La presente obra tiene como finalidad determinar la amplitud de la garantía jurisdiccional que nuestro Ordenamiento jurídico presta a uno de los elementos que, desde nuestro punto de vista, forma parte indisociable del contenido del derecho al medio ambiente proclamado en el artículo 45 de la Constitución: su dimensión subjetiva, que atiende a una adecuada preservación y utilización de los recursos naturales con el fin de promover el desarrollo de la personalidad y mejorar la calidad de vida humana. Partiendo de la naturaleza jurídica del derecho reconocido en este precepto como mero principio rector de la política social y económica y, como consecuencia de ello, privado de la defensa jurisdiccional que nuestro Derecho reserva para los derechos personalísimos, se examina el alcance de esta protección en tres ámbitos: En primer lugar, su eficacia en cuanto derecho constitucional y fundamental incluido en el Título I de la Norma suprema. En segundo término, la defensa que de su perspectiva antropocéntrica han realizado nuestros Jueces y Tribunales de todo orden jurisdiccional, ?civil, penal y contencioso-administrativo?, en los juicios de legalidad ordinaria. Finalmente, se aborda una valoración crítica de la recepción que nuestro Tribunal Constitucional ha dispensado a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en atención a la cual determinados atentados provocados en el entorno podrían suponer una vulneración del contenido de ciertos derechos humanos.
La presente obra tiene como finalidad determinar la amplitud de la garantía jurisdiccional que nuestro Ordenamiento jurídico presta a uno de los elementos que, desde nuestro punto de vista, forma parte indisociable del contenido del derecho al medio ambiente proclamado en el artículo 45 de la Constitución: su dimensión subjetiva, que atiende a una adecuada preservación y utilización de los recursos naturales con el fin de promover el desarrollo de la personalidad y mejorar la calidad de vida humana. Partiendo de la naturaleza jurídica del derecho reconocido en este precepto como mero principio rector de la política social y económica y, como consecuencia de ello, privado de la defensa jurisdiccional que nuestro Derecho reserva para los derechos personalísimos, se examina el alcance de esta protección en tres ámbitos: En primer lugar, su eficacia en cuanto derecho constitucional y fundamental incluido en el Título I de la Norma suprema. En segundo término, la defensa que de su perspectiva antropocéntrica han realizado nuestros Jueces y Tribunales de todo orden jurisdiccional, ?civil, penal y contencioso-administrativo?, en los juicios de legalidad ordinaria. Finalmente, se aborda una valoración crítica de la recepción que nuestro Tribunal Constitucional ha dispensado a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en atención a la cual determinados atentados provocados en el entorno podrían suponer una vulneración del contenido de ciertos derechos humanos.