Un testimonio de pobreza en la Iglesia

Por quejarse, por que está más de moda que nunca, mucha gente habla de la Iglesia como de un organismo que se ha aprovechado de la debilidad de aquellos a quienes servía. Son ricos, dicen.
Son los mismos que no saben la otra parte de la historia: que no sabrán nunca de viva voz, de la boca del testigo, lo que pasa y lo que no pasa.

Cuento lo que he visto: sacerdotes que celebraban 8 misas en pobladitos africanos un domingo (que tuve que acompañar, en mi coche, por que el suyo estaba estropeado), un sacerdote me enseñó sus dos camisas en Iloti, Nigeria. He visto cómo se dejaba de fumar en un centro del Opus Dei, por que no había dinero para tabaco. Por encontrar culpables, que no quede, pero la Iglesia no es rica.

Ah, y, si no hay suficiente dinero, no pasa nada: todos seguimos felices…

Afirmo, por que lo sé, que si hay alguien pobre, está en la Iglesia Católica. A la vez en todos sitios en los que ha habido misiones, ha habido progreso económico (y no al revés: la Iglesia no vino al cobijo del progreso). Veamos datos objetivos:
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Verdades y mentiras sobre los dineros de la Iglesia española

La Iglesia recibe del Estado 136 millones de euros, y tan sólo en educación le ahorra más de 2.500.

El presupuesto del Estado Español dedicó 135,97 millones de euros en 2003 al sostenimiento de la Iglesia católica. Los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 obligaban al Estado a contribuir a la financiación de la Iglesia. No, desde luego, a hacerlo de la insuficiente forma adoptada unilateralmente en 1988 por el gobierno socialista: un 0,5% del IRPF. Mientras se negocian formas de cumplir razonablemente con esa obligación, hay que se saca cifras de la manga para hacer que parezca onerosa. En realidad, gracias a la labor de la Iglesia, el Estado se ahorra cifras de dinero que no alcanzaría ni multiplicando por veinte su «generosa» aportación.

Al hablar de finanzas, hay que tener en cuenta que la Iglesia en España —a efectos económicos—, no es una única institución, sino muchas independientes: 68 diócesis con 23.000 parroquias, cientos de órdenes y congregaciones, 14.000 asociaciones y fundaciones. Por otra parte, el «dinero» de la Iglesia no procede de una única fuente, sino de tres. En primer lugar, están los donativos de los fieles. En segundo lugar está la asignación del 0,5% del IRPF, para la que se elabora un presupuesto de aplicación y, a fin de año, una liquidación. Dentro de este capítulo pueden incluirse las subvenciones públicas que, como otras asociaciones, pueden recibir las entidades eclesiásticas, y que están sujetas al control financiero de la ley general presupuestaria. En tercer lugar, están los fondos procedentes del patrimonio de la Iglesia, sometidos al mismo control fiscal que el de las entidades civiles.

El presupuesto de la Conferencia Episcopal más las diócesis fue en 2004 de 943 millones de euros (ABC, 23-8-2004). El 63,3% de los fondos (unos 600 millones) proceden de donativos de los fieles, el 14,1% de la dotación estatal (IRPF más complemento: 136 millones en 2003, 138,6 en 2004, 138,7 en 2005), que sumada a los 132,8 millones aportados por otros organismos, supone un 30,1% de ingresos procedentes de fondos públicos; el 6,6% restante procede de los servicios y rentas del patrimonio. De nuevo conviene recordar que éste no es el presupuesto de «la Iglesia»: la diócesis de Madrid tiene, según Fernando Giménez Barriocanal, nuevo vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal (La Gaceta, 10-12-2005), un presupuesto que oscila entre 48 y 60 millones de euros, y sólo un 10% de ese dinero es aportado por la Conferencia Episcopal.

