El menor de edad es sujeto de derechos y miembro activo de la sociedad, declaración recogida en la normativa internacional, la Constitución y la LO 1/1996 de Protección del Menor. La sociedad y el legislador, atentos a la llamada de atención de los medios de comunicación y la exigencia derivada del art. 19 del Código Penal, demandan una respuesta diferenciada de la de adultos por los hechos delictivos cometidos, debatiendo en la actualidad cuál debe ser su contenido.La LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ha tomado decisiones político criminales en muchos aspectos: marco de edad de la intervención, principios, garantías procesales, intervención de la víctima, responsabilidad civil derivada del hecho, naturaleza de las medidas a imponer, ejecución, etc.La diversidad de cuestiones planteadas requiere de la intervención de profesionales de muy distinto signo: juristas, psicólogos, policías, servicios administrativos de protección de menores, etc. Los múltiples puntos de vista quedan recogidos en este volumen, aportando cada autor sus conocimientos y experiencia profesional.La demanda de responsabilidad al menor por la sociedad obliga a reflexionar sobre el grado de cumplimiento de los poderes públicos de la obligación de intervención eficaz para hacer efectivos los derechos de los jóvenes: política social relativa a la educación, el empleo y la vivienda; la indefensión frente a los nuevos medios técnicos utilizados como instrumentos lesivos de los menores, como es internet y, finalmente, la institución de la adopción, instrumento que permite integrar socialmente con pleno ejecicio de sus derechos a menores y que cada día alcanza mayores cifras.
El menor de edad es sujeto de derechos y miembro activo de la sociedad, declaración recogida en la normativa internacional, la Constitución y la LO 1/1996 de Protección del Menor. La sociedad y el legislador, atentos a la llamada de atención de los medios de comunicación y la exigencia derivada del art. 19 del Código Penal, demandan una respuesta diferenciada de la de adultos por los hechos delictivos cometidos, debatiendo en la actualidad cuál debe ser su contenido.La LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ha tomado decisiones político criminales en muchos aspectos: marco de edad de la intervención, principios, garantías procesales, intervención de la víctima, responsabilidad civil derivada del hecho, naturaleza de las medidas a imponer, ejecución, etc.La diversidad de cuestiones planteadas requiere de la intervención de profesionales de muy distinto signo: juristas, psicólogos, policías, servicios administrativos de protección de menores, etc. Los múltiples puntos de vista quedan recogidos en este volumen, aportando cada autor sus conocimientos y experiencia profesional.La demanda de responsabilidad al menor por la sociedad obliga a reflexionar sobre el grado de cumplimiento de los poderes públicos de la obligación de intervención eficaz para hacer efectivos los derechos de los jóvenes: política social relativa a la educación, el empleo y la vivienda; la indefensión frente a los nuevos medios técnicos utilizados como instrumentos lesivos de los menores, como es internet y, finalmente, la institución de la adopción, instrumento que permite integrar socialmente con pleno ejecicio de sus derechos a menores y que cada día alcanza mayores cifras.