Cuando el ser humano afronta el miedo, o simplemente vive la incertidumbre, se activan mecanismos de defensa que con frecuencia ni controla porque siquiera se da cuenta de ellos, alcanzando incluso afectaciones radicales de la percepción de la realidad, o de otros aspectos fundamentales de la memoria. Y todo esto es bien conocido por quienes sin el más mínimo escrúpulo lo utilizan como herramienta del poder, por mucho que abunden individuos que operan de manera similar pero sin esa calculada intencionalidad, a menudo bajo muy peligrosas inercias irreflexivas. El conjunto impregna la dinámica gubernamental y acaba por embrutecer universales como el Derecho, la Democracia, la Ley o la Soberanía, que a diferencia del Gobierno moderno, problema nuclear de nuestra Política actual, sí han venido siendo estudiados y desarrollados durante largo tiempo. De este modo, con el declive de la civilidad como contexto último, la evolución jurídica se ha transformado en una preocupante involución alejada cada vez más de esa Justicia que es horizonte del Estado Social y Democrático de Derecho, aproximándose sin cesar a un Estado de seguridad donde el temor ciudadano y la inseguridad son, paradójicamente, los elementos esenciales para su construcción y afianzamiento. La autoprotección de ese tipo de Estado de leyes y el poder fáctico subyacente pasa por arrinconar auténticos valores como la participación política y la libertad, en particular la de expresión, del mismo modo que excluye mecanismos intrínsecamente propios de las estructuras democráticas,incluso criminalizándolos, como ocurre con la desobediencia civil. Y para ello no importa lo más mínimo torcer el Derecho, particularmente el penal y el procesal, desnaturalizando su contenido hasta cotas que no hace mucho habrían sido impensables. Un modo de recuperar el cauce legítimo hacia un verdadero Estado de Derecho justo puede estar en comprender la lógica y significado de conceptos jurídico-políticos esenciales, superando la ignorancia sobre lo exigible de la función pública, propiciando la superación de confusas percepciones de la realidad y ocultas intenciones del poder. Sin ello resulta extremadamente difícil reconocer las vías de acción no sólo colectivas sino también individuales que a cada uno se ofrecen para oponerse a la represión y a la injusticia, planteamiento de urgencia en la actualidad española. Ricardo Yañez Velasco es licenciado y doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona, donde ha sido docente en el Departamento de Derecho administrativo y Derecho procesal, así como profesor invitado en otras Universidades de Cataluña. En la actualidad es profesor del Instituto Superior de Derecho y Economía e imparte clases de su especialidad en la Facultad de Psicología de laUniversitat Autònoma de Barcelona; ha publicado medio centenar de trabajos en revistas jurídicas especializadas, así como ocho obras conjuntas y una docena de monografías. Ha sido asesor letrado del equipo jurídico de Amnistia Internacional-Catalunya desde 1994 a 2000, organización de la que fue activista desde 1986; así como de Juristas sin fronteras desde su fundación a principios de los años noventa. Formó parte de la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Barcelona hasta noviembre de 2003, habiendo sido miembro del Instituto de Psicología, Sociología y Medicina Jurídicas de Barcelona. Desde febrero de 2000 ejerce la función jurisdiccional, siendo juez titular por oposición en 2004, decano en los partidos judiciales de Vilafranca del Penedès y Esplugues de Llobregat y, desde 2011, magistrado de lo Penal en Barcelona. Está casado y es padre de cuatro hijos.
Cuando el ser humano afronta el miedo, o simplemente vive la incertidumbre, se activan mecanismos de defensa que con frecuencia ni controla porque siquiera se da cuenta de ellos, alcanzando incluso afectaciones radicales de la percepción de la realidad, o de otros aspectos fundamentales de la memoria. Y todo esto es bien conocido por quienes sin el más mínimo escrúpulo lo utilizan como herramienta del poder, por mucho que abunden individuos que operan de manera similar pero sin esa calculada intencionalidad, a menudo bajo muy peligrosas inercias irreflexivas. El conjunto impregna la dinámica gubernamental y acaba por embrutecer universales como el Derecho, la Democracia, la Ley o la Soberanía, que a diferencia del Gobierno moderno, problema nuclear de nuestra Política actual, sí han venido siendo estudiados y desarrollados durante largo tiempo. De este modo, con el declive de la civilidad como contexto último, la evolución jurídica se ha transformado en una preocupante involución alejada cada vez más de esa Justicia que es horizonte del Estado Social y Democrático de Derecho, aproximándose sin cesar a un Estado de seguridad donde el temor ciudadano y la inseguridad son, paradójicamente, los elementos esenciales para su construcción y afianzamiento. La autoprotección de ese tipo de Estado de leyes y el poder fáctico subyacente pasa por arrinconar auténticos valores como la participación política y la libertad, en particular la de expresión, del mismo modo que excluye mecanismos intrínsecamente propios de las estructuras democráticas,incluso criminalizándolos, como ocurre con la desobediencia civil. Y para ello no importa lo más mínimo torcer el Derecho, particularmente el penal y el procesal, desnaturalizando su contenido hasta cotas que no hace mucho habrían sido impensables. Un modo de recuperar el cauce legítimo hacia un verdadero Estado de Derecho justo puede estar en comprender la lógica y significado de conceptos jurídico-políticos esenciales, superando la ignorancia sobre lo exigible de la función pública, propiciando la superación de confusas percepciones de la realidad y ocultas intenciones del poder. Sin ello resulta extremadamente difícil reconocer las vías de acción no sólo colectivas sino también individuales que a cada uno se ofrecen para oponerse a la represión y a la injusticia, planteamiento de urgencia en la actualidad española. Ricardo Yañez Velasco es licenciado y doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona, donde ha sido docente en el Departamento de Derecho administrativo y Derecho procesal, así como profesor invitado en otras Universidades de Cataluña. En la actualidad es profesor del Instituto Superior de Derecho y Economía e imparte clases de su especialidad en la Facultad de Psicología de laUniversitat Autònoma de Barcelona; ha publicado medio centenar de trabajos en revistas jurídicas especializadas, así como ocho obras conjuntas y una docena de monografías. Ha sido asesor letrado del equipo jurídico de Amnistia Internacional-Catalunya desde 1994 a 2000, organización de la que fue activista desde 1986; así como de Juristas sin fronteras desde su fundación a principios de los años noventa. Formó parte de la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Barcelona hasta noviembre de 2003, habiendo sido miembro del Instituto de Psicología, Sociología y Medicina Jurídicas de Barcelona. Desde febrero de 2000 ejerce la función jurisdiccional, siendo juez titular por oposición en 2004, decano en los partidos judiciales de Vilafranca del Penedès y Esplugues de Llobregat y, desde 2011, magistrado de lo Penal en Barcelona. Está casado y es padre de cuatro hijos.