El derecho fundamental a la propia imagen, reconocido en el art. 18.1 de la Constitución Española y regulado en la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, confiere a cada uno de nosotros la facultad de impedir, con carácter general, que otra persona capte, reproduzca o difunda por cualquier medio los rasgos físicos reconocibles que nos hacen distintos de los demás, principalmente, nuestro rostro. Si esto ocurre sin nuestro consentimiento, es muy probable que se haya cometido una intromisión ilegítima en nuestro derecho a la propia imagen. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto: la Ley prevé una serie de circunstancias que legitiman el uso de nuestra imagen por parte del tercero que se desenvuelva en la situación prevista por la norma; tercero que, de este modo, se habrá entrometido lícitamente, empleando la cobertura legal, en un ámbito que, de no concurrir dicha circunstancia legitimadora de la intromisión, quedaría reservado al titular de la imagen concernida. En esta obra se analiza el alcance que cabe atribuir a las circunstancias descritas en los arts. 2º y 8º de la citada Ley: el consentimiento del titular del derecho, la existencia de una previsión legal expresa o de un acto o mandato de la autoridad basado en la Ley, la concurrencia de ciertos intereses públicos, la captación de la imagen de las personas de notoriedad pública en actos o lugares abiertos al público o el uso de su caricatura y la aparición de la imagen de cualquier persona con carácter accesorio en la información gráfica acerca de algún acontecimiento de interés. El análisis teórico de la letra de la Ley aparece en la obra continuamente contrastado, apoyado o contradicho en sus resultados con un estudio exhaustivo de la aplicación práctica de estas circunstancias por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que permite aquilatar cuál es el auténtico grado de efectividad de estos factores legales que posibilitan la existencia de intromisiones legítimas en el derecho a la propia imagen, principalmente, por parte de los distintos medios de comunicación social. El derecho fundamental a la propia imagen, reconocido en el art. 18.1 de la Constitución Española y regulado en la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia i
La banca electrónica, como sistema de comercialización, constituye una realidad diversa que presenta perfiles jurídicos muy variados. La tutela del usuario en el contrato bancario electrónico se dedica preferentemente a aquellos aspectos de este sistema que afectan a la posición del cliente del servicio bancario comercializado por vía telemática, sin perjuicio de hacer puntuales referencias a las otras vertientes del fenómeno. Para ello ofrece un tratamiento integrado del proceso de comercialización y contratación de servicios bancarios, centrado especialmente en el estudio de la Ley 22/2007, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Además, en la monografía se tratan otras materias, no reguladas por esta Ley, pero estrechamente relacionadas con el objeto de estudio, como la cuestión de la seguridad en las transmisiones electrónicas y los fraudes asociados a la suplantación de la personalidad del titular de una cuenta bancaria (phishing) y al uso no autorizado de tarjetas de crédito, para lo cual se da puntual noticia de la nueva regulación contenida en la Ley 16/2009, de Sistemas de Pago. El trabajo se completa con un análisis de las distintas vías que el consumidor puede utilizar a título individual o colectivo para hacer valer sus pretensiones. La obra incluye un importante aporte de Derecho comparado y abundantes referencias a la jurisprudencia más reciente y a los criterios fijados por el Servicio de Reclamaciones del Banco de España sobre las diversas cuestiones tratadas.
Textos de las ponencias presentadas al Symposium, en las que se condensan las experiencias y buenas prácticas en el tratamiento jurídico y educativo de los jóvenes en conflicto social. Investigadores y profesionales del sector presentaron sus investigaciones y modelos, constituyendo un modelo de la labor y el compromiso por la mejora continua y la búsqueda de soluciones a un problema de todos.
El derecho fundamental a la propia imagen, reconocido en el art. 18.1 de la Constitución Española y regulado en la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, confiere a cada uno de nosotros la facultad de impedir, con carácter general, que otra persona capte, reproduzca o difunda por cualquier medio los rasgos físicos reconocibles que nos hacen distintos de los demás, principalmente, nuestro rostro. Si esto ocurre sin nuestro consentimiento, es muy probable que se haya cometido una intromisión ilegítima en nuestro derecho a la propia imagen. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto: la Ley prevé una serie de circunstancias que legitiman el uso de nuestra imagen por parte del tercero que se desenvuelva en la situación prevista por la norma; tercero que, de este modo, se habrá entrometido lícitamente, empleando la cobertura legal, en un ámbito que, de no concurrir dicha circunstancia legitimadora de la intromisión, quedaría reservado al titular de la imagen concernida. En esta obra se analiza el alcance que cabe atribuir a las circunstancias descritas en los arts. 2º y 8º de la citada Ley: el consentimiento del titular del derecho, la existencia de una previsión legal expresa o de un acto o mandato de la autoridad basado en la Ley, la concurrencia de ciertos intereses públicos, la captación de la imagen de las personas de notoriedad pública en actos o lugares abiertos al público o el uso de su caricatura y la aparición de la imagen de cualquier persona con carácter accesorio en la información gráfica acerca de algún acontecimiento de interés. El análisis teórico de la letra de la Ley aparece en la obra continuamente contrastado, apoyado o contradicho en sus resultados con un estudio exhaustivo de la aplicación práctica de estas circunstancias por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que permite aquilatar cuál es el auténtico grado de efectividad de estos factores legales que posibilitan la existencia de intromisiones legítimas en el derecho a la propia imagen, principalmente, por parte de los distintos medios de comunicación social. El derecho fundamental a la propia imagen, reconocido en el art. 18.1 de la Constitución Española y regulado en la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia i
La banca electrónica, como sistema de comercialización, constituye una realidad diversa que presenta perfiles jurídicos muy variados. La tutela del usuario en el contrato bancario electrónico se dedica preferentemente a aquellos aspectos de este sistema que afectan a la posición del cliente del servicio bancario comercializado por vía telemática, sin perjuicio de hacer puntuales referencias a las otras vertientes del fenómeno. Para ello ofrece un tratamiento integrado del proceso de comercialización y contratación de servicios bancarios, centrado especialmente en el estudio de la Ley 22/2007, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Además, en la monografía se tratan otras materias, no reguladas por esta Ley, pero estrechamente relacionadas con el objeto de estudio, como la cuestión de la seguridad en las transmisiones electrónicas y los fraudes asociados a la suplantación de la personalidad del titular de una cuenta bancaria (phishing) y al uso no autorizado de tarjetas de crédito, para lo cual se da puntual noticia de la nueva regulación contenida en la Ley 16/2009, de Sistemas de Pago. El trabajo se completa con un análisis de las distintas vías que el consumidor puede utilizar a título individual o colectivo para hacer valer sus pretensiones. La obra incluye un importante aporte de Derecho comparado y abundantes referencias a la jurisprudencia más reciente y a los criterios fijados por el Servicio de Reclamaciones del Banco de España sobre las diversas cuestiones tratadas.
Textos de las ponencias presentadas al Symposium, en las que se condensan las experiencias y buenas prácticas en el tratamiento jurídico y educativo de los jóvenes en conflicto social. Investigadores y profesionales del sector presentaron sus investigaciones y modelos, constituyendo un modelo de la labor y el compromiso por la mejora continua y la búsqueda de soluciones a un problema de todos.
