El presente trabajo se circunscribe al análisis jurisprudencial y doctrinal de la responsabilidad patrimonial de la Administración por perjuicios sufridos como consecuencia de un accidente de tráfico que sean imputables a la misma como prestadora del servicio público de carreteras. Se aborda el estudio del ámbito objetivo y subjetivo y el análisis posterior de los presupuestos de la responsabilidad de este servicio público y un criterio jurídico de imputación basado en el círculo de riesgo controlable y en la aplicación de un estándar inspirado en la finalidad de seguridad viaria que este servicio debe garantizar. Se ocupa fundamentalmente de dos conceptos clave para determinar la responsabilidad de la Administración. Se trata por un lado del análisis del servicio público de carreteras, y del carácter antijurídico del daño por otro lado. Con respecto al primer concepto, se configura un estándar que pueda servir de parámetro de valoración del funcionamiento del servicio de carreteras. Con relación al segundo se determina si, en virtud de la norma aplicable, la Administración titular del servicio está obligada o no a soportar el riesgo de producir un daño al usuario de la vía. La función de policía de carreteras será el punto de partida para desglosar las respectivas funciones del servicio, cuyo contenido se va a perfilar en función a los riesgos que tratan de ser evitados: irregularidades del firme, peligrosidad del trazado, sustancias deslizantes, árboles existentes en la propia vía o al margen de la calzada, desprendimientos de piedras, irrupción de animales sobre la vía, etc. En sede de atropellos de especies cinegéticas se tendrá presente la consagración legal de la responsabilidad del titular de la vía contenida en la Disposición Adicional Novena de la LTCVMSV incorporada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, del carnet de conducir por puntos. Se analiza la responsabilidad de la Administración titular del servicio que contrata una obra o un servicio o decide la concesión de vías públicas y los casos de responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas. El nexo causal, la responsabilidad por omisión, causas de exoneración, concurrencia de causas y cuantificación del daño permiten ofrecer una visión de conjunto de estos casos de responsabilidad. Se trata de una obra de gran interés para académicos, abogados y empresas relacionadas con el sector asegurador.
El presente trabajo se circunscribe al análisis jurisprudencial y doctrinal de la responsabilidad patrimonial de la Administración por perjuicios sufridos como consecuencia de un accidente de tráfico que sean imputables a la misma como prestadora del servicio público de carreteras. Se aborda el estudio del ámbito objetivo y subjetivo y el análisis posterior de los presupuestos de la responsabilidad de este servicio público y un criterio jurídico de imputación basado en el círculo de riesgo controlable y en la aplicación de un estándar inspirado en la finalidad de seguridad viaria que este servicio debe garantizar. Se ocupa fundamentalmente de dos conceptos clave para determinar la responsabilidad de la Administración. Se trata por un lado del análisis del servicio público de carreteras, y del carácter antijurídico del daño por otro lado. Con respecto al primer concepto, se configura un estándar que pueda servir de parámetro de valoración del funcionamiento del servicio de carreteras. Con relación al segundo se determina si, en virtud de la norma aplicable, la Administración titular del servicio está obligada o no a soportar el riesgo de producir un daño al usuario de la vía. La función de policía de carreteras será el punto de partida para desglosar las respectivas funciones del servicio, cuyo contenido se va a perfilar en función a los riesgos que tratan de ser evitados: irregularidades del firme, peligrosidad del trazado, sustancias deslizantes, árboles existentes en la propia vía o al margen de la calzada, desprendimientos de piedras, irrupción de animales sobre la vía, etc. En sede de atropellos de especies cinegéticas se tendrá presente la consagración legal de la responsabilidad del titular de la vía contenida en la Disposición Adicional Novena de la LTCVMSV incorporada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, del carnet de conducir por puntos. Se analiza la responsabilidad de la Administración titular del servicio que contrata una obra o un servicio o decide la concesión de vías públicas y los casos de responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas. El nexo causal, la responsabilidad por omisión, causas de exoneración, concurrencia de causas y cuantificación del daño permiten ofrecer una visión de conjunto de estos casos de responsabilidad. Se trata de una obra de gran interés para académicos, abogados y empresas relacionadas con el sector asegurador.