25 de febrero de 1994; el Reglamento General de Conductores, de 8 de mayo de 2009; el Reglamento General de Vehículos, de 23 de diciembre de 1998, y el Reglamento de Vehículos Históricos, de 14 de julio de 1995. La obra se complementa con una selección de disposiciones referentes a diversos aspectos, tales como reformas en los vehículos, cambio de matrícula, licencia de aprendizaje de la conducción, escuelas particulares de conductores, inspección técnica de vehículos, delitos contra la seguridad vial, seguro de responsabilidad civil, dispositivos de limitación de velocidad, aparcamiento de vehículos, etc. También figuran las Señales de Circulación, que reproducen la señalización prevista en el Reglamento General de Circulación. Se incluye, asimismo, un extenso índice analítico para facilitar su consulta.
La Constitución Española de 1978 se sitúa en la cúspide de la pirámide normativa sobre la que descansa nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que, aunque la mayor parte de los títulos de esta Biblioteca recogen nuestra más Alta Norma, resulta coherente, útil e incluso imprescindible disponer en la colección de un libro, manejable al máximo, que permita en cualquier momento consultar la Constitución, profusamente anotada y comentada en todos sus preceptos. La incorporación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obedece a dos razones: en primer lugar, a que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, siendo por tanto lógico, a fin de que el profesional y el estudiante dispongan de los instrumentos básicos de la constitucionalidad española, que figure la Ley reguladora del Alto Tribunal de Garantías; y, en segundo lugar, el trascendental significado que dicha Ley encierra en sí misma. El volumen, por consiguiente, está orientado hacia la vía de la constitucionalidad, finalidad que se alcanza mediante la incorporación de un exhaustivo registro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, subdividido en tres índices: Cronológico. Concordado con los artículos de la Constitución, y de Materias. Completa el volumen un extenso índice analítico general, que remite tanto a los artículos de la Constitución cuanto a los de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Este código de Editorial Aranzadi, ya en su edición decimonovena, recoge de forma ordenada las más fundamentales disposiciones que desarrollan la Constitución. La obra, preparada por Francesc de Carreras Serra y Juan Carlos Gavara de Cara, profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, incluye un total de 52 epígrafes en los que se recogen, de acuerdo con las diferentes materias, las principales normas de Derecho Constitucional. La estructura de su contenido es la siguiente: I. La Constitución y el Tribunal Constitucional II. El ordenamiento jurídico A) De las normas en general B) Leyes y las normas con rango de ley C) Tratados internacionales y el derecho comunitario D) Reglamentos y los actos administrativos E) Sentencias III. Participación política e instituciones generales del Estado A) Participación política: partidos y elecciones B) La Corona C) Las Cortes Generales D) El Gobierno y la Administración Pública E) El Poder Judicial IV. Los derechos fundamentales A) Los tratados internacionales sobre derechos humanos B) Los derechos de los extranjeros C) Los derechos de libertad: la libertad ideológica, la libertad personal y la seguridad ciudadana y el derecho a la vida privada D) Los derechos de participación: la libertad de expresión y los derechos políticos E) La suspensión de los derechos fundamentales: los estados de alarma, excepción y sitio V. La organización territorial A) La Unión Europea B) Las comunidades autónomas El articulado de las normas, actualizado con las más recientes modificaciones legislativas, aparece anotado y concordado con referencias a otras normas, a la jurisprudencia constitucional y a la bibliografía sobre la materia. Hay que destacar en esta ocasión como novedades las modificaciones legislativas del Reglamento del Senado, de la Ley de conflicto de intereses de miembros del Gobierno y de Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades autónomas y de la Ley reguladora del derecho de asilo. La edición finaliza con un completo índice analítico, de todas las disposiciones estudiadas.
