Estas Lecciones que, junto con el Volumen I, comprenden la Parte General del Derecho Administrativo, exponen con un afán sintético y didáctico los fundamentos básicos del Derecho Administrativo y el régimen de sus instituciones. Comprenden pues el análisis del ordenamiento jurídico vigente y dan cuenta de la jurisprudencia existente sobre el mismo sin descartar la expresión, en su caso, de las posiciones doctrinales existentes sobre las grandes cuestiones y retos a los que se enfrenta la disciplina. Igualmente, y dado su objetivo propio, procuran ofrecer ejemplos suficientes que ilustren los contenidos dogmáticos de cada lección. Esta obra, fruto de la dilatada experiencia docente de sus autores en el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, tiene como destinatarios principales a los alumnos que cursan el Grado en Derecho y otros Grados conjuntos en cuyos planes de estudio figuran las asignaturas troncales a las que estas Lecciones dan respuesta, sin perjuicio de su posible interés para otras personas que pretendan adquirir un conocimiento de los fundamentos y contenidos básicos de la disciplina.
Esta segunda edición ofrece 519 supuestos o ejemplos prácticos, ordenados según la estructura más común de los programas de las asignaturas de Derecho Administrativo I y II que se estudian en el Grado en Derecho, y que han sido expuestos y explicados por docentes de la Universidad de Granada, Universidad de Lleida, Universidad de Valencia, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Málaga, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Almería, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Cádiz, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Burgos y Universidad de Vigo. Este no es un clásico libro de casos prácticos, ni tampoco es un sustitutivo de los manuales teóricos, sino que constituye una guía para facilitar la comprensión de conceptos básicos de Derecho Administrativo a través de ejemplos, con una metodología orientada a la solución de problemas jurídicos conocida en el mundo anglosajón como Legal Problem Solving. Esperamos que sea útil además para generar experiencias enriquecedoras en las aulas con la participación activa de los estudiantes, y que sea una buena herramienta para organizar debates, fijar y discutir hechos, razonar jurídicamente, pensar de forma crítica, crear escenarios simulados, elaborar documentos jurídicos, y realizar cualesquiera otras actividades, desde la libertad de cátedra, que propicien un mejor y más profundo aprendizaje del Derecho Administrativo.
El régimen jurídico aplicable a los funcionarios públicos presenta una gran complejidad, pues son muchas las normas legales y reglamentarias que lo regulan y que además son objeto de frecuentes modificaciones. La legislación básica en la materia, que se contiene hoy en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, no se ha desarrollado por completo y ha sido complementada por otras normas posteriores. El presente libro, en una nueva edición totalmente actualizada, expone y analiza la legislación vigente sobre el régimen general de la función pública, que hoy se aplica también, en parte, a otros empleados públicos que no son funcionarios, añadiendo las referencias oportunas a la legislación especial aplicable a deter-minados grupos de funcionarios. Se explica en él la evolución de ese régimen jurídico en su contexto histórico y se interpreta la legislación vigente con ayuda de una cuidada selección de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y, en los aspectos pertinentes, de los Tribunales europeos. El libro es el resultado de años de docencia del autor en la cátedra de Derecho Administrativo, así como de su experiencia como abogado y asesor de diferentes Gobiernos y Administraciones Públicas, entre la que figura haber sido el Presidente de la Comisión oficial nombrada en su día para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público. Por su estructura y contenido, el libro se destina a quienes se adentran o desean profundizar en el estudio del régimen del empleo público en Facultades y Escuelas universitarias o a quienes preparan su ingreso en la función pública. También se ofrece como obra de consulta para quienes tienen la responsabilidad de desarrollar y aplicar el Derecho de la función pública: autoridades y gestores públicos, funcionarios, jueces y abogados
