Algo aparentemente tan sencillo como cobrar y pagar, puede acabar resultando una tarea extremadamente compleja en una entidad local. Atendiendo a dicha circunstancia, existe una función, profesionalizada y reservada a habilitados estatales, que se denomina tesorería. Su ejercicio ha de garantizar la atención puntual de las obligaciones, evitando el retraso en los pagos, así como asegurando el adecuado control y correcto tratamiento contable de las diferentes partidas. En este sentido, cabe destacar que la regulación de la actual función tesorera, marca un punto de inflexión con la entrada en vigor del RD Ley 10/2015, de 11 de septiembre. Hasta entonces, en los municipios pequeños la función de tesorero acostumbraba a asumirla un Concejal, a partir del RD-Ley 10/2015, corresponde al secretario-interventor. Cómo conseguir una gestión integral y moderna de la tesorería, qué instrumentos utilizar y cuáles son los mecanismos que han de permitir la optimización de los recursos disponibles, es lo que trata de explicar esta monografía. Todo ello, sin olvidar el protagonismo dispensado al empleo de las nuevas tecnológicas -informáticas y telemáticas- en la gestión de los cobros y los pagos. En definitiva, éste Manual se presenta como una referencia técnica obligada en la gestión diaria de la tesorería, toda vez que el marco normativo, acertadamente, junto con la definición de unos principios generales, otorga un amplio margen de autonomía para que cada entidad local adapte estos principios a su propia organización e idiosincrasia.
La pretensión de esta obra codificadora es la facilitación comprensiva de todos los materiales electorales, aunque va más allá de la mera suma de estos por cuanto incluye una sistematización racionalizada de los mismos que hace de este Código casi un Manual. Esta 8ª edición del Código Electoral presenta dos novedades especialmente relevantes. La primera consiste en la incorporación de abundante doctrina de la Junta Electoral Central y jurisprudencia de aplicación de la importante reforma legislativa derivada de las Leyes Orgánicas 2 y 3 /2011. Ello ha permitido la imprescindible puesta al día en materias como las campañas institucionales e inauguraciones de los poderes públicos en periodo electoral, la precampaña electoral, la actuación de los medios de comunicación públicos y privados en periodo electoral, el procedimiento de votación de los electores residentes fuera de España, los avales exigidos a los partidos extraparlamentarios para presentar candidaturas al Congreso y al Senado, la reforma del Registro de Intereses del Congreso y del Senado, o las medidas contra el transfuguismo político en los Ayuntamientos. La segunda novedad a destacar es que los autores han abordado una profunda y completa revisión de la obra, sistematizando y agrupando por materias tanto la doctrina como la jurisprudencia y eliminando la que ha quedado obsoleta. Del mismo modo, se ha eliminado el bloque dedicado a la normativa autonómica, incluyendo únicamente en el apartado de normativa complementaria aquellas disposiciones autonómicas a las que se remite expresamente la LOREG. El volumen que ha ido adquiriendo la legislación autonómica en materia electoral impide seguir manteniendo este apartado, no sólo por la dificultad tanto de recogerla en su integridad como de hacer una selección parcial que no resulte arbitraria, sino también por evitar un incremento desmesurado del tamaño de la obra que la haga inmanejable.
Tradicionalmente la figura de las tasas siempre ha sido la categoría de tributo más conflictiva, hasta el punto que se ha llegado a dudar de su naturaleza tributaria e incluso de si necesariamente estamos ante ingresos de un ente público o si, por el contrario, pueden ser considerados ingresos de un sujeto particular. El problema sustancial deriva de su delimitación con los precios, ya sean públicos o privados. Se trata de una disciplina que, a pesar de estar aún muy abierta, entendemos que la evolución doctrinal permite ya asumir conclusiones suficientemente pacíficas como para elaborar una construcción jurídica en base a la cual se pueda analizar esta figura e interpretar su regulación positiva en orden a clarificar las dudas que suscita su aplicación práctica. Por todo ello, en la presente monografía se estudian las tasas y precios por servicios y actividades locales partiendo de los esquemas dogmáticos que cabe deducir de las doctrinas científica, administrativa y jurisprudencial. A partir de este el análisis, se pretende dar respuesta a las cuestiones más problemáticas planteadas por la normativa vigente, tanto en relación con los elementos estructurales de la institución como con los diferentes supuestos particulares de tasas o precios.
La obra tiene un contenido claramente transversal, referido a todas las materias del ámbito e interés local, aproximándose a ellas, y muy especialmente a las novedades introducidas por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en conexión siempre con las determinaciones de la normativa estatal y autonómica, jurisprudencia y doctrina directamente relacionada. Otras novedades legislativas especialmente relevantes con impacto sobre el Régimen Local, aparecen también recogidas en la obra, tales como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; de Garantía de la Unidad de Mercado; de Evaluación Ambiental, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público y de Impuso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público. Se trata, en definitiva, de una obra imprescindible para quienes operan en el ámbito Local, dada la profunda transformación que ha experimentado su marco regulatorio.