En este libro se ofrece por primera vez en nuestro Derecho un estudio completo y totalmente actualizado de las sanciones de tráfico. Un verdadero Tratado sobre el tema en el que se analizan detenidamente el concepto de sanción, su finalidad y su distinción de las penas y otras figuras afines, las exigencias constitucionales de las sanciones administrativas, las clases de infracciones y sanciones en el sector del tráfico, el procedimiento que ha de seguirse para su imposición, las causas de extinción de la responsabilidad y el control judicial de las sanciones. La importancia de esta obra no solo reside en el examen exhaustivo y acabado de todas las cuestiones que suscitan las sanciones de tráfico, sino también en ofrecer las bases para una construcción teórica de muchos aspectos de la parte general del Derecho administrativo sancionador (un concepto estricto y depurado de sanción, las exigencias constitucionales de las sanciones, una teoría de la infracción administrativa, etc.), lo que sin duda servirá para todos los sectores del ordenamiento jurídico en los que la Administración impone sanciones. La certera conjunción de los aspectos dogmáticos con el análisis detenido y atento de las cuestiones prácticas a través del examen exhaustivo de la jurisprudencia, hace que el libro resulte útil no sólo al estudioso del Derecho sancionador, sino también a todos aquellos que están encargados de su aplicación diaria o se ven afectados por ella: la Administración y sus funcionarios, los Jueces, los abogados y los propios ciudadanos.
Esta nueva edición contiene importantes novedades destinadas a ampliar su utilidad. Desde luego, se mantiene la finalidad inicial de dar respuesta a una asignatura que aparece en varias diplomaturas y grados universitarios, que requiere el conocimiento del núcleo esencial del Derecho Constitucional y Administrativo. Por otra parte, se ha ampliado el temario relativo a este último, de forma que el manual responde, prácticamente, a la totalidad del programa de Derecho Administrativo I de una forma clara y completa. Finalmente, dado que el contenido material de estos Elementos coincide con los temas comunes a todas las pruebas de acceso a la Función Pública (estatal, autonómica y local) satisface la necesidad de los opositores a través de un texto coherente y claro que responde a multitud de programas. Esta edición incluye la mejora del contenido de varios temas, consecuencia directa de la experiencia docente del autor y la necesaria actualización a los cambios legislativos y nuevas posiciones jurisprudenciales sobre las materias que comprende.
Esta obra ofrece 443 supuestos o ejemplos prácticos, ordenados según la estructura más común de los programas de las asignaturas de Derecho Administrativo I y II que se estudian en el Grado en Derecho, y que han sido expuestos y explicados por docentes de 15 universidades españolas. Están representadas en este libro la Universidad de Granada, País Vasco, Lleida, Valencia, Rey Juan Carlos, Complutense, Málaga, Autónoma de Madrid, Almería, Castilla La Mancha, Carlos III, Cádiz, Autónoma de Barcelona, Burgos y Vigo. Este no es un clásico libro de casos prácticos, ni tampoco es un sustitutivo de los manuales teóricos, sino que constituye una guía para facilitar la comprensión de conceptos básicos de Derecho Administrativo a través de ejemplos, con una metodología orientada a la solución de problemas jurídicos conocida en el mundo anglosajón como Legal Problem Solving. Esperamos que sea útil además para generar experiencias enriquecedoras en las aulas con la participación activa de los estudiantes, y que sea una buena herramienta para organizar debates, fijar y discutir hechos, razonar jurídicamente, pensar de forma crítica, crear escenarios simulados, elaborar documentos jurídicos, y realizar cualesquiera otras actividades, desde la libertad de cátedra, que propicien un mejor y más profundo aprendizaje del Derecho Administrativo.
Este manual sigue teniendo un enfoque esencialmente docente y fieles a nuestro ideal de lo que debe ser un estudio completo de cualquier disciplina jurídica, contiene una bibliografía que pretende ser selectiva para que el alumno interesado pueda encontrar el modo de profundizar en los temas que le interesen. Al mismo tiempo, en la bibliografía se encuentran las obras que pueden servir de obligado estudio por el alumno en los ejercicios que deben realizar los alumnos como complemento de las llamadas clases magistrales, que impone el denominado Plan Bolonia. El Manual, sigue pretendiendo dar una explicación directa y clara de los principios e instituciones del Derecho Administrativo, sin eludir dejar constancia de los planteamientos doctrinales más significativos cuyo conocimiento permite formarse al alumno, transcendiendo soluciones, no siempre afortunadas, que el derecho positivo español ofrece. Igualmente, se da cuenta de un total de más de 750 sentencias de distintos Tribunales (el TC, el TS, el TEDH, o el TJUE) en las que se refleja la posición de la jurisprudencia, que es la medida de la realidad práctica del Derecho. Y, además, la consideración o estudio directo de estas sentencias, o de las más significativas, puede servir igualmente para los trabajos personales de los alumnos que deben completar la formación esencialmente teórica. Selección de obras o de sentencias que debe hacer cada profesor en particular, puesto que él es quien debe evaluar estos trabajos complementarios.