Año 2018. Martina tiene poco más de dos años y es la sobrina de Vicente Valera. En esta obra, Vicente, junto a la diseñadora gráfica Cinthia Moure, ofrecen una versión fácil estudio sobre la Ley 39/2015, de 1 octubre del Procedimiento Administrativo Común, al objeto de favorecer el empleo de la memoria visual, algo tradicionalmente poco empleado en el mundo jurídico. Como bien es sabido esta norma tiene un papel destacadísimo en la totalidad de programas oficiales de ámbito administrativo de las diferentes Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades Públicas, Sanitarias, etc.) y en consecuencia, sin su dominio absoluto se hace prácticamente imposible superar los mismos. La obra continúa la senda iniciada por Vicente Valera y la Editorial Tecnos en septiembre de 2016 y se añade a las dos obras ya realizadas previamente sobre la misma: 1.040 Preguntas tipo TEST y 1.040 Preguntas cortas en fichas de memorización. IG / FACEBOOK: @1040Preguntas / @elsellodechinin
La exposición del Derecho administrativo se plantea hoy en un momento de cambio y transformaciones que tienen un doble origen. Por un lado, las reformas que afectan a sus métodos de enseñanza y a los estudios universitarios en los que se imparte; por otro, a las propias transformaciones internas de este Derecho, muy relevantes en las dos últimas décadas. Las innovaciones en el entorno universitario no son tan solo las que derivan de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y las orientaciones del que se conoce como Sistema de Bolonia. Los planes de estudios de las Universidades han creado toda una serie de asignaturas y materias especializadas que reducen el espacio para la exposición de los elementos básicos y nucleares del Derecho administrativo. Una exposición que ha de concentrarse, como en este libro se pretende, en desgranar los conceptos fundamentales, reduciendo en lo posible el detalle formal del Derecho positivo y de la nomenclatura organizativa, que queda para las materias y asignaturas más atentas a los aspectos orgánicos. Las transformaciones recientes y trascendentes del Derecho administrativo se encuentran en sus contenidos. El revestimiento formal de la actividad administrativa y el cuadro básico de garantías ante ella permanecen en lo sustancial inalterados desde hace un tiempo. Las transformaciones, y las dificultades expositivas y sistematizadoras, se localizan precisamente en la actividad material, en sus contenidos. Aquí se están dejando sentir de manera ya muy perceptible las transformaciones que derivan de la compleja sociedad sobre la que la Administración actúa. La sociedad postindustrial, la sociedad del riesgo y, sobre todo, su nueva correlación con el Estado, afectan muy decididamente a toda la actividad administrativa de intervención, prestacional y de servicios. Es en estas transformaciones donde se están forjando las nuevas fórmulas e instrumentos. Estas Lecciones, que han tenido una excelente acogida en sus ediciones anteriores, exponen la sistemática más consolidada del Derecho administrativo, al tiempo que reparan de manera muy especial en sus novedades y líneas de evolución.
ADAPTADO A: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Acuerdo de París, adoptado en la COP21 de la Convenció
Tomo III Esta obra constituye el tercer volumen de una interesante trilogía que resultará de gran utilidad para la preparación de los distintos ejercicios de las respectivas pruebas selectivas a las que habrá de enfrentarse el opositor. Toda la colección contiene 3050 preguntas tipo test, organizadas tanto por bloques de materias, como entrecruzadas a modo de simulacros reales de examen para oposiciones de acceso a los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia. Asimismo, se aportan diez supuestos prácticos sobre los que desarrollar después tandas de preguntas. Este tercer ejemplar tiene carácter práctico, conteniendo tanto resoluciones procesales como supuestos fácticos, en un número de diez y abarcando todos los órdenes jurisdiccionales, que van acompañados cada uno de ellos de cincuenta preguntas tipo test dimanantes de aquéllos, pensando especialmente en la preparación y ensayo de los segundos y ulteriores ejercicios de los que se componen los distintos procesos selectivos. Los destinatarios de estos tres tomos son los aspirantes de todos los Cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia dado que la experiencia corrobora que, aunque evidentemente el nivel de profundidad de conocimientos exigidos es distinto en función de cada uno de ellos (gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa, y auxilio judicial), la materia normativa a evaluar es común. Y también se tiene presente que muchos de los aspirantes preparan simultáneamente más de una de esas oposiciones considerando esas similitudes.