Este libro aporta, con un enfoque eminentemente práctico, un material didáctico atractivo para estudiantes, profesionales y responsables del área contable de las Administraciones locales, con el objetivo de facilitarles la comprensión de la aplicación de la Instrucción Contable de la Administración Local (ICAL) de 2013. Su contenido se estructura sobre varios supuestos prácticos que abordan la problemática contable de diversas operaciones referidas a la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos, inmovilizado no financiero y endeudamiento. En el primer bloque de ejercicios sobre presupuesto de gastos e ingresos, se desarrolla todo el ciclo contable desde la apertura de la contabilidad hasta el cierre, detallándose cada registro contable. En los bloques segundo y tercero, se opta por utilizar casos cortos centrados en las implicaciones contables de cada operación específica referida al inmovilizado no financiero y al endeudamiento. En todos los casos, se establece la relación con las disposiciones de la ICAL.
El Manual práctico sobre la nueva contabilidad local aporta al elenco bibliográfico especializado en el tema una amplia expresión de conceptos desde una óptica práctica. Para ello sustenta la explicación de forma directa y no diferenciada en supuestos y casos directamente vinculados a la función diaria del contable en el ámbito local. La necesidad de dotar al comprador de un documento versátil y ágil nos ha hecho, no obstante, reducir el número de ejercicios prácticos y materias a tratar, habiéndose realizado un esfuerzo de síntesis y de valoración de los elementos a tratar en el libro. El grado de profundidad y extensión en cada punto ha sido evaluado para dar una visión omnicomprensiva y exhaustiva de la contabilidad local para que el manual pueda cubrir el máximo de dudas y aspectos que el lector experimentado o novel pudiera reclamar pero, en sentido contrario, no hacer prolija y complicada la búsqueda de los conceptos. Los autores de esta obra colegiada ofrecemos un amplio espectro de sensibilidades, perspectivas y experiencias desde dentro de la función pública local para plasmar las necesidades del posible destinatario de la obra. La estructura planteada de la obra refleja un interés en facilitar la asimilación de las innovaciones en la contabilidad introducidas por la nueva normativa. Además, en un afán de aclarar los conceptos, hemos introducido un esquema diferente de otros manuales al uso con la clara intención de mejorar la comprensión. No podemos dejar de hacer una referencia a la clara intención de dotar a las personas interesadas en la publicación de un elemento de consulta ameno y de fácil comprensión ya que los conceptos que se incluyen en las nuevas órdenes significarán en buena medida un incremento de la complejidad en la contabilidad, siendo a nuestro parecer, este manual un intento de apoyo para los profesionales y opositores que quieran conocer con precisión la nueva contabilidad local.
El estudio del Derecho Local se torna como una variable necesaria para la formación de los alumnos universitarios que tiendan a especializarse en el Derecho Público. De ahí que la elaboración de estos materiales nazcan con dos objetivos principales: de un lado, con la vocación de servir de base a ese trabajo del estudiante universitario -libre o oficial- que, junto a la memorización de unos contenidos mínimos e imprescindibles para la comprensión de la asignatura, debe profundizar en la materia propuesta a través de otras vías complementarias que no se limitan al referido procedimiento; y, de otro parte, con la intención de ofrecer aquellos conceptos que nos parecen básicos para el objetivo docente propuesto sin una pretensión de exhaustividad en la materia referida. No pretenden, por ello, sustituir a los Manuales clásicos que ha orientado el estudio del Derecho Local que siguen siendo de necesaria referencia para el estudio de esta asignatura sino que pretenden, como se ha expuesto, servir de vehículo para la comprensión de estos últimos y garantizar la existencia de unos conocimientos básicos pero suficientes.