Texto de la Constitución Española, en bicolor, con la inclusión de los artículos modificados.
Este libro contiene de una manera clara y práctica la regulación de los recursos contra la actividad de las Administraciones Públicas. Se estudian tanto los recursos a interponer en la vía administrativa, como en la jurisdiccional contencioso-administrativa. El autor ha pretendido realizar un esfuerzo de claridad y precisión, que el lector juzgará, de manera que esta obra resulte útil a los estudiantes de cualquiera de las universidades españolas, así como a los profesionales que ejercen la abogacía ante las Administraciones Públicas y los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y a los graduados que se preparan para superar la prueba de acceso que permitirá su colegiación.
Germán Fernández Farreres (Zaragoza, 1953), es catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Con anterioridad lo fue de la Universidad de Málaga (1986-1988) y, durante los años 1989-1993, prestó servicios como Letrado del Tribunal Constitucional. Ha sido Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid y del Departamento de Derecho Administrativo de la misma Universidad. Entre otras publicaciones, es autor de los libros La subvención: concepto y régimen jurídico (IEF, 1983), Asociaciones y Constitución (Civitas, 1987), El régimen de las ayudas estatales en la Comunidad Europea (Civitas, 1993), El recurso de amparo constitucional según la jurisprudencia constitucional (Marcial Pons, 1995), El paisaje televisivo en España (Aranzadi, 1997), La contribución del Tribunal Constitucional al Estado Autonómico (Iustel, 2005) y ¿Hacia una nueva doctrina constitucional del Estado Autonómico? (Civitas, 2008). Coautor, junto a J. González Pérez, de los Comentarios a la Ley de Asociaciones (Civitas, 2002), ha dirigido, asimismo, las obras colectivas Colegios Profesionales y Derecho de la Competencia (Civitas, 2002), Transportes y Competencia (Civitas, 2004) y Comentarios a la Ley General de Subvenciones (Civitas, 2005).
Germán Fernández Farreres (Zaragoza, 1953), es catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Con anterioridad lo fue de la Universidad de Málaga (1986-1988) y, durante los años 1989-1993, prestó servicios como Letrado del Tribunal Constitucional. Ha sido Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid y del Departamento de Derecho Administrativo de la misma Universidad. Entre otras publicaciones, es autor de los libros La subvención: concepto y régimen jurídico (IEF, 1983), Asociaciones y Constitución (Civitas, 1987), El régimen de las ayudas estatales en la Comunidad Europea (Civitas, 1993), El recurso de amparo constitucional según la jurisprudencia constitucional (Marcial Pons, 1995), El paisaje televisivo en España (Aranzadi, 1997), La contribución del Tribunal Constitucional al Estado Autonómico (Iustel, 2005) y ¿Hacia una nueva doctrina constitucional del Estado Autonómico? (Civitas, 2008). Coautor, junto a J. González Pérez, de los Comentarios a la Ley de Asociaciones (Civitas, 2002), ha dirigido, asimismo, las obras colectivas Colegios Profesionales y Derecho de la Competencia (Civitas, 2002), Transportes y Competencia (Civitas, 2004) y Comentarios a la Ley General de Subvenciones (Civitas, 2005).
