El denominado “paquete modernizador” de los actuales artículos 101 y 103 TFUE ha supuesto un indudable avance en la aplicación descentralizada del Derecho de la Competencia al hacer más eficiente la asignación de casos entre la Comisión Europea y las Autoridades nacionales de competencia. En el caso de España, este proceso de descentralización se ha visto complementado con el reconocimiento de competencias ejecutivas en materia de competencia a las Comunidades Autónomas, lo que ha dado lugar a la aparición de Autoridades autonómicas de la competencia que suman sus esfuerzos a los de la Comisión Europea, las Autoridades Nacionales de la Competencia y los jueces nacionales en la lucha contra las prácticas prohibidas. La lucha contra los cárteles se ha visto especialmente favorecida por la asignación más eficiente de los recursos públicos comprometidos en su persecución y la potenciación de la aplicación privada no sólo para su persecución sino también para la reclamación, en su caso, de las correspondientes indemnizaciones de daños y perjuicios que contribuyen a garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados.