La correcta y eficiente regulación de las acciones y proceso de infracción es sin duda elemento clave del sistema de protección jurídica de la propiedad industrial. En efecto, si el elemento sustantivo esencial y más característico de esa protección jurídica es precisamente la concesión de un derecho de exclusión a su titular, de un derecho que le faculta para impedir a todos los terceros la explotación no autorizada (y no amparada por alguno de los límites y excepciones legalmente dispuestos) del objeto protegido por la modalidad de propiedad industrial de que en cada caso se trate, no es entonces dudoso que la efectividad práctica de esa protección jurídica requiere un robusto sistema de acciones y un proceso robusto y ágil, que permita al titular lograr de los tribunales los remedios precisos para salvaguardar la exclusiva que tiene legalmente atribuida y hacerlo en el marco de un proceso que se acomode a las particularidades que presentan los conflictos relacionados con la infracción de estos derechos.