En la presente obra, ?Intereses colectivos y legitimación activa?, se ofrece a los lectores, operadores jurídicos, profesionales y académicos, un estudio completo y minucioso sobre temas de gran relevancia teórica y práctica: los intereses colectivos y difusos, el interés legítimo y la legitimación para su defensa ante la Administración y los Tribunales. Todo ello, además, se estudia y profundiza desde una perspectiva transversal y lo más completa posible. Así, los autores de las diversas aportaciones provienen de diferentes áreas de conocimiento jurídicas: Derecho Administrativo, Civil, Constitucional, Filosofía del Derecho, Procesal civil y penal. Esta característica le da un valor añadido al libro pues, aparte de presentar los temas propuestos desde una perspectiva general, después se van concretando la problemática que presentan en campos tan variados como el procedimiento administrativo sancionador, en la contratación del sector público, en materia de medio ambiente, en la acción pública en urbanismo, en la defensa de consumidores y usuarios, en la publicidad ilícita, en la propiedad intelectual, en la legislación de extranjería, en el proceso de modificación de la capacidad de obrar, en la defensa del derecho de igualdad, en la defensa de los intereses profesionales y en la legitimación de la administración concursal en el concurso de acreedores. Sin perjuicio de lo anterior, en la primera parte de la obra, que se inicia con un extenso estudio preliminar sobre los intereses colectivos en la jurisdicción contencioso-administrativa, se profundiza sobre la legitimación en el proceso civil, las acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios y el efecto de cosa juzgada en las mismas. También se trata sobre la legitimación en los procesos constitucionales, los intereses difusos bajo la óptica del Derecho civil y sobre la noción de interesado y el concepto de interés en el ámbito del Derecho administrativo español y comparado, y sobre la legitimación del acusador popular en el proceso penal. En definitiva, en el presente libro se examinan en profundidad desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, aspectos generales y concretos de cuestiones jurídicas referentes a los intereses colectivos y a la legitimación, siempre necesitados de aclaración conceptual y práctica.
Esta edición viene sistematizada en cinco partes, perfectamente diferenciadas. La primera está dedicada al régimen jurídico de las Administraciones Públicas y al procedimiento administrativo común, anteponiéndose un régimen general -el constituido por la Ley 30/1992- al propio de cada una de dichas Administraciones, quedando incluida en el de la Administración del Estado la Ley del Gobierno, la de su Organización y Funcionamiento y el Decreto de Subdelegados, y añadiéndose, dentro de dichos regímenes, el de la Administración Corporativa. La segunda parte, bajo la rúbrica «procedimientos», recoge la Ley Orgánica del Derecho de petición, los procedimientos tributarios de revisión y los que rigen en materia de responsabilidad administrativa (patrimonial y sancionadora). Las partes tercera y cuarta tratan, respectivamente, del Defensor del Pueblo (Ley Orgánica de 1981) y de la Jurisdicción. Dentro de esta última aparecen, entre otros, los textos de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y de Conflictos Jurisdiccionales, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, de la normativa reguladora del recurso contencioso-electoral y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Concluye el libro con una quinta parte sobre Jurisdicciones Europeas, que abarca las normas orgánicas y de procedimiento ante las instancias supranacionales competentes por razón de la materia. El volumen se completa con un índice de materias para facilitar su consulta.
La primera gran crisis económica de la globalización ha acabado por afectar al ejercicio del poder político en sentidos muy diversos. Pensemos por ejemplo en el estallido de protesta e irritación desencadenado en algunas democracias, como la nuestra, que llega a cuestionar el funcionamiento del sistema representativo. En este agitado contexto, ya se produjo en España la segunda reforma de la Constitución de 1978, para consagrar en ella el principio de estabilidad presupuestaria y, en relación con el mismo, nuestra vinculación con la Unión Europea. Una reforma que vino acompañada, con el nuevo Gobierno formado tras las elecciones de noviembre de 2011, de una batería de medidas (recortes en educación, sanidad, investigación o pensiones
