La obra que el lector tiene en sus manos, se adentra en el estudio de las causas de ilegalización, así como en las particularidades del correspondiente procedimiento judicial (legitimación, órgano competente, resolución y efectos), examinando a continuación la espinosa cuestión de la disolución del Partido y los derechos parlamentarios, poniendo de manifiesto también que los Parlamentos no son islas dentro del sistema institucional, las Cámaras tienen una independencia limitada por la Constitución y por el resto del ordenamiento jurídico, que el Parlamento puede crear y puede modificar, pero no puede infringir. El autor sostiene que no es posible acudir a la vía de los Conflictos Jurisdiccionales, regulada en la Ley Orgánica 2/1992, de 18 de mayo. Tras estudiar estas cuestiones en el marco legal y doctrinal, las mismas son examinadas en el ámbito jurisdiccional. Primeramente en el del Tribunal Constitucional (la disolución de los Partidos Políticos no es competencia de dicho Tribunal), luego del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha pronunciado reiteradas veces en materia de disolución de Partidos Políticos, especialmente de Turquía, en cuyas resoluciones se destaca que su tarea "no consiste en sustituir a los tribunales internos competentes, sino en verificar a la luz del artículo 11 las decisiones por ellos tomadas, y, finalmente, en el Tribunal Supremo (la ilegalización de Batasuna), precedida ésta de un examen sobre las asociaciones ilícitas en el Código Penal y un detallado análisis sobre los efectos de la disolución y de la suspensión de los Partidos Políticos sobre otros derechos fundamentales (reunión, manifestación, libertad de expresión). Concluye esta interesante obra con unas consideraciones finales, en las que el autor expone sus puntos de vista sobre las particulares circunstancias en que ha sido promulgada la vigente Ley Orgánica de Partidos Políticos, que considera insuficiente para la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, por no abordar con rigurosidad y metodología algunas cuestiones ciertamente importantes, como la democracia interna, y los límites a la actividad de los partidos, poniendo de manifiesto, también, la extrema dificultad que supone probar los fines antidemocráticos de un partido político. Finalmente, se muestra partidario de atribuir al Tribunal Constitucional la competencia para resolver sobre la constitucionalidad de los partidos políticos. La indudable relevancia y actualidad de los temas desarrollados en este estudio monográfico, la profundidad con la que han sido examinadas las cuestiones más relevantes que la disolución de los Partidos Políticos plantea y el reconocido nivel intelectual del autor, cuyas posiciones doctrinales merecen serena reflexión, constituyen un conjunto de razones que justifican sobradamente la invitación a su lectura.
La obra que el lector tiene en sus manos, se adentra en el estudio de las causas de ilegalización, así como en las particularidades del correspondiente procedimiento judicial (legitimación, órgano competente, resolución y efectos), examinando a continuación la espinosa cuestión de la disolución del Partido y los derechos parlamentarios, poniendo de manifiesto también que los Parlamentos no son islas dentro del sistema institucional, las Cámaras tienen una independencia limitada por la Constitución y por el resto del ordenamiento jurídico, que el Parlamento puede crear y puede modificar, pero no puede infringir. El autor sostiene que no es posible acudir a la vía de los Conflictos Jurisdiccionales, regulada en la Ley Orgánica 2/1992, de 18 de mayo. Tras estudiar estas cuestiones en el marco legal y doctrinal, las mismas son examinadas en el ámbito jurisdiccional. Primeramente en el del Tribunal Constitucional (la disolución de los Partidos Políticos no es competencia de dicho Tribunal), luego del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha pronunciado reiteradas veces en materia de disolución de Partidos Políticos, especialmente de Turquía, en cuyas resoluciones se destaca que su tarea "no consiste en sustituir a los tribunales internos competentes, sino en verificar a la luz del artículo 11 las decisiones por ellos tomadas, y, finalmente, en el Tribunal Supremo (la ilegalización de Batasuna), precedida ésta de un examen sobre las asociaciones ilícitas en el Código Penal y un detallado análisis sobre los efectos de la disolución y de la suspensión de los Partidos Políticos sobre otros derechos fundamentales (reunión, manifestación, libertad de expresión). Concluye esta interesante obra con unas consideraciones finales, en las que el autor expone sus puntos de vista sobre las particulares circunstancias en que ha sido promulgada la vigente Ley Orgánica de Partidos Políticos, que considera insuficiente para la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, por no abordar con rigurosidad y metodología algunas cuestiones ciertamente importantes, como la democracia interna, y los límites a la actividad de los partidos, poniendo de manifiesto, también, la extrema dificultad que supone probar los fines antidemocráticos de un partido político. Finalmente, se muestra partidario de atribuir al Tribunal Constitucional la competencia para resolver sobre la constitucionalidad de los partidos políticos. La indudable relevancia y actualidad de los temas desarrollados en este estudio monográfico, la profundidad con la que han sido examinadas las cuestiones más relevantes que la disolución de los Partidos Políticos plantea y el reconocido nivel intelectual del autor, cuyas posiciones doctrinales merecen serena reflexión, constituyen un conjunto de razones que justifican sobradamente la invitación a su lectura.