El gobierno aseguraba (en vísperas de la manifestación contra la LOE del 12 de noviembre), que pagaba 3.017 millones a la Iglesia. Para apuntalarlo, Juan G. Bedoya subía la cifra en El País (21-11-2005) a 3.500 millones y, puesto a fabular, añadía un «más las cifras de ahorro por el paraíso fiscal en que se desarrollan (sic, por el plural) la práctica totalidad de las actividades eclesiales». Para llegar siquiera aproximadamente a esas cifras, hay que incluir —incorrectamente— 500 millones de euros para sueldos de 33.000 profesores de religión; casi 2.400 millones para colegios concertados —dinero al que, por leyes distintas a los acuerdos Iglesia-Estado, tienen derecho los padres que eligen esos colegios—; además de 181 millones destinados a ONG católicas y a los capellanes de hospitales y cárceles; así como partidas en torno a los 60 millones, derivadas de convenios para la protección del patrimonio cultural de la Iglesia.

Dado que la plaza de un alumno en la escuela pública cuesta más del doble que en la concertada (3.700 euros anuales frente a 1.800), si el Estado se quisiera «ahorrar» los 2.400 millones que «generosamente destina» a educación concertada, tendría que gastarse 4.900 millones… Es decir, tan sólo esta partida, que habitualmente se usa para criticar la financiación de la Iglesia, pero que nada tiene que ver con ella, ahorra al Estado 2.500 millones de euros anuales. Si de lo que se tratara es de suplir la labor de las ONG católicas, el Estado saldría aún peor parado, ya que se financian principalmente con donativos —más de 100 millones de los 160 que Cáritas dedica a acción social— y se nutren de voluntarios, por lo que destinan a «gastos generales» en torno al 12 o (según Giménez Barriocanal) el 10% de sus recursos. Un ejemplo citado por el vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal es el de las prisiones: 140 capellanes y 2.700 voluntarios acuden diariamente a atender a los reclusos. El Estado destina a esa actividad menos de 600.000 euros: «con eso ni siquiera se cubren los costes de transporte y materiales». Parece que, si no quiere que se le caiga la cara de vergüenza, el Estado debería limitarse a hablar sobre los 136 millones de euros que «destina» a la Conferencia Episcopal.

El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, establecía un plazo de tres años para que el Estado asignara a la Iglesia católica «un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado». Pasaron nueve hasta que, en 1988 —por decisión unilateral del gobierno socialista—, se comenzó a aplicar la asignación tributaria de un 0,5239% del IRPF. El porcentaje de declarantes que marcan la casilla de la Iglesia ha bajado del 39 al 34% (2003), con un máximo del 42,7% en 1994. Esta asignación trata de cubrir los gastos del «fondo común diocesano»: los gastos de personal de la Conferencia Episcopal y de las diócesis, que en 2004 fueron de 151 millones de euros y para 2006 se prevén en 157,7: la asignación de los presupuestos generales del Estado para 2006 es de 144,2 millones (El País, 26-11-2005), si bien lo recaudado por el IRPF apenas sobrepasa los 100 millones (106 en 2002). A pesar de que, cuando se instauró, este sistema se presentaba como transitorio, y se daba un plazo de tres años para sustituirlo, nada ha cambiado.

En el camino hacia la «autofinanciación» de la Iglesia, hay quien propone subir la aportación al 0,8% del IRPF (como en Italia). En un país donde el anticlericalismo es tan barato, no terminarán las críticas ni con esa ni con otra fórmula. Pero, a modo de comparación, téngase en cuenta que en Alemania se cobra en concepto de impuesto religioso (Kirchensteuer) entre el 8 (Baviera, Baden-Württemberg) y el 9% de los ingresos. En Dinamarca es el 1% del IRPF, en Suecia el 1,25%, en Suiza las administraciones pagan a la Iglesia el 2% de lo que recaudan. En Austria, por imposición de Hitler (que los socialdemócratas no han querido cambiar), el Estado no paga a la Iglesia, y es ésta la que organiza el cobro de un donativo (Kirchenbeitrag) por valor del 1,1% del IRPF.

Santiago Mata.