) impulsadas también por las instituciones europeas, en el clima generado por las dudas sobre la supervivencia del euro. Este control sobre los Estados miembros se ha ido dotando de nuevos instrumentos jurídicos que refuerzan los compromisos nacionales sobre el control del déficit y de la deuda pública. El futuro del Estado Social está ahora realmente en juego y se dirime en el ámbito de la UE, la cual parece avanzar tanto en la unión económica como retroceder en su camino hacia la genuina conformación de una comunidad política que trascienda a los Estados-nación europeos. A las tensiones a las que ellos se ven sometidos, desde arriba, como consecuencia de su pertenencia a la Unión, se unen las tensiones hacia abajo que alimenta un agudizado problema territorial, singularmente en España. ¿Estamos abocados a vivir para siempre en el conflicto o, incluso peor, a la irrupción inquietante de lo fáctico, o cabe pensar en soluciones adoptadas a partir de la aplicación de la Constitución, incluida su eventual reforma? La sustitución en la Jefatura del Estado, tras la abdicación de Juan Carlos I, podría favorecer la apertura de ese proceso de reforma constitucional. Porque lo cierto es que la demanda social de cambios, aun imprecisa, se hace cada vez más evidente, intensificando, en el verano de 2014, la sensación de que el suelo se está moviendo bajo nuestros pies; de que hay, en efecto, un proceso de transición en marcha, en Europa y en España, que acaso pudiera acabar teniendo, para el Derecho Constitucional, un alcance semejante al que supuso el período de entreguerras o el trauma de la II Guerra Mundial. Hay quien dice que las presentes incertidumbres son hijas de la crisis y que se irán con ella. Pero honestamente no sabemos cuál será la estación de llegada de este viaje que hoy se antoja tan azaroso. Para poder valorar los cambios que puedan estar incoándose hay que tener bien presente no sólo donde estamos sino también de dónde venimos, pasar revista a la accidentada biografía de nuestras democracias. Pues bien, éste es un texto diseñado con la pretensión de ser útil a los alumnos de grado y postgrado de Derecho Constitucional, al servicio de un programa académico que se pregunta cómo y por qué hemos llegado hasta aquí, en el mundo y en España; que se propone conocer y valorar lo que hemos conseguido, lo que tenemos, la democracia constitucional, y lo que ella nos exige a todos. Es un texto que cree en un Derecho Constitucional vivo, que gravita sobre una realidad viva, abierto a encauzarla, como rama del ordenamiento, y también a entenderla mejor, como saber jurídico un tanto promiscuo que es, tan dado a olfatear en el terreno de otras ciencias sociales. Y es, en fin, un texto elaborado por profesores que aún conservan la pasión por enseñar, es decir, por aprender.
Constitución Española Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Desarrollo de los derechos y libertades -?Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. -?Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. -?Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. -?Ley Orgánica reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». -?Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación. -?Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación. -?Ley Orgánica de libertad sindical. -?Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal. -?Ley General de la Comunicación Audiovisual. Textos internacionales en materia de derechos y libertades - Declaración Universal de los Derechos Humanos. - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolos Facultativos. - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Protocolo Facultativo. - Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. - Carta Social Europea. Garantías y suspensión de los derechos -?Tutela preferente y sumaria de los derechos fundamentales. -?Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. -?Ley de Enjuiciamiento Criminal. Participación política y régimen electoral -?Ley Orgánica de Partidos Políticos. -?Ley Orgánica del Régimen Electoral General. -?Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos. Instituciones Centrales del Estado -?Reglamento del Congreso de los Diputados. -?Texto refundido del Reglamento del Senado. -?Ley Orgánica del Consejo de Estado. -?Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Completa este volumen un extenso índice analítico.
Esta edición recoge como normas básicas en la materia el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de 2 de marzo de 1990; el Reglamento General de Circulación, de 21 de noviembre de 2003; el Reglamento de Procedimiento Sancionador, de 25 de febrero de 1994; el Reglamento General de Conductores, de 8 de mayo de 2009; el Reglamento General de Vehículos, de 23 de diciembre de 1998, y el Reglamento de Vehículos Históricos, de 14 de julio de 1995. La obra se complementa con una selección de disposiciones referentes a diversos aspectos, tales como reformas en los vehículos, cambio de matrícula, licencia de aprendizaje de la conducción, escuelas particulares de conductores, inspección técnica de vehículos, delitos contra la seguridad vial, seguro de responsabilidad civil, dispositivos de limitación de velocidad, aparcamiento de vehículos, etc. También figuran las Señales de Circulación, que reproducen la señalización prevista en el Reglamento General de Circulación. Se incluye, asimismo, un extenso índice analítico para facilitar su consulta.