Es preocupación común, que aparece en las más variadas culturas, la del interés que acompaña a los ritos de la muerte y del depósito del cuerpo después. En tantas ocasiones, con una evidente connotación religiosa, con el dato también de la diferencia de fórmulas y soluciones. A veces predomina el interés por la distinción y ostentación de los poderosos, como bien evidencian las grandes construcciones funerarias de los egipcios, las pirámides señaladamente, sin olvidar tantos otros casos equivalentes, como el del «mausoleo», que hizo construir Artemisa, la reina de Halicarnaso, Caria (353 a.c.), en recuerdo de su esposo Mausolo, y que sería considerado como una de las siete maravillas del mundo "también lo fueron las pirámides de Egipto", o, a muchos kilómetros, el enterramiento del señor de Sipán, así como tantas capillas para el enterramiento de monarcas, dignidades eclesiásticas o de familias nobles o acaudaladas, con testimonios de tanta calidad artística, pudiéndose citar en el caso de España, el ejemplo sobresaliente de la Capilla Real de Granada. Sin olvidar el alarde de algún dictador de nuestro tiempo, sin reparar en gastos "aunque hubieras que horadar la montaña", a la hora de prepararse una sepultura de impacto. En otras ocasiones, las más de las veces, serían soluciones colectivas, como las catacumbas, los enterramientos junto a las iglesias, que fueron frecuentes entre nosotros, lo que se ilustra también a la perfección con la experiencia del Reino Unido, hasta dar el salto y llegar a la fórmula que se generalizó de los cementerios, ya los enormes de las urbes, ya los recoletos de los pequeños lugares. Fórmula en la que algunos han destacado de manera sobresaliente por albergar huéspedes ilustres, entre los que se pueden citar el caso del parisino «P�re Lachaise», o el cementerio civil de Madrid
La presente obra se estructura en atención a las diversas fases procedimentales del expediente ejecutivo de apremio, orientando el ejercicio de la recaudación por los propios órganos administrativos de un municipio o Administración local. Esta tercera edición del libro de formularios de Recaudación Municipal nace con vocación de actualizar los existentes en la segunda edición (2006) y dar entrada a algunos de los trámites ordinarios del procedimiento de apremio que la actual crisis económica está poniendo de manifiesto con carácter habitual en el devenir diario del proceder recaudatorio. Así, por ejemplo, se recogen ex novo los formularios de la ejecución de determinadas garantías dentro del procedimiento de apremio como la hipoteca legal tácita o la hipoteca unilateral constituida en garantía de fraccionamientos o aplazamientos de pago o los requerimientos a las Administraciones Públicas con carácter previo al embargo, actuaciones anteriormente esporádicas. También están incluidas en esta edición, las actuaciones de la enajenación mediante adjudicación directa en los supuestos de urgencia o cuando se trate de productos perecederos sin pasar previamente por la subasta pública en los, cada día, más habituales supuestos de embargo en el establecimiento mercantil. En suma, la obra ofrece un extenso inventario formado por 465 formularios sobre recaudación local completamente actualizados y puestos al día.
En este Tratado se estudian los aspectos más relevantes del Derecho económico local, tanto desde el punto de vista sustantivo como organizativo. Se describen y analizan las reglas que disciplinan las diversas formas de incidencia de la Administración local en la economía. Las entidades locales se presentan en la economía unas veces como reguladoras o controladoras, otras veces como agentes económicos (en mayor o menor posición competitiva con los agentes privados), y otras veces como promotoras o directoras de la actividad económica (a través de la contratación con empresas, la gestión de los bienes patrimoniales y demaniales, o el otorgamiento de ayudas). Esta diversidad de actividades locales en la economía es reconducible, con las adaptaciones necesarias, a una ordenación sistemática tradicional que distingue tres tipos básicos de actuación local: de intervención o regulación, de servicio público o de fomento. Esta es también la estructura sistemática de este Tratado, cuya ordenación está recorrida por una idea ordenadora central: el Derecho de la competencia. En todos los ámbitos del Derecho económico local es hoy una referencia explicativa central en qué medida las distintas actividades locales (reguladoras, prestadoras o de fomento) afectan a la competencia con y entre los agentes económicos privados y, en consecuencia, cómo y con qué alcance se someten a reglas dirigidas a garantizar la competencia en el mercado.
Este trabajo versa sobre las consecuencias en la Administración española en general, y en especial en la municipal, producidas por la reforma Constitucional acometida en 2011, que modificó de manera sustancial el artículo 135 de la Carta Magna. El tema elegido, tiene por tanto plena actualidad. En paralelo podemos comprobar como el sistema financiero mundial ha entrado en los últimos años en una profunda crisis que ha dañado gravemente las economías del llamado primer mundo, ha destruido millones de puestos de trabajo y agravado los niveles de pobreza en muchos países, lo que se ha traducido en revueltas sociales como la conocida primavera árabe o en otros movimientos sociales como el popular 15-M en España, y en el auge conseguido por «Podemos» en las últimas elecciones europeas, y municipales y autonómicas. . Por otro lado, a lo largo de estas páginas, se profundiza sobre la intensa vinculación existente entre la situación política y la económica, y cómo esta relación se ha plasmado en nuestra reforma Constitucional y en la Ley de estabilidad presupuestaria como herramientas fundamentales contra un déficit público, que llegó a alcanzar dimensiones inasumibles a finales de 2011. En esta misma línea, se analiza una de las técnicas empleadas a los efectos de reducir el gasto público, consistente en evitar la duplicidad de competencias entre las Administraciones Públicas, y los necesarios cambios legislativos introducidos por el Gobierno central, en busca de unas mejores Administraciones, más eficaces, más eficientes, más transparentes y con mayores niveles de rendimientos y responsabilidad y, sobre todo, más baratas. Y todo ello, sin que las modificaciones que se introducen, más numerosas que las deseables en términos de recortes, supongan un desmantelamiento de los servicios públicos, limitación de la autonomía local o reducción del pluralismo político. . Las reformas legales y administrativas puestas en marcha desde 2011 son por tanto centro de este libro, y sus consecuencias son analizadas en profundidad. El trabajo se desarrolla en dos partes: . La reforma de la Constitución y sus consecuencias. . La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local. . Paloma García Romero, Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Derecho (Universidad San Pablo CEU, Madrid), ha desempeñado diversos cargos de relevancia en el ámbito de la Administración Local y Autonómica. En la actualidad es concejal del Ayuntamiento de Madrid.
