Los accidentes de tráfico son uno de los principales problemas en los países desarrollados. En España mueren cada año en torno a las 4.000 personas en accidentes de tráfico, y aproximadamente otras 20.000 personas sufren heridas de gravedad. Los gobiernos son los encargados en España de diseñar las políticas más apropiadas para reducir la siniestralidad en las carreteras. Para la sociedad estas políticas tienen, como cualquier otra política, un coste que debe ser sufragado con los presupuestos públicos y la inversión privada. A cambio, se espera que las políticas produzcan como beneficio la disminución del número de accidentes y de personas fallecidas y heridas.
Es exigible que el dinero público se invierta siempre en aquellas políticas que tengan una mayor rentabilidad social, es decir, aquellas cuyos beneficios superen en mayor medida a sus costes sociales. Sin embargo, mientras que un gobierno puede conocer con relativa facilidad cuánto va a costar poner en práctica una determinada política de seguridad vial, resulta mucho menos sencillo asignar un valor económico concreto al ahorro que supone evitar los accidentes de tráfico.