Tomo I Esta obra forma parte de una interesante trilogía que resultará de gran utilidad para la preparación de los distintos ejercicios de las respectivas pruebas selectivas a las que habrá de enfrentarse el opositor. Toda la colección contiene 3050 preguntas tipo test, organizadas tanto por bloques de materias, como entrecruzadas a modo de simulacros reales de examen para oposiciones de acceso a los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia. Asimismo, se aportan diez supuestos prácticos sobre los que desarrollar después tandas de preguntas. En este primer volumen se incluyen 31 bloques de 50 preguntas test cada uno (1550 preguntas en total) organizados por materias homogéneas: Constitución Española, Derecho Administrativo, Derecho Comunitario europeo, Legislación orgánica y estatutaria, Legislación procesal (civil, penal, contencioso-administrativa, y social) y Registro Civil. Los destinatarios de estos tres tomos son los aspirantes de todos los Cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia dado que la experiencia corrobora que, aunque evidentemente el nivel de profundidad de conocimientos exigidos es distinto en función de cada uno de ellos (gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa, y auxilio judicial), la materia normativa a evaluar es común. Y también se tiene presente que muchos de los aspirantes preparan simultáneamente más de una de esas oposiciones considerando esas similitudes.
Tomo II Esta obra es el segundo ejemplar de una interesante trilogía que resultará de gran utilidad para la preparación de los distintos ejercicios de las respectivas pruebas selectivas a las que habrá de enfrentarse el opositor. Toda la colección contiene 3050 preguntas tipo test, organizadas tanto por bloques de materias, como entrecruzadas a modo de simulacros reales de examen para oposiciones de acceso a los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia. Asimismo, se aportan diez supuestos prácticos sobre los que desarrollar después tandas de preguntas. En este segundo volumen se formulan diez listados de cien preguntas cada una, entrecruzando las materias objeto de estudio para poder erigir verdaderos simulacros de examen en condiciones lo más ajustadas posible a la realidad. Los destinatarios de estos tres tomos son los aspirantes de todos los Cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia dado que la experiencia corrobora que, aunque evidentemente el nivel de profundidad de conocimientos exigidos es distinto en función de cada uno de ellos (gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa, y auxilio judicial), la materia normativa a evaluar es común. Y también se tiene presente que muchos de los aspirantes preparan simultáneamente más de una de esas oposiciones considerando esas similitudes.
La tecnología blockchain está demostrando su inmenso potencial transformador abriendo puertas a nuevos modelos de negocio desintermediados, descentralizados, transparentes y seguros. En ese contexto, las Initial Coin Offerings (ICOs) se han ido perfilando como un nuevo mecanismo de financiación alternativa con un importante crecimiento anual: este método recaudó 250 millones de dólares en 2016, 5.480 millones en 2017 y 8.120 millones sólo en la primera mitad de 2018. Una ICO supone una emisión de activos digitales, denominados tokens, a cambio de criptomonedas o divisas ordinarias. Dichos tokens sirven como medio de pago para distintos servicios digitales o bien como título representativo de derechos de contenido patrimonial. Las ICOs plantean múltiples cuestiones jurídicas en relación a su incardinación dentro del sistema regulatorio actual y su diferenciación con figuras afines como las operaciones de capital riesgo, la financiación participativa (crowdfunding) y las ofertas públicas de valores (OPVs), a saber: determinación de la naturaleza jurídica de los tokens, formas de estructurar una emisión de tokens de acuerdo con la normativa sobre valores vigente, cuestiones de gobierno corporativo en relación a los fondos recaudados, etc.