La tasación de costas en el proceso civil suele provocar interrogantes y conflictos insospechados, cuando no parece existir ninguna causa que fundamente aquellos o justifique éstos. A buen seguro una legislación en esta materia, que solo se retoca por necesidades coyunturales (la tasa judicial o el IVA son los últimos ejemplos), garantiza una polémica que se antoja innecesaria en esa fase del proceso. O quizá no. Por esta doble razón: la legal y las dudas que originan en la práctica, en este manual se buscan las respuestas a estas últimas y una explicación, más o menos afortunada, que llene las lagunas legales existentes, empleando a tales efectos la experiencia del autor en casi veinticinco años de ejercicio y las referencias jurisprudenciales y doctrinales más recientes. Se trata, por tanto, de facilitar a los profesionales del derecho una herramienta adaptada a las últimas reformas procesales que les permita manejar con más sencillez el trámite de la tasación de costas, sus diferentes fases, su impugnación y todos los elementos que la integran: los honorarios de abogados y peritos, indemnizaciones de testigos, derechos de procuradores y gastos procesales. Por su especial relevancia se dedica un último capítulo a la tasación de costas en el proceso de ejecución y otro epígrafe a los conocidos como «pleitos en masa».
La presente monografía trata de manera pormenorizada la figura de las sociedades mercantiles de capital mixto (público-privado) en el ámbito urbanístico. La polémica figura de la colaboración público-privada institucionalizada en este ámbito, no ha tenido, en España, una aceptación unánime tanto por los promotores de obra pública, como por los constructores y, en definitiva, por los socios privados, siendo ellos el principal apoyo financiero que deben tener las sociedades de económica mixta. Sin embargo, la presente monografía señala que, después de una grave crisis económica, sea el momento adecuado para plantearse de nuevo la figura de las sociedades urbanísticas mixtas, especialmente cuando se ha producido, por parte de los poderes públicos y de la sociedad en general, un cambio de políticas urbanísticas expansivas a políticas de regeneración, renovación y rehabilitación de la ciudad urbana consolidada que, a través de las últimas legislaciones vigentes, especialmente la Ley 8/2013, de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana pusieron los nuevos pilares que deben orientar la nueva legislación urbanística, fomentando la colaboración público-privada institucionalizada y haciendo coincidir las actividades de la Ley de las 3Rs con el objeto principal de esas peculiares entidades instrumentales. Texto actualizado a la ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público.
La aprobación de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local supone la reforma más importante de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local desde la aprobación de esta, superando ampliamente sus intenciones y en el alcance de la misma a las reformas que se habían llevado a cabo con anterioridad. Esta obra se ocupa del análisis de los diversos factores que concurren en la reforma local y de las problemáticas de la implantación de las medidas de ella derivadas, y tiene especial cuidado en la valoración de las repercusiones prácticas sobre la prestación de servicios.
En este trabajo se aborda exhaustivamente toda la problemática de la criminología de la corrupción urbanística y la prevaricación funcionarial, centrándonos en particular en la Administración más cercana a los ciudadanos como son los Ayuntamientos, pues de todas las Administraciones Públicas que obtienen ingresos vinculados a la actividad inmobiliaria, es en la Administración Local donde mayor incidencia tienen, toda vez que de los cinco impuestos que existen en el Texto Refundido de la Ley 2/2004 Reguladora de las Haciendas Locales, tres de esos tributos tienen su fuente en el urbanismo. La actividad urbanística es el más importante sector competencial de la acción administrativa municipal, siendo la principal vía de financiación de las Corporaciones Locales que cada vez están más endeudadas. La mayoría de los gobiernos municipales han visto el urbanismo como la gallina de los huevos de oro, dado que han visto la solución a la precaria situación de las arcas municipales. Con la entrada en vigor de la LO 5/2010, se ha ampliado el número de elementos urbanísticos sobre lo que puede ser informados favorablemente objeto de la emisión del informe de los que hace referencia el precepto del 320 CP. Con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, se hacía referencia al artículo 320 CP, a la emisión de informes favorables de proyectos de edificación y concesión de licencia, y a partir de ahora, también pueden ser objeto de informes los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación y los proyectos de construcción o edificación. Además también con esta reforma se ha criminalizado en el artículo 320 del CP la conducta del funcionario que silencie la infracción de las normas urbanísticas, o la omisión de la realización de inspecciones de carácter obligatorio. José Antonio Martínez Rodríguez nació en Arahal (Sevilla), el 7 de diciembre de 1963. Es Doctor en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional del Educación a Distancia (UNED); Letrado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla; Asesor Jurídico de la Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal; Diplomado en Estudios Avanzados por el Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla, Máster Superior en Prevención de Riesgos Laborales; Diploma en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal; Diploma en Gestión Laboral y Seguridad Social por el Centro de Estudios Técnicos Empresariales; Diploma en Derecho Urbanístico y Medio Ambiente; Diploma en Derecho Penitenciario por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.
