El estudio de las instituciones y los ministros reales en el Aragón de los siglos XVI y XVII supone entrar en contacto con un trascendental momento histórico, donde la convivencia de los aragoneses estuvo sujeta a las herencias del pasado («tradiciones», leyes, etc.) y a los nuevos tiempos que aportó la Monarquía de los Austrias (cada vez más absoluta). En este marco, los aragoneses vieron nacer, transformarse o morir diversas instituciones, leyes, etc., sujetas a los vaivenes de una política «pactada» entre el rey y las distintas redes de poder con representación en los órganos de gobierno (las Cortes, los concejos, la judicatura, etc.). Para llevar a buen puerto el pacto político, los «contendientes» se ajustaron a unas complejas relaciones de patronazgo y clientelismo, donde el interés de las partes suponía el intercambio de múltiples favores (poco importaba el origen de cada obligación). Con estos ingredientes, cuesta creer que la Corona fuera la única responsable de los dictados políticos en el Aragón foral, como tradicionalmente ha defendido la historiografía. También debemos mirar a los aragoneses que formaron parte de las élites y de los más diversos institutos —y configuraron la clientela regia—, ya que con sus actuaciones (de apoyo, rechazo e inhibición, según requería cada momento y cada colectivo) participaron en las resoluciones dictadas por los sucesivos monarcas.