¿Por qué durante los últimos cuarenta años ha cambiado de manera radical la forma en que el Estado se enfrenta a las conductas delictivas? ¿Porqué no hace tanto se discutía sobre la resocialización de los delincuentes y hoy se acepta el discurso oficial que prima penas privativas de libertad cada vez más duras? ¿Es posible conjugar la independencia de los jueces con el necesario control democrático de su actividad? ¿Cuáles son las claves fundamentales para determinar la legitimidad democrática del poder de “decir la ley” de cada juez? Este libro se plantea esas preguntas y otras muchas preguntas e intenta reflexionar sobre tales problemas con la intención de fomentar un debate que contribuya a ensanchar los límites de la participación democrática y nos aleje de eslóganes fáciles que encubren la realidad de un control oscuro que se limita a reprimir al diferente, al excluido, dejando de lado los crímenes de los poderosos entre los que se encuentran los propios Estados.