Algo aparentemente tan sencillo como cobrar y pagar, puede acabar resultando una tarea extremadamente compleja en una entidad local. Atendiendo a dicha circunstancia, existe una función, profesionalizada y reservada a habilitados estatales, que se denomina tesorería. Su ejercicio ha de garantizar la atención puntual de las obligaciones, evitando el retraso en los pagos, así como asegurando el adecuado control y correcto tratamiento contable de las diferentes partidas. En este sentido, cabe destacar que la regulación de la actual función tesorera, marca un punto de inflexión con la entrada en vigor del RD Ley 10/2015, de 11 de septiembre. Hasta entonces, en los municipios pequeños la función de tesorero acostumbraba a asumirla un Concejal, a partir del RD-Ley 10/2015, corresponde al secretario-interventor. Cómo conseguir una gestión integral y moderna de la tesorería, qué instrumentos utilizar y cuáles son los mecanismos que han de permitir la optimización de los recursos disponibles, es lo que trata de explicar esta monografía. Todo ello, sin olvidar el protagonismo dispensado al empleo de las nuevas tecnológicas -informáticas y telemáticas- en la gestión de los cobros y los pagos. En definitiva, éste Manual se presenta como una referencia técnica obligada en la gestión diaria de la tesorería, toda vez que el marco normativo, acertadamente, junto con la definición de unos principios generales, otorga un amplio margen de autonomía para que cada entidad local adapte estos principios a su propia organización e idiosincrasia.
La pretensión de esta obra codificadora es la facilitación comprensiva de todos los materiales electorales, aunque va más allá de la mera suma de estos por cuanto incluye una sistematización racionalizada de los mismos que hace de este Código casi un Manual. Esta 8ª edición del Código Electoral presenta dos novedades especialmente relevantes. La primera consiste en la incorporación de abundante doctrina de la Junta Electoral Central y jurisprudencia de aplicación de la importante reforma legislativa derivada de las Leyes Orgánicas 2 y 3 /2011. Ello ha permitido la imprescindible puesta al día en materias como las campañas institucionales e inauguraciones de los poderes públicos en periodo electoral, la precampaña electoral, la actuación de los medios de comunicación públicos y privados en periodo electoral, el procedimiento de votación de los electores residentes fuera de España, los avales exigidos a los partidos extraparlamentarios para presentar candidaturas al Congreso y al Senado, la reforma del Registro de Intereses del Congreso y del Senado, o las medidas contra el transfuguismo político en los Ayuntamientos. La segunda novedad a destacar es que los autores han abordado una profunda y completa revisión de la obra, sistematizando y agrupando por materias tanto la doctrina como la jurisprudencia y eliminando la que ha quedado obsoleta. Del mismo modo, se ha eliminado el bloque dedicado a la normativa autonómica, incluyendo únicamente en el apartado de normativa complementaria aquellas disposiciones autonómicas a las que se remite expresamente la LOREG. El volumen que ha ido adquiriendo la legislación autonómica en materia electoral impide seguir manteniendo este apartado, no sólo por la dificultad tanto de recogerla en su integridad como de hacer una selección parcial que no resulte arbitraria, sino también por evitar un incremento desmesurado del tamaño de la obra que la haga inmanejable.
Tradicionalmente la figura de las tasas siempre ha sido la categoría de tributo más conflictiva, hasta el punto que se ha llegado a dudar de su naturaleza tributaria e incluso de si necesariamente estamos ante ingresos de un ente público o si, por el contrario, pueden ser considerados ingresos de un sujeto particular. El problema sustancial deriva de su delimitación con los precios, ya sean públicos o privados. Se trata de una disciplina que, a pesar de estar aún muy abierta, entendemos que la evolución doctrinal permite ya asumir conclusiones suficientemente pacíficas como para elaborar una construcción jurídica en base a la cual se pueda analizar esta figura e interpretar su regulación positiva en orden a clarificar las dudas que suscita su aplicación práctica. Por todo ello, en la presente monografía se estudian las tasas y precios por servicios y actividades locales partiendo de los esquemas dogmáticos que cabe deducir de las doctrinas científica, administrativa y jurisprudencial. A partir de este el análisis, se pretende dar respuesta a las cuestiones más problemáticas planteadas por la normativa vigente, tanto en relación con los elementos estructurales de la institución como con los diferentes supuestos particulares de tasas o precios.
La obra tiene un contenido claramente transversal, referido a todas las materias del ámbito e interés local, aproximándose a ellas, y muy especialmente a las novedades introducidas por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en conexión siempre con las determinaciones de la normativa estatal y autonómica, jurisprudencia y doctrina directamente relacionada. Otras novedades legislativas especialmente relevantes con impacto sobre el Régimen Local, aparecen también recogidas en la obra, tales como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; de Garantía de la Unidad de Mercado; de Evaluación Ambiental, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público y de Impuso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público. Se trata, en definitiva, de una obra imprescindible para quienes operan en el ámbito Local, dada la profunda transformación que ha experimentado su marco regulatorio.
