Las transformaciones nacionales y continentales que suponen un nuevo equilibrio político e ideológico regional exigen una nueva agenda de seguridad en América Latina en donde las fuerzas armadas en un proceso progresivo de internacionalización deberán ocupar un lugar destacado. Por otro lado, los cambios introducidos por los Estados Unidos con Cuba y con el conjunto de la región, -a la espera de los resultados de las elecciones en noviembre-, el auge de China y el peso progresivo que tendrán otros actores y dinámicas del regionalismo imperante exigirán un esfuerzo colectivo para avanzar hacia una política común de seguridad y defensa. El papel que en este proceso tendrán actores destacados en la región, como es el caso de Brasil: en la búsqueda de elementos estabilizadores con previsibles nuevos compromisos en este ámbito de la seguridad y defensa; el nuevo lugar de Colombia, en pleno proceso de conclusión de un proceso de Paz que abra un escenario de verdad, justicia y reparación en un deseable escenario descentralizado y profundamente transformador de las causas que determinan la violencia; son dos de los procesos centrales que ocuparán un lugar estratégico en el necesario equilibrio entre la libertad, la seguridad y la defensa en el objetivo último compartido de la búsqueda de la Paz. La búsqueda de nuevos enfoques ante los retos clásicos del crimen organizado a la seguridad continental, como ocurre con el problema de las drogas; la puesta en marcha de nuevas estrategias integrales nacionales y transnacionales para enfrentar dinámicas como el papel creciente de las “maras” o, la necesidad de instrumentos redefinidos de cooperación para afrontar los nuevos riesgos derivados de las migraciones y desplazamientos; todos estos procesos ante nuevos y viejos problemas, son la expresión de una inevitable estrategia compartida de seguridad y defensa que requiere una respuesta coordinada con la estructuración de una agenda que contemple medios colectivos para afrontarlos.