La Constitución Española de 1978 se sitúa en la cúspide de la pirámide normativa sobre la que descansa nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que, aunque la mayor parte de los títulos de esta Biblioteca recogen nuestra más Alta Norma, resulta coherente, útil e incluso imprescindible disponer en la colección de un libro, manejable al máximo, que permita en cualquier momento consultar la Constitución, profusamente anotada y comentada en todos sus preceptos. La incorporación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obedece a dos razones: en primer lugar, a que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, siendo por tanto lógico, a fin de que el profesional y el estudiante dispongan de los instrumentos básicos de la constitucionalidad española, que figure la Ley reguladora del Alto Tribunal de Garantías; y, en segundo lugar, el trascendental significado que dicha Ley encierra en sí misma. El volumen, por consiguiente, está orientado hacia la vía de la constitucionalidad, finalidad que se alcanza mediante la incorporación de un exhaustivo registro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, subdividido en tres índices: Cronológico. Concordado con los artículos de la Constitución, y de Materias. Completa el volumen un extenso índice analítico general, que remite tanto a los artículos de la Constitución cuanto a los de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Este código de Editorial Aranzadi, ya en su edición decimonovena, recoge de forma ordenada las más fundamentales disposiciones que desarrollan la Constitución. La obra, preparada por Francesc de Carreras Serra y Juan Carlos Gavara de Cara, profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, incluye un total de 52 epígrafes en los que se recogen, de acuerdo con las diferentes materias, las principales normas de Derecho Constitucional. La estructura de su contenido es la siguiente: I. La Constitución y el Tribunal Constitucional II. El ordenamiento jurídico A) De las normas en general B) Leyes y las normas con rango de ley C) Tratados internacionales y el derecho comunitario D) Reglamentos y los actos administrativos E) Sentencias III. Participación política e instituciones generales del Estado A) Participación política: partidos y elecciones B) La Corona C) Las Cortes Generales D) El Gobierno y la Administración Pública E) El Poder Judicial IV. Los derechos fundamentales A) Los tratados internacionales sobre derechos humanos B) Los derechos de los extranjeros C) Los derechos de libertad: la libertad ideológica, la libertad personal y la seguridad ciudadana y el derecho a la vida privada D) Los derechos de participación: la libertad de expresión y los derechos políticos E) La suspensión de los derechos fundamentales: los estados de alarma, excepción y sitio V. La organización territorial A) La Unión Europea B) Las comunidades autónomas El articulado de las normas, actualizado con las más recientes modificaciones legislativas, aparece anotado y concordado con referencias a otras normas, a la jurisprudencia constitucional y a la bibliografía sobre la materia. Hay que destacar en esta ocasión como novedades las modificaciones legislativas del Reglamento del Senado, de la Ley de conflicto de intereses de miembros del Gobierno y de Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades autónomas y de la Ley reguladora del derecho de asilo. La edición finaliza con un completo índice analítico, de todas las disposiciones estudiadas.
En este libro se ofrece por primera vez en nuestro Derecho un estudio completo y totalmente actualizado de las sanciones de tráfico. Un verdadero Tratado sobre el tema en el que se analizan detenidamente el concepto de sanción, su finalidad y su distinción de las penas y otras figuras afines, las exigencias constitucionales de las sanciones administrativas, las clases de infracciones y sanciones en el sector del tráfico, el procedimiento que ha de seguirse para su imposición, las causas de extinción de la responsabilidad y el control judicial de las sanciones. La importancia de esta obra no solo reside en el examen exhaustivo y acabado de todas las cuestiones que suscitan las sanciones de tráfico, sino también en ofrecer las bases para una construcción teórica de muchos aspectos de la parte general del Derecho administrativo sancionador (un concepto estricto y depurado de sanción, las exigencias constitucionales de las sanciones, una teoría de la infracción administrativa, etc.), lo que sin duda servirá para todos los sectores del ordenamiento jurídico en los que la Administración impone sanciones. La certera conjunción de los aspectos dogmáticos con el análisis detenido y atento de las cuestiones prácticas a través del examen exhaustivo de la jurisprudencia, hace que el libro resulte útil no sólo al estudioso del Derecho sancionador, sino también a todos aquellos que están encargados de su aplicación diaria o se ven afectados por ella: la Administración y sus funcionarios, los Jueces, los abogados y los propios ciudadanos.