Este libro aporta, con un enfoque eminentemente práctico, un material didáctico atractivo para estudiantes, profesionales y responsables del área contable de las Administraciones locales, con el objetivo de facilitarles la comprensión de la aplicación de la Instrucción Contable de la Administración Local (ICAL) de 2013. Su contenido se estructura sobre varios supuestos prácticos que abordan la problemática contable de diversas operaciones referidas a la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos, inmovilizado no financiero y endeudamiento. En el primer bloque de ejercicios sobre presupuesto de gastos e ingresos, se desarrolla todo el ciclo contable desde la apertura de la contabilidad hasta el cierre, detallándose cada registro contable. En los bloques segundo y tercero, se opta por utilizar casos cortos centrados en las implicaciones contables de cada operación específica referida al inmovilizado no financiero y al endeudamiento. En todos los casos, se establece la relación con las disposiciones de la ICAL.
El Manual práctico sobre la nueva contabilidad local aporta al elenco bibliográfico especializado en el tema una amplia expresión de conceptos desde una óptica práctica. Para ello sustenta la explicación de forma directa y no diferenciada en supuestos y casos directamente vinculados a la función diaria del contable en el ámbito local. La necesidad de dotar al comprador de un documento versátil y ágil nos ha hecho, no obstante, reducir el número de ejercicios prácticos y materias a tratar, habiéndose realizado un esfuerzo de síntesis y de valoración de los elementos a tratar en el libro. El grado de profundidad y extensión en cada punto ha sido evaluado para dar una visión omnicomprensiva y exhaustiva de la contabilidad local para que el manual pueda cubrir el máximo de dudas y aspectos que el lector experimentado o novel pudiera reclamar pero, en sentido contrario, no hacer prolija y complicada la búsqueda de los conceptos. Los autores de esta obra colegiada ofrecemos un amplio espectro de sensibilidades, perspectivas y experiencias desde dentro de la función pública local para plasmar las necesidades del posible destinatario de la obra. La estructura planteada de la obra refleja un interés en facilitar la asimilación de las innovaciones en la contabilidad introducidas por la nueva normativa. Además, en un afán de aclarar los conceptos, hemos introducido un esquema diferente de otros manuales al uso con la clara intención de mejorar la comprensión. No podemos dejar de hacer una referencia a la clara intención de dotar a las personas interesadas en la publicación de un elemento de consulta ameno y de fácil comprensión ya que los conceptos que se incluyen en las nuevas órdenes significarán en buena medida un incremento de la complejidad en la contabilidad, siendo a nuestro parecer, este manual un intento de apoyo para los profesionales y opositores que quieran conocer con precisión la nueva contabilidad local.
El estudio del Derecho Local se torna como una variable necesaria para la formación de los alumnos universitarios que tiendan a especializarse en el Derecho Público. De ahí que la elaboración de estos materiales nazcan con dos objetivos principales: de un lado, con la vocación de servir de base a ese trabajo del estudiante universitario -libre o oficial- que, junto a la memorización de unos contenidos mínimos e imprescindibles para la comprensión de la asignatura, debe profundizar en la materia propuesta a través de otras vías complementarias que no se limitan al referido procedimiento; y, de otro parte, con la intención de ofrecer aquellos conceptos que nos parecen básicos para el objetivo docente propuesto sin una pretensión de exhaustividad en la materia referida. No pretenden, por ello, sustituir a los Manuales clásicos que ha orientado el estudio del Derecho Local que siguen siendo de necesaria referencia para el estudio de esta asignatura sino que pretenden, como se ha expuesto, servir de vehículo para la comprensión de estos últimos y garantizar la existencia de unos conocimientos básicos pero suficientes.