El manual Administración sociolaboral se ocupa de una de las ramas en las que se divide el derecho del trabajo. Tras el estudio de estas páginas, el lector conocerá en profundidad, desde un punto de vista teórico y práctico, todo cuanto implica la actuación de la Administración pública en el marco de las relaciones laborales y del sistema público de Seguridad Social. Con tal finalidad, en esta obra serán objeto de análisis algunos de los procedimientos administrativos más significativos (expedientes de regulación de empleo, solicitud de prestaciones al Fondo de Garantía Salarial, gestión recaudatoria, etc.), prestando particular atención al procedimiento administrativo sancionador propiamente dicho y a la labor desplegada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Este libro reúne contribuciones variadas sobre temas muy diferentes: la adopción internacional, los derechos reconocidos a los extranjeros, la pérdida de la nacionalidad española, la migración de niños no acompañados, la mediación intercultural, las políticas de integración, la sanidad universal en España y el asilo, entre otros. Este puzzle de componentes jurídicos tiene un sentido profundo. Es el sentido de la transculturalidad, que es un elemento que cruza la cultura, algo común a todos los seres humanos. Esa transculturalidad invita al lector a practicar la reflexión sobre lo que une a los seres humanos y sobre lo que el Derecho Público internacional y el Derecho Internacional Privado pueden hacer para aumentar el bienestar de todos. Eso es, entre otras muchas buenas cosas, lo que muestra este libro dirigido por Alfonso Ortega Giménez. Un texto policéntrico que nos enseña que es más importante la ortopraxis que la ortodoxia. Porque es más útil reflexionar sobre el resultado valorativo de la aplicación práctica del sistema legal que preocuparse por la rectitud de las grandes teorías. En efecto, el Derecho es un saber volcado en lo práctico. El lector encontrará en las contribuciones compendiadas en este libro un conjunto de elementos de extraordinaria utilidad para los juristas que desean recapacitar sobre el papel del Derecho de la nacionalidad y de la extranjería en estos tiempos líquidos, que diría Zygmunt Bauman. En estos tiempos de hipervelocidad y de futilidad, en los que todas las personas están conectadas, pero la mayor parte de ellas está aislada y sola, en los que los valores, las sociedades y las personas cambian a la velocidad de la luz, este libro dirigido por Alfonso Ortega Giménez nos invita a todos a reclamar, con toda Justicia, un espacio para el Derecho de la nacionalidad y de la extranjería como vectores para el progreso social y personal.
El procedimiento sancionador desde que fue aprobada la Ley de Procedimiento Administrtivo de 1958, ha ido evolucionando paulatinamente. Ya en su primera regulación no establecía principios en que debían regirse estos procedimientos, sino que fue la Ley 30/92 la que los incluyó por primera vez. Al mismo tiempo, al final de los años 80 y principios de los 90 las diferentes Comunidades Autónomas comenzarón a aprobar sus leyes de protección animal, dentro de las competencias que tienen atribuidas en base a la Constitución Española, y evidentemente, cada una en base a sus criterios, existiendo grandes diferentes de unas autonomías a otras. Así las cosas, cada una de ellas recoge un número de infracciones (lo que en una autonomía es infracción leve en otra puede ser considerado grave por ejemplo) debido a la inexistencia de una Ley Marco estatal en la que se establezcan unas bases mínimas y que a partir de la misma las comunidades autónomas puedan mejorarla, al igual que las sanciones, en las que en algunas zonas están desfasadas. Pero lo más importante es la elaboración de los procedimientos sancionadores y sobre todo la implicación de los ayuntamientos en la aplicación de la normativa, dado que la ausencia de políticas al respecto hace que la normativa de protección animal no se aplique en una gran mayoría de municipios.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público nos distancia de Europa, se aleja del espíritu de las directivas y de la convergencia normativa promovida por las instituciones europeas para favorecer la integración de mercados. Contratar en España va a ser muy diferente porque nuestra nueva Ley se aleja, también, de lo establecido en normas de numerosos Estados miembros que transponen las mismas directivas con mayor simplicidad y solvencia, sin caer en la sobrerregulación a que ha abocado la desconfianza en los gestores públicos que subyace en la regulación española. La Ley de Contratos del Sector Público, en fin, pone en riesgo la simplificación promovida por la Unión Europea y el deseado uso estratégico de la contratación. Aun cuando existen avances innegables para los licitadores, la sobrerregulación de la actuación administrativa, producto de la desconfianza y la convicción de que la norma puede por sí misma acabar con la corrupción, puede hacer en parte ineficaz lo mucho que de positivo es posible encontrar en la nueva Ley de Contratos.