La gravedad de la actual crisis económica ha llevado a los gobiernos europeos —y especialmente al español— a adoptar severas medidas de ajuste y austeridad fiscal con graves consecuencias para el mantenimiento del estado del bienestar. Frente al discurso oficial, que incide en la obligatoriedad de implantar estas políticas, aunque ello implique obrar de espaldas al sentir de la ciudadanía, José Fernández-Albertos reivindica la necesidad de un consenso que evite el divorcio, cada vez mayor, entre los votantes y quienes ostentan su representación en las instituciones, y defiende la tesis de que el aislamiento al que está siendo sometida la política económica respecto del debate democrático, lejos de ser una garantía de que se adoptarán las políticas más necesarias o pertinentes, es una peligrosa amenaza a la sostenibilidad de nuestros sistemas políticos y economías. La razón es sencilla: el hecho de que las políticas de respuesta a la crisis tengan claras consecuencias distributivas hace que estas políticas solo sean socialmente aceptables si son decididas democráticamente.