Es preocupación común, que aparece en las más variadas culturas, la del interés que acompaña a los ritos de la muerte y del depósito del cuerpo después. En tantas ocasiones, con una evidente connotación religiosa, con el dato también de la diferencia de fórmulas y soluciones. A veces predomina el interés por la distinción y ostentación de los poderosos, como bien evidencian las grandes construcciones funerarias de los egipcios, las pirámides señaladamente, sin olvidar tantos otros casos equivalentes, como el del «mausoleo», que hizo construir Artemisa, la reina de Halicarnaso, Caria (353 a.c.), en recuerdo de su esposo Mausolo, y que sería considerado como una de las siete maravillas del mundo "también lo fueron las pirámides de Egipto", o, a muchos kilómetros, el enterramiento del señor de Sipán, así como tantas capillas para el enterramiento de monarcas, dignidades eclesiásticas o de familias nobles o acaudaladas, con testimonios de tanta calidad artística, pudiéndose citar en el caso de España, el ejemplo sobresaliente de la Capilla Real de Granada. Sin olvidar el alarde de algún dictador de nuestro tiempo, sin reparar en gastos "aunque hubieras que horadar la montaña", a la hora de prepararse una sepultura de impacto. En otras ocasiones, las más de las veces, serían soluciones colectivas, como las catacumbas, los enterramientos junto a las iglesias, que fueron frecuentes entre nosotros, lo que se ilustra también a la perfección con la experiencia del Reino Unido, hasta dar el salto y llegar a la fórmula que se generalizó de los cementerios, ya los enormes de las urbes, ya los recoletos de los pequeños lugares. Fórmula en la que algunos han destacado de manera sobresaliente por albergar huéspedes ilustres, entre los que se pueden citar el caso del parisino «P�re Lachaise», o el cementerio civil de Madrid
La presente obra se estructura en atención a las diversas fases procedimentales del expediente ejecutivo de apremio, orientando el ejercicio de la recaudación por los propios órganos administrativos de un municipio o Administración local. Esta tercera edición del libro de formularios de Recaudación Municipal nace con vocación de actualizar los existentes en la segunda edición (2006) y dar entrada a algunos de los trámites ordinarios del procedimiento de apremio que la actual crisis económica está poniendo de manifiesto con carácter habitual en el devenir diario del proceder recaudatorio. Así, por ejemplo, se recogen ex novo los formularios de la ejecución de determinadas garantías dentro del procedimiento de apremio como la hipoteca legal tácita o la hipoteca unilateral constituida en garantía de fraccionamientos o aplazamientos de pago o los requerimientos a las Administraciones Públicas con carácter previo al embargo, actuaciones anteriormente esporádicas. También están incluidas en esta edición, las actuaciones de la enajenación mediante adjudicación directa en los supuestos de urgencia o cuando se trate de productos perecederos sin pasar previamente por la subasta pública en los, cada día, más habituales supuestos de embargo en el establecimiento mercantil. En suma, la obra ofrece un extenso inventario formado por 465 formularios sobre recaudación local completamente actualizados y puestos al día.
En este Tratado se estudian los aspectos más relevantes del Derecho económico local, tanto desde el punto de vista sustantivo como organizativo. Se describen y analizan las reglas que disciplinan las diversas formas de incidencia de la Administración local en la economía. Las entidades locales se presentan en la economía unas veces como reguladoras o controladoras, otras veces como agentes económicos (en mayor o menor posición competitiva con los agentes privados), y otras veces como promotoras o directoras de la actividad económica (a través de la contratación con empresas, la gestión de los bienes patrimoniales y demaniales, o el otorgamiento de ayudas). Esta diversidad de actividades locales en la economía es reconducible, con las adaptaciones necesarias, a una ordenación sistemática tradicional que distingue tres tipos básicos de actuación local: de intervención o regulación, de servicio público o de fomento. Esta es también la estructura sistemática de este Tratado, cuya ordenación está recorrida por una idea ordenadora central: el Derecho de la competencia. En todos los ámbitos del Derecho económico local es hoy una referencia explicativa central en qué medida las distintas actividades locales (reguladoras, prestadoras o de fomento) afectan a la competencia con y entre los agentes económicos privados y, en consecuencia, cómo y con qué alcance se someten a reglas dirigidas a garantizar la competencia en el mercado.
Este trabajo versa sobre las consecuencias en la Administración española en general, y en especial en la municipal, producidas por la reforma Constitucional acometida en 2011, que modificó de manera sustancial el artículo 135 de la Carta Magna. El tema elegido, tiene por tanto plena actualidad. En paralelo podemos comprobar como el sistema financiero mundial ha entrado en los últimos años en una profunda crisis que ha dañado gravemente las economías del llamado primer mundo, ha destruido millones de puestos de trabajo y agravado los niveles de pobreza en muchos países, lo que se ha traducido en revueltas sociales como la conocida primavera árabe o en otros movimientos sociales como el popular 15-M en España, y en el auge conseguido por «Podemos» en las últimas elecciones europeas, y municipales y autonómicas. . Por otro lado, a lo largo de estas páginas, se profundiza sobre la intensa vinculación existente entre la situación política y la económica, y cómo esta relación se ha plasmado en nuestra reforma Constitucional y en la Ley de estabilidad presupuestaria como herramientas fundamentales contra un déficit público, que llegó a alcanzar dimensiones inasumibles a finales de 2011. En esta misma línea, se analiza una de las técnicas empleadas a los efectos de reducir el gasto público, consistente en evitar la duplicidad de competencias entre las Administraciones Públicas, y los necesarios cambios legislativos introducidos por el Gobierno central, en busca de unas mejores Administraciones, más eficaces, más eficientes, más transparentes y con mayores niveles de rendimientos y responsabilidad y, sobre todo, más baratas. Y todo ello, sin que las modificaciones que se introducen, más numerosas que las deseables en términos de recortes, supongan un desmantelamiento de los servicios públicos, limitación de la autonomía local o reducción del pluralismo político. . Las reformas legales y administrativas puestas en marcha desde 2011 son por tanto centro de este libro, y sus consecuencias son analizadas en profundidad. El trabajo se desarrolla en dos partes: . La reforma de la Constitución y sus consecuencias. . La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local. . Paloma García Romero, Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Derecho (Universidad San Pablo CEU, Madrid), ha desempeñado diversos cargos de relevancia en el ámbito de la Administración Local y Autonómica. En la actualidad es concejal del Ayuntamiento de Madrid.
