La nueva Ley de Contratos del Sector Público nos distancia de Europa, se aleja del espíritu de las directivas y de la convergencia normativa promovida por las instituciones europeas para favorecer la integración de mercados. Contratar en España va a ser muy diferente porque nuestra nueva Ley se aleja, también, de lo establecido en normas de numerosos Estados miembros que transponen las mismas directivas con mayor simplicidad y solvencia, sin caer en la sobrerregulación a que ha abocado la desconfianza en los gestores públicos que subyace en la regulación española. La Ley de Contratos del Sector Público, en fin, pone en riesgo la simplificación promovida por la Unión Europea y el deseado uso estratégico de la contratación. Aun cuando existen avances innegables para los licitadores, la sobrerregulación de la actuación administrativa, producto de la desconfianza y la convicción de que la norma puede por sí misma acabar con la corrupción, puede hacer en parte ineficaz lo mucho que de positivo es posible encontrar en la nueva Ley de Contratos.