La tasación de costas en el proceso civil suele provocar interrogantes y conflictos insospechados, cuando no parece existir ninguna causa que fundamente aquellos o justifique éstos. A buen seguro una legislación en esta materia, que solo se retoca por necesidades coyunturales (la tasa judicial o el IVA son los últimos ejemplos), garantiza una polémica que se antoja innecesaria en esa fase del proceso. O quizá no. Por esta doble razón: la legal y las dudas que originan en la práctica, en este manual se buscan las respuestas a estas últimas y una explicación, más o menos afortunada, que llene las lagunas legales existentes, empleando a tales efectos la experiencia del autor en casi veinticinco años de ejercicio y las referencias jurisprudenciales y doctrinales más recientes. Se trata, por tanto, de facilitar a los profesionales del derecho una herramienta adaptada a las últimas reformas procesales que les permita manejar con más sencillez el trámite de la tasación de costas, sus diferentes fases, su impugnación y todos los elementos que la integran: los honorarios de abogados y peritos, indemnizaciones de testigos, derechos de procuradores y gastos procesales. Por su especial relevancia se dedica un último capítulo a la tasación de costas en el proceso de ejecución y otro epígrafe a los conocidos como «pleitos en masa».
La presente monografía trata de manera pormenorizada la figura de las sociedades mercantiles de capital mixto (público-privado) en el ámbito urbanístico. La polémica figura de la colaboración público-privada institucionalizada en este ámbito, no ha tenido, en España, una aceptación unánime tanto por los promotores de obra pública, como por los constructores y, en definitiva, por los socios privados, siendo ellos el principal apoyo financiero que deben tener las sociedades de económica mixta. Sin embargo, la presente monografía señala que, después de una grave crisis económica, sea el momento adecuado para plantearse de nuevo la figura de las sociedades urbanísticas mixtas, especialmente cuando se ha producido, por parte de los poderes públicos y de la sociedad en general, un cambio de políticas urbanísticas expansivas a políticas de regeneración, renovación y rehabilitación de la ciudad urbana consolidada que, a través de las últimas legislaciones vigentes, especialmente la Ley 8/2013, de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana pusieron los nuevos pilares que deben orientar la nueva legislación urbanística, fomentando la colaboración público-privada institucionalizada y haciendo coincidir las actividades de la Ley de las 3Rs con el objeto principal de esas peculiares entidades instrumentales. Texto actualizado a la ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público.
La aprobación de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local supone la reforma más importante de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local desde la aprobación de esta, superando ampliamente sus intenciones y en el alcance de la misma a las reformas que se habían llevado a cabo con anterioridad. Esta obra se ocupa del análisis de los diversos factores que concurren en la reforma local y de las problemáticas de la implantación de las medidas de ella derivadas, y tiene especial cuidado en la valoración de las repercusiones prácticas sobre la prestación de servicios.
En este trabajo se aborda exhaustivamente toda la problemática de la criminología de la corrupción urbanística y la prevaricación funcionarial, centrándonos en particular en la Administración más cercana a los ciudadanos como son los Ayuntamientos, pues de todas las Administraciones Públicas que obtienen ingresos vinculados a la actividad inmobiliaria, es en la Administración Local donde mayor incidencia tienen, toda vez que de los cinco impuestos que existen en el Texto Refundido de la Ley 2/2004 Reguladora de las Haciendas Locales, tres de esos tributos tienen su fuente en el urbanismo. La actividad urbanística es el más importante sector competencial de la acción administrativa municipal, siendo la principal vía de financiación de las Corporaciones Locales que cada vez están más endeudadas. La mayoría de los gobiernos municipales han visto el urbanismo como la gallina de los huevos de oro, dado que han visto la solución a la precaria situación de las arcas municipales. Con la entrada en vigor de la LO 5/2010, se ha ampliado el número de elementos urbanísticos sobre lo que puede ser informados favorablemente objeto de la emisión del informe de los que hace referencia el precepto del 320 CP. Con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, se hacía referencia al artículo 320 CP, a la emisión de informes favorables de proyectos de edificación y concesión de licencia, y a partir de ahora, también pueden ser objeto de informes los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación y los proyectos de construcción o edificación. Además también con esta reforma se ha criminalizado en el artículo 320 del CP la conducta del funcionario que silencie la infracción de las normas urbanísticas, o la omisión de la realización de inspecciones de carácter obligatorio. José Antonio Martínez Rodríguez nació en Arahal (Sevilla), el 7 de diciembre de 1963. Es Doctor en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional del Educación a Distancia (UNED); Letrado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla; Asesor Jurídico de la Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal; Diplomado en Estudios Avanzados por el Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla, Máster Superior en Prevención de Riesgos Laborales; Diploma en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal; Diploma en Gestión Laboral y Seguridad Social por el Centro de Estudios Técnicos Empresariales; Diploma en Derecho Urbanístico y Medio Ambiente; Diploma en Derecho Penitenciario por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.